¿En dónde denunciamos si no nos responden?

Escribir este ensayo fue un reto personal complejo porque quiero decir mucho, pero no lo tenía estructurado ni ordenado. También porque tengo más preguntas que respuestas y porque la violencia que enfrentamos las mujeres me revuelve y me jode profundamente. 

Escribo desde mi condición de mujer guatemalteca, feminista y desde la experiencia de abogada penalista. Conocí el sistema de justicia penal, especialmente el Ministerio Público (MP), desde dentro como funcionaria, desde fuera como litigante, y ahora lo hago desde la distancia, como abogada cansada. 

Denunciar la violencia física, sexual, económica o psicológica ante el MP es un derecho indiscutible que les pertenece a las mujeres y niñas. Son ellas quienes deben decidir si quieren o pueden ejercerlo. Sin embargo, al hacerlo se enfrentarán a una serie de etapas que conforman el proceso penal, que es difícil y desgastante. 

Durante más de tres años, al iniciar y terminar mis jornadas de trabajo en el MP (algunas desde muy temprano y hasta muy tarde) atravesaba la sede del Modelo de Atención Integral (MAI). Había fiscales, médicos forenses y personal judicial para atender las denuncias de mujeres y niñas víctimas de violencia. Deseaba ver sillas vacías. Pensaba que al cambiar de horario no me toparía con grupos de mujeres preocupadas y con miradas ausentes o rostros reventados por los golpes. Sin embargo, sin importar la hora, ahí estaban esperando. 

No solo era mi percepción. Los datos lo corroboraban. Durante 2012 en términos globales aumentó la efectividad y eficacia del MP. La Ley de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, que reconoce el delito de violencia —física, sexual, económica o psicológica— contra la mujer, tenía cuatro años de vigencia. Además, desde 2010 se implementó una serie de medidas de justicia especializada para las mujeres, como los juzgados de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y la creación de fiscalías de la Mujer. 

En 2012 este delito fue el más denunciado. Hubo 41,000 casos. En promedio, 112 al día. Ese año hubo 835 sentencias, una cifra positiva en comparación con las de años anteriores. El sistema comenzaba a dar respuestas a las mujeres que denunciaban, era incipiente.

Diez años después las cifras no han variado. Según el último reporte de 2020, la violencia contra la mujer es el segundo delito más denunciado. Hubo 53,840 denuncias, un promedio de 147 diarias. Se dictaron 581 sentencias.

Estas cifras revelan la magnitud del fenómeno. Son miles de denuncias, pero la respuesta del Sistema de Justicia es limitada. No se puede negar el avance, esfuerzo y trabajo riguroso de muchas mujeres, a quienes admiro, han hecho frente al problema. No se puede ignorar su trabajo trabajo duro. También se sobreponen al dolor que el tema les causa  cuando investigan, persiguen y acompañan a las víctimas para lograr sentencias.

El camino de la denuncia, investigación y sanción penal es largo y doloroso. El sistema es lento y está sobrecargado. Además, su respuesta, que en el mejor de los casos proporciona una sentencia que impone sanciones al agresor, muchas veces no se relaciona con las expectativas y necesidades de las mujeres víctimas. Atenderá al diseño del sistema penal, que se ocupa de responder con violencia regulada (prisión, por ejemplo) a la violencia ejercida por las personas.

Además, las mujeres que denuncian no siempre esperan lo mismo. A veces quieren el cese de la violencia, que las cargas de cuidados y económicas sean equitativas, que las dejen en paz, que otras no pasen lo mismo o que se reconozca el daño que sufrieron. 

Los avances son innegables. Hay normativa específica y modelos de atención primaria a mujeres víctimas. También se valora la reparación de daños cuando hay salidas judiciales, como sentencias. Pero recordemos que la naturaleza del sistema penal es retributivo. Su objetivo es sancionar las conductas criminales, no dar respuestas a las víctimas. 

Por lo tanto, las mujeres que denuncian no reciben respuesta a sus motivaciones profundas e individuales, sino una uniforme: la sanción al agresor. Eso solo en algunos casos. En la mayoría, las mujeres y niñas tienen que reunir fuerzas para denunciar, pero solo recibirán un número de expediente como prueba de que alguien más investiga lo que les pasó.

Ellas deben lidiar con los impactos que genera la violencia. Sus historias y sus cuerpos tendrán que experimentar la impunidad. 

¿A dónde van las mujeres mujeres víctimas? ¿Dónde depositan la carga? ¿A quién le explican que sufrir violencia es una experiencia común para las mujeres pero cada una la vive diferente? ¿La respuesta es la denuncia penal?

Uno de los conceptos que utilizamos para entender la función del derecho y del sistema de justicia penal es el control social. En la sociedad existen muchos espacios en los que se usan mecanismos de revisión de conductas de las personas para que sean congruentes con las expectativas de los demás. 

Escuelas, iglesias, universidades, grupos de militancia social, por ejemplo, son espacios de control social. De esos, el sistema de justicia penal es el más formalizado porque tiene reglas claras y sanciona. Pero no es el único. Ahora algunas de las mujeres que han sufrido acoso y violencia sexual acuden a otros, como las redes sociales, para contar sus experiencias y denunciar.

¿Podemos considerar las redes sociales como un espacio más para evidenciar que la violencia contra las mujeres no será ocultada ni tolerada en silencio? ¿Nos sirven para debatir sobre los cambios sociales necesarios? Las mujeres también reclamaron como suyas las calles y las plazas. Las han llenado con sus cuerpos y con pronunciamientos claros y directos sobre la violencia que vivimos. 

No hay tranquilidad en la idea de que las mujeres deben conformarse con la única respuesta que da el Estado: un número y un expediente de investigación. Además, el fenómeno de la violencia contra las mujeres no puede resolverse desde el sistema de justicia penal porque llega tarde, solo cuando el daño está hecho. Debemos tomar medidas que nos involucren como sociedad para cambiar las causas que la permiten y toleran. 

Las mujeres tampoco deben cargar su experiencia en soledad o solo compartirla en el ámbito privado. Rechazo la idea de que «los trapos sucios se lavan en casa». Ante la violencia debemos levantar la voz, señalar, pintar paredes y pronunciarnos para obligar a la sociedad a reconocer su participación, su complicidad y su obligación de cambio. 

Pedir a las mujeres que solo denuncien ante las instituciones y cumplir con los formalismos del sistema de justicia penal significa una vuelta a la noción de que no somos dueñas de nuestros cuerpos y de nuestras historias. Implica que solo tenemos permiso a hacer lo que al resto del mundo le parece razonable, riguroso y bajo control, y que puede medirse, evaluarse y considerarse sensato, bueno y oportuno.  

La pregunta que subyace es la misma que obsesiona y atormenta a todas las que nos enfrentamos a la violencia contra las mujeres: ¿Qué hacemos como sociedad para ponerle fin a esa práctica que nos hace tanto daño?