InsightCrime.org: Petén de política, mafias y empresas

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Plaza Pública pone a disposición de sus lectores el resumen ejecutivo del Informe Petén de Insight Crime en español y un análisis de David Martínez-Amador, columnista de Plaza Pública y experto en crimen organizado, titulado Una biopsia reveladora.

(Resumen Ejecutivo)

En Petén se ha constituido una estructura de poder vertebrada en torno a los grupos de alcance nacional liderados por Manuel Baldizón y Manuel Barquín; los grupos locales de poder de Julián Tesucún (San José) y Javier López (San Benito); el grupo criminal de la familia Mendoza y el grupo transnacional PERENCO. Éstos son la estructura de poder real en el departamento y tienen un control fuerte sobre la política electoral, la ejecución de la obra pública, los territorios y la institucionalidad estatal, formando una intrincada red que les permite obtener beneficios económicos, criminales, judiciales, políticos y de legitimidad social.

En la interacción entre estos grupos se difuminan las fronteras entre lo lícito e ilícito. Durante los últimos ocho años han controlado al menos Q. 635.3 millones de la ejecución de la obra pública, que se ha convertido en el botín de estos grupos. La “liga mayor” del negocio público en el caso de Petén, son los grupos de poder regional con representación legislativa, Baldizón y Barquín, y el grupo criminal de alcance nacional, los Mendoza. La asignación de fondos desde los listados geográficos de obras para las organizaciones no gubernamentales manejados por estos grupos, permite inferir la existencia de algún tipo de acuerdos de largo alcance.

En el ambiente político petenero, el grupo Baldizón y el partido LIDER tiene una fuerte influencia sobre cinco corporaciones municipales (Flores, San Luis, Melchor de Mencos, La Libertad y San Andrés) y el grupo Barquín, en alianza con Julián Tesucún y Javier López y en el marco de la coalición UNE- GANA, tiene nexos con cuatro alcaldías (San José, San Benito, Dolores y Poptún).

Por su lado, el grupo de Simón Penados, que es la punta de lanza del Partido Patriota para las elecciones 2011, influye sobre dos corporaciones municipales (San Francisco y Santa Ana). El grupo Cifuentes-Segura de Sayaxché constituye un caso particular, utilizando como instrumento político el Partido Unionista.

Penados y el Partido Patriota, quienes buscan disputar su lugar en el reparto de poder en Petén, muestran la mayor cercanía a grupos criminales: Gustavo Díaz, Jaime Regalado, Henry Amézquita, Hugo Espina y Leonidas Sandoval tienen implicación directa o indirecta con grupos del narcotráfico y figuran como candidatos del PP. Este tipo de vinculación también se observa en el caso de Ricardo Ávila en el partido LIDER, Julián Tesucún en la alianza UNE-GANA y Waldemar Segura Cifuentes con el Unionismo.

En términos territoriales, ocho de los grupos identificados en la investigación absorben aproximadamente el 10.5 por ciento de las tierras disponibles para agricultura en Petén. Las más grandes extensiones pertenecen a los grupos transnacionales alrededor de la palma africana, la teca y la melina, así como a las organizaciones del crimen organizado.

Metodología de la investigación

Los enunciados anteriores son algunos de los principales hallazgos de la investigación sobre Grupos de Poder en Petén, cuya realización permitió la indagación sistemática, a través de la utilización de distintos métodos e instrumentos de investigación, de las redes de poder en uno de los departamentos menos estudiados en términos sociopolíticos y con una importancia estratégica para el país y para distintos actores sociales.

El objeto de estudio planteado – los grupos de poder regional – ha sido relativamente poco estudiado en Guatemala. Los resultados de la investigación dan, en primer lugar, elementos para la identificación de estos grupos, su caracterización y sus estrategias de acumulación política y económica. En segundo lugar, elementos sobre su interacción con grupos criminales y su impacto en el sistema político.

Los grupos de poder estudiados son redes de personas y familias que tienen su base de acumulación política y económica en Petén y utilizan estos recursos para fortalecer y ampliar su base. Estos grupos tienen un núcleo duro integrado por redes de parentesco y/o territoriales con una delimitación muy local - generalmente no trascienden del municipio – y se expanden a partir del establecimiento de vínculos políticos y económicos con otros actores locales y nacionales.

Baldizón y Barquín, caciques con aspiración nacional

Usando como base esta definición, se logró identificar y caracterizar dos de los principales grupos de poder regional con proyección nacional, cuya influencia ha sido determinante en los procesos políticos recientes y tienen participación importante en la contienda electoral 2011. Estos son los grupos articulados alrededor de las figuras de Manuel Antonio Baldizón Méndez – dirigente máximo de LIDER y candidato presidencial de este partido – y de Manuel de Jesús Barquín Durán – diputado por el Distrito de Petén, candidato a diputado por el listado nacional, dirigente nacional de la GANA y actor clave en la constitución de la coalición UNE-GANA -.

También se logró identificar grupos con proyección municipal que están en proceso de transición y articulación de redes de influencia nacional. Estos casos corresponden a Simón Vinicio Penados Gómez, electo en las elecciones de 2007 como alcalde del Municipio de San Francisco por la UNE y actual candidato a diputado distrital por el Partido Patriota, quien ha logrado articular una red de líderes locales en Petén para impulsar su propia candidatura y la de Otto Pérez Molina. En el caso del municipio de San José, el grupo liderado por Julián Tesucún ha logrado consolidarse en el ámbito municipal y ahora lidera la candidatura distrital a diputado por Petén por la coalición UNE-GANA.

De acuerdo con la información disponible, se trabajó en la misma dirección con los grupos criminales que tienen presencia en Petén. Los grupos de carácter nacional son Mendoza, Lorenzana y León, quienes, pese a no ser originarios del departamento, han convertido a Petén no sólo en su corredor para el trasiego de mercancías ilícitas, sino también en una suerte de retaguardia estratégica. El análisis socio territorial permitió ubicar la presencia de estos grupos criminales, y de otros de carácter local en el departamento, a partir de la identificación de amplias propiedades, el estudio de su participación en el entramado de la obra pública y la diversificación de sus actividades productivas, así como las consecuencias sociales de su presencia en varios municipios.

El Municipio de Sayaxché y San Benito merecieron un análisis particular. El primero, porque el grupo de poder local, Cifuentes-Segura, que ha hecho gobierno municipal en tres ocasiones, ha tenido vínculos evidentes con el narcotráfico en diferentes momentos, y porque es un territorio que ejemplifica las disputas y transiciones de diferentes grupos del crimen organizado.

El segundo, cuyo Alcalde Municipal Javier López Marroquín se postuló a la reelección por cuarta vez, llamó la atención en el transcurso de la investigación por ser un municipio que atrae cantidades considerables de inversión pública, y donde los altos índices de violencia pareciera ser el resultado de diferentes expresiones del crimen organizado.

Una vez identificados y caracterizados estos grupos se analizaron los espacios o ámbitos de interfase, es decir aquellas esferas de acción social en que estos grupos interactúan sea por asociación, competencia o coincidencia. En particular, se observó la interacción en el entramado de la obra pública, la política partidista/electoral y el territorio. Estas son distinciones analíticas, ya que las fronteras entre estas áreas de interfase son borrosas, como lo son los límites de los grupos de poder y los grupos criminales.

La política: el centro de todo

La política como base de acumulación es central para la comprensión de estos grupos, que desde cargos de elección popular, principalmente alcaldías y diputaciones, logran articular, mediante el control de la obra pública, redes de clientela política y entramados de negocios.

Las elecciones se convierten entonces en una suerte de coyuntura crítica en la que los distintos grupos compiten por ocupar las posiciones clave para las decisiones públicas. Las alcaldías, las diputaciones y el mismo ejecutivo son objeto de esta disputa. Como el objetivo principal es garantizarse negocios, las elecciones son vistas como una inversión para aumentar la probabilidad de ocupar posiciones estratégicas que rentabilicen la inversión.

Un elemento común de las redes electorales que construyen estos grupos de poder es la conformación de un núcleo duro que se mantiene relativamente estable y que gira alrededor de la figura central. Por lo demás, estas redes se caracterizan por su dinamismo e inestabilidad.

En los procesos de ruptura y alianza entre los grupos de poder no se observan regularidades, ni se demuestran comportamientos basados en afinidad ideológica o cohesión en torno a un planteamiento político regional.

Esta dinámica es un reflejo de la ausencia de una élite regional que actúe de manera cohesionada para el impulso de una agenda política departamental. El elemento de cohesión es la disputa de recursos, cargos y privilegios en el marco de un sistema político y económico dado.

Los dos grupos de poder con alcance nacional que fueron investigados -Baldizón y Barquín - monopolizan la representación distrital en el Congreso, mantienen alianzas e influencia política con alcaldes y sobre corporaciones municipales, y tienen fuertes nexos con ONGs y empresas.

El presupuesto nacional y las elecciones, clave del poder

Estos grupos tienen acceso directo al espacio más importante de negociación del presupuesto público, y esto les permite:

-­‐ Controlar lo relacionado con el “listado geográfico de obras” para Petén, especialmente en cuanto al destino de los recursos

-­‐ Canalizar estos recursos por sus redes y utilizarlos como parte de su base de acumulación económica

-­‐ Negociar intercambios con otros grupos y actores

-­‐  Utilizar las obras como instrumento para la acumulación política

El análisis de las redes conformadas alrededor de los negocios de la obra pública evidencia que es un instrumento concreto para la acumulación económica de los grupos de poder y los grupos criminales, a través de cuotas y porcentajes asignados a los distintos actores que intervienen en el proceso. El éxito en el control de la obra pública les permite fortalecer su base social a través de distintos tipos de intercambios y ampliar su influencia política.

Las ejecuciones de las obras públicas proporcionan a los grupos de poder un instrumento de acumulación política y legitimación social. Por un lado, se utilizan las obras para presentarse como benefactores y promotores del desarrollo, y por otro lado, esta idea se afianza en el imaginario de la población. La obra pública se personifica en las figuras centrales de los grupos de poder.

Es en estos ámbitos de interacción donde se establecen amplias redes de contacto, interrelación e intercambios. Es en estos espacios en los que se materializa lo que se ha denominado como la “infiltración del crimen organizado” en estructuras políticas, estatales y sociales.

El análisis realizado durante la investigación estableció vínculos directos de empresas intermediarias, cuyo principal interés es económico, con grupos de poder específicos. Se evidencia además la existencia de manipulación y tráfico de influencias en los procesos de adjudicación de obras para favorecer a estas empresas.

Frente a las elecciones 2011, los grupos de poder investigados se han alineado en torno a los principales proyectos partidarios. En el caso de la alianza UNE-GANA; las redes de Barquín, Tesucún y López optaron por apoyar la candidatura de Sandra Torres. En el caso del Patriota, la red de Simón Vinicio Penados forma parte de la estructura departamental, mientras la red de Baldizón, está en el centro del proyecto LIDER.

A nivel de las candidaturas a las alcaldías y las diputaciones distritales se puede distinguir entre dos formas concretas de vínculos entre las redes electorales de los grupos de poder y los grupos criminales: 1) la postulación de personas que aparentemente no forman parte de una estructura criminal, pero que tienen nexos políticos que los compromete con el crimen organizado. 2) la participación política directa de personas que están involucradas en las estructuras criminales.

No se puede señalar con seguridad si estas relaciones son de conocimiento de los líderes nacionales de los partidos o sus candidatos. Sin embargo, sí se puede afirmar que estos vínculos “contaminan” los proyectos políticos. No se trata de una infiltración oculta o clandestina, sino de la participación abierta de éstos.