Casas quemadas y abandono: Lo que dejan los desalojos

A las seis de la tarde de un día del pasado marzo, Emilia Ortiz, de 50 años, escuchó los vehículos que se acercaban a su comunidad, localizada en la Finca Las Maravillas en Puerto de San José, Escuintla. Ya sabía a qué iban. Era un desalojo. Ella y su esposo sacaron a sus hijos de la casa. Los automóviles de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) los rodean. En cuestión de horas, sus pertenencias, sus cultivos y su casa ardían frente a sus ojos. Su hija mayor, que está casada y vive en el centro urbano de Puerto de San José, le dio posada a la familia. El resto de la comunidad se esparció por el departamento. Algunos migraron. Todos quedaron a su suerte.

Las autoridades les dijeron que la finca tenía dueño, pero averiguaron y aún no aparece algún registro. La necesidad de tener una vivienda es grande. Ortiz y su familia habían habitado el espacio por doce años. Revisaron y nadie era dueño de esa tierra así que se quedaron. Hicieron su vida tranquilamente. Hasta el día del desalojo que llegó sin aviso. Ortiz no sabe a dónde ir o qué hacer. No puede quedarse con su hija para siempre. Así que acudió al llamado para plantarse frente a Casa Presidencial, lugar desde donde relata su historia. Ahí, junto a unos 400 comunitarios, exige una pronta solución a su problema de vivienda.  

Ortiz habla con rapidez, como si quisiera terminar de revivir esos momentos lo más pronto posible. Sus manos juegan con los bordes del suéter verde limón que lleva puesto. El frío de la época no le ha sentado muy bien, admite. Repite que espera que el presidente Jimmy Morales los escuche, que les dé un espacio para hacer una vida digna. En algunos momentos sus ojos se llenan de agua, pero no llora. Termina de hablar, sonríe y se dirige de regreso al frente del bloque. Ahí está una buena parte de los comunitarios, en su mayoría hombres, para bloquear el paso. Ni transeúntes ni vehículos pueden pasar frente a Casa Presidencial.

Cualquier extraño es recibido con una advertencia: “¡No hay paso! ¡No hay paso!”. Se escuchan los gritos desde una cuadra antes. Una vuvuzela ameniza de cuando en cuando. Los automóviles se desvían. Algunos peatones se acercan a pedir permiso para cruzar porque ahí es más seguro. Los comunitarios son celosos del espacio que reclamaron para hacer escuchar sus demandas. Entre los dos grupos que custodian se extienden al menos 15 champas. Debajo de ellas se encuentran apiladas las colchonetas que utilizan para dormir. También han llegado donaciones de colchas y ponchos, porque aunque algunas personas no venían preparadas para el clima.

En el plantón hay entre 125 y 150 niños, de acuerdo con miembros del Comité Campesino Del Altiplano (CCDA).  Los chicos corren entre los manifestantes, juegan fútbol, tenta y escondite por todo el lugar. A eso de las 11 de la mañana tienen una chamusca sobre el espacio de la quinta calle que está cerrado. Los pequeños son quiénes más abrigados están. Los adultos admiten que durante la noche hacen rondas para revisar que todos, especialmente los menores, estén bien. “Esto, al final, es por ellos. Por su futuro”, dice Raúl Ico, de 30 años, dirigente de la comunidad de Chab’il Ch’och’ de Izabal.

Chab’il Ch’och’ es el caso más reciente de los desalojos forzados. El pasado 30 de octubre a las 13:17 horas, 1 mil 800 elementos de la PNC rodearon a la comunidad ubicada en Izabal. El objetivo era claro: sacar a las 56 familias que ahí permanecían desde hacía varios meses, por las buenas o por las malas. El terreno que habitaban es históricamente de las familias q’eqchi’, quienes en 1935 ya vivían ahí y fueron desplazadas durante la guerra. En 2015, los nietos, según cuenta Ico, retornaron a la “tierra de los abuelos”. Rodrigo Lainfiesta Rímola, hermano del diputado Julio Lainfiesta de la Unión del Cambio Nacional (UCN), dice ser el propietario de la finca. Lainfiesta está libre bajo fianza por el caso Fraijanes.

Ico cuenta que los policías les dieron 14 minutos para el diálogo y 20 para el desalojo. “Pero ¿qué podemos agarrar en 20 minutos? Solo un poco de ropa y algunas cosas. El fiscal del Ministerio Público procuró que la policía nos ayudara a llevar las cosas. Pensamos que a la lancha, pero a los 100 o 200 metros tiraban las cosas”, dice y su historia es interrumpida por el sonido del altavoz.

—Amigos, péguense un poquito —gritaba alguien—. Aquí tenemos a los compañeros “Los Guaraguau” de Venezuela que vienen a cantar un poco.

Una guitarra empieza a sonar.

Ico suspira y continúa su historia. “Fui el último en salir. Eran las 6:15 de la tarde. No quedaba nadie. Nada”, recuerda. Camino a la lancha vio las pertenencias de sus vecinos tiradas en la intemperie. Los juguetes de los niños, las gallinas, la ropa interior, la comida y el resto de objetos estaban sobre el lodo, sucios. Algunos animales ya muertos. Las familias, que esperaban sus pertenencias, se encontraron con que tampoco contaban con eso. Ya no podían regresar por nada. Lo habían perdido.

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Mientras esperaban el traslado, los comunitarios preguntaron si iban a algún albergue. Nadie les daba respuesta. Ico cuenta que ahora están en Q’otoxal, una comunidad que también tiene riesgo de ser desalojada.  Él procuró el albergue en ese punto, pues conoce a dos vecinos del lugar. El mayor cuestionamiento que tiene, hasta el momento, es el despliegue de fuerza policial que se dio contra ellos y la razón detrás de esto. Mantiene que son personas pacíficas y que no era necesario que los hicieran correr.

El protocolo de desalojos del Ministerio de Gobernación específica que se dará un tiempo prudencial a las personas para recoger sus pertenencias. El tiempo debe ser relativo a los muebles que deban retirar del lugar. Sin embargo, esto rara vez se cumple. La historia de Chab’il Ch’och’ es una de muchas que suceden en el país. Solo en el pequeño espacio, entre las familias que protestan frente a Casa Presidencial, hay alrededor 50 casos.

La mayoría de conflictos se relacionan con la tenencia de tierra. Otros cuatro casos con comunidades que se encuentran dentro de un área protegida en Petén, que requiere de la intervención del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) para ser aclarados. El CCDA calcula que en 20 de los 22 departamentos a nivel nacional hay cerca de 450 conflictos agrarios.

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Los comunitarios piden hablar directamente con el presidente o el vicepresidente porque creen que las mesas de diálogo ya tuvieron su tiempo y no funcionaron. Heinz Heimann, vocero presidencial, señaló que las mesas son el procedimiento que se debe seguir. “Luego de ser agotadas, se puede hablar de que llegue el presidente”, explicó a Plaza Pública durante una llamada telefónica. Agregó que el cese de los desalojos no corresponde al Ejecutivo sino al Organismo Judicial.

Rosalinda Choc Toc, de la Comunidad Nueva Libertad de Alta Verapaz, dice que las mujeres y los niños son quienes más sufren toda esta situación, pues los hombres usualmente están trabajando cuando llegan a desalojar. Son ellas el primer frente contra las autoridades. Su mayor preocupación es tener que llevar a sus hijos al monte para esconderse y sobrevivir. “Estamos cansados de vivir así. Reprimidos”, dice. Choc habla lento. Trata de encontrar las palabras para describir su experiencia. Su hija se encuentra junto a ella y le toma la mano. “No nos dejan cultivar nuestras tierras y eso es nuestro sustento. Sin la tierra, nos dejan más pobres”, finaliza.

Alfredo Cu, 48 años, dice que Nueva Libertad ha tenido cinco desalojos que han sido ejecutados por el Ejército y la PNC. Las casas o lo que encuentren a su paso ha sido quemado. Los animales de granja que tenían fueron confiscados por las autoridades, aunque la ley diga que los comunitarios pueden llevarlos con ellos. Además del cese de los desalojos y de que el Estado le de a los pobladores tierra para habitar y cultivar, Cu pide que se desista en la orden de captura de sus compañeros. Actualmente, hay 15 líderes que ya enfrentan un proceso judicial por usurpación y usurpación agravada. El CCDA calcula que hay 234 órdenes de captura para líderes comunitarios en todo el país por cargos similares.

Santa Elena Samanza, el terreno baldío

Existe una resolución que declara como “terreno baldío” la finca Santa Elena Samanza, en Alta Verapaz. Esta resolución permite que el terreno pase a ser manejado por el Estado a través del Fondo de Tierras (Fontierras) y luego entregado a los comunitarios. Sin embargo, el proceso quedó en un limbo luego de la crisis política de 2015 y los vecinos siguen sin un lugar dónde vivir.

Aunque los vecinos relatan que la conflictividad del sector es histórica, esta se agudizó en 2013 cuando un finquero reclamó la tierra. Ese mismo año, los guardaespaldas de esa persona hirieron a Marvin Paau, quien trató de proteger sus siembras cuando intentaban destruirlas.  

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“Después de ese primer desalojo, algunos huyeron durante un mes. Cuatro familias venimos a la capital para hacer justicia”, cuenta mientras los compañeros empiezan a organizarse para salir a la reunión que tendrán con la Comisión Presidencial del Diálogo (CPD). Lorenzo Pop cuenta que luego de la petición de las cuatro familias, se les dio un permiso para retornar. Pero luego aparecieron dos herederos finqueros, quienes también reclamaban la propiedad y fueron al MP a denunciar. Hay siete personas que esperan debate oral y público por este caso. Este proceso iniciará el próximo 12 de diciembre.

Olivia Pop Bol, 38 años, de la misma comunidad, recuerda los desalojos con tristeza y miedo. Se necesita de traductora para comprenderla, pues solo habla q’eqchi’.

No habla mucho. Hace largas pausas, piensa bien lo que quiere decir.

“Con los desalojos, han hecho que abandonemos familias. Nos han disparado. Hubo compañeros baleados, reprimidos por las autoridades que no actúan a favor de la gente. No queremos desalojo. No queremos órdenes de captura. No queremos más tristezas para nuestras comunidades. Día con día perdemos fuerzas, pero vamos encaminados en una lucha en común con otros para lograr nuestro objetivo”.

Las 50 comunidades buscan que su situación de vivienda mejore. Muchos afirman que dormir sobre el pavimento frente a Casa Presidencial es mejor que las condiciones actuales del lugar donde viven. Al menos tienen comida los tres tiempos, la cual es brindada por el CCDA y cocinan en las oficinas del movimiento “Mujeres rurales” a unas cuadras de distancia.

La mañana en el plantón se pasa rápido. Llegan dos doctores del Ministerio de Salud para verificar el estado de los pobladores. Varios se quejan de dolor en los ojos y migrañas. Los médicos van acompañados de una caja de medicinas. A eso de medio día, se retiran. Melvin Estrada, de la CCDA, cuenta que todos los días ha llegado alguien a hacer una jornada médica. El día anterior había sido la Cruz Roja. Lo hacen, mayormente, por los niños y adultos de la tercera edad.

A las 13 horas, por la quinta calle se acercan el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, y la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Liliana Valiño. Vienen a verificar las condiciones de los comunitarios. Rodas admite que en el país no se sigue el protocolo de desalojo, tal como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto.

La gente hace fila para el almuerzo. Se extiende a lo largo del espacio que ocupan y se mueve con agilidad. En cuestión de 45 minutos, todos están servidos. En ese momento, los líderes llaman a reunión. Necesitan saber qué van a decir en la reunión de la tarde con la CPD. Deliberan casi tres horas antes de movilizarse a la comisión, que los esperaba a las 15:30. En el espacio están presentes el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), el Fondo de Tierras (Fontierras), la oficina del PDH y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH). Las autoridades se sientan en la mesa central y los dirigentes comunitarios, que superan las 30 personas, se paran alrededor de ellos.

El Ejecutivo propone realizar tres mesas técnicas para ver los distintos casos. La primera es la mesa técnica para la atención de casos de desalojo y comunidades desalojadas. Sergio Flores, director ejecutivo de la CPD, afirma que se le quiere dar a los comunitarios una “solución inmediata dentro del sistema burocrático”.

La segunda mesa es para el acceso y regularización de la tierra, lo cual son 40 de los 45 casos que presenta CCDA. El último espacio es para los que se encuentran dentro de áreas protegidas.

Al preguntar a los comunitarios si están de acuerdo con la metodología presentada, dicen que no pueden contestar sin hacer una asamblea con sus comunidades primero. La tensión de la reunión va en escala, pues la CPD quiere firmar un acta en el que se certifique lo hablado. Los comunitarios no firmarán hasta no estar seguros de qué van a hacer, pero reiteran que quieren que el presidente o el vicepresidente participe en el acuerdo. Los procesos burocráticos son largos. Tienden a llevar varias administraciones y la gente queda en el olvido hasta que vuelve a manifestar o a realizar un plantón.

Flores señala que con el mandatario hay que llegar con propuestas ya consensuadas. Luego de 25 minutos en el que se dieron señalamientos mutuos, como el atraso de un censo de las poblaciones desalojadas por parte de las autoridades y los memoriales incompletos que presentaron algunos pobladores, las tensiones disminuyen poco a poco.

Heimann asegura que, si luego del diálogo es necesaria la figura del mandatario, se evaluará su asistencia. 

En la tarde del jueves 30 de noviembre, la tensión sube. Se habla de policías antimotines. Se habla de un nuevo desalojo. Se sospecha que van a desalojarlos por la fuerza de la calle que ocupan frente a Casa Presidencial. 

NOTA DEL EDITOR - 01-12-2017 06:00

Tres horas después de publicar esta crónica, el 30 de noviembre, las autoridades del Ejecutivo y los líderes de las comunidades alcanzaron un acuerdo. El trato fue conformar una mesa de diálogo, y mientras tanto: cesar los desalojos en lo que se regularizan los conflictos agrarios; brindar los mecanismos necesarios para el retorno de los comunitarios a las tierras; y regularizar la propiedad de los territorios. Los comunitarios se comprometieron a levantar su protesta y regresar a sus comunidades en las próximas 24 horas.