El pasado 23 de mayo, en la ciudad de Río Bravo, estado de Texas, un agente de la patrulla fronteriza acertó un tiro mortal en la cabeza de Claudia Patricia Gómez González. Milésimas de segundo fueron suficientes para desvanecer la ilusión de encontrarse con su novio, de trabajar y de salir adelante para ayudar a su familia, residente en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.
Y es que, con el gobierno de Trump, las detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos se han incrementado, incluyendo el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en respuesta al plan más reciente para contener el flujo de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos. De hecho, abogados de migrantes en el sur de Texas se han quejado del excesivo uso de la fuerza y de las violaciones de derechos civiles.
Como parte de las órdenes de Trump, el gobernador Greg Abbott anunció el despliegue de más de mil soldados en Texas. Se espera tener entre 2,000 y 4,000 soldados en total a lo largo de la zona sudoeste de la frontera, incluidos despliegues adicionales en Nuevo México y Arizona. En esta misma línea está el gobernador de California, Jerry Brown, quien dijo que aceptará fondos federales para tener unos 400 soldados de la Guardia Nacional como ayuda para combatir las bandas transnacionales de delincuentes, el tráfico humano y el contrabando de drogas y de armas a través de la frontera.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la Guardia Nacional no podrá detener inmigrantes que lleguen a la zona limítrofe. Únicamente apoyará a los agentes fronterizos en la detección aérea, el transporte, la reparación del muro fronterizo y apoyo logístico, lo cual permitirá a los agentes de la Patrulla Fronteriza concentrarse en las capturas de personas migrantes.
Según la CBP, solo en abril de este año, agentes en la frontera detuvieron a 4,314 menores que viajaban sin compañía rumbo a Estados Unidos: casi la cuarta parte de las detenciones de menores no acompañados durante el período fiscal 2016 (18,913).
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Los informes estadísticos de la Patrulla Fronteriza registraron que entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de abril de 2018 se detuvo en la frontera sur a más de 26,000 menores de edad. Casi la mitad eran guatemaltecos (12,459) y el resto mexicanos (6,151), hondureños (4,624) y salvadoreños (2,090).
Si esto no es suficiente, se empiezan a construir muros en el sur de Centroamérica, ya que Panamá busca evitar el paso de migrantes latinoamericanos y centroamericanos por sus fronteras. A través de un comunicado, los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos informaron que crearán un nuevo mecanismo para asegurar una coordinación más eficaz y completa para hacer frente a la migración irregular en la región, básicamente una Fuerza de Tarea Conjunta Migratoria.
Esto resultará en una asfixia para los miles de migrantes que ya enfrentan las barreras tanto de los países de donde son originarios como las de los de tránsito y destino. El anhelo de encontrarse con los seres queridos, e incluso de conocer a sus familiares, se ve frustrado como antes lo fue el de lograr construir un proyecto de vida en su propio país, su tierra.
Estos escenarios plantean la necesidad de cuestionar menos las decisiones y la política exterior de Estados Unidos y de interpelar y exigirles más a nuestras propias autoridades para que no se queden en el apoyo en subir a las personas deportadas a un bus para que regresen, en el mejor de los casos, a la cabecera departamental o en la ayuda que dan a familiares de migrantes para repatriar los cuerpos de quienes murieron en Estados Unidos o en las fronteras, de modo que dediquen sus esfuerzos y su presupuesto a garantizar los servicios básicos y a generar condiciones laborales y de vida decentes.
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