En solo 19 días el Ejecutivo trasladará al Congreso el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, el primer presupuesto que ejecutará el nuevo gobierno. Si Giammattei ha de cumplir las numerosas promesas que plasmó en su propuesta de plan de gobierno, requiere de un incremento sustancial en el gasto público, el cual debería empezar a incorporarse en el presupuesto de egresos para 2020. Pero la decisión de aprobarlo o rechazarlo será tomada por la actual legislatura, en la cual el partido del presidente electo, Vamos, no tiene bancada.
Sin embargo, el plan de gobierno de Giammattei no estableció metas para sus propuestas, no estimó el costo fiscal de cumplirlas y tampoco identificó las fuentes de financiamiento para ese gasto público adicional. En principio, tiene dos opciones: incrementar los ingresos tributarios o recurrir a más deuda pública.
Los ingresos tributarios son la principal fuente de financiamiento del gasto público (94.4 % de los ingresos corrientes en 2018), por lo que la base de cálculo para el proyecto de presupuesto de 2020 debería ser una estimación lo más realista posible de cómo se espera que los ingresos tributarios cierren en este 2019. Y ocurre que esas estimaciones muestran una realidad muy desalentadora para el nuevo gobierno, ya que la carga tributaria cerrará en 9.6 % en 2019. Esto significa que la capacidad fiscal de Guatemala estará retrocediendo 23 años, pues esta era la carga tributaria en 1996, el año de la firma de los acuerdos de paz.
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Una primera opción para Giammattei es subir las tasas de los impuestos, algo mortalmente impopular para un político como él, y que, de nuevo, requiere la aprobación de un Congreso en el que ni siquiera tiene una bancada. Además, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) está atravesando una crisis institucional severa, que limitaría la efectividad de un incremento de las tasas impositivas. Es tan grave la crisis que ninguna reforma tributaria funcionará si no se rescata antes la SAT. Aunque suba las tasas de los impuestos, la SAT actual no lograría la recaudación adicional. Pero el rescate de una administración tributaria no es un proceso ni fácil ni barato ni rápido. Una reforma tributaria agresiva que incluya el rescate efectivo de la SAT demoraría como mínimo dos o tres años en producir recaudación adicional.
Esto prácticamente obligará a Giammattei a recurrir a su segunda opción de financiamiento: elevar la deuda pública, por lo menos temporalmente en tanto implementa un plan integral de rescate de la SAT. Si trata de gestionar este endeudamiento público con instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con las cuales conseguiría condiciones blandas (tasas de interés bajas, plazos largos y períodos de gracia), enfrentará condiciones, incluyendo la recuperación de la SAT y una reforma tributaria, además de que no es una gestión rápida. Le queda entonces recurrir a los bonos del tesoro, a tasas de interés más altas y a plazos más cortos. Pero sobre todo, una vez más, necesita aprobación del Congreso.
Sea como sea, el primer gran desafío que enfrentará Giammattei es la crisis fiscal que le hereda Jimmy Morales. El segundo será suplicarle al Congreso que le apruebe el gasto público adicional para cumplir sus promesas de campaña y más deuda para financiarlo.
Giammattei no debe celebrar su victoria. En 19 días deberá arrodillarse ante un Congreso en el que no tiene bancada y suplicar a quienes derrotó en las elecciones la aprobación de su primer presupuesto.
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