Fronteras y territorios transregionales: más allá del nacionalismo metodológico

Esa delimitación generalmente tiene dos aspectos: por un lado, el legal entre Estados soberanos y, por otro, el espacio cultural donde se producen encuentros, interacciones y dinámicas poblacionales. No obstante, las fronteras actuales son un producto social y políticamente construido, que cambia según las circunstancias históricas y socioculturales de los territorios y que, por tanto, con su surgimiento diferencia y unifica poblaciones simultáneamente.

De esa cuenta, nuestros Estados han operado desde la lógica de una nación contenida dentro de los límites territoriales sin considerar precisamente las dinámicas que ocurren a ambos lados de la línea imaginaria (o no). Por ejemplo, en la región ch’orti’ entre Honduras y Guatemala existen intercambios comerciales, peregrinaciones hacia la basílica de Esquipulas y celebraciones familiares a uno y otro lado de ambos países. Si vemos hacia el norte, entre Chiapas, México, y San Marcos, Guatemala, sucede lo mismo cruzando ida y vuelta el río Suchiate. Todo ello diluye la idea de límite o frontera y crea un continuo espacial y cultural, así como identidades que se reestructuran y trascienden lo nacional.

Por tanto, más que países aislados, somos una región que comparte cultura, vínculos sociales, condiciones socioeconómicas y retos políticos y, en el contexto actual, migratorios que es necesario abordar de manera conjunta. Esto lo proponen Jonas y Rodríguez (2014) [1] con su concepto de región migratoria como una unidad de análisis que visibiliza la interacción de actores en un territorio ampliado que trasciende fronteras nacionales.

Ello nos exige salir del nacionalismo metodológico que menciona Glick Schiller (2009) [2], quien critica el enfoque nacionalista, pues limita la mirada y la acción. La autora propone salir de las fronteras de naciones-Estado y adoptar una perspectiva transnacional que permita explicar las dinámicas locales, nacionales y globales, así como sus interacciones, ya que vivimos cada vez más entrelazados como sociedades globalizadas.

Las migraciones constituyen un proceso que cruza fronteras. De esa cuenta, el Estado es un actor cuyas estructuras de poder (instituciones, políticas públicas, funcionarios, etcétera) se ven restringidas fuera del territorio nacional. En esta lógica, Ghosh (2008) [3] indica que es necesario un Estado capaz de proteger a las personas más allá de sus límites administrativos, es decir, un Estado transnacional.

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Para ello se debe reconocer a las personas como sujetos de derechos y obligaciones dentro y fuera de fronteras sin importar su perfil. Así, el migrante, sin importar su perfil o estatus regular o irregular, es protegido desde sus derechos humanos y reconocido como ciudadano dentro y fuera de fronteras, de modo que se le otorga una membresía global, que trasciende su pertenencia a un país específico, o una ciudadanía transnacional, como indica Fox (2005).

Esta propuesta viene al caso dada la realidad reciente con las caravanas migrantes, los niños migrantes no acompañados y los desafíos para la reinserción de retornados forzados, entre otros temas que nos obligan a articular esfuerzos de colaboración para implementar políticas públicas regionales. En ese sentido, también es necesario que los distintos actores que intervienen en el proceso migratorio, como las ONG, las comunidades, la academia, las instituciones estatales y los gobiernos locales, unifiquen esfuerzos más allá de los límites entre Estados.

Cabe notar que ya existen instituciones que pueden potenciar esta articulación, como la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), creada en 1996 para promover la cooperación sobre el tema entre los 11 países miembros; la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM), mediante la cual la sociedad civil de 11 países dialoga con los Estados; el Parlamento Centroamericano (Parlacén), como foro de análisis de asuntos de la región, y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que promueve el fortalecimiento institucional con una perspectiva regional, entre otras. Lo que se propone entonces es que dichas entidades trabajen con enfoques unificados, como el derecho a migrar y a no migrar, la creación de lineamientos regulatorios, protocolos de atención y políticas migratorias coordinadas, y con una perspectiva de inclusión de poblaciones vulnerables (mujeres, niños, LGBTI) para la generación de respuestas integrales que garanticen los derechos humanos de los migrantes en toda la región migratoria, trascendiendo fronteras.

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