¿Quién ha dicho qué?: Un retrato de las posturas frente a las manifestaciones contra las acciones del Ministerio Público
¿Quién ha dicho qué?: Un retrato de las posturas frente a las manifestaciones contra las acciones del Ministerio Público
En los once días que han transcurrido desde que inició el Paro Nacional, diferentes sectores sociales se pronunciaron públicamente. Y aunque no todos se han expresado abiertamente en contra de las acciones del Ministerio Público, sí lo han hecho acerca de las protestas que se derivaron. La creciente cantidad de bloqueos y los pronunciamientos en contra de la Fiscal Consuelo Porras, fueron el elemento más determinante para entender las distancias entre las posturas y los sectores analizados. En estas posiciones también se hace una distinción entre quienes han convocado a un bloqueo, y quienes se limitan a convocar a una manifestación.
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Partido político Movimiento Semilla
El presidente electo Bernardo Arévalo ha apoyado las expresiones ciudadanas de rechazo al Ministerio Público y la Fiscal Porras. En su mensaje ha resaltado el carácter pacífico de las movilizaciones, rechazando los hechos de violencia y haciendo reiterados llamados a la unidad y la defensa de la democracia. Integrantes del partido (diputados en el cargo y electos) han salido a manifestar en repetidas ocasiones, acompañando a la ciudadanía que asiste a las manifestaciones.
Consejo del Pueblo Maya -CPO-
Señalan al presidente Giammattei, a la Corte de Constitucionalidad y a la Fiscal Porras como responsables de la situación actual. Respaldan las manifestaciones y se unieron para luchar por que se respete el voto y por la democracia.
Hacen un llamado «a los pueblos y sectores democráticos a continuar esta lucha pacífica, a continuar con la solidaridad incondicional, a cuidarnos entre nosotros, a evitar provocaciones».
Consejo Nacional Empresarial -CNE-
Han exigido públicamente al presidente que solicite la renuncia a la Fiscal Porras. También piden a la Corte de Constitucionalidad que resuelvan las medidas que garanticen la toma de posesión del binomio electo del Movimiento Semilla.
Además, solicitan a la ciudadanía que los bloqueos cuenten con un protocolo de paso a, «como ya se hace en muchos puntos, emergencias médicas, productos perecederos y bienes de primera necesidad», y sugieren liberar pasos en horas de la madrugada.
Juan Manuel Asturias, alcalde electo de Antigua Guatemala
Ha sido el único alcalde electo que ha emitido una comunicación pública explícita para pronunciarse sobre las manifestaciones y la coyuntura actual. Se pronuncia con una carta dirigida a la Fiscal General, exigiendo su renuncia inmediata. También afirma que las manifestaciones son genuinas y han surgido de manera espontánea y no se han generado por ninguna ideología o partido, sino por el hartazgo de la población.
Policía Nacional Civil
El subdirector general de operaciones de la PNC, aseguró en una entrevista telefónica a Emisoras Unidas que las manifestaciones estaban siendo lideradas por personas responsables y que ha habido grupos de personas infiltradas que intentaron perjudicar el pacifismo de los bloqueos.
Edwin Ardiano, Director de la PNC declaró que fueron infiltrados los que causaron disturbios y que deducirían responsabilidades para el oficial que haya lanzado el gas lacrimógeno porque su prioridad es el diálogo y la protección de los manifestantes.
Partido político Valor
Rechazan completamente los bloqueos por violar el derecho constitucional de la libre locomoción. Le solicitan al Organismo Judicial y al Ministerio de Gobernación «que ejecuten el amparo 1322-2023 otorgado por la Corte de Constitucionalidad para preservar el orden público».
Cámara de Comercio de Guatemala
Declaran que los bloqueos son «ilegales y violentos» aunque no rechazan las manifestaciones. Reconocen que las causas de estos bloqueos es el hartazgo de la población ante tanta corrupción y cooptación de los poderes. Sin embargo, hacen un llamado explícito al cese de los bloqueos.
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras -CACIF-
Señalan que debe respetarse el proceso electoral y que este termina con la certificación de resultados por parte del TSE. Sin embargo, no consideran que las manifestaciones y bloqueos que afectan la libre locomoción sean legales. Por lo que «de las acciones y recursos legales presentados en las cortes más importantes del país, solicitan los mismos se resuelvan conforme a la ley y los tiempos establecidos.»
Cámara del Agro de Guatemala
Desde los primeros días del Paro Nacional, la Cámara del Agro, se pronunció sobre las manifestaciones. Condenó a los bloqueos y repudió las acciones violentas que pusieran en riesgo la seguridad nacional. Plantean, además, que podrán venir más consecuencias derivadas de los bloqueos.
Solicitaron al gobierno y al Ministerio Público que tomen las medidas estipuladas en la ley para acabar con estas manifestaciones y despejar las vías.
Ministerio de Gobernación
El Ministro de Gobernación expone la preocupación por los «hechos vandálicos» cometidos por infiltrados en las manifestaciones. Además, expone que la PNC tiene la orden de priorizar el diálogo y la protección de los ciudadanos. Sin embargo, declara que las manifestaciones no deben violar el derecho de la libre locomoción y que si esto no cambia, ellos tienen la facultad de usar la fuerza para mantener el orden público.
Conferencia Episcopal de Guatemala
Denuncian que las acciones del Ministerio Público, aunque tengan apariencia de legalidad, son contrarias al bien común. Por lo que, exigen al presidente que atienda al clamor de la población, pidiendo la renuncia de la Fiscal General.
Piden a los líderes de las organizaciones de ciudadanos que se están manifestando que lo hagan de manera pacífica y que no impidan el derecho a la libre locomoción.
48 Cantones de Totonicapán
Los 48 cantones han estado liderando orgánica y públicamente el Paro Nacional. Instaron a la población a defender la democracia y luchar en contra de la corrupción.
Explícitamente se han pronunciado en contra de las acciones de la Fiscal General, del Presidente, del fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Tras la primera negociación aseguraron que continuarán los bloqueos hasta que el gobierno responda a las demandas de las movilizaciones ciudadanas.
Municipalidad de Guatemala
Rechaza los bloqueos porque se han convertido en violentos. Aunque reconoce el derecho a manifestarse, considera que estas no caben en un movimiento pacifico. No se pronunció sobre las acciones del Ministerio Público.
Partido político Unionista
Rechaza públicamente las manifestaciones actuales porque considera que son violentas. Responsabiliza al presidente electo, Bernardo Arévalo y a los diputados de su partido de convocar a estos «movimientos ilegales», pues bloquean los derechos de los ciudadanos.
Universidad Rafael Landívar
Expresan públicamente que quieren unirse a los distintos sectores de la sociedad que se están manifestando para defender la democracia. Suspendieron clases y actividades administrativas desde el día 5 de octubre hasta el 9 de octubre. Explícitamente dieron la oportunidad de flexibilizar las dinámicas académicas para facilitar la participación de la comunidad estudiantil en las movilizaciones ciudadanas pacíficas.
Ministerio Público
La Fiscal General, Consuelo Porras, se pronunció hasta el 8vo día del Paro Nacional. Declara que está en desacuerdo con los bloqueos que se han realizado. Señala que un grupo de guatemaltecos están aprovechándose de estos movimientos para delinquir. Asegura que como Fiscal General, está obligada a investigar todos los hechos que se denuncien y garantizar el cumplimiento de las leyes del país.
Sin embargo, no comenta nada con relación al clamor popular que exige su renuncia.
Universidad del Valle de Guatemala
Se muestra flexible en su comunicado, solicitando a los profesores que permitan a quienes quieran ejercer su derecho a manifestarse, a no asistir a clases para ir a las manifestaciones.
Piden a los órganos del Estado que preserven el orden público.
Partido político UNE
Aunque el partido reconoce el derecho a manifestarse pacíficamente, rechaza los bloqueos y los actos violentos ocurridos. Además, responsabilizan al presidente electo Bernardo Arévalo, «por incitar públicamente a la violencia».
Aseguran que el diálogo no excluye la responsabilidad penal «por los graves delitos cometidos.» Señalan que el Gobierno, el Ministerio Público y la PNC, han reaccionado tardíamente ante las órdenes impuestas por la Corte de Constitucionalidad.
Compañía de Jesús Guatemala
Hacen un llamado a los órganos del Estado que han preferido destruir la Nación solo por el poder, aunque esto esté en contra del bien común.
Además, le pide a la ciudadanía mantenerse firme en la lucha por la paz.
Procuraduría de los Derechos Humanos
Reconoce que el derecho a manifestarse y expresarse es importante para la democracia. Hacen un llamado a los manifestantes y autoridades a proteger los derechos humanos y priorizar el diálogo durante las movilizaciones. Asimismo, «insta a las autoridades a cumplir con las funciones que les corresponden conforme a la ley y mandato legal y garantizar la seguridad y la integridad de las personas que participan en manifestaciones pacíficas.»
Fundesa
En una entrevista telefónica, Juan Carlos Paiz, el presidente de FUNDESA, afirma que el diálogo es importante en la resolución de conflictos. Sin embargo, se debe poner fin a los actos de violencia que se han generado. Además, llama al presidente electo, Bernardo Arevalo, a que promueva la paz.
Corte de Constitucionalidad
La postura de la CC ha fluctuado y variado respecto a los actores que acuden a sus resoluciones. Ha dejado margen de apoyo a todos los actores que interponen amparos y debidas ejecutorias, aún cuando estos representan intereses diametralmente opuestos. En algunas resoluciones, tácitamente, favorece las acciones de intervención electoral del MP y, en otras, favoreciendo las condiciones para que las manifestaciones se garanticen.
Presidente Alejandro Giammattei
Ha condenado públicamente la violencia en las manifestaciones. Por medio de una carta abierta, ha responsabilizado al presidente electo, Bernardo Arévalo de los bloqueos y le pide que asuma las consecuencias.
Sin embargo, no se ha pronunciado con respecto al clamor popular de que pida la renuncia de la Fiscal General.
Diputado Boris España
Se pronunció asegurando que la Fiscal General no va a renunciar ni piensa hacerlo. Además, adelantó que en los próximos días saldrá a la luz una información acerca de un «desfalco en el TSE de una sobrevaloración del programa informático, solo se están esperando los documentos necesarios.» Agregó: «No debemos de ser como ciudadanos, partícipes de ningún tipo de ninguna situación anómala como la que se va a conocer en los próximos días.»
También, comenta sobre grupos que han manipulado las manifestaciones.
CODECA
En el séptimo día del Paro Nacional, CODECA, sacó un comunicado en el cual confirma su participación el 9 de octubre, fortaleciendo los paros en distintos territorios del país.
Vecinos Organizados
Las movilizaciones en la ciudad y en diferentes puntos del país han sido acuerpadas por familias, amigos y grupos de vecinos de distintos barrios, colonias y vecindades en los cuales han surgido manifestaciones y bloqueos espontáneos.
Comunidad Internacional
Varios organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, «Nuestras Voces» liderada por Ruben Blades y Mario Vargas Llosa, entre otros, se han pronunciado a favor de la democracia en Guatemala y en contra de las acciones que ha realizado el Ministerio Público.
Tribunal Supremo Electoral
Desde la segunda vuelta de elecciones, el Tribunal Supremo Electoral se ha encontrado en una constante guerra con el Ministerio Público. Dicho órgano de justicia, ha allanado las oficinas del TSE en repetidas ocasiones, lo cual ha generado su pronunciamiento en contra de esas acciones.
Corte Suprema de Justicia
La lentitud, pasividad y el tipo de resoluciones que emite ante las acciones y recursos que conoce, principalmente en contextos críticos, en general, benefician al MP. También han adoptado otras decisiones que repercuten directamente sobre las demandas que se realizan desde las movilizaciones ciudadanas.
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