En la torre de tribunales, durante las extensas jornadas que duraron las audiencias, doña Emma, Lucrecia y María Eugenia guardaban silencio. Un silencio que no les fue difícil mantener porque durante más de tres décadas refugiaron en sus corazones el dolor acallado. A ellas, a Emma Molina y a Guatemala entera, un pedazo del alma les había sido arrancado.
Un tesoro de apenas 14 años, 10 meses y días. Un tesoro llamado Marco Antonio. Un niño. El niño de Guatemala, que simboliza la desaparición forzada de otras y otros —cinco mil, dicen los informes—, cuya infancia fue truncada. En el caso de Marco Antonio, desde el 6 de octubre de 1981, cuando fue sustraído violentamente de su casa familiar, se desconoce su paradero.
Jamás en la historia de Guatemala ha existido la desaparición forzada como pena a cumplir por alguien. Es, por el contrario, un delito considerado de lesa humanidad por lo que significa. Y, por supuesto, en el caso de Guatemala es un delito continuado, puesto que el paradero de las personas detenidas desaparecidas desde finales de los años 70 del siglo pasado es desconocido. Ello, a pesar de que las personas detenidas desaparecidas fueron apresadas por elementos de las fuerzas de seguridad, que están obligadas a respetar las leyes nacionales y los principios contenidos en los acuerdos y convenios de derechos humanos suscritos por el Estado.
Las acciones realizadas por fuerzas del Ejército relacionadas con el sistema de inteligencia militar, y en coordinación con la base militar de Quetzaltenango, derivaron en la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen. La lucha incansable de la familia llevó a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala la obligación del Estado de Guatemala de investigar los hechos e identificar, procesar y sentenciar a los responsables.
El 6 de enero fueron capturados cuatro de los identificados captores y violadores de Emma Molina Theissen, así como captores de Marco Antonio Molina Theissen. El miércoles 14, la jueza a cargo del caso resolvió ligar a proceso penal a los cuatro imputados, Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Callejas, Edilberto Letona Linares y Ramiro Zaldaña Rojas, así como enviarlos a prisión preventiva.
Si bien la juzgadora resolvió ligarlos por desaparición forzada y por delito contra deberes de humanidad, no así por violación agravada, ello no significa que este último delito quede fuera de acusación en definitiva. Y no puede quedar fuera por cuanto fue un elemento central en las actuaciones en este caso particular, por constituir precisamente un acto característico del accionar castrense en el marco de la acción contrainsurgente.
Como sociedad tenemos una deuda gigante con la familia Molina Theissen. En primer lugar, porque debemos dar respuesta sobre el paradero de Marco Antonio. Algo que está aún por ser esclarecido, pues sus captores han guardado silencio al respecto del destino del niño al que engrilletaron, amordazaron y luego, encapuchado, condujeron a destino desconocido en la palangana de un picop. Jamás hubo consideración alguna por su edad, como no la ha habido por la avanzada edad de la madre, que aún lo busca y espera.
En segundo lugar, porque como sociedad merecemos y necesitamos empezar a curar las heridas. Y esas heridas no habrán de sanar con el silencio, que se vuelve cómplice. Esas heridas solo podrán sanar en la medida en que se esclarezcan los hechos y se proceda conforme a derecho para la persecución penal de los responsables. Ahora, un gramo de justicia llega ante las toneladas de dignidad y dolor acumulados por una familia. No dejemos que se acabe, sino más bien hagamos crecer ese gramo acompañando a quienes en silencio, pero con dignidad, han abierto un camino para todas y todos: el único camino posible hacia la paz, la ruta de la verdad, la memoria y la justicia.
Más de este autor