Crisis sistémicas sin respuestas visibles

El cambio de Fiscal General dio inicio a un ciclo de relevos programados en los puestos más importantes de la conducción del Estado que concluirá en enero de 2020. El evento se visualizó, meses antes de la convocatoria de la Comisión de Postulación, como factor determinante del balance de poder en el contexto político y social desencadenado desde 2015.

Transcurrido más de un mes desde la toma de posesión de Consuelo Porras como Fiscal General, ha aumentado la expectativa sobre la posición que asumirá su gestión frente a la problemática estructural de impunidad que caracteriza al Sistema de Justicia.

1. Transición democrática: ¿inconclusa o fallida?

Según el Barómetro de las Américas la confianza de la población guatemalteca en la democracia se redujo del 62.9% en 2004 al 48.4% en 2017[1]. La caída ilustra la punta del iceberg de las fallas de la transición democrática iniciada en 1986; una democracia sin partidos sólidos y con institucionalidad débil. En ese sentido, las elecciones confiables y transparentes no han llevado a una democratización del poder. La conducción política del Estado ha perdido autonomía frente a grupos paralelos de poder, lo que ha impedido sentar las bases de una institucionalidad capaz de guiar al país a un proceso sostenido de mejora en los indicadores de desarrollo humano privilegiando el sentido del largo plazo. La cooptación del poder de parte de grupos criminales y la imposibilidad de consolidar el Estado de Derecho, siguen condicionando las estrategias de persecución penal.

En torno de ese perverso entramado y la probabilidad de éxito de las acciones estratégicas contra la impunidad, gravitan buena parte de las esperanzas para empezar el saneamiento del caótico sistema país y su reconstrucción.

Las acciones penales, que mediante el uso de mecanismos especiales de investigación han permitido la captura de miembros activos de la policía y del Ejército vinculados con actividades ilegales de pandillas y grupos criminales dedicados al sicariato, extorsión y narcotráfico, ilustran la amenaza real de la operación y consolidación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS). Los CIACS responden a un proceso complejo, originado en la descomposición del poder público de contrainsurgencia que, con distintas connotaciones, ha evolucionado en el contexto de un Estado débil. Hace más de 15 años la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA)[2], había advertido estos fenómenos en el proceso posterior a los Acuerdos de Paz.

En su proceso de consolidación, los grupos criminales se han afianzado a diversos espacios del entorno institucional, ya sea infiltrando, corrompiendo o atacando funcionarios en cargos determinados[3]. En el entorno de filtración de instituciones, los grupos de delincuencia común necesariamente interactúan con grupos de crimen organizado, así como redes políticas y económicas que buscan perpetuar, vía institucional, beneficios económicos, cargos, privilegios o réditos políticos.

El conjunto de acciones penales tendientes a desarticular grupos criminales ha expuesto el intercambio simbiótico de intereses y privilegios de las estructuras criminales con agentes económicos tradicionales y emergentes. Además, ha permitido una mejor comprensión acerca de cómo los grupos criminales han mutado dinámicamente para incrementar su capacidad operativa, permitiendo identificar con claridad la evolución de los fenómenos vinculados a la institucionalidad desde las CIACS hacia redes políticas económicas ilícitas (RPEIs)[4].

Un factor que ha facilitado a estructuras criminales permear y retener cargos públicos con el objeto de extraer fondos públicos, es la ausencia de un sistema de partidos políticos legítimo y consolidado. Las deficiencias del sistema de partidos están vinculadas a la distorsión y control ineficiente del financiamiento de las campañas políticas[5]. La distorsión y ausencia de controles han convertido al financiamiento ilícito, ya sea no reportado y/o de procedencia ilícita, en una regla del sistema que alinea los incentivos a la continuidad del mecanismo. El acaparamiento de funciones estratégicas en la conducción institucional del país, por grupos decididos a violar la ley para conservar privilegios, impide abordar en la vía del debate democrático los temas importantes que permitan el diseño e implementación de políticas públicas que aborden los mayores problemas del país.

Durante la administración 2014-2018 del Ministerio Público (MP) fueron desarticuladas 178 estructuras criminales a nivel nacional, esfuerzos que requirieron de capacidades internas y de coordinación interinstitucional[6]. Acciones contra CIACS en su acepción “tradicional”, se evidencian en las operaciones “Rescatando Guate” y “Escudo”, que permitieron la desarticulación de grupos criminales compuestos por 106 y 151 miembros dedicados a la extorsión; también en los casos “Rey del Tumbe” y “Estructura criminal Byron Lima”. En las acciones contra RPEIs, son ilustrativos los casos “Cooptación del Estado” (más de 65 implicados) y “Construcción y Corrupción” (más de 40 implicados) que muestran la desarticulación de estructuras amorfas conformadas por actores de poder de distinta procedencia, todos con interés en la obtención de beneficios ilegales del poder público.

La concepción tradicional de los CIACS operando en la clandestinidad ha impedido a la sociedad apreciar que los fenómenos de cooptación y captura del poder político y económico son procesos vinculados a este fenómeno. La clandestinidad ya no es el terreno exclusivo de las estructuras criminales, la necesaria apropiación de este factor permitirá comprender la diseminación de redes político-económicas ilegales como un proceso vinculado.

Los avances en la desarticulación de estructuras criminales demuestran que las adaptaciones al modelo de gestión penal han generado resultados positivos en la exposición y desarticulación de redes criminales, utilizando un balance entre el uso de mecanismos especiales y la persecución de hechos específicos. Ese es el motivo por el cual la merma o anulación de la eficacia al Sistema Integrado de Gestión Fiscal, de los mecanismos de operación de los distintos componentes de la Política de Persecución Penal Democrática (PPPD) y la implementación plena de la Política Criminal del Estado de Guatemala implementada en el MP en los últimos años, se convierten en objetivos estratégicos de las estructuras y redes criminales. En la coyuntura todas las acciones que persiguen restar efectividad a la persecución penal provienen de grupos de interés que se privilegian por la impunidad del sistema.

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De allí que los cambios en cargos directivos en las instituciones de seguridad y su reducción de capacidades operativas no persiga únicamente capturar las instituciones sino romper los enfoques virtuosos de coordinación interinstitucional que han permitido acciones que rompen los mecanismos ilícitos e ilegítimos para obtener o retener poder político y económico en Guatemala.

Por ello, las acciones de estructuras criminales persiguen utilizar la influencia política con doble propósito: garantizar impunidad y al mismo tiempo interrumpir procesos de consolidación institucional. Esta ha sido la motivación subyacente al reemplazar funcionarios considerados idóneos en el Ministerio de Gobernación y la PNC, durante 2018. Ante la problemática de impunidad, la clase política continúa cerrando filas, incluso con autonomía de sus financistas, para evitar cualquier agenda de cambio y mantiene una imbricación permanente para sostener el sistema que los ha privilegiado.

Los sujetos que aspiran al cambio social no podrán obviar que cualquier expresión coyuntural de diálogo o agenda de transición chocará con un deficiente y caduco diseño de representación que hace insostenible la confianza popular en la democracia. La sostenibilidad de un cambio social requiere reformas institucionales tendientes a mejorar la representación popular en el legislativo y evitar la inercia histórica del sistema de justicia a la impunidad. He aquí el nudo a desatar.

2. Ganar-ganar: Cuando los actores económicos se relacionan con redes criminales

La cantidad de funcionarios implicados en estructuras criminales y casos de alto impacto es abrumadora y abarca, entre otros, a: dos expresidentes y una exvicepresidenta, cuatro exsecretarios de la Presidencia; 25 congresistas y excongresistas, incluyendo un grupo que espera la resolución de sus antejuicios; cuatro exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia; siete altos directivos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), incluyendo cuatro exsuperintendentes; 19 exministros; y un largo número de funcionarios y miembros de juntas directivas en instituciones del Estado.

La develación de casos de corrupción  también ha evidenciado a un gran número de actores económicos que, presuntamente[7], han tenido participación en actos ilegales, cuestión que permite plantear al menos dos líneas de razonamiento: a) las redes criminales incrustadas en la política no dejaron otra opción a éstos que participar en hechos de corrupción para no entorpecer el giro de sus negocios; y, b) que frente a un sistema político que ha favorecido la generación de privilegios, dichos actores económicos hayan defendido sus operaciones asumiendo los aportes ilegales a las redes político criminales, como costos de éstas, manteniendo así, sus giros comerciales. En ambas líneas la aquiescencia y participación de actores económicos de relevancia en actos ilegales, tienen una relación fundamental para sostener un sistema político caduco, que promueve la infiltración de redes criminales que impiden la consolidación del Estado de derecho.

Guatemala continúa siendo el país de la región con uno de los porcentajes de recaudación tributaria más bajos con relación al Producto Interno Bruto[8]. El trabajo conjunto del MP y la SAT permitieron que desde 2014 se recuperara un total de Q2,373,568,400.04[9] por casos relacionados a defraudación tributaria y otros delitos conexos. Sólo en 2016 la recuperación fue de Q1,920,566,616.60. Un total de ocho casos representa cerca del 67% de la recuperación global del período.

Casos como “La Línea”, “Redes” “Traficantes de Influencias” y “Aceros de Guatemala” combinan la presunta participación de exsuperintendentes e intendentes de la SAT y otros funcionarios, vinculados con actores económicos en hechos ilegales para obtener beneficios dinerarios que perjudican los fondos públicos. De igual manera, el caso “Chico Dólar” demostró la participación del expresidente del Banco de Guatemala y excandidato a la vicepresidencia, en la comisión del delito de tráfico de influencias, que benefició a miembros de una estructura criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Ambos casos, con una implicación conexa a las dinámicas institucionales formalmente establecidas, evidencian la influencia de grupos paralelos para condicionar o modificar acciones clave de política económica y monetaria, así como las debilidades de una política fiscal, no podrán ser abordadas en beneficio de la mayoría en la medida en que el sistema pueda ser permeado por sujetos que responden a intereses de estructuras ilegales.

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Por su parte, el caso relacionado con el financiamiento electoral ilícito del partido FCN-Nación, que ha involucrado a diversos empresarios en el aporte de sumas millonarias durante las elecciones de 2015, evidencia en la coyuntura, un episodio relativo a la necesidad del poder económico de mantener vínculos con los altos dirigentes del poder político. Derivado de esos factores, resuenan los atípicos reconocimientos de los aportantes en ese caso y el de “Construcción y Corrupción”, que cuentan ya con sentencias condenatorias.

En ese sentido, la gestión estratégica de las imputaciones en el caso aludido permite dividir las posiciones de los aportantes a la de los receptores, condición indispensable para una apuesta de transición institucional que reforme el statu quo pero sin alterar la estabilidad del sistema. Sin embargo, los múltiples casos de financiamiento electoral ilícito y la diversidad de actores vinculados podrían limitarse con una irresponsable reforma del artículo 407 N del Código Penal que modifique el tipo penal relacionado y cierre el círculo de algunos imputados.

El mecanismo de estructuras criminales que ha vinculado agentes de la clase política y actores económicos es el objetivo más relevante evidenciado por diversos casos y operaciones del MP, Cicig y/o SAT. Por ello, es fácil identificar en la fragmentación y polarización de la opinión pública respecto de la apreciación de los hechos una medida que favorece la defensa de los implicados en casos de corrupción. El accionar de la nueva Fiscal General con relación a los casos existentes y posibles nuevos casos en ese ámbito evidenciará su posición frente a la impunidad estructural del país. 

Mientras se devela este contexto, las dinámicas económicas continúan reflejando tendencias que muestran un crecimiento moderado de las exportaciones, un estancamiento del crédito al sector privado y una merma en la competitividad de la producción nacional frente a los productos extranjeros. Un evento notable sigue siendo el ingreso masivo de divisas por remesas, que alimentan las tendencias de consumo interno, mientras las dinámicas de empleo e ingresos locales se mantienen deprimidas.

3. Transición demográfica, organización y participación ciudadana

Guatemala está inmersa en una doble transición: por un lado, demográfica, misma que está generando una amplia base de población en edad económicamente activa, un proceso que permitirá, alrededor del año 2035, que el promedio de edad alcance los 28-30 años. Por otro lado, una transición de lo rural a lo urbano, en donde para 2015 se estimaba que en el área urbana vivía el 52% de la población, con tendencia al alta[10]. El país no se ha preparado para asumir esos cambios y proveer una mejor calidad de vida a su población. Esos cambios implican un proceso de transformación productiva, de infraestructura y de servicios que de manera idónea debería orientarse a lo ecológicamente sostenible para permitir el ejercicio pleno de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales.

Ese contexto de cambio requiere reformas a los sistemas de salud, educación/formación, laboral y de seguridad social que permitan asumir los retos del futuro inmediato. Estas reformas están intrínsecamente relacionadas a los procesos de transformación económica y la tributación resultante de ésta. Un ejemplo crítico del contexto actual se encuentra en los datos de cobertura de la seguridad social, que identificaron para 2016 únicamente a 1,300,000 afiliados cotizantes[11], demostrando que la cobertura no alcanza al 20% de la población guatemalteca[12]. Los altos índices de población no cubierta son reflejo de las dinámicas económicas que fomentan el autoempleo y el empleo informal. La ausencia de cobertura es una repercusión, en buena medida, de los esquemas ilegítimos de flexibilización laboral que se han multiplicado, incluso en las instituciones de gobierno. Las expresiones ilegales de esa flexibilización laboral son escasamente sancionadas, toda vez que las dinámicas de trabajo dejan de ser un objetivo de supervisión en la medida en que el Estado se convierte en un patrono que irrespeta derechos laborales fundamentales[13]. La sostenida expresión de un Estado/patrono que incumple la ley, se conjuga con la falta de capacidad gubernamental para hacer cumplir las leyes laborales[14].

El contexto errático y alarmante del empleo es directamente proporcional a la ausencia de planificación y conducción de una política económica. El deterioro de las condiciones de empleo resulta en un incentivo a la participación de actividades de delincuencia común y delincuencia organizada, por ello el despliegue territorial de los grandes operativos contra la extorsión[15], coincide con las expresiones territoriales de la doble transición a la que se ha hecho referencia.

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La organización de trabajadores del Estado se posiciona como un actor social con fuerza de convocatoria estable. El caso de la Asamblea Nacional del Magisterio es emblemático por la forma recurrente con que en la última década ha obtenido las bonificaciones reclamadas, a cambio de conceder gobernabilidad en beneficio de los gobiernos de turno. Los pactos de gobernabilidad traducidos a beneficios laborales en la negociación sindical, en el sector público, han respondido a las formas y prebendas del poder político, saltando en muchos casos las formas legales y constitucionales, lo que ha convertido algunas de sus demandas en “privilegios” ilegítimos. En ese sentido, el caso del pacto colectivo de condiciones de trabajo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, firmado en la administración del gobierno del Partido Patriota, es ilustrativo. Algunas de sus condiciones, por su carácter ilegal, no pudieron ser cumplidas llevando a una reclamación judicial en donde se discute la nulidad de algunos de los acuerdos.

Las formas de operación de los sindicatos públicos han sido condicionadas por la cooptación de la institucionalidad pública. Las redes políticas y económicas ilegales necesitan implicar a las fuerzas organizadas de trabajadores para evitar una resistencia que les haga frente. Plasmar condiciones ilegales en pactos colectivos evita que las demandas se conviertan en derechos, reduciéndolos a una forma de privilegios ilegítimos. El otro mecanismo directo de perversión es involucrar a parte de los líderes sindicales, como hizo el gobierno del Partido Patriota. Las declaraciones de colaboración eficaz dentro del caso La Línea revelaron la necesidad, que tuvieron los altos funcionarios del poder ejecutivo, de sumar a los directivos del sindicato de trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal en el caso TCQ, como una condición sine cua non de la corrupción. Ese marco sustenta el actuar de un grupo de sindicatos públicos que se ha mantenido ajeno al posicionamiento contra la impunidad, y explica la motivación para apoyar causas de los gobernantes de turno.

Las condiciones de los sindicatos públicos contrastan con el deterioro de las condiciones de defensa de derechos humanos denunciados en otros ámbitos. Ese deterioro se manifiesta en el aumento de ataques físicos, denuncias y mecanismos de difamación[16] a las personas que activan en la defensa de Derechos Humanos. Los ataques a la imagen y reputación son una forma de persecución de aquellas personas y organizaciones que cuestionan las condiciones sociales, económicas y políticas del statu quo.

Toda visión prospectiva se condiciona por aspectos de la inadecuada implementación de los mecanismos de organización y participación ciudadana en la conducción de políticas públicas y la planificación del desarrollo. El fortalecimiento de una ciudadanía crítica no puede pasar por alto la necesidad de sostener los procesos de cambio en esquemas de participación y gobernanza. La participación y gobernanza son fundamentales para crear procesos de rendición de cuentas sobre el ejercicio de la función de gobierno.

4. Conflictividad ambiental y violencia

El agua como recurso indispensable de vida, se anuncia en el contexto institucional actual, como una inminente causa de conflictividad. Durante 2016 el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales recibió 1,237 denuncias, que llevaron a la presentación de 33 denuncias penales ante el MP por el desvío de ríos[17]. El desvío como mecanismo de acaparamiento se extiende en un contexto anárquico en la gestión pública de este recurso, cuestión que no parece enfrentarse en el corto plazo a juzgar por la incompetencia reconocida de las actuales autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. La impunidad en el denominado “ecocidio” del Río La Pasión, Sayaxché Petén, evidencia las profundas deficiencias vinculadas a la gestión ambiental, incluyendo los contubernios público-privados. Los informes técnicos que permiten identificar las responsabilidades son un hecho ampliamente reconocido, incluyendo informes técnicos internacionales[18].

Las deficiencias institucionales sumadas a la presión por el uso de los bienes y recursos naturales perpetúan un ambiente de conflictividad. La resistencia comunitaria de los vecinos de La Puya y el caso de la Mina El Escobal, dan cuenta que las lógicas de desarrollo y explotación en disputa entran en conflicto frente a la incapacidad y corrupción de la institucionalidad que ejerce rectoría en la materia. El “Caso Redes” perseguido por MP y CICIG es ilustrativo al respecto. Plantea la hipótesis que empresas transnacionales dedicadas a la importación y distribución de combustibles, presuntamente, pagaron un intermediario para influenciar al expresidente de la República, su Secretario Privado, el exviceministro de Energía y Minas y el exsuperintendente de Administración Tributaria. La influencia del intermediario habría sido utilizada para modificar y reducir las garantías proporcionadas al Estado y para intervenir en asuntos consulares al respecto de posibles sanciones por conflictos laborales, un esquema que se repite en el caso “Traficantes de influencias”. 

La presencia y cobertura territorial del MP, como entidad encargada del cumplimento de la ley en Guatemala, plantean un desafío para conectar las acciones estratégicas frente a la impunidad con las dinámicas territoriales y comunitarias vinculadas al ambiente natural.

La incapacidad institucional y el estancamiento en la discusión de proyectos normativos relacionados al ambiente natural son expresiones de una inercia que se resiste a fortalecer las capacidades y recursos institucionales para garantizar otro tipo de relaciones economía-ambiente. De allí que los resultados de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente en materia de resarcimiento ambiental y social, aun evidenciando un crecimiento entre 2014-2018, resulten insignificantes frente a los índices de degradación. En el período descrito se habría logrado la reforestación de 16.77 hectáreas[19] en calidad de resarcimiento, frente a una tasa bruta de deforestación calculada en 132,000 hectáreas anuales[20].

Durante más de un año se ha generado presión y expectativa por la sentencia que la Corte de Constitucionalidad debe emitir para confirmar o modificar la sentencia que en primera instancia ordenó el cese de operaciones de la mina El Escobal. La expectativa comunitaria es que la sentencia conlleve un cierre definitivo del proyecto atendiendo a las irregularidades en el proceso de autorización; por otro lado, la expectativa de la Minera San Rafael es que, siguiendo la actuación de la sentencia de los proyectos Oxec I y II, la Corte, sin obviar las violaciones de procedimiento administrativo en la autorización del proyecto, proteja las inversiones y permita el funcionamiento del proyecto.

En las comunidades la ausencia estatal se traduce en precariedad y pobreza, pero su intermitente acción/omisión en materia de inversiones se ha tornado reiteradamente en una agresión a los derechos de pueblos indígenas. Ese es el contexto en el que se cultiva la conflictividad y la violencia simbólica en la precariedad del Estado. La visión de Estado es un factor determinante para que las acciones de promoción de proyectos y la oposición[21] a los mismos degeneren en dos caras ilegales de la misma moneda: la violencia. La constante, entre todas las diferencias entre las comunidades que defienden el ambiente natural frente a ciertas inversiones, es el deficiente papel del sector público[22].

Las acciones estratégicas contra la impunidad en el ámbito político contrastan con la creciente impunidad en materia relacionada al ambiente, lo cual supone un reto pendiente para la institucionalidad del MP y clama por respuestas inmediatas sobre las agresiones contra defensores de derechos humanos.

5. Los vínculos con el contexto global

Las múltiples expresiones de lucha contra la corrupción en un gran número de países latinoamericanos han dominado la escena regional, con casos que implican a funcionarios y exfuncionarios. La sentencia del expresidente Lula da Silva en Brasil y la renuncia del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, se han convertido en hechos, no electorales, de gran relevancia en la región. La coyuntura regional ha aumentado la presión sobre las debilidades del modelo presidencialista en América Latina.

La incomodidad del gobierno de Guatemala y sus respaldos políticos, con el actuar de los miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) marcaron una distancia permanente, desde el intento del ejecutivo por declarar non grato al Comisionado Iván Velásquez en agosto de 2017. Desde entonces el Ejecutivo parece haber asumido una conducción táctica de la Cancillería, enfocada en dividir las posiciones de la alianza que respalda internacionalmente a la Cicig en Guatemala: la Secretaria General de Naciones Unidas, los miembros de la comunidad internacional donantes de la comisión y la alianza de congresistas y senadores del gobierno federal de Estados Unidos que tiene incidencia en el hemisferio, las asignaciones presupuestarias y las relaciones internacionales.

La Cancillería guatemalteca ha utilizado las intenciones del presidente de Estados Unidos por generar un orden distinto de relaciones internacionales, alejado del multilateralismo de su antecesor, para capitalizar acciones de acercamiento que permitan limitar el actuar de la Cicig y su apoyo al MP. La motivación de la agenda de relaciones contrasta con la torpe y negligente respuesta del gobierno frente a los abusos cometidos por el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses al trato de connacionales en su frontera sur.

La sutil agenda de cabildeo tuvo su máxima expresión en el traslado de la embajada de Guatemala en Israel de la ciudad Tel Aviv a Jerusalén, lo cual le permitió al gobierno demostrar un cercano apoyo y sumar causas conservadoras estadounidenses a una lectura de la realidad guatemalteca acorde a los intereses del gobierno guatemalteco. La intención ya no radica únicamente en el inmediato plazo, sino en obtener lo que Otto Pérez Molina no logró en 2015: evitar la prórroga del mandato de Cicig en 2019.

Sin embargo, para infortunio de esos esfuerzos el contexto externo regional y global no ha modificado las condiciones ni los intereses que inspiraron el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN), la posición geoestratégica del corredor migratorio centroamericano y las condiciones socioeconómicas de sus países continúan intactas. Por otro lado, las peticiones vigentes de extradición de Roxana Baldetti, exvicepresidenta y Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, por presuntas actividades de narcotráfico, constituyen recordatorios de las implicaciones transnacionales de la cooptación del poder guatemalteco por redes criminales.

6. Conclusiones

El atípico contexto sostenido desde 2015 ha acaparado la atención, al visibilizar la combinación de corrupción e impunidad, mediante la exposición de redes y estructuras criminales en hechos específicos que permitieron la extracción y menoscabo de recursos públicos. Los casos y operaciones contra la corrupción resultan en un accionar contra la impunidad estructural, que persigue allanar el camino a una conducción democrática (forma) de las instituciones para resolver los problemas históricos de desarrollo (fondo) de la mayoría de los guatemaltecos. 

La expectativa sobre el accionar de la nueva Fiscal General es únicamente el telón de frente, a una coyuntura en dónde la clase política con cierto accionar autónomo mantiene activo el control de la conducción del Estado con un grado de aquiescencia del poder económico; mientras crece la expectativa a un nuevo acto político electoral que anuncia una disputa de algunos actores emergentes por discutir espacios a la clase política en ejercicio, con un telón de fondo que no garantiza controles suficientes al financiamiento de esas elecciones.

Las condiciones de posibilidad para la conducción de un cambio político que capitalice las acciones contra la corrupción y la impunidad también identifican en la coyuntura atenuantes en la capacidad de organización y diálogo legítimo para identificar líneas de programa político tendientes a proyectar respuestas distintas a los problemas estructurales históricos.

Cualquier pacto social que persiga iniciar un proceso de transición desde las condiciones políticas actuales, debe articular a la luz de la coyuntura, una combinación de los siguientes factores: a) propuesta política con sentido de largo plazo; b) fuerza social y mecanismos de participación ciudadana; c) la capacidad institucional o la viabilidad de las reformas de ésta; y, d) la adaptación de dicho proceso a las distintas condiciones territoriales.