El presidente Jimmy Morales aseguró que en los cinco meses que lleva su Administración, los ministros de su Gobierno han recibido 600 citaciones para acudir al Congreso de la República. “Creemos que definitivamente es un exceso que no deja trabajar. Hasta este momento son 600 citaciones a ministros y viceministros en el Congreso”, dijo el mandatario durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial.
La afirmación del mandatario es “verdadera”, aunque se quedó corto. Según un informe de citaciones con datos proporcionados por cada Ministerio, del 14 de enero al 2 de junio, los ministros y viceministros han sido citados en 625 ocasiones por los diputados de los diferentes bloques legislativos. El funcionario más convocado ha sido el Ministro de Finanzas, Héctor Julio Estrada, con 71 citaciones, seguido del Ministro de Salud, Alfonso Cabrera, con 56, y el de Agricultura, Mario Méndez, con 52.
El Congreso de la República no cuenta con un sistema para contabilizar el número de citaciones que hacen los diputados. Cada Comisión de Trabajo o bloque legislativo hace la solicitud de forma directa al funcionario del Ejecutivo sin pasar por Dirección Legislativa, como en el caso de las interpelaciones.
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En febrero pasado, el Congreso aprobó unas reformas al Código Penal, que incluían la creación del delito de incumplimiento de funcionarios y empleados públicos de acudir a citaciones legislativas, que contempla penas de dos a tres años de cárcel. Al mes siguiente, el presidente Morales vetó las reformas, pero en abril, el Legislativo rechazó el veto presidencial y con 107 votos fue revertida la decisión del mandatario.
En esa ocasión, el presidente del Congreso, Mario Taracena, se manifestó a favor de penalizar a los funcionarios que no asistan a las convocatorias, pero reconoció que deben regularse. Taracena presentó una iniciativa de ley para limitar a los diputados a que una comisión o bloque legislativo no cite a los funcionarios más de dos veces al mes. Entre otros cambios propuestos, las citaciones tendrían que ser grabadas en audio y videos, y contar con el 25% de los integrantes de la comisión o bancada.
Taracena dice desconocer la cifra exacta de citaciones a funcionarios por parte de diputados, aunque cree que el número se acerca a las cifras presentadas por el Ejecutivo. “Uno está dentro del Congreso y percibe el problema. Yo he hablado con los diputados que esto no puede seguir así”.
Morales dijo la semana pasada que insistirá ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se derogue el Decreto 13-2016, que norma las sanciones a empleados públicos que no asistan a citaciones legislativas.
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La politóloga Stephanie López, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), dice que las citaciones ayudan a fiscalizar y transparentar los procesos, sin embargo cree que su uso desmedido ha desvirtuado esta modalidad. “Todo sistema político necesita de pesos y contrapesos. Hay que buscar un punto intermedio en el cual no se anule la figura de citaciones y se regule para que los diputados no puedan utilizarla para beneficios propios o partidistas”.
La experta opina que los ministros necesitan estabilidad en el ejercicio de sus funciones. Pero agrega que también es importante que existan formas de fiscalizar a las instituciones y que los diputados puedan pedir cuentas a los empleados públicos de su trabajo.
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