Cuando tu problema es la legitimidad de origen

Como lo he mencionado en opiniones anteriores, no debemos perder de vista que Guatemala, en la región latinoamericana, es el país donde sus instituciones han sufrido profundos procesos de desgaste y pérdida de confianza de la ciudadanía en la utilidad de la democracia[2]. En una democracia representativa, como la guatemalteca, en plena consolidación de la democracia posterior a uno de los más largos conflictos armados internos, las instancias y procesos de decisión no son menores, sino que, ante la crisis de legitimidad del Estado, dotan de una mínima confianza al funcionario electo, les da un margen de maniobra ante las crisis y autoestima a sus trabajadores y personas de confianza para la defensa de las acciones institucionales.

Lo anterior se conoce como legitimidad de origen, distinta a la de ejercicio. Al respecto, mencioné hace unos meses el error estratégico cometido por la persona que hoy se presenta como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya que, por el bien de la institución, ante la pérdida de credibilidad del proceso eleccionario, era conveniente para todas las partes (incluida su persona) repetir las elecciones de conformidad con la Ley Orgánica de la referida casa de estudios superiores[3]. En las últimas semanas, hemos visto un caso similar en las protestas ciudadanas que exigían la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público.

No está de más recordar que, previo a la decisión presidencial sobre quién dirigirá la persecución penal, una Comisión de Postulación debía completar un listado de seis candidatos por votación o consenso de sus miembros. Aunque criticable el mecanismo, dicho sistema daba una leve legitimidad de origen a las personas electas, lo cual fue desconocido por la Corte de Constitucionalidad al ordenar su inclusión tácitamente, en vez de optar por ordenar jornadas ininterrumpidas de votación hasta llegar a un acuerdo, para no vulnerar la voluntad de sus electores, por ejemplo.

Al no hacerlo, se optó por un camino de inevitable ilegitimidad, tal como el rector mencionado y, lo anterior, no es para menos. Parte de la razón de ser de los Estados modernos es el resguardo de nuestros derechos y la certeza de la ciudadanía de que las autoridades investigarán y sancionarán los hechos que los afecten.

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Hoy, un partido ganador de las elecciones, resguardadas por más de 120,000 voluntarios que contaron los votos (sin forzar la voluntad de los votantes o eliminando electores, como los otros ejemplos mencionados) y con mayor participación en segunda vuelta del padrón electoral que el actual presidente electo considera que la persecución penal a la que es sometido no es objetiva ni profesional. Aunque no fuera verídico el argumento, un fiscal general preocupado por la legitimidad de la persecución penal reaccionaría y dotaría de garantías estratégicas la misma, dado el impacto democrático que puede conllevar el caso.

Solicitar levantar la reserva de las actuaciones, nombrar un Fiscal Especial e independiente como su Ley Orgánica lo permite, garantizar el acceso al expediente a los involucrados para su defensa oportuna y no asegurar mediáticamente la culpabilidad de los señalados al no contar con sentencia firme que la declare, podrían ser el punto de partida para devolver un mínimo de legitimidad, no a la Fiscal General, sino a la persecución penal estatal en su conjunto. Al seguir profundizando la pérdida de credibilidad, una parte de los guatemaltecos no confiarán en el Ministerio Público como una entidad objetiva, pudiendo verdaderos culpables en otros procesos de alto impacto poner en duda las investigaciones contra ellos y una desconfianza sobre las hipótesis fiscales, por jueces y magistrados.

La Fiscalía debe inspirar respeto y objetividad en su oponente, pero cuando tu problema es la legitimidad de origen por anomalías en el proceso eleccionario, el daño no es personal, sino a la democracia misma, lección que hoy más que nunca queda demostrada y se debe aprender para la recuperación de la confianza ciudadana en sus instituciones.