No estoy segura. Lo que sí tengo claro es que en Guatemala hay un enorme desconocimiento sobre ello y que, desde mi punto de vista, dicha situación guarda relación con las grandes desigualdades de nuestra sociedad, que se expresan en quienes tienen o no tienen acceso a la salud, a servicios, a alimentación, a un empleo digno, a la educación gratuita, a la tierra, al agua y al saneamiento ambiental. Es decir, Guatemala es un país con escasas garantías de los derechos humanos fundamentales, lo cual propicia ese desconocimiento y, por supuesto, la desigualdad y la inequidad.
Por ejemplo, veamos un tema relativo al saneamiento ambiental: la conexión al sistema de drenajes. Vale decir que este es bastante limitado en algunos municipios de Quiché, San Marcos, Izabal, Alta Verapaz, Chiquimula, Totonicapán y Petén, ya que el censo del 2018 registró que dichos municipios tienen como máximo un 14.3 % de hogares con el inodoro conectado a una red de drenajes.
En municipios del centro de Huehuetenango, un máximo de uno de cada cuatro hogares tiene conexión a agua entubada en su vivienda, lo cual no significa que esta sea potable. En Quiché, solamente en el sur de Playa Grande Ixcán y en Joyabaj tienen esa carencia en la magnitud indicada. Sin embargo, en Alta Verapaz, con contadas excepciones, la mayoría de los municipios son los más rezagados en cuanto a acceso al agua entubada en sus viviendas, lo que también sucede en el sur del Petén y en el área ch’orti’ de Chiquimula.
Por el contrario, el área metropolitana y las grandes urbes del país —Quetzaltenango y Escuintla— se encuentran entre los municipios no solo con mayor acceso al agua entubada en las viviendas, sino también con el mayor porcentaje de hogares donde el inodoro está conectado a una red de drenajes. Sin embargo, dudo mucho que quienes reciben el agua sepan de dónde proviene esta, la forma de extracción y menos aún que se está acabando.
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Así las cosas (y en el contexto actual de pandemia), con limitado acceso al agua en la vivienda y con elevados niveles de insalubridad no solo es difícil cumplir con los protocolos sanitarios que tanto el Gobierno como la Organización Mundial de la Salud exigen, sino que se pone en riesgo a gran parte de la población del país, sobre todo en el área rural. Tampoco todas las escuelas tienen acceso al agua potable. De hecho, en un informe que el Ministerio de Educación le presentó en 2020 a la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, dicho ente detalló que 10,000 escuelas no cuentan ni con servicios sanitarios ni con el de agua potable, necesario para cumplir con una de las principales medidas de prevención de covid-19: lavarse las manos con agua y jabón.
De alguna manera, la pandemia desnudó en el país la importancia social del agua, pero también la desigualdad en el acceso a ella y en su calidad. Aceleró el deterioro de los indicadores sociales, que de por sí ya eran críticos. Es así como la población guatemalteca enfrenta grandes brechas para gozar el derecho humano al agua.
Seguramente por lo mismo, lo que sí podrían responder miles de guatemaltecos es que apenas tienen contacto con el agua, que deben recorrer varios kilómetros para lograr lo mínimo y que en ocasiones se quedan sin ella.
¿Será que ahora sí el Ejecutivo y el Legislativo pondrán este tema en su agenda de prioridades? ¿O, por el contrario, continuarán echándoles la culpa al cambio climático, a la pandemia y a los cambios abruptos de El Niño y La Niña? Porque, como siempre, es más sencillo acusar a otros que buscar soluciones que atiendan lo inmediato y otras que planteen medidas duraderas.
En el mes en que se conmemora el Día Internacional del Agua, ojalá que prestemos más atención a este recurso, que la sociedad guatemalteca vea más allá de su grifo y del agua que recibe hoy y que le exija al Congreso la aprobación de la ley de aguas.
El agua es vital. Sin ella nos extinguimos.
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