Caso Dos Erres: Las rutas dispares de la justicia

Las diferencias entre generales y soldados no se observan solo dentro de los cuarteles militares. También se ven en los tribunales. Los procesos judiciales por la masacre en el parcelamiento Dos Erres, una en contra del general José Efraín Ríos Montt, y el otro en contra del kaibil Santos López Alonso, lo dejan claro. Las diferencias, en gran medida, radican en las estrategias de defensa de sus abogados. Mientras una se opone al debate y busca retrasar y suspender el proceso —como ya lo hizo con éxito en 2013—; la otra no niega lo ocurrido, pero sostiene la improbabilidad de que su cliente haya ejecutado a nadie en la matanza ocurrida en diciembre de 1982.

El Ministerio Público (MP) observa con paciencia las argucias de la defensa de Ríos Montt, que ha logrado retrasar otro proceso penal en su contra, mediante una apelación que solicita sobreseer (suspender) el caso, por el delicado estado de salud del exdictador. La diferencia respecto al juicio anulado en 2013, es que la juez Claudette Domínguez ha decidido esperar a que la apelación se resuelva en la sala, antes de continuar con el ofrecimiento de pruebas y la apertura a juicio en un Tribunal de Mayor Riesgo.

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En el caso de López Alonzo, en cambio, el MP parece llevar la batuta de la acusación y la probabilidad de conseguir la sexta condena a un kaibil por la masacre de las Dos Erres en la que fueron asesinadas 201 personas. La defensa, encabezada por el abogado Víctor Manuel Zabala, no ha podido contener los señalamientos y pruebas en su contra aportadas por la Fiscalía. Su caso ya ha sido enviado al Tribunal de Mayor Riesgo B, el mismo que conoció los procesos relacionados con el hecho en 2011. Esto podría detener momentáneamente el caso, mientras el tribunal analiza si puede o no conocerlo o si debe trasladarlo a otro tribunal.

La sanidad procesal                                                

El general Ríos Montt cumple 91 años justo hoy, 16 de junio, entre medicamentos, cuidados de enfermería y procesos penales en su contra.

La última audiencia de este caso estaba agendada para el 18 de mayo de 2017. El objetivo era que las partes ofrecieran las pruebas —de cargo y descargo— para que el juzgado decidiera cuáles deberían de ser tomadas en cuenta durante el juicio oral. Pero eso no ocurrió. La jueza Claudette Domínguez, postergó la diligencia por “sanidad procesal”. Hasta que la Sala de Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo no resuelva la apelación de sobreseimiento solicitada por la defensa de Ríos Montt en la etapa intermedia, argumentó, el proceso no deberá avanzar para no dar pasos en falso que luego tengan que repararse. Aún se desconoce cuándo resolverá la sala. Por lo tanto, la fecha para la audiencia en que se ofrezcan las pruebas (o que se dé por concluido el caso) es incierta.

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En caso de que la apelación sea descartada por la sala, sería el Tribunal A de Mayor Riesgo el encargado del proceso. Este es presidido por la juez Yassmin Barrios, quien ya juzgó al genocidio en el país, en el caso ixil, y también presidió el tribunal que en agosto de 2011 condenó a 6,060 años a Manuel Pop, Reyes Collin, Daniel Martínez y Carlos Carías (quien suma seis años más, por hurto agravado ya que saqueó a la comunidad tras la masacre), responsables del delito de asesinato e incumplimiento de deberes contra la humanidad, por la masacre de Dos Erres.

Según el encargado de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado del MP, Érick de León, que la jueza haya conocido dichos procesos podría ser motivo suficiente para ser recusada por la defensa o que la propia jueza se excuse y deje el caso en manos de suplentes, ya que podría parcializar su decisión.

A criterio de De León y del abogado Édgar Pérez, director del Bufete Jurídico de Derechos Humanos y representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), querellante en este proceso, la jueza Domínguez no debió interrumpir el proceso. “Creemos que sí podía discutir la audiencia de ofrecimiento de prueba, ya que el proceso podría estancarse varios meses en lo que se resuelve el amparo y las apelaciones”, indica De León. Lo que la jueza trata de evitar, agrega el fiscal, es que haya una acción de amparo posterior, como la que en 2013 anuló la sentencia del juicio por genocidio ixil.

Del lado del general, su abogado Jaime Hernández, considera correcto el actuar de la jueza Domínguez. “La jueza había descartado la solicitud de sobreseer el caso, pero la ley establece que es apelable esa resolución. Entonces hace bien en poner pausa, pues supongamos que la Sala de Corte de Apelaciones dice que sí al sobreseimiento y nos ahorramos esa audiencia”, apunta Hernández.

Un juicio sin tribunal

La situación del kaibil Santos López Alonso, quien fungía como conductor de la Escuela Kaibil la noche que ocurrió la masacre, es distinta. A sus 64 años, tras ser deportado en agosto último desde Estados Unidos, le juega en contra la acusación de asesinato en concurso real y delitos contra los deberes de humanidad, así como supresión y alteración de identidad al niño Ramiro Osorio Cristales –a quien secuestró tras la masacre–.

La última audiencia de su caso fue el 2 de junio pasado. La jueza Claudette Domínguez, aceptó los medios de prueba compuestos por 20 peritos, 27 testigos y 361 medios documentales y agendó para el próximo 23 de junio la audiencia de apertura a juicio.

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La fiscal del caso Dos Erres, Blanca Castañeda, explica que el proceso contra Santos López avanza “porque la defensa no ha hecho uso de esos recursos (como los que sí ha usado el general), tal vez porque no sienten que se le haya causado algún agravio a su cliente. Además, se trata de abogados particulares, que no forman parte de la misma estrategia que la de Efraín Ríos Montt”.

El expediente fue remitido al Tribunal B de Mayor Riesgo, presidido por Irma Jeannette Valdés, quien en marzo de 2012 condenó al kaibil Pedro Pimentel Ríos por asesinato y delitos contra los deberes de humanidad. En 2014 Valdés fue separada del caso de genocidio ixil, por una recusación de la defensa debido a su tesis de maestría en derecho penal sobre el genocidio.

Valdés aún desconoce que este proceso fue remitido a su despacho. “No conozco este caso, ni sé quién es el señor Santos López Alonzo”, dice. Si es remitido al tribunal que preside, explica que tendría que analizar a profundidad de qué se trata. “Si fuese el mismo caso de Dos Erres que ya se juzgó, trasladaríamos a una sala el expediente. Pero si tuviera alguna novedad o diferencia, podría trabajarse aquí”, añade.

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El suspenso de la designación del tribunal, parece ser la única esperanza del abogado defensor de López Alonzo, Víctor Manuel Zabala. Frente a la jueza Domínguez, durante la audiencia en que fue enviado a juicio su defendido, se limitó a decir que su objetivo no era probar si había existido o no la masacre, ni la presencia de Santos López en el lugar. “Como en un partido de fútbol cuando se enfrentan dos porras en la tribuna y hay un muerto, ¿a quién culpamos?”, indicó.