Carlos Martín Beristain: similitudes y paralelismos de Ayotzinapa y el Hogar Seguro

Carlos Martín Beristain, médico español, cuenta con una larguísima trayectoria en el trabajo con víctimas y en la investigación de la verdad en casos de alto impacto. Fue coordinador del informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (Rehmi) “Guatemala Nunca Más”; integró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó para el caso Ayotzinapa, en México; trabajó con víctimas saharauis de minas antipersona; con víctimas del franquismo en España; con afectados por la guerra en Colombia desde 1994; de las favelas de Río de Janeiro; de la violencia armada del Perú… La lista es inacabable.

Ahora, en paralelo con otros proyectos, empieza en Guatemala un proceso con las sobrevivientes de la tragedia del Hogar Seguro y con las familias de las jóvenes que murieron en el incendio del 8 de marzo pasado.

“El objetivo es conocer un poco más de cerca los desafíos que plantea el caso en la investigación respecto a los intereses de las víctimas y compartir parte de las experiencias que hemos tenido en diferentes países”, explica Beristain. La última de estas experiencias tiene que ver con la investigación y el acompañamiento a las víctimas en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, México.

Beristain trabajó codo con codo con la exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz en el GIEI, un comité de juristas y médicos que elaboró planes de búsqueda de los estudiantes; realizó un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y elaboró otro análisis del plan de atención a las víctimas de los hechos sucedidos en septiembre de 2014. El grupo finalizó su mandato en abril de 2016.

¿Ve similitudes entre Ayotzinapa y el Hogar Seguro?

Veo paralelismos. No en el tipo de hecho, pero hay fenómenos similares en términos de lo que significa el trabajo con las víctimas. Estamos hablando de un número muy numeroso de víctimas. Víctimas a veces muy estigmatizadas por diferentes razones. En el caso de Ayotzinapa, por un estigma más político. Y en el caso de las niñas y a sus familias porque vienen de situaciones muy difíciles, de problemas de exclusión social, de pobreza…

Las versiones distorsionadas o poco claras de la realidad también son comunes. La necesidad de tener una investigación que sea independiente y que esclarezca la verdad es muy importante. En casos tan complejos como estos se termina generando una confusión. Hay que salir de estas opiniones y de esas versiones poco contrastadas. En el caso Ayotzinapa, era muy importante poner elementos de prueba objetivos que situaran los hechos, como también lo es en este caso. Todavía está en un proceso muy incipiente, pero eso va a ser un problema clave.

También es importante que los dos casos tienen un elemento en común: ponen énfasis en problemas más estructurales. Por ejemplo, el caso Ayotzinapa pone énfasis en los desaparecidos, tienen 30 mil desaparecidos en el país, y en los problemas en la investigación criminal y las violaciones de derechos humanos. Nuestro informe tiene todo un capítulo sobre qué cosas tienen que cambiar para que ese tipo de casos no se den. El caso Hogar Seguro también muestra problemas estructurales, y ojalá de la demanda de las víctimas, de la investigación judicial, del trabajo de otros sectores implicados salgan también recomendaciones estructurales. Porque se necesita acabar con situaciones que generan lo que se ha producido en este caso.

Con respecto al estigma. Desde que sucedieron los hechos del 7 y 8 de marzo en el Hogar Seguro, las críticas a las familias fueron constantes. Incluso una vez iniciado el proceso, la misma Procuraduría General de la Nación pidió que las familias no se constituyeran como querellantes por tener parte de responsabilidad en los hechos. ¿Qué lectura se hace de esto?

Creo que es un efecto perverso de la inversión de la culpa. Primero hay que entender la problemática de la que vienen. Es muy fácil culpabilizar a la gente y señalarla. El Estado tiene una obligación de asegurar los derechos de los niños y niñas en este caso. Más en un componente institucionalizado como en el que estaban. Y ahí es donde hay que determinar responsabilidades. La responsabilidad del caso no es que los niños estuvieran institucionalizados. Los niños que están en una institución deben tener el respeto, el cuidado, la atención a sus derechos, y eso es una obligación del Estado. Este caso muestra que todo esto no se dio. Pero me parece que hay que tener cuidado con no dejarse llevar por estas versiones distorsionadas de la historia. Que son muy injustas, que no ayudan al país y desde luego son un desprecio para las víctimas.

¿Podría crearse un grupo de expertos igual que el GIEI en el caso Hogar Seguro?

Eso no ha estado en la petición de los familiares ni de los representantes de las víctimas. Así como sí ha habido otros casos en los que sí hubo esas peticiones... El caso de (Santiago) Maldonado en Argentina, un desaparecido reciente, hubo una petición, en el caso de Berta Cáceres en Honduras… Lo cual muestra que se necesitan a veces mecanismos extraordinarios en la lucha contra la impunidad y que la experiencia internacional puede ser un factor positivo que ayude a los países mediante la asistencia técnica y las buenas prácticas de trabajo con las víctimas.

Son diferentes mecanismos. No se trata siempre de que se cree un grupo ad hoc como se creó en el caso de México, pero sí hay muchas recomendaciones que son útiles para otros. Por ejemplo, yo vengo de México. Acabamos de presentar un libro que se llama Metodologías de investigación. Búsqueda y atención a las víctimas, que es un intento de sistematizar la experiencia del GIEI y cómo la experiencia puede ser útil para otros casos.

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¿En qué aspectos del proceso pondrá más atención?

El GIEI se creó con un triple mandato: la investigación, la búsqueda de desaparecidos y la atención a las víctimas. Estas cosas en la mayoría de los casos van separadas y predomina muchas veces un enfoque jurídico. Mi perspectiva tiene que ver más con cómo articulamos la participación de las víctimas en los procesos, sus derechos en la investigación. Cómo hacemos que el proceso de investigación sirva para las víctimas, para enfrentar el dolor y el sufrimiento, para tener mayor claridad sobre los temas de reparación y también para tener una comprensión del caso para la sociedad.

Son casos que tienen un alto impacto y se necesita una comprensión social. En Ayotzinapa la culpa se puso sobre los familiares y los jóvenes. Nuestro trabajo ayudó a esclarecer el caso y a poner encima de la mesa las pruebas que mostraban que los jóvenes no habían sido responsables de eso.

¿Cuál es nuestro trabajo? Producir investigación y pruebas que ayuden a esclarecer el hecho. Eso es muy importante en términos de la verdad, pero también en términos de las víctimas. Las víctimas pueden dar sentido a su experiencia y tener un marco de reconocimiento a partir de esa verdad.

¿Cómo trabajar con niñas sobrevivientes y con familiares de las víctimas?

Estamos hablando de procesos de duelo que son muy traumáticos. Incluso en los casos donde había una mala relación. Además del impacto físico de las quemaduras de muchas de ellas, del impacto psicológico que eso supone. Lo que creo que es importante es que es construya un programa de atención psicosocial. Y poner énfasis en diferenciar qué se necesita en este caso por tratarse de niños y niñas en las condiciones de exclusión social.

Esas necesidades no pueden estar esperando una resolución judicial. Se necesitan programas de atención que activen mecanismos que ya existen en el Estado o mecanismos que hay que crear para eso.

En el caso Ayotzinapa, nosotros negociamos con el Estado la atención a las víctimas que había que hacer independientemente de que no hubiera una sentencia sobre el caso. Qué mecanismos hay que poner en marcha para la atención al muchacho que está en coma, para la atención a los heridos que quedaron con secuelas importantes, para la atención a los problemas de salud de los familiares de los desaparecidos, que como consecuencia del dolor y sufrimiento y el deterioro de su situación tienen impactos importantes… Creo que hay que construir una estrategia de acompañamiento que tenga que ver también con un programa de atención.

Lo cual correspondería al Estado…

Correspondería el Estado junto con las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. En casi todos estos casos hay que construir una confianza en relación con las víctimas, y esa confianza muchas veces está del lado de la sociedad civil que ha acompañado estos casos. Por ejemplo, el programa PRAIS de atención a víctimas de la dictadura en Chile atendió a 200 mil personas en el país porque activó la experiencia de atención a las víctimas que estaba en la sociedad civil. Se trasladó también al Estado, al Ministerio de Salud.

Tiene que haber formas de colaboración entre las obligaciones de la sociedad civil que a veces son las que tienen las experiencias del trabajo con las víctimas y las instituciones del Estado como la Secretaria de Bienestar Social o el Ministerio de Salud.

¿Las sobrevivientes y las familias de las víctimas del Hogar Seguro están teniendo un apoyo psicológico suficiente?

De lo que he visto, las familias están recibiendo atención, algunas más organizadas, con algunas de las organizaciones que les están acompañando, que están llevando el litigio. No sé si están llegando a todos los familiares, porque estamos en un caso en el que la dispersión de las familias, sus condiciones a veces de exclusión social hacen que no exista una dinámica como la del caso de Ayotzinapa que era más colectiva.

Ahora están en este proceso de aglutinarse con sus abogados y abogadas y también de ver cómo generar espacios de encuentro entre ellas para que puedan expresar sus demandas. Conocerse y apoyarse mutuamente para aceptar esa situación.

¿Cree que se logrará un reconocimiento y reparación a las víctimas después del proceso?

Ojalá haya un proceso judicial que tenga en cuenta los derechos de las víctimas. Que, en este caso tan duro, tan atroz, esa dimensión del respeto por los derechos de las víctimas también esté en la perspectiva del litigio.

La sentencia se puede centrar en varias cosas. Hay una dimensión que tiene que ver con los niveles de responsabilidad. El hecho de que se determine la responsabilidad es importante porque hace un reconocimiento del dolor y sufrimiento. Que las víctimas no son cualquier cosa, no son objetos de desprecio cuya vida se puede eliminar, sino que hay una responsabilidad.

Hay otro nivel de la sentencia, que es establecer los hechos y la verdad, lo cual es muy importante para las víctimas.

Y otro lado de una sentencia también puede ser un elemento de reparación. Deben escucharse cuáles son las demandas de reparación de las víctimas, para que no piense en la reparación como un elemento externo que llega de fuera a través de una sentencia.

Para que la reparación sea reparadora tiene que sintonizar con el proceso de las víctimas, con lo que les ayuda a enfrentar el dolor y el sufrimiento, a mejorar sus condiciones de vida, al recuperar proyectos de vida que han sido truncados.