Hablar de la terminal aérea ha sido motivo de vergüenza ajena. Y aunque Guatemala tenga mayores prioridades en desarrollo humano, las infraestructuras de comunicación también contribuyen a mejorar las condiciones de la población, especialmente cuando hay tantos conciudadanos residiendo en los Estados Unidos que aportan a la sostenibilidad económica del país. Las sucesivas autoridades han evitado que la Dirección General de Aeronáutica Civil sea auditada, y hablar de La Aurora equivale a hablar de contrataciones anómalas, de empresas de cartón para hacer reformas sobrevaloradas, de consultorías que cuestan cifras astronómicas, de compra de equipo obsoleto para monitorear la aeronavegación, de plazas fantasmas, de coimas y de concesiones comerciales lesivas para el Estado de Guatemala. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ha sido cómplice de toda esta opacidad, que nos ha legado un aeropuerto sucio y desusado. Por ello quiero hablar de este problema como pasajero.
Hay que empezar hablando de espacios reducidos para la facturación de vuelos que hacen incómoda la espera y donde se ha hecho habitual el uso de grandes ventiladores por las fallas en el sistema de aire acondicionado, que son motivo permanente de quejas sobre el calor que hace en gran parte del edificio. Dado que gran parte de los vuelos hacia Estados Unidos salen a primera hora, la concentración de personas es un factor que se suma negativamente a las tensiones propias de viajar en estos tiempos llenos de vigilancia y restricciones. Aunque ya se eliminó el pago de la tasa aeroportuaria desde hace años, esta falta de espacio y el calor se vuelven a hacer presentes en la fila para hacer el control de seguridad, la que por mucho tiempo era otra experiencia desagradable para los viajeros por los gritos y malos tratos que recibían del personal contratado, una situación que en los últimos años ha mejorado, pero que no debe omitirse. La Dirección General de Migración ha sido otra institución esquilmada por esta cleptocracia imperante. A pesar de ello, el personal que revisa el proceso de salida y entrada al país, en términos generales, es amable con el turismo, pero es innegable que las condiciones en las que desarrollan su labor son penosas y suscitan dudas sobre la efectividad de los controles migratorios.
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Después de todo este pasaje, los nervios hacen su parte para que en el área internacional el pasajero tenga necesidad de ir al baño. No sabe lo que le espera: baños pestilentes, infectos y que no funcionan. El brillo de las tiendas libres de impuestos convive con estos focos infecciosos. Aunque debe reconocerse que la mayoría de comerciantes del área internacional se esfuerzan por mantener la buena apariencia de sus negocios, otros, con su desorden y suciedad, refuerzan la imagen de deterioro de la terminal a la que asisten los viajeros diariamente. Además de quejas sobre el calor, las ha habido también sobre mosquitos. ¿Acaso bajo estas condiciones no se puede asumir que este aeropuerto puede constituirse en un problema de salud pública? Los puentes de abordaje que estuvieron sin funcionar varios meses y las innumerables fallas en el sistema de despacho de equipaje son muestras de la venalidad del Estado al sacrificar la seguridad y los bienes de pasajeros nacionales y extranjeros.
La pérdida de la categoría 1 del aeropuerto por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos no es un hecho sorprendente: es consecuencia del enraizamiento de la corrupción en las instituciones públicas. Lo más paradójico es que, aun con esta hornada de fallas, las cifras turísticas del país van en aumento y las autoridades aeroportuarias se prodigan en quejas y excusas sin apreciarse un mejoramiento palpable de la instalación a su cargo. Algunas mentes mezquinas pensarán que, a tenor de esta situación, el aeropuerto puede seguir como está porque siempre vendrán turistas al país, cuando el contar con un aeropuerto de categoría internacional va más allá de ser una carta de presentación turística: es asegurarles a los ciudadanos infraestructuras que les permitan movilizarse dentro y fuera del país para poder trabajar, visitar a sus familias y descansar. Tener un aeropuerto certificado y funcional es una demanda económica y social que el Estado no ha cumplido desde hace más de una década.
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