El Transurbano lleva a Álvaro Colom y su Gabinete ante la justicia

Los primeros en abordar una unidad del Transurbano fueron Álvaro Colom Caballeros y Sandra Torres Casanova. Ocurrió una nublada mañana de junio de 2010. El entonces mandatario y su entonces esposa recorrían el centro histórico de la ciudad saludando desde las ventanillas del autobús a los citadinos que se cruzaban por las calles, seguidos de un puñado de fotógrafos. “Al fin tendremos un servicio de transporte público digno y moderno”, dijo el mandatario a los periodistas. La primera dama, sonriente, se pavoneaba frente a las cámaras. Junto a la pareja presidencial, en mangas de camisa y tratando de no robar protagonismo, Luis Alfonso Gómez González, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) y principal artífice del proyecto, observaba sonriente. El gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) arrancaba la segunda mitad de su Administración con la inauguración de un nuevo modelo de transporte público. Todo era alegría y felicidad. Estaban haciendo historia, decían; y ese proyecto, creían, le granjearía apoyos y seguidores a Torres Casanova en sus intenciones por suceder a su marido en la Presidencia dos años después.

Durante las siguientes semanas, decenas de imágenes de ese momento —y de otros donde aparecían el secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cámbara, y el alcalde de la capital, Álvaro Arzú Irigoyen—, promocionaban en los medios de comunicación el lanzamiento del novedoso servicio. Además de unidades nuevas, modernas y cómodas que ofrecía el Transurbano, la principal novedad era el servicio de cobro electrónico y la presencia de agentes privados de seguridad. Se acabarían los asaltos y asesinatos de chóferes y ayudantes porque ya no manejarían dinero en efectivo, habría orden y seguridad al abordar las unidades. El futuro había llegado.

El martes 13 de febrero, casi ocho años después, Colom y el Transurbano volvieron a ser noticia. Pero esta vez en las fotografías no hubo sonrisas de satisfacción. El expresidente (2008-2012) aparecía engrilletado bajo custodia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y quienes le acompañaban no eran su exesposa, el presidente de la AEUA, Alejos o Arzú. Eran once de los funcionarios —también engrilletados y recién capturados— que en abril de 2009 suscribieron el acuerdo gubernativo 103-2009, por medio del cual el Gobierno facultaba al Ministerio de Finanzas Públicas a otorgar US$35 millones del erario a favor de la AEUA para financiar el proceso de implementación del sistema prepago del Transurbano. Esa disposición, según la primera fase de una investigación revelada el martes por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contenía un fraude al Estado. 

Los principales actores señalados en la primera fase de este caso, cuya investigación inició en 2014 y que es la unificación de cuatro diferentes denuncias relacionadas con la misma transacción, son Colom, su ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight; su secretario privado Gustavo Alejos; y dos representantes legales de la AEAU, Luis Gómez González y Rudy Leonel Maldonado Castillo. Los dos últimos prófugos de la justicia desde el martes, y Alejos Cámbara en prisión desde hace casi dos años sindicado en otros casos de corrupción.

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Sobre Torres Casanova, explicó la fiscal general, Thelma Aldana, de momento no hay ninguna sindicación. De momento, porque, explicó, lo develado el martes solo fue la primera fase de la investigación de este caso. Aún falta determinar quiénes y cómo se beneficiaron con los cerca de Q30 millones, que se ha comprobado, se desviaron de los pagos efectuados por el Gobierno.

Por los supuestos delitos de fraude y peculado fueron capturados Colom y sus ministros Fuentes Knight (Finanzas), Salvador Gándara (Gobernación), Ana Ordoñez de Molina (Educación), Abraham Valenzuela González (Defensa), Édgar Alfredo Rodríguez (Trabajo), César Velásquez Rivera (Economía), Mario Roberto Aldana Pérez (Agricultura), Jerónimo Lancerio (Cultura y Deportes), Luis Ferraté (Ambiente), Celso Cerezo (Salud) y Alfredo Pokus (Energía y Minas). Luis Alfredo Alejos Olivero (Comunicaciones) no fue ubicado por las fuerzas de seguridad, mientras que Haroldo Rodas Melgar (Relaciones Exteriores) no fue detenido por gozar de inmunidad como diputado al Parlamento Centroamericano. En los próximos días, dijo Aldana, será presentado un proceso de antejuicio en su contra. Excepto Ferraté y Valenzuela que fueron hospitalizados por padecer quebrantos de salud, el resto de los exfuncionarios permanecerán en prisión preventiva hasta el próximo 23 de febrero cuando se realizará la audiencia de primera declaración.

Los directivos de la AEAU, Gómez González y Maldonado Castillo, fueron declarados prófugos de la justicia. Mientras que Alejos Cámbara fue citado para que el juez a cargo del caso le informe sobre los nuevos cargos en su contra.

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Horas después de su captura, Fuentes Knight, renunció al movimiento Semilla, partido político en formación del cual es fundador. Samuel Pérez Álvarez, secretario general de esa agrupación, manifestó su apoyo a la lucha contra la corrupción. “Como Semilla hemos sido bien claros en el apoyo al trabajo que ha hecho el MP y la Cicig. Tenemos mucha confianza en que las instituciones de justicia y los procesos puedan seguir caminando. Nosotros continuamos con la construcción del movimiento”, indicó.

El diputado Felipe Alejos Lorenzana, secretario general del partido Todos y primer vicepresidente del Congreso, era miembro de la UNE cuando se autorizó esa negociación y es hermano de Alejos Olivero. Dijo que desconocía el paradero del exministro de Comunicaciones, y señaló que “la responsabilidad penal es personal”. Espera, indicó, que “en este y en todos los casos se respete el debido proceso y la presunción de inocencia. Que todo se ventile y aclare en los tribunales que es donde corresponde y no en los medios de comunicación”.

Danza de millones

Aldana y el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, explicaron que por medio del acuerdo gubernativo 103-2009, el gobierno de Colom favoreció de manera arbitraria a la AEAU y se les benefició con al menos US$35 millones (Q270 millones) del erario. De esta cantidad, Q171,6 fueron transferidos al extranjero para pagar la maquinaria del sistema prepago del Transurbano, de los cuales Q9,5 millones retornaron a cuentas privadas de Guatemala, y Q19,3 millones más se desconoce su destino. Otros Q98,3 millones fueron gastados en el país, de los cuales Q54,3 millones también se desconoce en qué fueron gastados.

Los Q9.5 millones retornados al sistema bancario guatemalteco fueron acreditados a las cuentas de los empresarios Javier Arzú Tinoco (Q5.6 millones), sobrino del alcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen, y Juan Luis Rodríguez y la empresa Logimpex (Q1.9 millones). Se desconoce el destino final del dinero depositado en la cuenta de Arzú Tinoco, mientras que el depositado a Rodríguez y Logimpez fue transferido a una cuenta de Alejos Cámbara quien lo utilizó para adquirir acciones de la empresa Wenco Guatemala, S.A. Para determinar esos movimientos, el MP y la Cicig solicitaron informes a los sistemas bancarios de Guatemala, Malta, Brasil, Inglaterra y Estados Unidos.

Según Velásquez, el acuerdo gubernativo que dio vida a ese fraude fue aprobado de forma apresurada, sin que se convocara al Consejo de Ministros como lo ordena la Ley del Organismo Ejecutivo, sin un estudio previo sobre la necesidad del servicio, un análisis financiero que respaldara los US$35 millones asignados y la idoneidad de la AEAU para implementar el servicio prepago. La municipalidad capitalina, señaló, también formó parte de la trama.

Colom fue señalado de “intervenir de manera personal e institucional para facilitar el procedimiento fraudulento en la creación del acuerdo”. Las firmas de los ministros fueron recabadas de manera individual en diferentes lugares y no en Consejo de Ministros. “Tampoco impidió que el ministro de Finanzas (Fuentes Knight) realizara la modificación presupuestaria” que daba los pagos a la AEAU. Los ministros suscribieron el acuerdo sin oposición y con conocimiento de la asignación de los US$35 millones a la AEAU.

AEAU: de la UNE a Lider

Enrique Godoy García-Granados, concejal primero en la Municipalidad de Guatemala (2000–2008) y experto en temas de urbanismo, explicó que el caso Transurbano tiene tres fases: la autorización de U$35 millones a la AEAU para la implementación del sistema de prepago, sobre la cual está enfocada la primera fase de la investigación del MP y la Cicig. El otorgamiento de las garantías para el financiamiento de parte del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil para un crédito por US$36,2 millones para la compra de 3,150 unidades, así como el otorgamiento de permisos y licencias de operación. Y la posterior negociación con el Partido Patriota (PP) y Líder a finales del 2012 para garantizar el pago del subsidio del transporte, el cual sería utilizado para amortiguar el crédito con el banco brasileño.

“El Transurbano fue un proyecto con doble intención: el político-electoral y el negocio”, señaló.

Según Godoy, el presidente de la AEUA, Gómez González, buscó a Gustavo Alejos para gestionar el proyecto y para lograr el apoyo del gobierno y la UNE para conseguir la exoneración de los impuestos por el Congreso de la República para la compra de las unidades, así como el apoyo de la municipalidad de la capital que facilitó las licencias de operación y las rutas. “Se hizo una simulación, no cumplieron con los requisitos que establece la Ley de Contrataciones del Estado”, aseguró.

Tras haber concretado el proyecto, la AEAU negoció con Alejandro Sinibaldi del Partido Patriota y Manuel Baldizón Méndez de Libertad Democrática Renovada (Lider), la inclusión en el presupuesto de Gastos de Estado del subsidio para el transporte. A partir de ahí se inicia la alianza política y empresarial entre Baldizón y Gómez, la que en 2014 los llevaría a establecer un consorcio de medios de comunicación que fueron utilizados por Lider durante la campaña electoral de 2015.

El silencio de Torres y tres tuits borrados

En julio de 2015, por medio de su cuenta personal de Twitter, Sandra Torres se reconocía como promotora del Transurbano. Decía que era “un sistema funcional que mejoró la seguridad y dio dignidad a los usuarios”. Los tres mensajes que se referían a ese tema fueron borrados el martes luego de que empezaran a ser recordados en las redes sociales por tuiteros y periodistas, como una señal de su silencio respecto a este tema. La exesposa de Colom tampoco atendió las llamadas de los reporteros ni las peticiones de entrevista que se realizaron por medio de los diputados de su partido. “Ella no fue funcionaria pública ni ministra ni secretaría de Estado”, respondió el diputado Carlos Barreda, al ser preguntado sobre su posible implicación en este caso. “Nosotros confiamos en la Cicig y en el MP y esperamos que se pueda esclarecer la participación que tuvieron cada uno de los señalados”, agregó el legislador. Por medio de un comunicado, la UNE se solidarizó con Colom y los exministros detenidos, invocó “el principio de presunción de inocencia” y manifestó que “el sistema de justicia se impondrá”.

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Ronaldo Robles, secretario de Comunicación de la Presidencia durante el gobierno de Colom y disidente de la UNE, fue el único exfuncionario de esa Administración que lanzó un dardo en contra de Torres. Por medio de su cuenta de Twitter, Robles señaló que "laa mayoría de los hoy capturados por el caso #Transurbano firmó porque era un proyecto de Gobierno, que coordinaba la Primera Dama. La mayoría, ni enterados si hubo o no negociaciones espurias ni creo q todos salpicados de dinero- cosa que ahora se investigará. ¡Sí a la justicia!". 

Mientras que el exvicepresidente Rafael Espada, quien se negó a firmar el acuerdo gubernativo por tener “serias dudas en ese proyecto”, y porque había escuchado “rumores” de que era un gran negocio darle fondos públicos a una entidad privadas, dijo que no tenía conocimiento de si Torres estuvo detrás del negocio del Transurbano o si se benefició de este. Sin embargo, reconoció, al día siguiente de haber manifestado su oposición al proyecto, la exprimera dama le reclamó su actuación. “Me llamó para preguntarme por qué no firmé. Le dije que no tenía por qué explicar nada a ella”. Luego, agregó, le comentó sobre esa llamada a Colom quien le pidió “no le hagas caso, ya sabes cómo es ella”.

Las unidades del Transurbano y las paradas seguras fueron espacios exclusivos en donde se promovía la imagen de Torres y sus aspiraciones presidenciales.

El pacto por el Transurbano

Las extorsiones y asesinatos de pilotos fueron la excusa perfecta para que gobierno-transportistas-municipalidad, se embarcaran en el proyecto de modernización del transporte urbano en 2009. Las motivaciones eran claras y bien justificadas: implementar el sistema prepago para evitar que los conductores manejaran dinero; instalar paradas específicas con videovigilancia y asegurar el resguardo de las unidades con agentes privados, para restringir el ataque de los pandilleros. Todo esto, financiado en su mayoría con fondos públicos que fueron a caer a manos de empresas privadas.

El novedoso proyecto no podía ponerse en marcha en los destartalados buses rojos que los transportistas se rehusaban a cambiar. Ahí empezó el trato y el negocio que el martes llevó a la cárcel a Colom y nueve de sus ministros.

La Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) se constituyó en cuatro empresas privadas para gestionar un préstamo con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil, el cual les facilitaría el dinero para comprar 3,150 unidades, a un costo de US$126 mil cada uno. Las cuatro empresas fueron constituidas por la notaria Ana Elizabeth Mancur Milián y quedaron registradas como Concesionarios del Transporte, Corporación Milenium, Rutas Metropolitanas de Transporte y Tendencias Modernas. Sus representantes legales, a la vez directivos de la AEAU, eran Rudy Maldonado Castillo, Luis Alfonso Gómez González, Mario Vargas y Víctor Hugo Figueroa.

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La Municipalidad de Guatemala benefició directamente a estas empresas —sin que mediara competencia— con la concesión de las líneas de transporte por 25 años, mientras el Ejecutivo les aseguró un aporte de US$35 millones por medio del Acuerdo 103-2009, para poner en marcha el sistema prepago, así como otros fondos para implementar las estructuras para las paradas “seguras” y el sistema de monitoreo por cámaras.

En el Congreso, la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entonces oficial, consiguió el respaldo para legalizar al nuevo servicio bajo el nombre de Transurbano, aprobó la exoneración de impuestos e incluyó en el presupuesto nacional un monto de Q35 millones anuales para pagar a dos mil guardias de seguridad que debían viajar en los buses y cubrir el subsidio para que la cuota quedara en Q1.10.

El proyecto pudo transformar el sistema de transporte en la ciudad, pero fue un fiasco. El gobierno sí cumplió con su parte del trato, pero lo hizo con los ojos cerrados. Entregó los recursos sin exigir plazos o establecer sanciones por incumplimiento. Los empresarios solo trajeron 445 unidades de las 3,150 acordadas. El servicio de transporte público ha sido un eterno problema para todos los gobiernos. El sistema ha estado en manos privadas desde hace más de medio siglo. Inicialmente funcionaban como asociaciones individuales, pero desde finales de la década de los 70 y principios de los 80 se integraron en la AEAU. En esos años iniciaron las negociaciones para asegurarse un subsidio público al transporte, para no incrementar la tarifa del servicio, un tema que siempre implicaba manifestaciones y disturbios de parte de los afectados.

Desde entonces, no se sabe cómo se maneja el subsidio. El dinero estatal se paga a empresas privadas que no rinden cuentas de cómo lo distribuyen, a quién y bajo qué justificación lo hacen. El MP investiga una decena de quejas sobre supuestos fraudes en el pago de subsidio a empresarios que no prestan el servicio, entre otras. Estas no tienen que ver con el caso del Transurbano presentado el martes 13.

La organización Acción Ciudadana ha dado seguimiento a este tema desde que se puso en marcha. Marvin Flores, uno de los analistas de esa institución participó en la publicación de un informe detallado de fiscalización, asegura que el Ministerio de Finanzas (Minfin) desembolsó los US$35 millones (Q270 millones) acordados por el Ejecutivo: Q50 millones en 2009; Q55 millones en 2010; Q85 millones en 2011; y Q80 millones en 2012.

Pero no es todo el dinero que se le otorgó a ese proyecto. Otros Q56 millones fueron entregados al Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) en 2012, para edificar las paradas “seguras” en zonas a donde el Transurbano nunca llegó. La construcción se realizó bajo la administración del actual diputado de la UNE, Jairo Flores. La investigación presentada por el MP y la Cicig, no tomó en cuenta estos hechos, pero la fiscal Thelma Aldana explicó que se trata apenas de “la primera fase”, y que en el futuro darán a conocer sobre otros hechos y actores involucrados en el caso. 

Los Q35 millones anuales que se entregaban para el subsidio debían servir para cubrir el pago del diésel (Q21 millones), la contratación de dos mil agentes de seguridad para todas las unidades (Q8 millones) y la subvención a la tarifa (Q6 millones).

En la auditoría de 2010, la Contraloría General de Cuentas sancionó a los directivos de las cuatro empresas (que al mismo tiempo son dirigentes de la AEAU) por incumplir con los registros contables de los fondos públicos que recibía. Desde esa fecha, la institución identificó anomalías. Flores quiso saber si la excontralora Nora Segura había denunciado los hechos ante el Ministerio Público (MP), pero nunca obtuvo respuesta. Fue en 2015 que el actual contralor, Carlos Mencos presentó denuncias por diversas anomalías, especialmente por malos manejos del subsidio.

La trama de cómo se erogaron fondos públicos para el Transurbano es más compleja de lo que parece. Y tiene más implicados de los que hasta ahora han sido señalados. Los buses rojos destartalados son los esqueletos de la corrupción andando.