Embarazos adolescentes: la herencia envenenada
Embarazos adolescentes: la herencia envenenada
En Guatemala entre 2005 y 2015 hubo 25.229 partos de niñas menores de 15 años, según información del Ministerio de Salud Pública y el Registro Nacional de Personas. Las políticas públicas y acuerdos entre ministerios han sido múltiples. Se ha mejorado el registro de los casos, reformado la ley para penalizar a quien embarace a menores de 14 años y se ha elevado la edad en la que se puede autorizar un matrimonio; pero el problema no cede.
“Tengo 12 años. Mi hijo ya tiene 12 meses. Yo cursaba tercer grado de primaria cuando mi padrastro abusó de mí. Abandoné la escuela porque empecé a sentirme enferma y no sabía por qué. Mi mamá me llevó al centro de convergencia y me atendió un enfermero, quien le dijo a mi mamá que yo tenía siete meses de embarazo (…) A veces me pongo a jugar y me río mucho y luego me acuerdo que dejé a mi muñeco en la cama y que se puede caer…”.
La historia hace parte del estudio “Vidas Robadas” realizado por Planned Parenthood Global, sobre los embarazos en menores, y es parte del testimonio de una niña indígena del departamento de Alta Verapaz, quien no habla castellano.
En diez años, en Guatemala se han registrado 25,229 partos de niñas entre 10 y 14 años de edad; y 688,766 de mujeres entre 15 y 19 años, según datos del Ministerio de Salud y del Registro Nacional de Personas.
Es decir que en promedio 19 de cada 100 partos ocurridos en la última década son en madres adolescentes menores de 19 años. La situación ha movido al Gobierno a emprender acciones, pero no ha establecido una meta techo para controlar el problema. Tampoco se cuentan con los recursos suficientes para atenderlo.
En 2008 el Gobierno declaró como urgencia nacional la maternidad saludable y el Ministerio de Salud estableció el Modelo de Atención Integral y Diferenciada para Adolescentes, el cual debe garantizar servicios de salud con calidad, pero no hay claridad sobre si efectivamente las políticas contribuyen a la reducción del embarazo adolescente.
El viceministro del Ministerio de Salud Pública, Edgar González Barreno, dice que esa cartera no se ha puesto una meta para la reducción del embarazo en adolescentes, “porque aunque lo vamos atendiendo como un problema de salud pública y se han emprendido acciones de prevención, no se ha fijado un indicador”.
Si se hubiera fijado una meta concreta como ha pasado en el caso de desnutrición crónica, agrega, “nos estaríamos poniendo la soga al cuello, porque es una tarea que depende de más de una institución”.
En los últimos diez años el Gobierno reporta que ha invertido Q1,541.46 millones (US $209.54 millones) en el Programa de Salud Reproductiva y Mortalidad Materna y Neonatal. Un monto que incluye desde la promoción de mejores prácticas en la atención a las madres hasta la prevención de embarazos adolescentes.
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Aunque hay otros esfuerzos transversales para la atención de la salud de las embarazadas, desde los centros de salud hasta el parto en hospitales, si se toma en cuenta sólo lo destinado a este programa se podría calcular que se invirtió Q417 (US$55) por cada mujer que concluyó su embarazo en el periodo de 2005 a 2015.
La cifra es más exigua cuando se trata del Programa de Salud Reproductiva en adolescentes, el cual registra en los últimos tres años Q4.53 millones (US$603 mil). Eso representaría un gasto de Q6.34 por cada menor de 19 años embarazada registrada en ese mismo período. Es decir US$0.82 por cada menor invertido en tareas prevención, material didáctico, consejerías y capacitación a personal para realizar labores de promoción.
Un problema grave
Guatemala es un país joven, con más de la mitad de la población por debajo de los 20 años; pero condenado a perpetuar el ciclo de pobreza y desigualdad si no se atiende uno de los problemas sociales que afecta a este sector: los embarazos en adolescentes. Sólo en 2015 la cifra muestra que 2.429 partos son de menores de 15 en todo el país.
El fenómeno se presenta en todos los rincones de Guatemala. Según los análisis, El Progreso y Zacapa, dos departamentos con menor población indígena tienen las tasas más altas de partos en menores de 15 años con relación al total de población adolescente en esos territorios. Entre tanto, Sololá, Totonicapán y Alta Verapaz, los tres de mayoría indígena, registran las tasas más altas de partos en adolescentes menores de 15 años con relación al total de partos de mujeres de todas las edades en esas mismas regiones.
¿Quién atiende este problema?
Los esfuerzos por reducir los embarazos adolescentes en Guatemala han sido seguimientos de estrategias para la prevención de la transmisión de VIH y la búsqueda de reducción de la tasa global de fecundidad, y hasta hace muy poco, en 2008, un objetivo específico. En el rubro de fecundidad hubo un descenso entre 1995, cuando se registraba una tasa aproximada de cinco embarazos por mujer en edad fértil, y pasó a ser de tres en el periodo 2014-2015.
Aunque ha disminuido en general el número de embarazos por mujer, el espaciamiento en embarazos y la salud reproductiva parecen llegar muy tarde para muchas adolescentes. El Observatorio para la Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), una organización de sociedad civil que monitorea los indicadores de salud reproductiva, da cuenta de los vaivenes en el registro de los casos de embarazos adolescentes. En la búsqueda de una reducción de los embarazos en menores atendiendo tanto a la prevención en los espacios comunitarios como desde las aulas, las dos instituciones claves son el Ministerio de Salud Pública y el de Educación.
Luego de que el Congreso de Guatemala declarará en 2008 “la maternidad saludable” como una urgencia nacional y se aprobara al año siguiente la Ley de Acceso Universal y Equitativo de los Servicios de Planificación Familiar, comenzó el trabajo de OSAR. Desde la incidencia política de Osar en el Congreso pronto fue evidente que el mismo Ministerio de Salud no había dimensionado este problema.
Según explica Victoria Maldonado, consultora de OSAR, dice que las estadísticas acumuladas de los casos no atendidos en la red de salud pública quedaban fuera del registro del Ministerio de Salud. . La alternativa fue recurrir a los datos del Registro Nacional de Personas, en donde deben ser reportan los nacimientos y la edad de las madres. Sin dimensionar el problema era muy difícil que se le asignará atención y recursos.
Para 2010 se crea el protocolo de Vigilancia de la embarazada y de la muerte de mujeres en edad fértil (10 a 54 años) para la identificación de las muertes maternas. El entonces ministro de Salud, Ludwing Ovalle declaró en la presentación del protocolo: “En Guatemala en los últimos nueve años han muerto 2,431 mujeres como consecuencia de complicaciones en el embarazo, parto y puerperio, muchas de ellas prevenibles”. El funcionario reconoció que toda mujer embarazada “se considera de riesgo”, sin embargo, señaló, existen condiciones que hacen necesaria una vigilancia más estrecha, por ejemplo, cuando una mujer no está debidamente preparada para ser madre o cuando el embarazo se da en adolescentes., “Esto constituye en la mayoría de los casos un problema de salud materno infantil, porque afecta tanto a la madre, al niño, al padre, sus familias y la sociedad”.
Del reconocimiento del problema a su atención, a menudo hay una brecha muy larga. Este escollo es un problema crónico, ya que el país destaca por gastar menos del 1.6% de su PIB en salud, cuando estándares globales de las Naciones Unidas registran la necesidad de una inversión de no menos del 6% para garantizar el acceso a la salud integral para toda la población.
A la falta de recursos humanos y materiales de inversión por parte del Estado contribuyen además la falta de soporte institucional y la misma idiosincrasia, sobre todo en las poblaciones rurales, de tolerancia a las uniones a temprana edad. Maldonado fue coparticipe entre 2014 y 2015 del estudio Vidas robadas, un esfuerzo por el seguimiento de 20 casos de menores embarazadas para conocer sus condiciones sociales, económicas y de salud. En algunos casos, explica la consultora, cuando se ubicaba a las niñas y se determinaba la escuela a la que asistía, determinaron que los maestros no reportaban las razones por las que dejaban de asistir, por despreocupación.
Para 2014 una reforma al Código Penal guatemalteco establece que en todos los casos que se produzcan relaciones sexuales con menores de 14 años, consentidas o no, se considera un caso de violación sexual. El nuevo marco normativo además ordena al personal médico en cualquiera de sus niveles de atención a reportar estos casos al Ministerio Público para su investigación.
Héctor Fong, ginecobstetra y consultor de OSAR, reconoce que en 2014 “inusitadamente” hubo un descenso en el número de partos de adolescentes, el cual atribuyen a al cambio de la normativa. “Daba la impresión de que no se registraba a las madres adolescentes, si no que posiblemente a las abuelas y abuelos como los padres”.
En este panorama la respuesta institucional del Estado, la búsqueda de una reducción en el riesgo de muerte materna en las menores embarazas, según el asistente técnico del segundo nivel de atención del Sistema Integrado en Atención de Salud (SIAS) del Ministerio de Salud, Otto Coronado, se concretaba en cuatro pilares: Planificación familiar, la asistencia del parto institucional, la capacitación del personal de emergencias obstétricas, junto a un fortalecimiento de los recursos materiales; y la vigilancia epidemiológica.
¿Cómo se evitan casos como el de Ana?
El caso de Ana, la niña de 14 que terminó embarazada de su padrastro, no fue investigado por el Ministerio Público. Las autoridades indígenas en una asamblea comunitaria sentenciaron al presunto responsable a correr con los gastos de embarazo, parto y manutención del bebé. Una organización de mujeres de Alta Verapaz sí denunció el caso y la Procuraduría General de la Nación, a cargo de la protección legal de la infancia, pidió a la policía “el rescate inmediato de la niña”.
Ana fue trasladada de su comunidad a un hogar de acogida en la capital. Durante su último mes de embarazo pasó a una familia sustituta dispuesta por la Secretaría de Bienestar Social, también en la capital. La niña, al dar a luz, regresó a la cabecera de su departamento. El niño fue hospitalizado por cinco días porque sufría de asfixia perinatal, y días más tarde Ana volvió a consulta ya que le detectaron complicaciones por conservar restos de placenta tras el parto.
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Como estuvo hospitalizada no pudo acudir al Registro Nacional de Personas a reportar a su bebé. Sin este registro Ana no pudo tener acceso a la asistencia de alimentos, ropa y medicamentos de la Secretaría de Bienestar Social.
Las vidas en riesgo
El embarazo adolescente es también a menudo una condena para perpetuar el ciclo de pobreza. Frena la posibilidad de las menores de llevar una vida independiente, condenándolas a pasar de realizar los oficios domésticos en una familia a las mismas tareas en otra; eleva su riesgo de depresión y pone en riesgo su salud y la del bebé antes, durante y después del parto. Además, como no suelen asistir a controles prenatales, o lo hacen tarde por falta de asistencia médica, o retardo en el diagnóstico, se exponen a un mayor riesgo según recoge la Guía de Atención Integral y Diferenciada para la atención de menores de 14 años.
Aunque en teoría el personal de salud en todos los niveles de atención —desde el promotor o la enfermera de un centro de salud hasta un ginecobstetra de un hospital nacional— está capacitado para denunciar el caso de una menor de 14 años embarazada, en cada área se toman decisiones para agilizar la atención según las condiciones locales. No es raro encontrar que el agresor es un familiar, como en el caso de Ana. Según el coordinador del Programa Nacional de Salud Reproductiva, Helmut Herrera, la atención de estas condiciones fluctúa de un departamento a otro, el cual por lo general conforma un área de Salud independiente.
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Se han reportado casos en donde el personal de salud ha sido expulsado, amenazado o retenido en una comunidad tras registrar una denuncia judicial al atender a una menor de 14 años embarazada.
La historia de Ana pone revela los vacíos de este procedimiento: una respuesta institucional que en algunos casos revictimiza a la menor, incluso si es atendida puede ser separada de la familia para luego regresar al entorno donde sufrió la agresión. En el plano físico, al no encontrarse la menor completamente desarrollada, esto puede provocar la necesidad de una cesárea, e incluso hemorragias e infecciones. Así como el trauma psicológico de sufrir unos dolores de parto para los cuales su edad no la ha preparado.
Lo más grave es el riesgo mortal al que se exponen. “El riesgo de mortalidad materna aumenta hasta cuatro veces el riesgo normal en estos casos”, señaló Fong, ginecobstetra y docente universitario. En las menores de 14 años, agrega, no son raros los problemas de parto prematuro e hipertensión durante el embarazo. Hemorragias, infecciones, trabajos de parto complicados que pueden costarles la vida a las menores.
Para los bebes nacidos de madres adolescentes su mismo nacimiento los puede condenar a enfermedades crónicas. Sufren restricción en su crecimiento, y casi tres veces más posibilidades de tener bajo peso. “Cuando sean adultos pueden presentar problemas crónicos como obesidad e hipertensión”, señala Fong. Además, se comportan casi igual que los niños obesos, aunque hayan nacido con bajo peso; sufren cambios anatómicos a nivel cerebral, y tienen la tendencia a comer más cuando llegan a ser adultos.
Aunque los embarazos adolescentes representan para las menores un riesgo mortal y para sus hijos el peligro de una vida con problemas de salud crónicos, éstos no se detienen. El Estado sigue sin asumir metas claras para acabar con este problema, y destinando recursos exiguos para la promoción de la educación sexual y la salud reproductiva, en medio de un ambiente hostil.
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