Millones de personas en riesgo, en miles de lugares distribuidos a lo largo y ancho de Guatemala, parecerían una pesadilla para cualquiera que intente lidiar con ese problema. Sin embargo, con un poco de suerte y mucha voluntad política, ese problema se pueda abordar a largo plazo, pero incluso a mediano y aun a corto plazo hay muchas cosas que se pueden hacer. La solución de fondo, como con todo problema de riesgo de desastres, es la reducción de la vulnerabilidad de la población expuesta a las amenazas de inundación y deslizamientos, lo cual implica una amplia gama de factores socioeconómicos, culturales y políticos. Aquí, sin embargo, me enfocaré en algo concreto: disminuir la exposición física de la población, es decir, evitar que la gente esté (viva, trabaje, etcétera) en áreas expuestas a las amenazas.
A largo plazo, la solución es evitar que viviendas, sitios de trabajo, etcétera, no existan en áreas expuestas a las amenazas de deslizamientos e inundaciones. Desde luego que esta es la solución más difícil de implementar, pero en muchos casos es la única solución real para reducir el riesgo. Reasentar a la población que ya existe en áreas expuestas requerirá de muchos recursos y de mucha voluntad política y ciudadana. Habría que empezar por priorizar las áreas de mayor riesgo para crear un programa de reasentamiento de población expuesta. Luego, lo más urgente sería evitar que el riesgo siga creciendo, es decir, que más gente se asiente en áreas expuestas a las amenazas. Esta solución implica la planificación y el ordenamiento del territorio ojalá no solo dentro del contexto del riesgo de desastres, sino también dentro de un contexto más amplio. No se trata únicamente de crear leyes y regulaciones sobre dónde se puede construir o no (viviendas, lugares de trabajo…). Se trata de gestionar el uso del territorio de una manera que sea económica y socialmente viable. Esta solución, si tiene alguna posibilidad de ocurrir, solo podrá implementarse a largo plazo y quizá dentro de varias generaciones en el futuro. Desafortunadamente, la visión a largo plazo requerida no será muy atractiva desde el punto de vista político y económico. Quizá únicamente sea viable si antes los problemas más urgentes son solucionados.
A corto y mediano plazo será necesario implementar otras soluciones que quizá no sean óptimas, particularmente por medio de sistemas de alerta temprana que puedan darle la oportunidad a la población expuesta de evacuar un área cuando el riesgo se vuelva inaceptable. La alerta temprana tiene el potencial de salvar vidas, aunque aquellos bienes que no son móviles se pierdan o dañen, por ejemplo al dejarlos atrás durante una evacuación (casa, cultivos y otros). El primer paso para tener sistemas de alerta temprana viables es crear la capacidad técnica para monitorear y pronosticar la amenaza, como he argumentado en el pasado.
El potencial de salvar vidas de un sistema de alerta temprana depende de la capacidad de monitoreo y pronóstico de la amenaza, pero también de la capacidad de movilizar y albergar a la población expuesta. Contar con los recursos y los medios eficientes para comunicar las alertas y apoyar logísticamente una evacuación puede ser tan importante como tener la capacidad técnica de hacer un pronóstico acertado sobre la amenaza. El papel del Estado en estos componentes de los sistemas de alerta temprana debe desarrollarse y fortalecerse para que dicha medida tenga mayores posibilidades de éxito.
Y paralelo a la alerta temprana, también hay que pensar en otros elementos de la vulnerabilidad de las personas afectadas, particularmente en su resiliencia posdesastre. Quizá sus vidas puedan salvarse con la alerta temprana, pero ¿qué capacidad tienen de absorber las pérdidas y de recuperarse tras una crisis? Reducir el riesgo de la población también implica aumentar su resiliencia para recuperarse de estos eventos.
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