Pero este artículo (entregado el jueves a Plaza Pública), aunque tenga al fútbol como telón de fondo y detonante, pretende hablar de la libertad de expresión y de la responsabilidad y la madurez de la clase política. Vean por qué.
Las plataformas en favor de las selecciones deportivas catalana, vasca y gallega celebraron el lunes un acto frente al Congreso de los Diputados en el que pidieron a sus aficiones (entre las que hay un buen número de personas con ideología independentista) que utilizaran la final de la Copa del Rey para reclamar el reconocimiento internacional de las selecciones, pero sin hablar expresamente de pitadas. En el evento reivindicativo, uno de los portavoces de la plataforma catalana instó a que el partido se convirtiera en "un acto de afirmación nacional pacífico y democrático".
Aún así, es lógico que se escuchen pitidos de desaprobación durante la reproducción del himno español que se producirá justo antes del inicio del partido, tal y como ocurrió de forma significativa en la final de hace tres años que enfrentó a los mismos equipos. Sobre todo, teniendo en cuenta toda la polvareda que se viene levantando últimamente en torno a la casa real, uno de los más importantes símbolos de la hispanidad, estos silbidos puede que se dirijan también con intensidad hacia el príncipe Felipe, que acudirá al estadio en representación de la corona en ausencia de su padre convaleciente.
Pero en este país, la gestión del descontento de la población en general y de la afición al fútbol en particular suele ser muy sui géneris y trae cola desde hace años. Por ejemplo, la masiva pitada al himno nacional que se produjo en la mencionada final de la Copa del Rey provocó incluso la destitución del responsable de Deportes de Televisión Española, después del escándalo suscitado en torno a la ocultación, primero, y la versión edulcorada después que la cadena pública ofreció de la protesta.
Con estos antecedentes, y con el fin de evitar polémicas, malos entendidos y provocaciones innecesarias, la propia asociación catalana hizo público al día siguiente un comunicado en el que niega haber llamado a que se pite el himno español y en el que pide respeto por cualquier símbolo nacional.
Ese mismo día Esperanza Aguirre, presidenta de la comunidad de Madrid y notable miembro del ala más dura del Partido Popular, afirmó que si las aficiones vasca y catalana tenían la intención de pitar durante la reproducción del himno español antes de la final de la Copa del Rey, bastaba con suspender el partido y celebrarlo a puerta cerrada. Y por si había dudas de si sus palabras eran fruto de un desliz, horas después se reafirmó en lo dicho en otro medio de comunicación.
Las declaraciones de Aguirre son tan desmesuradas, absurdas e improcedentes que hasta tres destacados miembros de su partido se han mostrado, si bien de forma sutil, al margen de tales opiniones. Concretamente Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del gobierno, Jorge Fernández Díaz, ministro del interior, y Antonio Basagoiti, secretario general del Partido Popular vasco.
Al día siguiente, aún convencida aunque un tanto contrariada por la escasa aceptación de sus palabras entre la opinión pública y los suyos, Esperanza Aguirre apeló a la libertad de expresión que le asiste para poder hacer este tipo de declaraciones.
En ese caso, parece evidente que el mismo derecho a ser asistidos por la libertad de expresión a la que se acoge Aguirre tienen quienes pitan durante el himno que la propia mandataria por hacer ese tipo de manifestaciones. Y, en consecuencia, tan agredidos se pueden sentir los primeros por ser censurados, aunque afortunadamente solo sea en un plano discursivo, como la señora Aguirre por plantear tan radical postura.
Pero hay un hecho que, más allá del patriotismo y la proverbial soberbia de Aguirre, explica mejor lo ocurrido. Sobre sus palabras pende la sospecha de que esto es una cortina de humo porque, hace pocos días, se ha descubierto que la comunidad de Madrid ha destapado un déficit oculto de más del dos por ciento, prácticamente el doble del que declaró con anterioridad.
Sin entrar al trapo de la economía, resulta necesario decir que, por respeto, ninguna persona debiera pitar ante ningún himno nacional. Aunque, de todos modos, a nadie se le puede negar el derecho a hacerlo. Porque lo contrario sería antidemocrático y, sobre todo, porque pitar un himno es un acto absolutamente inocuo.
Del mismo modo, es necesario recordar que declaraciones como las de Aguirre no parecen demasiado edificantes ni recomendables en un entorno democrático como el nuestro, en el que expresar las opiniones (si son razonables), incluidas las nacionalistas o las que muestran su desacuerdo con la existencia de la monarquía, son perfectamente lícitas.
Triste sino el de un país cuyos dirigentes no consideran a sus ciudadanos libres de mostrar sus opiniones en público si estas colisionan con sus intereses y sus valores.
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