“… del cielo al infierno en una semana”

¿Cuál es el estado de ánimo hoy en CALDH? ¿Se sienten derrotados por la anulación de la sentencia que condenó a Efraín Ríos Montt?

No, para nada. Tenemos la satisfacción de que las victimas hayan tenido la oportunidad de ir a un tribunal y expresar lo que sufrieron durante el conflicto armado interno. El debate se llevó con todas las reglas procesales, cumplió con todo lo que la ley ordena. En base a las declaraciones testimoniales, los peritajes, la documentación, los documentos militares, el tribunal, evaluando de una manera objetiva los medios de prueba de la acusación y la defensa, dictó una sentencia condenatoria por el delito de genocidio. Si se anuló el proceso, a nuestro criterio de una forma ilegal, fue por cuestiones procesales y no por un tema de prueba. Tenemos la satisfacción de que se haya probado el delito de genocidio. Por supuesto, la impunidad es algo con lo que lamentablemente convivimos en nuestro país continuamente.

Recapitulemos los momentos más importantes del Juicio. El primer día, aparece un nuevo abogado en la defensa de Efraín Ríos Montt, Francisco García Gudiel, cuya primera acción es recusar a dos jueces. Inmediatamente, es expulsado de la sala por la juez Yassmín Barrios. Esto es lo que, al final, causó la anulación de la sentencia y de parte del juicio. ¿Hubiera podido actuar diferente la juez?

El tribunal actuó conforme a derecho. Escuchó los planteamientos del abogado García Gudiel. No había fundamentos en estos planteamientos. El hecho de que lo haya expulsado está dentro del poder disciplinario del tribunal. Que esto es algo que no pase muy seguido en Guatemala es cierto, pero actuó conforme a derecho.

Pero, sabiendo ahora el resultado, usted como juez, ¿qué hubiera hecho?

Es complicado. Si el tribunal está facultado para hacerlo, puede hacerlo. Que se haya tomado esto para la anulación del proceso es un tema de impunidad.

¿Quiere decir que la expulsión de García Gudiel sólo fue una excusa?

Si, probablemente. De no haber sido esto, hubiera sido alguna otra situación. Definitivamente, había una estrategia de la defensa al hacer este procedimiento. Desde la  primera declaración del general Ríos Montt, el 26 de enero del 2012, la defensa presentó una serie de recursos legales para entorpecer el proceso. Estuvo todo el tiempo intentando evitar llegar al debate. Y esto creo que es la parte final de esa estrategia de irrealizar el debate.

El 4 de abril, un testigo, Hugo Ramiro Leonardo Reyes, acusó al presidente Otto Pérez Molina de haber tomado parte en las masacres de 1982. ¿Les sorprendió la declaración de este testigo?

Todos los testigos hablaron de lo que les constaba de los hechos.  Cada testigo habló de lo que había visto. Quiero dejar claro esto: El planteamiento de AJR  (Asociación para la Justicia y la Reconciliación, el otro querellante adhesivo del caso) y de CALDH es que estos casos eran en contra del alto mando militar de los años 81, 82 y 83. Los casos siempre han sido vistos desde la óptica del litigio estratégico.

¿Qué es litigio estratégico?

Básicamente, se centra en cómo estos casos de alto impacto pueden ayudar a nuestra justicia en transición.  Nuestra justicia está saliendo del conflicto armado y la cuestión es cómo fortalecemos el estado de derecho. No ha habido intención de buscar casos por debajo de los altos mandos militares. Nunca hubo intención de que saliera el nombre de Presidente ni el de otros oficiales.

O sea que no piensan perseguir a Otto Pérez Molina.

El planteamiento que hemos hecho durante los últimos trece años, es que los casos de genocidio son contra el alto mando militar.

Y obviamente, Otto Pérez Molina no era del alto mando en ese momento.

No, ni él  ni otros.

¿Cree que la acusación del testigo influyó en las dificultades que enfrentó después el proceso, y en la anulación de la sentencia?

Esperaría que no haya sido así. Obviamente, llegar a comprobarse este extremo, sería grave.

Inmediatamente después de la declaración del testigo, se cancela la declaración de otro testigo, el periodista norteamericano Allan Nairn.

En eso, nosotros no tuvimos mayor participación. Creo que hay que verlo en relación al proceso. Cuando está por terminar la parte de la acusación en el proceso, empiezan los recursos legales que presentaron los abogados del general Ríos a surtir efecto. Hay una sala, la Sala Tercera, que da con lugar el primer amparo, a la vez, sale el tema de la juez (Carol Patricia Flores) anulando el proceso, de manera ilegal para nosotros. Se empezaba a ver que los recursos presentados de forma maliciosa podían evitar que se llegara a la sentencia. Para nosotros era importante poder terminar. No sólo este periodista, sino también otros testigos no pudieron dar sus declaraciones.

¿Fue una forma de acelerar el proceso?

Sí. Era importante pasar a la prueba de la defensa. La estrategia de la defensa, ya que no había podido impedir que se llevara a cabo el debate, era impedir que se llegara a sentencia. Por eso era importante terminar.

Un día antes de que se dicte sentencia, Efraín Ríos Montt hizo su declaración. ¿Qué le pareció?

El general tuvo una oportunidad histórica de contar mucho más. Pudo haber contado una etapa muy importante de este país: Qué fue lo que sucedió, cómo lo vieron, por qué esta reacción. Lamentablemente no lo hizo. Pudo haber contado muchísimas cosas más que para la historia de este país hubieran sido muy importantes.

Ríos Montt descargó su responsabilidad sobre sus subalternos.

Fue una de las ironías del proceso. Prácticamente su defensa fue  “yo no fui, fueron los otros, y yo nunca me enteré”.  Luego levantan eso de que es una cacería de brujas, cuando es el mismo general Ríos Montt quien dice yo no fui, fueron los de abajo. Creo que si él quería llevar su defensa por esa línea, debió haber dado datos, informaciones sobre qué fue lo que hicieron las personas de abajo en ese momento.

Cuando se dictó sentencia, ¿pensaron que habían ganado?

No es una cuestión de haber ganado. Es un tema de justicia. El Estado de Guatemala, a través del poder judicial, saldaba una deuda histórica con las víctimas del conflicto armado interno. Más de treinta años después de los hechos, más de trece pidiendo justicia, había, y hay, una deuda enorme. No es un tema de quién gana, sino de que el Estado cumple con su misión de hacer justicia en el país.

Se absolvió a José Mauricio Rodríguez Sánchez. ¿Es esto una derrota parcial para los querellantes? ¿Hubieran apelado esta sentencia?

Es parte del proceso. Para el Ministerio Público, sí se probó la responsabilidad del general Rodríguez. Fue decisión del tribunal decir que no se probaba. En cuanto a la apelación, hubiera dependido mucho de que nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de analizar bien la sentencia. Pero nos notifican el viernes, y el lunes anulan la sentencia. Si hubieran dejado que el proceso llegara a sus fases normales, se hubiera podido analizar bien para ver las posibilidades de apelación.

El 20 de mayo, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia y parte del debate en una resolución dividida, con dos voces disidentes entre los cinco magistrados. ¿Cómo lo analizan y hasta qué punto fue una sorpresa para ustedes?

Para nosotros fue una lamentable sorpresa. Tenemos muy claro que se debió haber seguido las fases que tiene nuestro sistema legal. Para eso existen las apelaciones. Lamentablemente, tres magistrados de la Corte anulan el proceso. Es muy rescatable lo de los dos votos disidentes en el sentido que, en estos se ve con claridad que es una resolución ilegal. Uno, la Corte de Constitucionalidad no debe meterse a cuestiones procesales, y dos, se afirman hechos que nunca sucedieron durante las audiencias de debate. Es muy lamentable. El sistema judicial empezó demostrando al pueblo de Guatemala  y al mundo  que podía haber justicia en nuestro país y que el sistema estaba cambiando, y luego... del cielo al infierno en una semana, de un país donde la justicia empieza a caminar a un país que vuelve a la impunidad.

La juez Yassmín Barrios fue extremadamente criticada por los abogados defensores y por sectores conservadores. Se le acusó de parcialidad, de llevar el juicio a marchas forzadas, y sobre todo, se le criticó el saludo a los ixiles presentes en la corte después de la sentencia. ¿Qué opinión tiene usted al respecto del actuar de la juez?

El tribunal llevó el debate apegado a derecho. Se le dio el tiempo a los testigos  y a los peritos para exponer;  se le dio el tiempo a los abogados para hacer sus preguntas. Se dice que se llevó el debate a marchas forzadas, pero hay que entender que la estrategia de la defensa era detener el proceso. Obviamente, si uno está tratando de detener un proceso, y no funciona la estrategia, uno va a criticar al tribunal. En cuanto al tema del saludo, los jueces son seres humanos. Era un debate muy complicado, muy difícil. No creo que significara que hubo una parcialidad del tribunal.  

Pero ese gesto pudo interpretarse en ese sentido.

Sí. Está muy a la interpretación. Pero estoy seguro de que no afecta la imparcialidad del tribunal
 
 ¿Cual es su análisis sobre la labor de la defensa de los generales?

Fue una defensa de querer detener el proceso más que una defensa que fuera a los medios de prueba. Por ejemplo, los testigos de la defensa, en cuanto a los hechos, no aportaban mayores elementos al debate. El tribunal toma su decisión en base a los medios de prueba que se le presentan. Fue una defensa para obstaculizar el proceso.

Muchas de las preguntas que se les hizo a los testigos y peritos propuestos por la defensa eran objetadas por los abogados de la acusación. De esta forma, por ejemplo Gustavo Porras, casi no pudo decir nada.

Esto tiene que ver con la estrategia que uno plantea durante el juicio y de cómo los equipos legales se van preparando de antemano. Creo que es una estrategia legal totalmente válida en un debate. Si está enmarcada dentro de lo que la ley dice, se puede aplicar.

César Calderón, abogado de Rodríguez Sánchez, se sorprendió, en sus conclusiones, de que, de los cien testigos ixiles que vinieron a declarar, ninguno aceptó haber conocido  o visto guerrilleros. Afirmó que, con la presencia que tenía la guerrilla en esa zona, era imposible que todos dijeran la verdad.

Hay testigos que dijeron que sí habían visto a la guerrilla. No es cierto que todos los testigos lo hayan negado.  El otro tema es que, hay un reporte de inteligencia en el Plan de Operaciones Sofía, que dice que hay dos frentes guerrilleros de treinta integrantes cada uno en la región ixil. Un total de sesenta guerrilleros.  La población era de 45mil personas, por lo tanto, es probable que muchos no hayan visto a la guerrilla. Eso es lo que manifestaron los testigos. Fueron relatos muy vívidos, y cada uno manifestó lo que había visto. También se dijo por parte de la defensa, que todos los testigos contaban prácticamente lo mismo, y esto es porque todo el pueblo ixil vivió lo mismo. Recordemos que hay estudios que hablan de que más del 80 por ciento de las comunidades ixiles desaparecieron. Los testigos, sin contar lo mismo, más o menos describieron el mismo modus operandi, cómo se les perseguía, se les bombardeaba, el hambre, la falta de medicina, de abrigo. Todo un pueblo sufrió las mismas condiciones, y por eso los testigos hablan de los mismos hechos.

Dentro del debate, ¿hay algún error que ustedes creen haber cometido?   

Fue un caso sólido que preparó el Ministerio Público con la colaboración de los querellantes. Habrá que hacer la evaluación para ver en qué cosas hay que mejorar, en dónde se pudo hacer de una forma mejor, pero fue  un caso muy sólido el que se presentó. La prueba es tan abrumadora que por eso botan el caso por un tema procesal.

¿Hubo amenazas en contra de ustedes, de sus abogados, o en contra de los testigos?

Hasta donde sabemos, directamente no. Se dieron incidentes durante el debate: personas sin identificación, que no eran periodistas, tomando fotos a testigos, comentarios que se escuchaban como, “aquí están los guerrilleros”. Se quiso crear un clima de polarización, ejército-guerrilla, izquierda-derecha. Pero el juicio no es algo ideológico, es un tema de justicia. ¿Existió el ejército? Sí. ¿Existió la guerrilla? Sí. ¿Ambos bandos cometieron delitos, cometieron acciones que no debieron haber hecho? Totalmente de acuerdo. Pero hablamos de la población civil, población que sufrió la persecución, la estigmatización de ser guerrillero, y las violaciones a derechos humanos que cometió el ejército.

¿Qué opinión tiene de los comunicados del Cacif y de las declaraciones de Otto Pérez Molina  que negaban el genocidio incluso después de la sentencia?

Son lamentables. En cuanto al Cacif, al igual que todo ciudadano, debemos tener la claridad de que, más allá de los posicionamientos ideológicos, el tribunal evaluaba la prueba que se estaba presentando. Es muy aventurado decir que no hubo genocidio si no se vio la prueba que se diligenció. En cuanto a las declaraciones lamentables, desafortunadas de Otto Pérez Molina, en su calidad de Presidente, él representa la unidad nacional. Debió abstenerse de hacer este tipo de comentarios. De hecho, hay un pronunciamiento del Procurador de los Derechos Humanos para que los funcionarios se abstengan de hacer este tipo de declaraciones. Que el Presidente lo diga puede tomarse como una forma de presión hacia los operadores de justicia que están llevando el proceso.

Una idea que han expresado los sectores conservadores es que, de seguir el juicio por genocidio, los siguientes en ser procesados serán los empresarios que apoyaron los regímenes militares, los periodistas que no denunciaron o cualquier persona que de cerca o de lejos haya tenido relación con los hechos. ¿Es el objetivo de CALDH?

Son fantasmas. Este es un planteamiento de impunidad.  Por eso hablamos de justicia transicional. Es imposible hacer justicia por todo lo que sucedió en el conflicto. Lamentablemente, estamos hablando de 200mil muertos, 40mil desaparecidos, 50mil desplazados a México, un millón de desplazados internos. No hay sistema de justicia que aguantaría con toda la carga de procesos.  Lo que deberíamos estar debatiendo como sociedad, es hasta dónde debe llegar la justicia transicional. Pero el primer paso es que pueda haber justicia, y luego, ver hasta dónde se llega con la justicia transicional.

¿Cómo valora el papel que tuvo la prensa?

La prensa transmitió lo que pasó en las audiencias del debate. Talvez debería contribuir a un debate más sano en la sociedad. Algunos grupos, no toda la prensa, algún grupo de prensa entró al juego ideológico. La prensa puede jugar un papel muy importante conduciendo un debate en la sociedad sobre lo que sucedió durante el conflicto y no entrando a la polarización que se da. No se trata de dividir sino aprender de lo que sucedió y buscar garantías de que no vuelvan a suceder los hechos.

¿Hubiera podido llevarse a cabo este juicio sin la ayuda y la presión ejercida por la comunidad internacional? Hablo de la presencia continua de embajadores y de personal de la ONU en las audiencias, del apoyo de organizaciones internacionales de juristas, o del financiamiento extranjero a CALDH y AJR.

Yo no lo veo como una presión. Lo veo como el seguimiento que se le está dando al sistema de justica de nuestro país. Muchas donaciones van directamente al sistema justicia para fortalecerlo. Países amigos quieren ayudarnos a tener un sistema de de justicia funcional. Esto no equivale a presionar al tribunal o a los sujetos procesales. Es un tema de observancia. Las organizaciones internacionales son fundamentales. Guatemala no es una isla, no está aislada del concierto de las naciones. Hay mucho interés en el mundo porque nuestro país mejore, tenga un sistema de justicia aceptable, y el apoyo de organizaciones internacionales ha sido muy importante para nosotros los querellantes en el sentido de tener el acompañamiento para estos procesos.

Pero, ¿la presencia de embajadores y de personal de la ONU, no ejerce una presión, o al menos un contrapeso a otras presiones?

El personal de la ONU cumple su función de verificar el estado de derecho, de verificar que los derechos humanos se respeten en el país. Así como pueden verificar un desalojo, o cualquier tipo de violación a los derechos humanos, verifican que el sistema justicia funcione apegado a derecho.

Sigue la persecución penal en contra del general Héctor López Fuentes, quien, según sus defensores, padece de cáncer terminal, sufrió varios derrames, y cuyas capacidades mentales no le permiten defenderse. ¿Por qué no pedir el cese de esta persecución penal?

Nosotros no hemos podido llegar con el juez. Patricia Flores, la juez contralora, está recusada por el MP, y nosotros secundamos esta recusación. Pero nunca nos hemos negado a cuestiones humanitarias. Entendemos que si una persona no está en las capacidades, no se le puede juzgar. Este fue el caso del general (Óscar Humberto) Mejía Víctores, quien obtuvo una suspensión temporal del proceso, y nosotros no nos opusimos. Cuando haya un juez dentro del proceso (contra López Fuentes), y se puedan ver los informes del Inacif, y en base a eso, el juzgado tomará una decisión.

Plaza Pública reveló que la nueva juez a cargo del juicio escribió una tesis de maestría sobre la aplicación del delito de genocidio en la que parece convencida de que lo ocurrido a principios de los ochenta, durante el mandato de Efraín Ríos Montt, sí constituye un genocidio. ¿Cree que es la juez idónea para seguir con el caso?

En el momento en que el proceso esté en sus manos, que la jueza dé su opinión. En base a ésta podremos pronunciarnos sobre ese extremo. Hay que esperar a que presente su argumentación. Yo creo que definitivamente, esto va a ser usado como una causal de recusación, en el sentido de que la estrategia de la defensa, que no creo que vaya a cambiar, es no llegar a un debate.

¿Por qué no haber llevado el caso por genocidio ante la justicia internacional?

No se acudió al sistema interamericano porque la apuesta era el sistema de justicia nacional. Queríamos que el sistema nacional hiciera justicia. Hoy, se tuvo una justicia parcial, por decirlo así: Se llegó a una sentencia pero la impunidad la anuló. Creo que hay que replantearse, junto con las víctimas, si hay que llevar el proceso a instancias superiores. Una decisión que deben tomar las víctimas, y nosotros como asesores, es si llevarlo o no al sistema interamericano.

Para los testigos, participar en las audiencias supone un desgaste muy grande. Vienen muchas veces de aldeas muy alejadas, y probablemente recordar los hechos que vivieron constituye un sufrimiento considerable. ¿Lograrán convencerlos de que testifiquen una vez más ante una justicia de la que probablemente desconfíen?

Quienes nos han dado ánimos para seguir en la búsqueda de justicia, son las misma victimas. Todo el tiempo han dicho que quieren alcanzar la justicia. Es un desgaste, pero también es una acción muy reparadora para las y los testigos, el poder llegar con un juez y contarle qué sucedió durante el conflicto. Miles de víctimas no van a tener la oportunidad de sentarse frente a un tribunal y pedirle que haga justicia. Sobre convencerlos o no, cada testigo es libre de tomar sus decisiones. Muchos de ellos, se presentarían nuevamente a contar lo que vivieron. Dentro de ellos existe una gran fortaleza de justicia. La clave es: ¿qué garantías les da ahora el sistema de justicia de que, si declaran nuevamente, esta vez sí se van a respetar los fallos a los que lleguen los tribunales y no se van a anular una, dos, tres, cuatros, cinco, seis veces? ¿Qué garantías hay de que se están respetando los procedimientos?

¿Y qué garantías hay? ¿Confían en la justicia en Guatemala?

Es la apuesta. Necesitamos creer que el sistema justicia puede funcionar. Si se pierde esta esperanza, el país está derrotado. Si no funciona nuestro sistema de justicia, es muy difícil pensar ser un país democrático, un país libre.