Tercera semana del Paro Nacional: un primer diálogo y una reunión pendiente para salir de la crisis
Tercera semana del Paro Nacional: un primer diálogo y una reunión pendiente para salir de la crisis
Inició el diálogo entre autoridades indígenas y el presidente Alejandro Giammattei, pero no avanzó con el Ministerio Público, que puso como condición para reunirse que se despejen las protestas en su sede central. Para llegar a ese punto primero hubo un llamado a exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, luego tomaron las carreteras y la sede central de la fiscalía, la ciudadanía los respaldó. Esta es la tercera semana de los bloqueos y una de las partes debe ceder, mientras tanto, desde que inició el Paro Nacional no hubo una acción legal más en contra del proceso electoral.
Al cierre de esta nota el ambiente afuera del edificio del Ministerio Público (MP) era tenso: Por un lado, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Ministerio de Gobernación con el apoyo del Ejército, liberar el acceso a las instalaciones; por otro, más manifestantes se sumaron a la toma del lugar. Simultáneamente la Corte Suprema de Justicia amplió un amparo provisional a 48 Cantones y les garantizó el derecho a la protesta.
***
«Hubo una reunión, y la primera no se puede ganar una batalla, pero vamos a seguir. Van a venir más reuniones», dijo un dirigente de las autoridades indígenas ancestrales en un discurso en Cuatro Caminos, en San Cristóbal Totonicapán. Es el epicentro del Paro Nacional en Guatemala, que ha llevado a miles de personas a protestar en todo el país y a exigir la renuncia de cuatro funcionarios públicos: la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y el juez Fredy Orellana.
El pasado jueves 12 de octubre seis representantes de quienes lideran las protestas ingresaron a la Casa Presidencial, donde está ubicada la oficina de Giammattei, para sostener la primera reunión de diálogo en la crisis democrática que enfrenta Guatemala desde las elecciones generales. En la reunión fueron mediadores integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA).
[relacionadapzp1]
La reunión duró alrededor de cuatro horas, tiempo en el que cientos de personas se concentraron en el Callejón Manchén, ubicado atrás del Palacio Nacional y en la entrada de la Casa Presidencial. Allí las autoridades de la Alcaldía Indígena de la Sololá se hincaron en el suelo para orar y pedir que sus peticiones fueran escuchadas.
«Tu pueblo está cansado», se escuchaba en las plegarias. En el mismo lugar estaba David Saloj, de Sololá, quien portaba una vara de autoridad, símbolo de liderazgo.
«Parece indignante pasar once días en las carreteras para que se nos escuche, pero también es un alivio tener una ventanita y esperar el resultado de nuestros representantes y el gobierno. Venimos por la petición de nuestros pueblos, estamos acá por ellos, están en la carretera pidiendo y nos preocupa su salud, están pasando frío y calor», dijo Saloj.
[relacionadapzp2]
Adentro estaba líderes de los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá, el Parlamento Xinka, la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán, la Alcaldía Indígena de Palín, el Movimiento Social Q’eqchi’, la Alcaldía Indígena de Cubulco, Alta Verapaz, las Comunidades Indígenas de Chichicastenango, la Asociación Indígena de San Francisco El Alto y la Alcaldía Comunal de San Cristóbal Totonicapán.
El resultado de ese primer acercamiento no fue el esperado y dejó en el ambiente más incertidumbre que respuestas, para ellos en cambio significó un gran paso.
Giammattei escuchó las demandas de la población y se limitó a responder que, por ley, no puede destituir a Porras y no puede solicitar la renuncia del juez Fredy Orellana, quien autorizó las diligencias contra el partido Semilla y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aunque mostró una postura cerrada esa noche, al siguiente día el presidente envió una carta al MP donde solicitó que se abriera el diálogo con las autoridades indígenas.
«Se resalta positivamente esta reunión como una muestra de voluntad de salir de la coyuntura actual sin escalamientos de confrontación en nuestra sociedad», dijo la presidencia en un comunicado. El tono conciliador Giammattei fue diferente al que expresó días antes cuando dijo que los manifestantes eran acarreados y que las protestas causaron actos vandálicos contra comerciantes.
Con el MP no hubo la misma apertura. En un cruce de cartas, Ángel Pineda, Secretario General de la entidad dijo que dialogarían hasta que se garantice de forma permanente el ingreso y egreso de trabajadores a la sede central y otras oficinas en el país, lugares que han sido tomados como puntos de protesta para exigir la renuncia de Porras.
[embedpzp1]
Más detalles de la reunión
La noche del primer diálogo, Edgar Tuy, autoridad indígena de Sololá, salió de la Casa Presidencial seguido por una aglomeración ansiosa por saber los resultados. Decenas de personas con teléfono en mano transmitían en vivo mientras un manifestante trataba de hacerle llegar un megáfono entre la multitud para que se escuchara su voz.
En medio del caos hubo un silencio, si alguien hablaba otros gritaban «¡Cállense!». Tuy sacó una agenda de su morral y leyó sus apuntes:
«Se habló que no estamos acá por ningún partido político ni por ningún presidente electo, que nos financia ninguna institución, ni oenegé o un país. Fuimos claros en decir que la motivación del pueblo de exigir la renuncia de Porras es que se respete la democracia», dijo Tuy.
El representante agregó que se discutió buscar mecanismos para encontrarle una salida a la crisis, pese a que Giammattei por ley no puede pedir la renuncia de Porras.
[frasepzp1]
Tuy añadió un punto de especial interés para quienes permanecen en los bloqueos: «La información es clara, no hicimos ningún trato ni ningún compromiso, pero hay que ser claro en que el presidente ofrece que haya una manifestación pacífica y que resguarde a la población».
Mientras terminaba el discurso, entre el público se escuchaba a gritos «¡Que renuncie!». El hartazgo contra Porras, Curruchiche, Monterroso y el juez Orellana no menguó con el primer diálogo entre autoridades.
Los vínculos y una segunda reunión
El artículo en el que se escuda Giammattei para no destituir a Porras nació en febrero de 2016, cuando el Congreso aprobó una serie de reformas a la Ley Orgánica del MP, impulsadas por la entonces gestión de la Fiscal General Thelma Aldana y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). El cambio más sustancial, que esa coyuntura tenía como fin proteger la independencia del jefe del MP frente al entonces mandatario Jimmy Morales, fue al artículo 14, donde se estableció que el presidente de la nación puede remover al Fiscal General solo cuando haya una condena en firme.
Aunque en su momento la reforma fue promovida como un paso hacia garantizar la independencia del órgano investigador y resultó favorable para la gestión de Aldana, recientemente un grupo de juristas que rechazan las acciones de Porras presentó una inconstitucionalidad a dicho artículo aduciendo que le quita la prerrogativa al presidente de disponer del puesto. Cuestionan la interpretación del término «causa justificada» pues choca con el artículo 251 de la Constitución que establece que «el Presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida».
También hay otras lecturas. La exfiscal general, Claudia Paz y Paz, dijo que el presidente, aunque no pueda destituirla, sí tiene la facultad de pedir la renuncia de Porras, y que incluso podría denunciarla por cometer delitos contra la voluntad ciudadana expresada en urnas.
«Nadie quiere asumir la responsabilidad de pedir la renuncia o de tramitarla, se agarran de los procesos legales. Entendemos y sabemos lo que queríamos pero él (Giammattei) dice que si pide la renuncia se sale del marco legal. No podemos ir más allá de la voluntad de los funcionarios públicos, y dijimos que si no puede despedirla, que le pida la renuncia. Esta lucha está dando pasos lentos, pero sabemos que son seguros», dijo Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán el pasado 12 de octubre.
El vínculo entre la fiscal Porras y Giammattei ha sido evidente. El presidente la ha llamado su amiga y la reeligió en el cargo pese a que la Comisión de Postulación la había dejado fuera, y a que fue sancionada en dos ocasiones por Estados Unidos, que la incluyó en la Lista Engel de actores considerados antidemocráticos y corruptos.
Por su parte, Giammattei se ha beneficiado de la gestión de Porras.
[relacionadapzp3]
Ninguna de las dos denuncias en su contra por posible corrupción ha tenido avances desde que fue destituido Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que ahora dirige Curruchiche. Sandoval denunció que su despido se dio semanas después de que recibió información de que el gobernante estaría involucrado en una trama de sobornos de parte de ciudadanos rusos que le habrían entregado dinero en efectivo envuelto en una maleta.
También quedó en el olvido el caso del Testigo A, que se refiere a una declaración que vincula al presidente en la negociación de un pago anómalo a su campaña de 2019 derivado de sobornos de constructoras. Este expediente incrementó las presiones para que la jueza Erika Aifán abandonara el país rumbo al exilio. Desde entonces el proceso no ha tenido avances. Al ser cuestionado por la prensa, Curruchiche da explicaciones confusas sobre por qué no hay resultados.
Tras reunirse con las autoridades ancestrales, Giammattei tomó un paso que forzó al MP a ser parte del diálogo.
El 13 de octubre, un día después de la reunión en la Casa Presidencial, el presidente envió un oficio a esa institución donde solicitó que ese mismo día fueran atendidos los representantes de las organizaciones indígenas y sostener un diálogo institucional con la Fiscal General, en acompañamiento de la OEA.
Ángel Pineda, Secretario General del MP, respondió a la misiva que la gestión de Porras «es de puertas abiertas y que está al servicio de los guatemaltecos». Esto dista de la decisión de la fiscalía de poner cercos metálicos frente a la sede principal del MP y de cerrar con candado las entradas.
[frasepzp2]
Pineda, quien no ha explicado por qué firmó él en el nombre de Porras, dijo en la carta que el MP accede al diálogo, y pidió garantías de seguridad para Porras, Curruchiche y Monterroso. En una primera carta propuso que la primera reunión entre esta institución y las autoridades ancestrales se realice esta semana, bajo la condición de que se permita el acceso y egreso permanente de los trabajadores de la institución en la sede central.
Las autoridades ancestrales respondieron con una propuesta: que la reunión se realizara en un punto medio, en el Palacio Nacional de la Cultura y que estuvieran presentes los medios de comunicación.
El martes 17 de octubre el MP respondió con una negativa. En una carta enviada a la presidencia insistió en que no se reunirán hasta que se retiren las protestas del edificio central y desistió de participar en el encuentro en el Palacio Nacional. La jefa de la institución no ha aparecido públicamente desde el inicio de las protestas, el pasado 2 de octubre. Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, dijo que a diario ingresan alrededor de 15 trabajadores del Departamento de Seguridad a la sede central y que la reunión no se ha agendado porque no han recibido una respuesta de las autoridades indígenas sobre despejar la fachada del edificio.
Se lograron dos cosas
Aunque el primer encuentro entre autoridades no logró que Porras salga del MP, sí se dieron dos pasos importantes, de acuerdo con Manuel Meléndez, investigador de ciencia política de la Universidad de Harvard, coautor del artículo «Cómo se negocia una transición democrática», publicado en sitio de la organización Diálogos.
«El gobierno reconoció a las autoridades ancestrales como interlocutores legítimos y las dos partes se sentaron a la misma mesa. Es un primer paso que obviamente no deja satisfecho a nadie, pero sentarse por primera vez es el paso más difícil, una vez ya te sentaste es un poco más fácil hacerlo una segunda, una tercera vez», dijo a Plaza Pública.
El primer paso para el diálogo lo dieron las autoridades indígenas, que previo a tomar acciones en las calles presentaron acciones legales y administrativas para exigir la renuncia de Porras, mismas que a la fecha no han tenido respuesta.
«Este es un probablemente un proceso en el que ninguna de las partes terminará completamente satisfecha, así funciona el diálogo. Acá por lo que se está luchando no es solo una transición de gobierno, es una transición democrática, que significa un restablecimiento verdadero de las instituciones democráticas. Por eso es importante los llamados a la renuncia de actores que son incompatibles con ese restablecimiento», señaló el analista.
[relacionadapzp4]
Desde que inició el Paro Nacional, Porras no solo dejó de ser vista en público -solamente publicó un video pregrabado- , sino que disminuyeron casi al cien por ciento los operativos en contra del proceso electoral y el TSE, que incluyeron el secuestro de las actas originales con los resultados de la primera vuelta electoral, antejuicios contra magistrados titulares, e investigaciones contra el partido Movimiento Semilla que llevó a Bernardo Arévalo y Karin Herrera a la presidencia y vicepresidencia. Los protagonistas de esta persecución son Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana.
Menéndez señala que es posible convencer a estos personajes de que dejen ir el poder.
«Hay que dejarles claro que quedarse en el poder conlleva costos importantes en cuanto a la inestabilidad del país y a su propio futuro, pero por otro lado hay que darles una vía de salida, una forma de dejar el poder sin que terminen en la cárcel o que acaben muertos. Esto no es porque yo no quiera que acaben en la cárcel, sino porque si ellos piensan que dejar el poder es prácticamente un sinónimo de muerte, no lo van a hacer», explicó.
Lo crítico en el diálogo es encontrar una forma para que quienes cargan con el rechazo ciudadano dejen el poder y sientan que podrán tener un tipo de vida, agregó. Menéndez habló de las experiencias de otros países, donde se aplica lo que se conoce como «exilio suave», que significa que quien deja el cargo se va del país unos años, no por miedo sino porque le encuentran algún puesto en otro lugar o hay un acuerdo privado de no perseguir penalmente.
«Este es el tipo de ideas que se tienen que pensar y evaluar, tomando en cuenta el contexto legal y político», dijo Menéndez.
Hasta la fecha las autoridades indígenas no han dicho públicamente si están dispuestas a encontrar un punto medio entre las exigencias de renuncias. Por ahora se mantiene la consigna en las protestas: Consuelo Porras y sus aliados deben renunciar.
Más de este autor