Human Rights Watch: “El gobierno de Guatemala está al borde de violar la Carta Democrática”

Human Rights Watch advirtió de la gravedad de la situación a la que el presidente Jimmy Morales ha llevado al país, tras ordenar impedir el regreso de Iván Velásquez Gómez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Su director adjunto para América Latina, Daniel Wilkinson, en entrevista con Plaza Pública desde Washington, dijo que si el Ejecutivo guatemalteco desobedece las órdenes de la Corte de Constitucionalidad, justificaría que la Organización de Estados Americanos (OEA) invoque la Carta Democrática Interamericana para restablecer el Estado de derecho en Guatemala.

La Carta Democrática Interamericana fue firmada en 2001 y supone un compromiso de los Estados del continente para responder colectivamente cuando existe una amenaza al orden, a los sistemas democráticos, explica Wilkinson.

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El documento establece consecuencias directas para los gobiernos que contribuyen a esta amenaza. “La ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro”, dice la carta, constituye un obstáculo para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y otros órganos de la OEA. Se suspenderán por lo tanto sus derechos de participación en la organización.

Además, si se altera el orden constitucional, cualquier otro Estado o el Secretario General de la OEA podrán solicitar que se convoque el Consejo Permanente. Este consejo tiene la posibilidad de hacer las gestiones diplomáticas necesarias “para promover la normalización de la institucionalidad”, dice el documento.

Wilkinson recuerda que la Carta ya se ha aplicado en varios países de América Latina. En Venezuela, en 2002; en Bolivia, en 2003, 2005 y 2008; en Perú en 2004; en Nicaragua en 2004 y 2005; en Ecuador en 2005 y 2010; y en Honduras en 2009.

“Es importante responder no solo a los golpes de Estado sino a las amenazas que vienen del propio Gobierno —explica el director adjunto de Human Rights Watch—. Cuando hay un contexto en el cual el presidente, el Ejecutivo, decide no cumplir con órdenes judiciales, ignorar las decisiones de la misma Corte de Constitucionalidad, eso es violar el sistema constitucional del país”.

Para refrescar la memoria: el pasado domingo la Corte de Constitucionalidad, en un fallo unánime pero ambiguo, dictaminó que el comisionado de la Cicig puede regresar al país después de que el gobierno impidiera su ingreso dos semanas atrás. Sin embargo, al día siguiente, la canciller Sandra Jovel, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar, dijeron que la prohibición contra Iván Velásquez continuaba vigente. Según la interpretación del Ejecutivo, la Corte no hacía referencia a Velásquez, a pesar de que estaba resolviendo una acción de amparo que se refería específicamente a él. Fue necesario que el abogado Alfonso Carrillo, quien planteó el recurso objeto de amparo otorgado de manera provisional el pasado domingo, pidiera al máximo tribunal una ampliación de este, a efecto de que aclarara si al indicar en el fallo “Comisionado o Comisionada” se referían a Velásquez Gómez o a otra persona. La noche del miércoles, en un fallo dividido tres a dos (los togados Dina Ochoa y Neftaly Aldana votaron en contra), los magistrados de la Corte aclararon que el amparado es Iván Velásquez Gómez, comisionado de la Cicig designado por el Secretario General de las Naciones Unidas.  

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“Con la ampliación no queda ninguna duda: el presidente Morales tiene que permitir el retorno del comisionado Velásquez. Si no lo hace, estará violando el Estado de Derecho”, señala Wilkinson.

Según su criterio, las decisiones del Ejecutivo mostradas hasta el momento crean una situación de emergencia en la que la Carta de la Organización de Estados Americanos sería aplicable. “Esto quiere decir que la OEA, cualquier miembro o el secretario general podrían convocar una reunión del Consejo Permanente para estudiar la situación”, aunque estarían pendientes de que el Gobierno acate lo resuelto por la Corte y permita el ingreso de Velásquez al país para que continúe con su trabajo al frente de la Cicig hasta septiembre del próximo año, que es cuando vence el mandato de la comisión.

Si el gobierno desobedece el dictamen, Guatemala entraría en una situación que la Carta Democrática contempla. “Es un tema de preocupación para todos los estados democráticos de la región”, asegura.

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¿Por qué anticiparse?, se pregunta Wilkinson con relación al comunicado emitido por Human Rights Watch la mañana del miércoles. “El mismo presidente ha dicho que no va a aceptar órdenes ilegales. En el contexto, sugería casi amenazar que si a él no le gustaban las órdenes del poder judicial y de la Corte de Constitucionalidad, (estas) no se iban a cumplir”. El director de la organización recuerda que en un Estado de Derecho, el presidente no decide qué es la ley. Son las Cortes, y al mandatario no le queda otra opción que cumplir con lo que éstas ordenen. “Si el presidente decide no cumplir, estaremos ante una situación grave”, concluye.

—¿El Estado está incumpliendo ahora?

—Están al borde de violar flagrantemente la Carta Democrática.

Según Wilkinson, la voz de la sociedad civil es clave en este contexto. “La comunidad internacional siempre ha tomado en cuenta las exigencias que vienen de la sociedad civil y de la calle, de la población, de la mayoría que sí quiere que avance la lucha contra la impunidad. Es muy relevante para cualquier respuesta de la comunidad internacional”, asegura.

Por ahora plantea el siguiente escenario: si el Gobierno decide desatender la resolución de la Corte se convocaría a una sesión en la Organización de Estados Americanos para estudiar la situación. En ella, se escucharía al Gobierno de Guatemala, y también a las demás partes.

El siguiente paso, buscar acciones diplomáticas para que el Ejecutivo rectifique. Si no hay interés de Jimmy Morales, se podrían llegar a situaciones más extremas. “Cuando hay una ruptura total, que llega casi a ser autogolpe, o una negación total de la democracia, puede llegar una acción como suspender al país de la OEA”.

“Pero eso ocurría más adelante —prefiere no anticiparse tanto Wilkinson—. El primer paso es invocar la Carta y decir qué estamos viendo. Si el Gobierno no está cumpliendo con la Corte, si lo hace de forma flagrante, eso es una violación de la Carta y merece la atención y la respuesta de la OEA. Convocar una sesión y ver cómo se puede colaborar con el Estado”.