Los 48 Cantones y sus 19 días sobre la carretera
Los 48 Cantones y sus 19 días sobre la carretera
La organización indígena k’iche’ convocó a un paro nacional como medida de presión al pedir la renuncia de tres funcionarios señalados de promover un golpe de Estado. Lograron el apoyo de otras organizaciones indígenas y varios sectores del país que también realizaron manifestaciones y bloqueos de rutas. Después de 19 días decidieron liberar la ruta Interamericana para trasladar la lucha a la capital, a las sedes del gobierno que no han atendido sus peticiones.
La Asamblea de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán puso fin al bloqueo carretero que dirigieron durante 19 días sobre la ruta Interamericana y otras vías dentro de su territorio. Parte de la población estaba decidida a permanecer día y noche, bajo el sol, el frío o la lluvia hasta lograr la renuncia de los tres funcionarios acusados de actuar contra los resultados electorales o hasta asegurar la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo, pero tuvieron que ser pragmáticos y reconocer que la medida de presión funcionó poco.
Durante 19 días, los pueblos indígenas que se sumaron al paro insistieron en que el bloqueo y todas las acciones legales que presentaron no eran para defender a un partido político, a un candidato o al presidente electo, sino que era una lucha por la democracia.
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Los tres señalados de orquestar un golpe de Estado, por la vía judicial, lograron mantenerse en pie a pesar de que casi todo el país les exigió su renuncia en las calles. La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana abrieron una investigación por supuestas firmas falsas en la constitución del partido Movimiento Semilla, pero esta no siguió los procedimientos habituales. Acusaron de lavado de dinero, pidieron suspender al partido para evitar que el binomio ganador de las elecciones tome posesión en enero de 2024 e impedir que tenga una bancada en el Congreso.
También iniciaron una persecución por otras causas contra las autoridades electorales que no accedieron a castigar a esa agrupación política y han agilizado pesquisas contra los resultados electorales del 25 de junio, a pesar de que el día de las votaciones y durante el conteo de votos no hubo señalamientos graves.
La carretera interamericana comunica a la capital con el occidente del país y desde el 2 de octubre quedó cerrada por las comunidades indígenas de Quiché, Sololá y Totonicapán.
«Es un cambio de estrategia, seguimos en resistencia, pero nos vamos para la capital», dijo uno de los alcaldes a una población dispersa sobre los cuatro carriles y algunas veredas. El sol los había ahuyentado del punto de concentración, cerca de una tarima con bocinas y un micrófono, pero todos estaban atentos a lo que se decía y lo respaldaron con gritos, aplausos y el sonido de vuvuzelas.
Para llegar a esta decisión, las autoridades realizaron varias reuniones y discusiones en las comunidades, y después llevaron esa voz a la Asamblea de Alcaldes Comunales. Los 48 Cantones resolvieron liberar la carretera para trasladarse por grupos a la capital, en una decisión independiente y unilateral.
La Alcaldía Indígena de Sololá, la de Quiché y la de Santa Lucía Utatlán liberaron el paso el sábado 21 de octubre por la noche, pero anunciaron que insistirán en el paro definitivo a partir del martes 24 de octubre. En algunos puntos, el liderazgo dice que no darán paso a nadie, mientras que en otro dijeron que están dispuestos a permitir el transporte de alimentos locales como frutas y verduras, combustible, gas y personas a pie.
En el sistema indígena, las decisiones no las toman los líderes sin el aval de la comunidad. Ni siquiera el presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones tiene la potestad de actuar sin el consenso de sus bases. Lo mismo ocurre con las autoridades de las otras organizaciones indígenas. Todo se resuelve en las asambleas.
La despedida
«Llevamos tantos días aquí en el paro nacional y hasta la fecha hay muchos que quieren seguir, pero hay que cambiar de estrategia», remarcaba el alcalde del cantón Xosalmajá, de los 48 Cantones. Subido en una pequeña plataforma, con ayuda de un micrófono, informaba que el acuerdo al que llegaron las autoridades, luego de llevar la postura de sus representados, era asignar turnos para que todos pudieran acudir por 24 horas a la capital.
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«Vamos a reforzar la lucha de nuestros compañeros», manifestó ese líder a su audiencia en el kilómetro 187 el día 20 de octubre, fecha en que se conmemora el aniversario de la Revolución de 1944.
Mientras en las calles de la capital se festejaba ese hecho histórico, en la carretera Interamericana los alcaldes trataban de mantener el ánimo durante los discursos de despedida. «Desnudamos al pacto de corruptos, desnudamos cómo tienen cooptadas las distintas instituciones, llámese el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial», decía Daniel Vásquez, alcalde de la aldea Chuatroj.
La audiencia escuchaba sin asombro. Tenían el ánimo de una tarde de domingo, o mejor dicho el ánimo de 19 días de guardia sobre el asfalto. Sabían de la decisión desde la noche anterior, porque lo resuelto era tan relevante que no fue posible mantener la reserva. El bloqueo fue una medida de presión mientras los integrantes de la Junta Directiva de los 48 Cantones y las otras representaciones indígenas buscaban el diálogo o agotaban las vías legales en la capital.
Las cortes de justicia, el presidente y los diputados mantuvieron la narrativa de que la protesta era violenta, terrorista, ideológica, política y se negaron a buscar vías para quitar de sus puestos a los tres funcionarios. El presidente Alejandro Giammattei no reaccionó hasta el octavo día de bloqueos, y aunque convocó a una reunión de diálogo lo hizo a puerta cerrada, limitó la participación de las representaciones indígenas y mantuvo su postura de que no podía destituir a Porras, aunque él la nombró para un segundo periodo, porque la ley interna del MP se lo impedía.
La ley interna del MP fue reformada en 2016 y desde entonces quien ocupa ese cargo es intocable. Además de tener derecho de antejuicio, solo puede ser retirado del cargo cuando haya sentencia firme emitida por los tribunales de justicia. Para llegar a ese resultado pueden pasar décadas, mientras que el periodo de funciones es de cuatro años.
La reunión con Giammattei fue un fiasco para quienes esperaban en la carretera. Debido a la falta de resultados, hubo personas que cuestionaron a las autoridades indígenas delegadas en la ciudad.
La protesta sí incomodó a la fiscal Porras. La única vez que se pronunció fue a través de un mensaje grabado en donde, al igual que Giammattei, evitó hablar de su renuncia y exigió al gobierno el retiro del plantón frente a la sede central del MP, en el barrio Gerona, zona 1 de la capital. El pedido lo conoció la Corte de Constitucionalidad, que fijó plazos para que accionaran el ministro de Gobernación, el presidente Giammattei y el director de la Policía Nacional.
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En la carretera y en los territorios de los pueblos indígenas había tensión porque se creía que los antimotines iban a desalojar a sus representantes en la capital y que después irían por ellos. Las exigencias de Porras provocaron la renuncia del ministro de Gobernación, Napoléon Barrientos, quien no quiso usar la fuerza pública y se anticipó a que la Corte de Constitucionalidad pudiera pedir su destitución por supuesta desobediencia a sus órdenes.
Por otro lado, los amparos para frenar los actos de Porras contra el sistema electoral y los resultados de las votaciones no tuvieron cabida en las cortes de justicia. A eso se refería el alcalde Vásquez cuando decía que el paro nacional les había enseñado cómo funciona la cooptación de los tres poderes del Estado.
Para lo que sí sirvió el bloqueo en la sede del MP fue para frenar las investigaciones que dirige la Feci contra el proceso electoral. La última acción de la fiscalía fue el 30 de septiembre, cuando secuestraron las actas de todas las mesas de votación del 25 de junio.
Porras quería sacar a todos los manifestantes ubicados en la calle pública, frente al edificio central del MP, pero la nueva estrategia de los 48 Cantones es llevar la fuerza de su organización a las puertas de la institución que ella dirige.
Al amanecer del 21 de octubre, bajo un cielo oscuro y 13 grados centígrados, decenas de habitantes de Totonicapán tomaron los primeros buses con rumbo a la sede central del MP. Pasadas las 6:00 de la mañana, con gorros, suéteres y bufandas puestas, entraron a la angosta calle del barrio Gerona y vieron el edificio enrejado.
«Les damos la bienvenida. Esta lucha sigue», les dijeron los que llevan 19 días en ese lugar. Los hombres y mujeres que llegaron a la capital sostuvieron la protesta en la carretera de cuatro carriles rodeados de vegetación y un cielo que abarca gran parte del paisaje. Ahora cumplirán turnos de 24 horas en una calle antigua de la ciudad.
Una decisión autónoma
Entre los habitantes de los 48 Cantones hay quienes creen que liberar el paso ha sido un error, un signo de debilidad ante el poder al que se enfrentan. Unos cuestionan a sus líderes y otras personas, como Olegaria Ana, de 62 años, lo toman con mejor actitud. «Ya sufrimos aquí 19 días, dejamos nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros hijos para estar presentes en este lugar, pero vamos a seguir a nuestras autoridades y ahora nos toca apoyar a los que van a la capital», dijo.
El domingo 22 de octubre, después de escuchar el anuncio de los alcaldes, Olegaria Ana reposaba en el arriate de la carretera. Junto a su esposo comía tortillas con habas y tamales de maíz cosechados en su terreno. Se protegía del sol con un paraguas al igual que cientos de personas de 10 comunidades. El paisaje habitual, hasta antes del 2 de octubre, era de buses, carros, motos que pasaban rápido sobre una carretera de curvas, con personas que caminaban por las orillas y perros atropellados.
Por 19 días, el panorama cambió y se convirtió en un espacio de convivencia comunitaria. Olegaria Ana cuenta que el bloqueo ha sido la única forma de ser escuchados, pero solo duraban uno o dos días.
Sostener 19 días de paro tuvo un costo económico nacional. En territorio de los 48 Cantones ningún negocio abrió por varios días, las clases se suspendieron y se trasladaron a la virtualidad, las tiendas no abrieron, nadie pudo salir a vender o trabajar en los terrenos sembrados. De alguna manera esto parecía la continuidad de la época de pandemia por la covid-19.
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El desabastecimiento de alimentos y combustible obligó a flexibilizar las acciones. Permitieron que los comercios abrieran por algunas horas y los turnos para las personas fueron espaciados en la carretera debido al desgaste de soportar frío, sol, lluvia y desvelos.
La vida en la comunidad de 48 Cantones implica ayudar para ser ayudados, participar para ser incluidos y tener derecho a un puesto de liderazgo o «K’axk’ol», que en k’iche’ significa «dolor, sufrimiento, pago». Los alcaldes no reciben paga por su trabajo, no obtienen el cargo como lo hacen los políticos en campaña electoral y tienen prohibido perpetuarse en las alcaldías o puestos directivos.
«Aquí nuestra población ha estado porque queremos cambiar la realidad de nuestro país. Acá nadie fue coaccionado como los medios lo dicen. Acá nuestra gente está con toda la voluntad de esta lucha, hasta que lo podamos lograr. Seguiremos en pie de lucha», declaró Manuel Ixchajchal de la comunidad Chuixtocá.
A los alcaldes y alcaldesas se les veía conmovidos porque terminaba una etapa de su servicio. Se volcaron por completo y casi sin descanso a dirigir el movimiento, y eso implicó hacer arreglos logísticos de traslado, alimentación, turnos, resolución de problemas, relegando a su propia familia. Profesionales, sastres, agricultores, maestros, maestras, hombres, mujeres, madres solteras pueden ser elegibles para estos puestos.
Al poner en la balanza los 19 días de bloqueo, algunos se preguntan qué ganaron o qué perdieron. El alcalde Vásquez rescató un logro que quizá marque el futuro de los pueblos indígenas y de otros sectores de la población. «Como cuatro pueblos que cohabitamos en Guatemala vimos que hay una armonía y un solo sentir de todo el pueblo, el cual es ya no aguantar la corrupción».
El balance general para los pueblos indígenas es positivo. Lograron posicionarse como un grupo de actores clave con quienes el gobierno debe dialogar. También se presentaron como representantes de un sistema ancestral, prehispánico, que mantiene viva la esencia de sus antepasados, y que en medio de su autonomía pudieron coincidir y exigir que se les tome en cuenta.
La ruta Interamericana estuvo bloqueada por los 48 Cantones, las representaciones indígenas de Sololá, Santa Lucía Utatlán y Quiché. Al llamado de paralizar el país se sumaron otros pueblos, como el ixil, los q’eqchi’, xinca, entre otros y a su lucha se unieron universitarios, trabajadores informales, comerciantes, transportistas, los mercados, y colonias que no tenían organización o no participaban de actos políticos.
La unión hace la fuerza, pero cada pueblo indígena toma sus propias decisiones. El 20 de octubre, los 48 Cantones tomaron una decisión, pero las autoridades indígenas de Santa Lucía Utatlán y Sololá decidieron no respaldarlos.
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Mientras el territorio de 48 Cantones quitaba carpas, limpiaba la carretera, se retiraba del asfalto, en jurisdicción de Sololá y Quiché seguía la prohibición de transitar en la ruta. Piedras, rastros de una llanta incendiada, personas esparcidas por todo el camino, un concierto de marimba, bocinas, una tarima, comunitarios que regalaban café o té, seguían como parte del paisaje la tarde del 20 de octubre.
En la conferencia de prensa que dieron el presidente de 48 Cantones y los líderes de las organizaciones indígenas k’iche’, ixil, achi’, q’anjob’al y q’eqchi’ la noche del 20 de octubre, no estuvo presente Edgar Tuy, presidente de la alcaldía Indígena de Sololá y tampoco estuvieron otros liderazgos de otras comunidades ancestrales.
El 20 de octubre, el paro nacional era un propósito mermado. En su punto más alto, en todo el país hubo 142 bloqueos, pero el golpe económico los desbarató. En occidente hubo desabastecimiento de combustible, gas, frutas, verduras y miles de personas que apoyaron el bloqueo tuvieron que pagar más dinero por esos productos a pesar de que no pudieron trabajar. La fuerza de la calle se aplacó cuando se hacía cada vez más lejana la renuncia de Porras, Curruchiche u Orellana.
En Quetzaltenango no hubo más bloqueos el segundo fin de semana de octubre, porque la población estaba enfocada en conseguir gasolina. En Cantel, Almolonga y Zunil, estos dos últimos son municipios productores de hortalizas para el mercado local e internacional, tampoco quisieron continuar porque perdieron parte de su producción o tuvieron que vender a precios más bajos.
Como sucedió en todo el país, la protesta con bloqueo no tuvo acogida de inmediato, pero con el pasar de los días sumó simpatizantes hasta que se convirtió en una ola de la que nadie pudo escapar.
Comercios cerrados en Sololá, calles vacías en Panajachel
En Sololá y Panajachel, dos territorios unidos geográficamente, se siente con fuerza la división entre quienes apoyan el cierre de la carretera Interamericana y quienes claman para que se levante la medida.
Al igual que en territorio de los 48 Cantones de Totonicapán, en Sololá resolvieron el cierre completo de los comercios, el transporte de personas y de productos no perecederos. Solo autorizaron abrir tiendas y mercados por algunas horas y toda la población, que en su mayoría es indígena, debía colaborar.
Aunque el concepto de democracia sea un ideal para las poblaciones indígenas, en este momento resuena la esperanza.
Nadie puede negar que la población indígena lideró el paro y logró provocar la idea de unidad nacional. A pesar de esto, ahora también asumen el desgaste de continuar con esta lucha a través del bloqueo de un tramo en una de las vías más importantes del país.
Sololá siguió detenido, con poca actividad comercial. Aunque sus habitantes no han padecido desabastecimiento de maíz, verduras y algunas frutas, porque aquí se producen, quienes no se dedican a la agricultura resienten el golpe económico. En Panajachel, en donde la población del lugar es multicultural, y dependen del turismo, cumplieron 19 días sin recibir nuevos visitantes el viernes 20 de octubre.
En plena temporada alta de turismo por el fin de semana largo que inició ese día y las vísperas de la celebración del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, las calles estaban casi vacías. Hoteles y restaurantes con habitaciones y mesas vacías y lanchas estacionadas sin tener a quién trasladar.
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El bloqueo inició en los últimos días de feria patronal. Varios de los dueños de comercios creyeron que podían mantenerse al margen de lo que sucedía en el país. Aunque no tienen pruebas, insisten en que el cinco de octubre las autoridades indígenas de la aldea San Jorge les cortaron la energía como medida de presión.
Esa comunidad es la frontera entre Panajachel y Sololá, y los testimonios indican que ni siquiera a los turistas les permitieron salir. Un transportista contó que lograron sacarlos de noche, por vías alternas poco transitadas y en mal estado.
Las personas que viven en Panajachel aseguran que el cierre fue tal que no los dejaron subir a Sololá para comprar alimentos y que padecieron por la falta de comida, gas y dinero en los cajeros. En un cabildo, los habitantes pidieron a las autoridades de los Consejos Comunitarios de Desarrollo buscar el diálogo con las autoridades indígenas de Sololá para liberar el paso. Algunos ni siquiera lo intentaron por miedo a la reacción del pueblo indígena.
El choque cultural les hace temer. La falta de diálogo entre esas dos realidades y formas de vivir les impide acercarse. Aunque algunos habitantes de Panajachel terminaron por unirse al paro en un movimiento «real y ciudadano», señala uno de los dirigentes locales, la postura general es que el cierre de vías solo funciona para perjudicar a los habitantes en lugar de ser un instrumento eficaz para presionar al gobierno y a los tres funcionarios señalados.
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Ante la falta de diálogo con el gobierno, y una seguidilla de años de gobiernos corruptos que desvían fondos para intereses particulares, el bloqueo es sinónimo de resistencia. Las autoridades indígenas de Quiché, Santa Lucía Utatlán y Sololá, que tienen el dominio de 22 kilómetros, del 127 al 149 sobre la ruta Interamericana, dicen que van a continuar.
A la luz de una llanta quemada, al amparo de algunos toldos, una pasarela tapizada con mantas de rechazo a Porras, Curruchiche y Orellana, e incluso contra el diputado local del partido de gobierno, Alan Rodríguez, lo que resta es protestar y rezar. Una jornada de bloqueo inicia y cierra con una invocación a los cielos. Ruegan para que el objetivo no se pierda, que esas personas renuncien y ellos puedan vencer.
[Al cierre de esta nota, Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que durante el domingo 22 de octubre se despejaron los últimos tramos ocupados en Sololá.]
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