JAFK: Se renunció al impuesto a las telefónicas a cambio de aportes a la campaña de Torres

Hay, han de saber, dos formas de leer este libro (porque hoy vamos a hablar de un libro que habla de un gobierno).

Una que busca la explicación larga, sistemática, justificada y dura de la lógica reformista y las vicisitudes que guiaron dos años y medio de trabajo dentro del único ministerio que es presionado no sólo por el Congreso, el Organismo Judicial, y el sector privado, sino también por el mismo Gabinete de Gobierno: el Ministerio de Finanzas Públicas, el encargado del Tesoro Público.

La otra es una lectura más descoyuntada, menos académica, quizá un poco morbosa y ciertamente periodística. Algo anecdótica, si se quiere, si no fuera por su importancia para comprender la realpolitik guatemalteca. Para desmantelar mitos y discursos consabidos, para develar hipocresías, para mostrar que entretelones mucho de lo que sucede es una gran farsa o un gran negocio.

Ambas lecturas se combinan.

El hilo conductor del libro es el empeño del Ministerio de Finanzas de llevar a cabo una reforma fiscal con propuestas cada vez más degradadas. “El espíritu de un pueblo, su nivel cultural, su estructura social, los logros que su política formule, todo esto y más está escrito en su historia fiscal, desnudada de cualquier adorno. Aquel que sabe cómo escuchar aquí su mensaje puede discernir el trueno la historia mundial más claramente que en cualquier otro lugar”, se cita en el libro.

Pero no describe, desnudada de cualquier adorno, la estructura fiscal. Las intrigas, los sabotajes internos del Gobierno (las amenazas serias), las insinuadas trampas que como pequeñas conspiraciones urden en el Congreso diputados que en lo público se muestran antagónicos, la corrupción del sector público y del sector privado, sus conflictos de interés, los ingeniosos fraudes, el esfuerzo, la incompetencia, la prensa, el G–8, Sandra Torres, Gustavo Alejos, Manuel Baldizón, Colom, Alejandro Sinibaldi, Roxanna Baldetti, la estafa de MDF y Efraín Bámaca de fondo en las negociaciones, todo ello son los personajes, el decorado, la escenificación circunstancial de la tragicomedia.

Juan Alberto Fuentes Knight, el primer y más duradero ministro de Finanzas de la administración de Álvaro Colom, publicará este libro, dice, tratando de dejar “quizás una especie de legado, de hacer rendición de cuentas personal”.

Y el libro tiene tanto de rendición de cuentas (el debate razonado de por qué decidió lo que decidió y la justificación de lo que él ve como sus errores) cuanto de ajuste de cuentas político e intelectual.

Se nota en lo que ya se ha dicho pero también en su aire travieso y lúdico, en la maldad académica con la que emplea las citas que encabezan cada sección del libro: citas de liberales clásicos (Adam Smith, por ejemplo) para destruir los argumentos pseudoliberales de los intelectuales orgánicos; citas de las novelas históricas de Francisco Pérez de Antón para dejar en evidencia a los dirigentes empresariales del país; citas de Álvaro Uribe para justificar los tributos, citas de Vargas Llosa, citas devastadoramente descriptivas del Congreso.

Alguien le ha dicho que todos los ministros deberían hacer lo mismo, cada uno en su ámbito: explicarle a la gente cómo es estar en el gobierno y, en su caso específico, cómo se trata de implementar la política fiscal. Por eso lo ha escrito, dice, pero también con la idea de que esto no es sólo política fiscal: la política fiscal tiene la capacidad de reflejar mucho lo que pasa en una sociedad: la estrategia de desarrollo de un país, sus prioridades, su esqueleto.

La política fiscal refleja, dice, “que estamos en una situación desfavorable como país, refleja ciertas relaciones de poder: un poder de veto que ejerce el sector privado –normalmente muy intransigente en lo que se refiere a la política fiscal–, el predominio de una ideología muy conservadora que es contraria a un protagonismo del estado a favor del desarrollo, y que también se manifiesta en comportamientos de una clase política muy débil".

La ideología del sector privado

Cuando dice que hay una ideología conservadora contraria al desarrollo, ¿cree que existe una voluntad contraria al desarrollo o una confusión con respecto a cómo lograrlo?

–No. Existe una ideología, una manera de pensar, que es dominante. Esa no le atribuye al Estado la posibilidad de impulsar de una manera decidida el desarrollo. Y a veces también tiene un tremendo temor de ese Estado, porque lo ve como el Leviatán que va a dominar a todos. Y al tener esa visión, le impide desempeñar su papel. Es un poco la ideología del Estado mínimo, del Estado… uno podría llamarlo neoliberal. Y creo que eso sí explica en parte lo que ha ocurrido.

Ese un sector privado con un poder de veto enorme y férreamente opuesto a las reformas fiscales que usted menciona, ¿actúa siempre de la misma manera o hay ciertas circunstancias bajo las que opera de otra forma y con mayor apertura?

–Bueno, no es un sector privado homogéneo. Tiene distintas fracciones, desde las más tradicionales, vinculadas a la agricultura, hasta otras bastante tradicionales, vinculadas a la industria, y luego quizás sectores un poco más modernos, vinculados a las exportaciones no tradicionales o a los servicios. Esa misma condición económica incide en la manera de pensar. Hay unos que están en sectores más dinámicos, más modernos, más vinculados con el resto del mundo y eso conduce a visiones más abiertas. El problema creo que se da en que cuesta mucho articular una posición conjunta positiva en varios temas. Y ahí el tema fiscal lo ilustra. El sector privado, y en particular el CACIF, tiene una gran capacidad para declararse totalmente en contra de iniciativas, pero tiene una tremenda dificultad para declararse a favor de una iniciativa, aunque sea una bastante modesta y moderada. Esto lo vimos porque impulsamos distintos tipos de iniciativas, lo discutimos con ellos, lo negociamos… En algunos casos había una oposición bastante frontal de todos. Por ejemplo el tema de ponerle un impuesto a los dividendos. Pero luego teníamos otros temas como lo que se refiere a antievasión, o la administración tributaria o el combate al contrabando. A veces había declaraciones a favor de que se hiciera cosas, pero en la práctica teníamos a unos que estaban a favor y a otros que se ponían en contra.

Por ejemplo llegamos a un acuerdo con ellos en relación a Antievasión II, pero luego fue muy difícil que se pronunciaran de manera explícita a favor de esa iniciativa, lo cual hubiera ayudado mucho a que caminara en el Congreso.

Esa idea de los dividendos está destacada en el libro con un dejo de sorpresa, como que no se lo esperaba y descubrió al llegar al ministerio que la oposición no era tanto a ciertos niveles impositivos cuanto al gravamen sobre los dividendos.

–Tal vez estar totalmente sorprendido no, porque sí es una fuente importante de ingresos. Quizá lo que sí me llamó la atención fue lo fuerte de la oposición, tomando en cuenta experiencias de otros países. Como Chile, donde se aplica. Reflejaba a final de cuentas la poca voluntad de aportar algo, aunque fuera pequeño. Se estaba proponiendo entre un 5 y un 10 por ciento de los dividendos. En ese sentido, quizá no fue una gran sorpresa, sino más bien el cumplimiento de un presentimiento que no hubiera querido ver cumplido.

¿Por qué el CACIF no hizo fuerza para que se aplicaran las tarifas técnicas de importación de vehículos y permitió que se siguiera utilizando el método que privilegia el fraude con facturas falsas?

–Incidió la posición de los importadores de vehículos nuevos, que no querían que aumentara aunque fuera levemente lo que ellos tenían que pagar, lo cual condujo a que su oposición se sumara a la oposición de diputados que favorecían el uso de facturas falsas. Al final de cuentas, fue una demostración de miopía y de que las exigencias públicas que a menudo hacen representantes del sector privado que se debe combatir el contrabando y la evasión se quedan sólo en generalidades, pero cuando ya se trata de aterrizarlas ya no les gustan. 

¿Pero qué peculiaridades tiene el sector privado acá que lo hace tan reacio a las reformas?

–Yo creo que tiene un origen colonial muy especial. El hecho de que basó su desarrollo originalmente en aprovechar mano de obra en condiciones casi de esclavitud, en condiciones de un claro racismo, de un país desintegrado; el propio origen de los conquistadores y el conquistador principal que tuvimos, que fue Pedro de Alvarado… Creo que todos marcan como un inicio bastante conservador, poco acostumbrados al diálogo, y con una tradición de imposición.

Y eso cristalizó en una Constitución restrictiva…

–­Claro, claro.

Usted cita al Banco Interamericano de Desarrollo: “El sector empresarial influye en la formulación de políticas en toda América Latina, pero en ningún lugar tanto como en Guatemala”. ¿Qué parte de la responsabilidad de que el país esté como está debe asignársele a ellos? 

–A lo largo de la historia han sido determinantes en relación a las políticas que se han impulsado en Guatemala. En el libro se explica cómo fueron determinantes, en ocasiones con éxito y a veces no, en relación a lo que el gobierno propuso durante el período en que fui ministro.

El sector privado suele escandalizarse por los conflictos de intereses que se dan en el seno del gobierno y entre los diputados, pero en el libro habla de cómo el CACIF y la Cámara de Construcción intentaron colarse en el consejo de dirección de la agencia que debía evaluar proyectos de alianzas público privadas. ¿Es habitual el conflicto de interés y el tráfico de influencias de parte del sector privado organizado? ¿Por qué vías?

–Tanto el CACIF como la Cámara de la Construcción quedaron dentro del consejo de la agencia responsable del impulso de alianzas público privadas, que estarán centradas en proyectos de infraestructura. Es común que el sector privado realice acciones de cabildeo que se reflejan en cambios de leyes o en la oposición a ciertas leyes, pero en este caso, estar presente en la junta directiva que decidirá qué empresas participarán en proyectos garantizados por el estado los coloca en la posición de poder defender a determinadas empresas de las cuales ellos, familiares o amigos son socios. Es una invitación a la corrupción o al tráfico de influencias. Hace muy difícil que exista una evaluación objetiva de cada proyecto y de las empresas que estarán participando en el proceso.

Reforma fiscal y transformación social

Hay varias ideas llamativas que Edelberto Torres adelanta en el prólogo. La primera de ellas, que su lucha por la reforma fue un combate contra la historia. ¿La ganó o la perdió?

–Esa lucha no se ha ganado ni perdido todavía. Creo que es una lucha larga y precisamente uno de los objetivos del libro es contribuir a esa lucha. Es una lucha prolongada. Sí, reconozco que no avancé lo que hubiera querido avanzar, y en particular no logramos avanzar con la implementación de esto que se llamaba la reforma integral. Ahora, creo que pusimos en la agenda el tema claramente. Quedaron iniciativas de ley ya hechas con base en el espíritu del Grupo Promotor de Diálogo Fiscal. Eso ahora se está retomando. En ese sentido se avanzó como país al reconocer la importancia de este tema y yo esperaría que el trabajo que hicimos en el Ministerio haya contribuido como base.

¿Se llegó a presentar una iniciativa de ley para la reforma integral?

–No, nosotros se la dimos al secretario general de la presidencia. Pero ahí por lo que explico en el libro, el presidente decidió que no se presentara al Congreso. Se presentó sólo una parte, la correspondiente a la tributación indirecta, que después se convirtió en Antievasión II. De todos modos esa primera parte, la del impuesto sobre la renta, sí pasó por un proceso bastante amplio de discusión, con organizaciones sociales, diputados y el sector privado. En ese sentido considero que avanzamos algo, pero no suficiente. Lejos de suficiente.

Otra idea que expone Edelberto Torres es que en estos momentos la reforma fiscal es más importante, más revolucionaria, que una reforma agraria.

–Ha habido tres temas que en Guatemala han sido muy polémicos. Han sido la reforma agraria, el papel del Ejército y la reforma tributaria. Y creo que sí en el momento actual ha ido quedando claro el papel del Ejército (no es que haya consenso pero no es un tema tan polémico como el fiscal). La reforma agraria quedó atrás el momento en que debería haber sido implementada.

¿Por qué?

–Porque la actividad económica se ha ido desplazando a otros sectores y ya no tiene la misma importancia como centro del poder económico y político del país.

¿Dónde está ahora ese centro?

–En lo fiscal.

Y en…

–En la capacidad del Estado de impulsar el desarrollo, incluyendo el desarrollo rural.

Eso de parte del Estado, pero si nos vamos a… ¿Sería los bancos?

–No, está bastante más diversificada la economía guatemalteca. El sector servicios, la industria… El sector agrícola es cierto que todavía tiene la mayor proporción de personas que trabajan ahí, pero aunque se distribuyera toda la tierra entre esas personas ya no alcanzaría. Entonces, sin que deje de justificarse alguna redistribución de tierra ya no es algo tan importante como antes en el sentido de que antes podía ser un aporte decisivo para el desarrollo del país.

O sea, ¿la reforma tributaria sería la reforma principal para asegurar la redistribución de poder?

–Para asegurar el poder del Estado de impulsar el desarrollo. Y eso pasa por tener una mayor autonomía frente al sector privado u otros, y para redistribuir también.

¿Por qué creen que no basta con combatir la evasión y ampliar la base tributaria?

–No basta combatirla con acciones en aduanas o control de los evasores sin modificaciones de la ley. Las propuestas que impulsamos durante mi período de gestión como ministro, tanto en relación a impuestos como el IVA como al impuesto sobre la renta, incluían numerosas normas para combatir la evasión y el contrabando, e iban desde sanciones más fuertes a ser aplicadas en las aduanas hasta la obligación de reportar los costos reales de las empresas y los gastos verdaderos de los individuos, con el fin de no reducir lo que reportaban como ventas, ganancias o ingresos. Esto puede generar ingresos tributarios fuertes pero de manera gradual; elevar tasas, como las aplicables a la circulación de vehículos, pueden tener un efecto más inmediato.

Algo que está en el libro, insinuado o esbozado, pero no analizado, es toda esta idea de la nueva correlación de fuerzas que se hace obvia con el Gobierno de Alfonso Portillo. Por ahí se habla de los cooperativistas, de Gustavo Alejos y Carlos Meany dentro del gobierno. ¿Cómo pudo ver desde dentro del ministerio esa nueva correlación, si es que considera que existe tal?

–No, yo creo que sí hay una diversificación de los sectores privados. Productivos, más que privados, porque ahí se incluye sectores como los cooperativistas, que se han fortalecido muchísimo y que incluso, bueno, en el Gobierno, como menciono en el libro, había una relación especial con el sector cooperativista en general. Positiva. Hay esa diversificación, pero volvemos al tema ideológico. Creo que sigue predominando en ese sentido el sector privado más tradicional. Eso es muy diferente a El Salvador. Allí por ejemplo se desarrolló un sector financiero que tuvo la capacidad de imponerse a los demás y de imponerles su propio proyecto. Un nuevo sector que aglutinó y movió al país en otro sentido. Incluso en el sentido de apoyar a ARENA. En Guatemala no ha surgido ningún otro sector con esa capacidad de cuestionar o desplazar a los sectores más tradicionales. Entonces a pesar de toda esta diversificación, sigue predominando esa visión y ese sector.

¿En parte porque los tradicionales se han sabido diversificar y entrar en esos sectores pujantes como el financiero?

–Sí, en parte. Ahora, creo que hay otro sector que está surgiendo ahí, que es el sector –llamémoslo– mafioso, gangsteril, a veces vinculado con el narco, y que a veces también se vincula con la actividad política, que sí está generando mucho temor dentro del sector privado –del otro sector privado– y que yo creo que conduce a lo fundamental ahora, que es la seguridad. Y la seguridad como un tema que requiere un fortalecimiento del Estado, que a su vez conduce a la necesidad de una reforma fiscal. Ahí yo vería una ventana que eventualmente pudiera hacer más factible una menor oposición del sector privado a ese fortalecimiento del Estado por la vía fiscal. Pero también debiera ir acompañado de una rendición de cuentas y de un respeto al Estado de Derecho. Si no, vamos a tener un estado autoritario, más a la Justo Rufino Barrios, y tampoco creo que la población –ni el sector privado– vayan a querer ese tipo de cosas. 

Lo sórdido del gasto público, lo luminoso de la transparencia

Habla de rendición de cuentas. Existe la impresión muy extendida de que no se ha avanzado nada por el lado del gasto público.

–Uno de esos avances viene de hace varios años. Quien lo empezó fue Luz Toledo Peñate, que fue viceministra y después ministra de Finanzas en el Gobierno de Arzú. Ella empujó el Sistema Integrado de Administración Financiera. Y a partir de entonces es bueno reconocer que todos los Gobiernos o casi todos lo fortalecieron. Nosotros lo extendimos a las municipalidades, y ya casi todo el sector público está cubierto por ese sistema de información sobre las finanzas. Es importante desde dos puntos de vista: primero, para la toma de decisiones. Permite saber con qué recursos se cuenta, cómo se canalizan, permite el seguimiento. Pero por otro lado también facilita la evaluación desde la perspectiva de los ciudadanos, los centros de investigación, los grupos políticos. Eso creo que es algo en lo cual Guatemala está muy adelantada. De hecho, cuando vino una misión del Fondo Monetario Internacional nos dijo que estaba entre los países más avanzados de América Latina.

Eso del SIAF se complementó ahora con su vínculo con el Sistema Nacional de Inversión Pública. Eso lo dejé encaminado, pero no lo pude ver en la práctica. Permite tener un monitoreo del tema de los proyectos de inversión pública, que es una de las fuentes mayores de corrupción. Todavía se está comenzando a aprovechar, pero yo sí lo veo como un instrumento fundamental para evitar sobre todo los abusos en el Congreso y los Consejos de Desarrollo. Se tendrá que ampliar. Será necesaria una lucha. Pero ya lo hay.

¿También abarca los Consejos de Desarrollo?

–Tiene que abarcarlos. No sé si ya los incluyeron, pero la idea es que los cubra. Luego está la Ley de libre acceso a la información pública, que se aprobó en el 2008. Eso no muchos países lo tienen. Ojalá hubiera esa transparencia en el sector privado… Bueno, no esa, porque no tienen que rendir cuentas por su propia actividad privada aparte del respeto a la ley, pero por lo menos en relación a su vínculo con el sector público, sí deberían hacerlo. Ahí se avanzó en reformar la Ley de Contrataciones. Entre las medidas a favor de la transparencia está también el certificado o constancia de disponibilidad presupuestaria, algo que exigimos desde el 2009. Sirve para evitar el crecimiento de la deuda flotante y establece que los responsables del ámbito financiero pueden ser despedidos o sujetos a procesos judiciales si no lo cumplen. Creo que no fueron avances suficientes, pero sí se aprobaron reformas. Eso fue en el 2009. Todavía es un proceso demasiado lento. Además se logró prohibir que los fideicomisos puedan contratar ONGs.

¿Pero eso se ha cumplido?

–Entiendo que sí en lo referente a nuevas actividades. Creo que se ha aprovechado para renovar arreglos que ya existían, pero es bastante contundente la disposición que hay. Se logró que COVIAL se limitara a actividades de mantenimiento. Eso fue una lucha larga que no evita todos los abusos, pero sí acota algo. En materia de medicamentos hicimos algo ahí para tratar de evitar el exceso… Dos cosas: 1– acciones para evitar que los precios fueran muy altos, que hubiera una explicación técnica adecuada de por qué los precios eran superiores a los precios de referencia, y ahí obligamos a que tuvieran que modificarse los contratos. Y 2– mediante un acuerdo ministerial establecimos las exigencias en materia de información requerida a las empresas sobre sus características, sus actividades, para que eso estuviera público.

Con respecto a los medicamentos tuvieron problemas dentro del Gabinete.

–No, tuvimos problemas con Gustavo Alejos.

Usted, dice en el libro, le llamó la atención al presidente acerca de que no había derecho de que alguien con ese tipo de conflictos de interés pudiera influir en ese sentido.

–Había una presión para que salieran las cosas rápido. Y sugerencias de cómo tratar el tema. No las aceptamos. Y por eso pues lo confronté en esa ocasión. Incluso el presidente me llamó más tarde por teléfono y me dijo que tenía razón. Se moderó un poco.

¿Pero el presidente tomó alguna decisión?

–No. Lamentablemente en todo esto la decisión más importante es modificar las juntas calificación, que son nombradas por las entidades que hacen las compras. En el caso de los medicamentos, el Ministerio de Salud, el IGSS, y el Centro Hospitalario Militar. Lo que el presidente propuso es que él mismo los nombraría para evitar que fueran personas sujetas a presiones. Pero eso nunca caminó.

“Oscura atracción por el dinero”

Hace un momento hablaba de ese otro sector gangsteril, mafioso, que se vincula con la actividad política. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué vías?

–Especialmente por la vía de obras que son asignadas mediante ciertas empresas que son propiedad de quienes las asignan, de amigos, de familiares. Esto ocurre sobre todo en los Consejos de Desarrollo pero también en otras entidades ejecutoras, como el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Comunicaciones.

Y ha mencionado también en el libro, con mucha insistencia, el Congreso. Edelberto Torres lo trata en el prólogo: “Bien vista la oscura atracción por el dinero, el fenómeno de la corrupción en el poder legislativo es el mayor obstáculo para las reformas modernizadoras”.

–Ese es uno de los principales mensajes del libro. El interés privado prevalece sobre el interés público. Ése es el caso de un montón de diputados. Eso lo vimos muy específicamente en relación a un tema particular: el impuesto sobre vehículos. Había diputados con intereses en ese ámbito que se opusieron férreamente a que pudiera aprobarse. Diputados de varios partidos, incluyendo a diputados de oposición.

¿De oposición o aliados?

–Ambos. Ése es un reflejo específico, pero creo que el caso más notable es el de las obras. Ahí es donde se reflejaba mejor y también en una lucha entre gasto social y gasto en obra. Ése es un dilema económico que normalmente se analiza en términos abstractos: cómo hay que mantener en equilibrio la inversión en la gente y la inversión en equipo e infraestructura. Hay mucha insistencia en retomar el gasto en inversión física, pero uno no puede hacer abstracción del tema de la corrupción.

Y es ahí donde es más fácil…

–Claro, sí. En gasto social no, porque está mucho más reglamentado. Probablemente haya algo, por ejemplo en el nombramiento de puestos y esas cuestiones, pero los límites ahí son más estrechos y la cantidad de dinero mucho menor.

¿Y es en esta dialéctica entre gasto social e inversión física en donde el Congreso logra “capturar” o obstaculizar la labor del Ejecutivo?

–Sí, el tema de obras se volvió una de las mayores reivindicaciones de los diputados, desplazando otros temas.

Pero el Ejecutivo cedía…

–No necesariamente, porque los propios diputados tenían la capacidad de modificar el presupuesto y ocurrió en el caso de los presupuestos que… A mí me tocaron dos presupuestos formalmente establecidos: el que heredamos del gobierno anterior para 2008 (los diputados lo ampliaron rediseñando los fondos para la inversión), y después en el presupuesto que propusimos para 2009 también modificaron la composición: redujeron el gasto social y aumentaron el gasto en obras. Por eso es importante que la rendición de cuentas no sea sólo la del Ejecutivo. Deberían rendir cuenta también los diputados. Aquellas modificaciones plantearon muchísimos problemas, dejaron fuentes de financiamiento incompatibles.

Yo me refería a otro asunto. Es cierto que el Congreso legisla y da forma al presupuesto en un primer momento. Pero cuando el Ejecutivo se ve con menos dinero del que esperaba ingresar, entra a negociar con el Congreso préstamos, deuda. Muchos congresistas en ese momento ponen como condición que parte sea para obra.

–Sí, sí.

Y el Ejecutivo cede.

–Ahí hay niveles. Yo estuve en la negociación del presupuesto para el 2010 y un grupo pequeño de diputados pidió que se aumentara el gasto en inversión. Y se aumentó. Pero logramos todavía mantener el gasto social. Hicimos unas reasignaciones… pero hasta ahí llegamos. Y después teníamos estos mecanismos que buscaban transparentar el gasto y evitar los mayores abusos. Ahí poder controlar los fideicomisos es clave. La corrupción se da por pasos.

El tema de la deuda fue crítico. El gobierno, presionado por el sector privado, echó mano de la deuda interna a un interés, aproximadamente del 8% en promedio, que analistas como Fernando Carrera consideran excesivamente alto. ¿Por qué se manejó así?

–El mercado de la deuda no es un mercado competitivo, con una innumerable cantidad de pequeños compradores, sino que está constituido por un grupo reducido de bancos que son los que compran los títulos de deuda, y que se pueden negar a comprar títulos si el interés que se les paga es muy bajo. Por eso fue que iniciamos un proceso doble: primero, tratar de obtener más financiamiento del exterior, con plazos más largos e intereses menores y, segundo, mejorando el funcionamiento del mercado interno de deuda, transparentándolo, estableciendo normas que permitieran aumentar el tamaño del mercado y alargando plazos. Aunque no logramos reducir la tasa de interés tanto como pretendíamos, logramos ciertos avances y, además, logramos alcanzar plazos más largos, de 15 años, por primera vez en la historia.

La acción ¿política?

Hábleme de la descalificación como estrategia política.

–Bueno, yo encontré que en muchos casos no se hablaba directamente de determinada política o acción gubernamental sino que se buscaba criticar a la persona que la estaba impulsando o que estaba asociada con ella. Por ejemplo, como explico en el libro, durante mis interpelaciones hubo intentos por descalificarme a mí, como persona, indicando que yo había involucrado al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, del que fui director, en contratos con el gobierno o que ganaba millones de quetzales, para descalificarme y sin discutir los programas o políticas que estaba impulsando, como parte del gobierno.

Usted es muy crítico con quienes piensan que basta ser un empresario exitoso, un buen académico o un brillante tecnócrata para ser político. Y dice, si no recuerdo mal, que la política es el más difícil de los oficios. ¿Por qué?

–La política consiste en manejar el poder para alcanzar ciertos objetivos, y hacerlo por la vía del convencimiento, del diálogo, de la búsqueda de acuerdos, la comunicación, la conciliación y a veces por la vía de la confrontación, al mismo tiempo que se conoce bien al país, a sus habitantes, a sus deseos más sentidos y a cómo cambian. Son ámbitos de acción que no se aprenden de la noche a la mañana ni en una empresa, una universidad o un organismo internacional, y que además deben combinarse con una visión de largo plazo sobre el tipo de país que se quiere, de cierto conocimiento sobre las políticas y acciones específicas para alcanzar ese país que se quiere, y de sus límites, y de hacerlo en compañía de personas capaces, honestas y dispuestas a sacrificarse. Se trata de exigencias o requisitos mayores a los que normalmente requieren otras profesiones.

¿Cómo describe la composición interna del Gabinete ampliado, con secretarías, etcétera? ¿Y cómo afectaba esa conformación a la actitud del presidente?

–(Fuentes Knight permanece callado, reflexivo, cerca de quince segundos. Después arranca:) Había cierta coherencia dada por la importancia que se le asignaba a lo social. Cierta conciencia de que este no era un gobierno de los empresarios, que había cierta autonomía con respecto al sector empresarial. Sin que eso significara que no había diálogo o relación. Y aún cuando había algunos personajes de este sector, aunque no del más tradicional. Pasamos por crisis difíciles como la de Rosenberg. Fue un gabinete que apoyó muy sólidamente al presidente, en particular, pero también a la primera dama y Gustavo Alejos.

Dicho eso, que es lo que aglutina, sí había tendencias muy diferentes. Había una línea más o menos social demócrata en la que estábamos Haroldo Rodas, Luis Ferraté, algunos del staff político, Zurita, y yo. No era muy grande el grupo. Luego había otro más empresarial: Meany, Gustavo Alejos, Robbie Dalton. Gente más cercana al partido, como Lancerio, Jairo Flores, pero hay traslapes.

Las discusiones no eran muy profundas en el gabinete.

¿Y eso era síntoma del algo más?

–Eh…

O sea, ¿las discusiones se daban en otros lugares menos formales y apropiados? ¿O no se daban en absoluto?

–Algunas sí y otras no. Había un consejo de seguridad que se manejaba de manera independiente por el presidente. De ese no sabíamos gran cosa. Lo explico eso en el libro (Ríe a carcajadas, porque es alrededor de la quinta vez que me lo advierte). Es que ahí está más pensadito que estar hablando.

Al presidente no lo presenta como alguien dubitativo. Sí reflexivo, pero no dubitativo. Sí oscilante, cambiante, según las influencias del momento.

–Influencias y consideraciones políticas de él mismo.

¿Quiénes eran las personas con mayor capacidad de afectar sus decisiones?

–No sé si tengo toda la información. Porque hay ámbitos que yo no cubría. Pero yo tenía cierta influencia. Haroldo Rodas tenía influencia. Gustavo Alejos, Sandra Torres. Y creo que dependía un poco del tema también.

El libro incluye un episodio titulado El Gabinete en la sombra. Habla de los imprecisos mecanismos de coordinación y seguimiento que utilizaba el Presidente y de cómo Gustavo Alejos sabía moverse en esa imprecisión, siendo selectivo con lo que merecía seguimiento o no. A Alejos lo describe como un hombre leal al presidente, callado en las sesiones del Ejecutivo o a menudo ausente, lo cual dado su poder ponía “de manifiesto la debilidad del gabinete como instancia de toma de decisiones”. “Una de las personas con mayor incidencia en el Gobierno” con un “ámbito de acción política amplio, resultante de una combinación de cuatro factores: tener una estrecha relación política y personal con el Presidente, ser el principal operador del poder ejecutivo ante el Congreso y ante ciertos empresarios importantes …, contar con un monto grande de recursos propios con capacidad y voluntad de destinarlos a fines políticos, y participar en negocios que dependían de las contrataciones del estado.”

¿Por qué tenemos la sensación de que ha sido un presidente que ha tomado decisiones muy incoherentes y que la línea discursiva de este Gobierno ha sido de choque pese a que la línea de actuación ha sido mucho más suave?

–Parte de la respuesta está fuera del Gobierno. El hecho de que había esta relación diferente con el sector privado creo que explica en parte eso. No había un acceso directo del sector privado al gobierno. Quiero decir, una participación directa dentro del Gobierno. Un expresidente de CACIF como ministro equis no había. O alguien reconocido por ellos. No manejaban toda la información interna. Esa lejanía relativa se reflejaba en problemas. A veces lo comentamos. Había un grado tremendo de confrontación sin que hubiera medidas que lo justificaran. Creo que eso lleva también al tema de Sandra Torres, que ella sí empujaba con mucha fuerza ciertos temas.

Contra toda racionalidad fiscal, en algún momento, ¿no?

–(Se abstrae de nuevo. Pasan cerca de siete segundo.) “En algún momento” tal vez es la clave ahí, ¿verdad? Inicialmente no. Creo que el problema vino tras la no aprobación del presupuesto de 2010. Cuando comenzó a tomar una dinámica de ese tipo sin un respaldo en términos de recursos, ahí sí comenzó a darse. 

Bloqueos, amenazas

La última vez que hablé con usted le pregunté si había detectado algún nuevo mecanismo para impedir las reformas y me dijo que no. Pero en el libro hay uno: la presión legal contra los mandos medios, el eslabón más débil.

–Pero eso no es nuevo.

Al menos no estaba registrado en sus publicaciones sobre el tema.

–Ahhh, jajaja. No, pero eso no es para nada nuevo. Llevan a los tribunales a los funcionarios.

¿Pero por qué a los medianos?

–Bueno, no tiene por qué ser a los medianos. Aquí ha habido casos donde han llevado a otros. Weymann es un caso clarísimo. Ahí hay un peligro que explico en el libro: mejor hacer lo mínimo si uno siente que le van a caer encima con una acusación. Especialmente si manejar esa acusación implica recursos. A veces son multas, pero a veces es todo el proceso en sí. Eso conduce a minimizar el riesgo o no tomar iniciativas.

¿Y usted tuvo alguna amenaza de este tipo?

–No recuerdo alguna ahorita. (Días después me escribirá en un correo electrónico: “sí fui objeto de amenazas de llevarme a tribunales por aparentes delitos. Recuerdo, en particular, que con el vicepresidente y el superintendente de la SAT publicamos una lista de evasores, y tanto al vicepresidente como yo fuimos objeto de procesos que intentaban quitarnos el derecho a antejuicio. Afortunadamente no prosperó y el proceso –iniciado por abogados asociados a uno de los evasores identificados– fue declarado inválido por la Corte de Justicia”).

En el libro sí habla de amenazas, pero de otra índole.

–Sí, pero no contra mí.

No contra usted y no del sector privado ajeno al Ejecutivo. Vienen de Gustavo Alejos, no recuerdo si por la negociación impositiva con las telefónicas.

–No, es por el tema de este acuerdo ministerial que transparentaba las empresas privadas que eran contratadas por el estado.

¿Cómo sucedió eso?

–Aquello fue hacia un viceministro. La posibilidad de llevarlo a juicio por eso y de mantenerlo así eternamente.

La negociación con las telefónicas. Usted dice que se renunció a imponerles un impuesto a cambio de que financiaran la campaña de Sandra Torres. La versión que circula con más fuerza es que al final fue una negociación entre las telefónicas y Gustavo Alejos. ¿Es cierto?

–Solamente conozco la primera versión, de una fuente confiable que no puedo delatar, y tampoco lo puedo probar.