El día que la justicia ganó tiempo

Todo ocurrió en menos de 24 horas. No está claro si los hechos guardan relación intencionada, o fueron bombas que, aisladas, estallaron al unísono en la cara de los operadores del sistema de justicia de Guatemala. Lo cierto es que el jueves 9 de octubre de 2014 quedará registrado como el día en que una suma de eventos,  —políticos,  judiciales y sociales—  detuvieron (al menos de manera provisional) la consumación de un proyecto de control de las Cortes del país.

El hecho más contundente provino de la Corte de Constitucionalidad (CC) que dio una estocada al sistema de componendas, favores y alianzas fraguadas para la integración de las nuevas autoridades del Organismo Judicial. La CC amparó de manera provisional a las organizaciones de la sociedad civil que se manifestaron en contra de la elección e integración de las nuevas Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia —por considerarlo viciado e ilegitimo—. Con ello concedió la oportunidad de reencauzar el proceso.

El único magistrado de la CC que no estuvo de acuerdo en otorgar esa oportunidad al país fue Héctor Hugo Pérez Aguilera, quien votó en contra del fallo. “A mi parecer, hay un choque entre dos artículos constitucionales: 214 (Integración de la Corte Suprema de Justicia) y 207 (Requisitos para ser magistrado o juez)”, justificó. Pérez Aguilera ha sido señalado por la activista Helen Mack, como uno de los “operadores políticos” interesados en mantener el control del poder judicial con intereses espurios. Votaron a favor los magistrados titulares Gloria Porras y Alejandro Maldonado, así como los suplentes Carmen Gutiérrez y Juan Carlos Medina.

En concreto, lo que la CC hizo al amparar a las organizaciones de la sociedad civil (Acción Ciudadana, Fundación Myrna Mack y Centro para la Defensa de la Constitución) fue suspender la toma de posesión de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Salas de Apelaciones que estaba programada para el lunes 13 de octubre. Esto mientras analizan las peticiones de fondo de los amparos solicitados —que en esencia buscan hacer que se repita el proceso de elección desde el inicio—, lo cual según Gloria Porras puede extenderse “hasta 45 días”. Mientras los amparos son fallados en definitiva, las actuales autoridades del poder judicial deberán permanecer en sus cargos. Así lo manda la ley.

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“Suspender los efectos de los acuerdos 20-2014, 22-2014 y 23-2014 del Congreso de la República, que documentan los actos de elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, así como suspender la toma de posesión de los cargos cuyo procedimiento ha sido cuestionado”, fue, en palabras de Porras, lo ordenado por la CC.

La magistrada Gloria Porras, quien asumió la presidencia de la CC en ausencia del magistrado Roberto Molina Barreto, dijo que los amparos promovidos en esa instancia en contra del Congreso de la República por las irregularidades que cometieron los diputados durante las elecciones de magistrados de CSJ y Salas de Apelaciones contienen “denuncias graves”. Entre éstas, según Helen Mack, promotora de una de las acciones, el tráfico de influencias es de las más importantes.

Se abren las cloacas

Horas antes, la magistrada de la Sala Quinta de Apelaciones, Claudia Escobar —quien el domingo 4 de octubre empezó a mover las aguas al interior del mismo Organismo Judicial— le tomó la palabra a la vicepresidenta Roxana Baldetti y acudió a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) a entregar supuestas pruebas que demostrarían las presiones que recibió de parte del diputado del Partido Patriota (PP), Gudy Rivera, para que fallara en un amparo a favor de Baldetti, a cambio de ser reelegida por el Congreso como magistrada. El vespertino La Hora fue el encargado de dar a conocer la denuncia presentada por Escobar en la Cicig y también el medio que recogió unas titubeantes y nerviosas declaraciones del legislador señalado: “¡Si es un denuncia que la presente! ¿Verdad usted? (…) Yo creo, no, no voy a estar opinando de los temas de esos; son temas que no, no voy a estar opinando”.

Luego de que el pasado domingo Escobar renunció a su reelección como magistrada de Salas de Apelaciones para encabezar un movimiento desde dentro del Organismo Judicial para denunciar los vicios y componendas del proceso de elección de magistrados en las Comisiones de Postulación y en el Congreso, las autoridades —Baldetti entre ellas— pidieron pruebas. Las presentadas el jueves por Escobar parecen ser contundentes: demostrarían las presiones políticas a que son sometidos los jueces y magistrados de parte de políticos para que fallen de acuerdo a sus intereses.

Casi al unísono, también dentro  del Organismo Judicial, otro juez alzó la voz para denunciar las presiones de que habría sido objeto por parte de la Vicepresidenta. El juez de Segundo de Instancia Penal, Carlos Aguilar —quien fue electo por el Congreso como magistrado de Sala de Apelaciones—, aseguraba a los periodistas que Roxana Baldetti, a través de intermediarios, le había coaccionado para que ordenara la captura de la precandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza  (UNE), Sandra Torres, por un proceso penal iniciado por Baldetti en contra de la entonces Primera Dama del país, en 2010, por supuestos malos manejos de recursos en los programas sociales que dirigió durante el gobierno del presidente Álvaro Colom.

"Si por esta denuncia pueda pasarme algo, quiero dejar plasmado quienes pueden ser los responsables", dijo Aguilar. El juez, quien accedió a la petición del Ministerio Público de clausurar el proceso en contra de Torres por no existir delito que perseguir, aseguró que la Vicepresidenta le envió mensajes en los que le amenazaba con que no sería electo como magistrado de Sala de Apelaciones si no accedía a sus exigencias.

Y, mientras Aguilar denunciaba a Baldetti en la torre de tribunales, en el barrio Gerona de la zona 1, sede del Ministerio Público, la Fiscal General, Thelma Aldana, anunciaba el inicio de un proceso de retiro de inmunidad al magistrado vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Erick Santiago de León, acusado por la Cicig de integrar una red de corrupción en el Organismo Judicial, dedicada a vender sentencias. Horas antes habían sido capturados Eliot Imeri Díaz y el abogado Samuel Alvarado López, quienes según las investigaciones integraban esta estructura.

Santiago fue el único de los tres miembros de esa Sala que fue reelecto por el Congreso como magistrado. Según Aldana, este magistrado “negociaba los montos del beneficio económico a cambio de una resolución judicial”. La Cicig presentó pruebas recabadas por medio de “métodos especiales de investigación” (científicos) para sustentar la petición de antejuicio en contra de este magistrado.

Los entretelones del negocio de la justicia se empiezan a develar.

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Dos días antes, el martes 7 de octubre, más de medio centenar de jueces de instancia daban otra sacudida al sistema de justicia desde dentro, en los juzgados y tribunales. Liderados por la magistrada Claudia Escobar, denunciaban que la justicia había sido atropellada. Veían todo a la deriva y no querían ser parte de la debacle. “Nosotros los jueces independientes no pedimos favores. Y es precisamente por eso, porque nuestros compañeros no han prestado ni pedido ni hecho favores, que muchos no han sido escogidos”, decía Escobar. Los jueces denunciaban la manipulación de las Comisiones de Postulación y advertían el inminente colapso de la independencia judicial.

Pero, también adentro hay otros que se oponen a los jueces beligerantes, el jueves, antes de que se abrieran las cloacas, un grupo de unos 25 magistrados de Salas de Apelaciones recién electos por el Congreso se  levantaron en contra los jueces de instancia declarados “defensores de la independencia judicial”. Se reunieron para organizar un frente a favor del proceso de las Comisiones de Postulación, al cual calificaron de “democrático y honorable”. Y para denunciar que aquellos que se quejan lo hacen porque no fueron elegidos. Solicitaron ser incluidos como parte interesada y amenazaron con procesar a los inconformes por sedición. Y así incómodo, nervioso, el vocero de los magistrados de Salas de Apelación, Mario Obdulio Reyes Alonzo, durante una breve conferencia de prensa, esquivó preguntas cuyas respuestas podrían poner  en duda la forma en que fueron escogidos:

—¿El pacto entre las bancadas mayoritarias del Congreso, Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Lider) consensuó una lista con los nombres que ocuparían las Salas de Apelaciones?

—Es otro poder del Estado. Autónomo. Político. No nos corresponde saber cómo votaron. Todo ha sido bajo el marco de la ley —defendía Reyes Alonzo. 

Cuestiones de tiempo

El tiempo señalado por la CC para resolver los amparos en definitiva es crucial, dice el expresidente de ese tribunal, Rodolfo Rohrmorser. Pero ve una dificultad por la forma en que se ha integrado la CC ante estas resoluciones. “La Corte hizo un buen trabajo, sin duda, pero el fallo puede tener cambio. El regreso de los magistrados titulares (Roberto Molina Barreto y Mauro Chacón) puede coincidir con las fechas para fallar en firme. Habría otra mentalidad entre los magistrados. Pero eso sería grave. Sería como si a un niño le dieran un caramelo para que después se lo quitarán”.

—¿Hay amparos aun no resueltos en contra de todo el proceso de Comisiones de Postulación;  los que fueron resueltos por la CC en este momento atacaban únicamente a la forma en que eligió el Congreso?

—Resolver en contra del Congreso, a mi juicio, es anular totalmente lo que hicieron las Comisiones de Postulación. La votación del Congreso tuvo como base lo trabajado por las Comisiones de Postulación. Si el proceso se revisa exhaustivamente se detectará todo lo mal actuado desde el inicio —explica Rohrmorser.

—Los nuevos magistrados no asumirán el próximo 13 de octubre, fecha establecida por la Constitución de la República. ¿Significa que, independientemente de la fecha en que asuman sus puestos los nuevos magistrados deberán cumplir con los cinco años constitucionales y abandonar el 13 de octubre de 2019?

—Ya hay un antecedente: Claudia Paz y Paz y el recorte de su mandato. Aunque no lo comparto, y podríamos debatir al respecto durante horas, los nuevos magistrados de CSJ y Apelaciones deberán salir del Organismo Judicial el 13 de octubre de 2019. Empiecen así un mes o dos meses tarde su mandato.

Pero aquellos cuyos puestos ahora tambalean —y que no asumirán el 13 de octubre— no son, quizás,  los más afectados.  Los que ven todos sus esfuerzos destrozados son las redes de abogados, los operadores que trabajaron arduamente para colocar a sus allegados en los puestos al frente del Organismo Judicial. Gente como Roberto López Villatoro, Gustavo Herrera, o (desde el Ejecutivo) Juan de Dios Rodríguez. Antes de que la CC piense dar el amparo en firme, o no, serán los operadores los que velen porque todo lo invertido: el dinero, el trabajo, los cursillos, las universidades, los compromisos para colocar magistrados, no hayan sido en vano. “Nos espera un mes muy complicado. Será la sociedad civil la que debe estar atenta para que la resolución firme de la Corte no tenga ninguna injerencia y sea independiente. De que quienes lograron el objetivo de cooptar las Comisiones de Postulación no incidan en los magistrados”, advierte Helen Mack.

“Las denuncias de los jueces, la investigación del MP contra un magistrado, la lucha de los jueces de instancia por la independencia judicial, retratan un panorama esclarecedor — Rohrmorser agrega— El fallo de la CC tiene sentido a partir de esta coyuntura. Hay presiones para la justicia. Es valioso lo que hace gente como la magistrada Claudia Escobar”.

Y recuerda: “Yo recibí terribles presiones como magistrado, que en teoría legal debí haber denunciado. Pero mejor hice políticamente como que no oía. Y uno dice pues a la mano de Dios y resuelvo. Estoy tranquilo. De conformidad con la ley”.

Los magistrados de la CC contemplan, según el fallo, escuchar a las partes interesadas. Para ello convocaron a los terceros interesados para defender el proceso de elección ante todos los detractores. Los 13 magistrados electos de la CSJ y los 126 de las Salas de Apelaciones tendrán que actuar como una unidad, con un solo representante cada grupo. Al Congreso le corresponderá explicar sus procedimientos para la elección definitiva de los magistrados, y a las organizaciones de la sociedad civil que pidieron los amparos, presentar las pruebas que sustentan las denuncias de irregularidades en el proceso.

A la Cicig y al Ministerio Público, por su parte, les corresponderá ahondar en las investigaciones sobre las supuestas presiones y amenazas de la Vicepresidenta y el partido oficial hacia jueces y magistrados para que fallaran a favor de sus intereses, así como desbaratar a las estructuras criminales que actúan dentro del sistema de justicia.  Es difícil predecir cuáles serán los efectos de este tembloroso jueves  9 de octubre. Quizás la única certeza es que ahora hay muchas más miradas en el Organismo Judicial, y sobre los que infiltrados en este poder se creían superpoderosos.

Se hicieron escuchar las voces; se escuchó al coro. Este ha sido sólo un acto, aún se ignora el desenlace, pero como en la mayoría de tragedias griegas, al final, algo o alguien saldrá derrotado.