La defensa de Paz y Paz (o todos contra Claudia)

El miércoles fue el turno Claudia Paz y Paz. La polémica Fiscal General y jefa del Ministerio Público, que busca ser elegida para un nuevo período, compareció ante la Comisión Postuladora para responder a las inquietudes de los integrantes de ese ente sobre sus motivos para seguir en el cargo y los planes que tiene para la institución, en caso de lograr su objetivo. Pero sobre todo, llegó a defenderse de los ataques, señalamientos y críticas que entre lunes y martes pasados, sin mencionarla con nombre y apellido, hicieron en su contra los abogados que aspiran a sucederla en el cargo.

Con una voz suave, rostro relajado y mirada tranquila, la Fiscal se defendió. Con cifras y tablas estadísticas, Paz y Paz ocupó los primeros minutos de la entrevista para explicar la política criminal que implementó en el Ministerio Público desde el inicio de su mandato. "Ha sido un cambio histórico”, arrancó. Presumió las condenas obtenidas en casos de pandillas, los golpes acertados al crimen organizado, al contrabando; la resolución de conflictos por vías alternas, el uso de  métodos especiales de investigación.

Y a pesar de estar frente a una sala llena de defensores de derechos humanos, representantes de organizaciones que trabajan el tema de esclarecimiento histórico, la fiscal no mencionó ningún avance en la investigación de delitos de lesa humanidad, tampoco la persecución en contra de militares en retiro por el delito de genocidio. Estos casos, tan sensibles en la sociedad guatemalteca, han sido quizá los que más odios y amores le han valido durante su gestión.

Se enfocó, más bien, en argumentar en favor del tan criticado “modelo de gestión” –el que se basa en fiscales que investigan por un lado, y fiscales que litigan por aparte– el cual fue implementado en el Ministerio Público desde el inició de su mandato, en diciembre de 2010.

Hasta el pasado lunes, el “modelo de gestión” de Paz y Paz no había sido tan siquiera mencionado por nadie. Ninguno de los aspirantes a Fiscal General lo incluyó en el plan de trabajo que presentó ante la Comisión de Postulación para dirigir el Ministerio Público. No obstante, se convirtió en el eje central de las entrevistas realizadas a partir de ese día. “Los fiscales a cargo de los procesos penales de Guatemala sólo conocen de su caso tras dar lectura a un expediente y no están preparados”; “no conocen la escena del crimen”; “nunca han investigado”; “sólo han leído un papel”. Así, unos a uno, cada aspirante hizo énfasis ante los comisionados de que ese era un problema. “El más serio”, “el que más quejas tenía de parte de los fiscales”, “el que debería ser cambiado de inmediato”.

El primero en mencionarlo fue el postulante Acisclo Valladares. “Se está regresando a un modelo inquisitivo. El juez se convierte en un inquisidor cuando se enfrenta a fiscales que no han investigado, que solo conocen un expediente”, indicó. Era la primera entrevista del lunes pasado. A partir de allí, los comisionados no dejarían de tener presente este tema en sus preguntas: “¿Sabe que hay una descoordinación entre investigar y litigar en el Ministerio Público?”, o “¿Sabe que los fiscales que investigan un caso, no son los mismos que se encargaran de llevarlo ante los jueces?”.

Hasta entonces, hasta antes de las entrevistas, ningún plan de trabajo había prestado atención a este tema. Los aspirantes aseguraron que eso iba a cambiar.

En su defensa, Claudia Paz y Paz presentó documentos para respaldar los resultados obtenidos durante su gestión. Ante la pregunta sobre la descoordinación entre investigación y litigio, argumentó que era un sistema “funcional”, aunque, aclaró, es algo que “podría mejorar”. “Se han logrado aumentar las denuncias, pero no sólo eso ha aumentado, también las acusaciones. Hoy hay más de 49 mil. Y, en comparación de gestiones anteriores, las sentencias han sido duplicadas”,

–¿Debe mantenerse ese modelo que otros aspirantes han dicho que debe cambiar? – preguntó la comisión.

–Todo modelo es perfectible. El mismo modelo ha sido cambiado en temas, como el de pandillas, donde la investigación es importante. Hay una constante investigación para evaluar cómo mejorar este modelo. La cantidad de condenas, de acusaciones, esas cifras que he presentado indican que el modelo sí funciona.

–También hay quejas de la falta de ejecución del presupuesto: más de 200 millones que no han sido gastados.

–Hemos ejecutado el 92 % del presupuesto. Sucede que el presupuesto del MP es el que autoriza el Ministerio de Finanzas, no directamente el que se asigna del Presupuesto Nacional.

–Su gestión ha priorizado solamente casos de alto impacto, casos que sirven para resultados por estadísticas.

–Esa es una percepción que se puede dar. Desde luego se priorizan indicadores. Pero no significa que los delitos comunes, los menos graves, son tratados de manera distinta. Tampoco que se dejen de atender. Se les presta atención como fenómenos criminales. Han ayudado para la persecución de estructuras organizadas.

–¿Qué opinión tiene de la politización de la justicia?

– Es parte del criterio de independencia. Nunca he tenido vínculos con algún partido político.

Otros aspirantes entrevistados durante este miércoles también calificaron como deficiente, aunque con matices y contrastes, la actual gestión de Paz y Paz al frente del MP. La propuesta puntual de cada uno, aunque sin muchos detalles, son cambios, reestructuraciones. La jefa de la Fiscalía Contra la Corrupción, Aura Marina López, cuestionó también el actual sistema de gestión penal del MP, aunque defendió que “en los últimos años las sentencias condenatorias han avanzado: 149 de más de mil denuncias que se han recibido”. De su plan de trabajo destacó que, de ser Fiscal General, fortalecerá la capacitación de los fiscales.

Amílcar Colindres, juez suplente en el Organismo Judicial; el abogado del expresidente Álvaro Colom, William Méndez; Eliseo Rigoberto Quiñonez, agente fiscal durante 11 años, encargado de investigar el asesinato de los policías implicados en el caso Parlacen; María Consuelo Porras, juez de apelación que otorgó la custodia de un menor bajo un contrato de vientre de alquiler a la madre que pagó la transacción; Jaime Osorio, exasesor del Partido Patriota en el Congreso de la República; e Ingrid Liseth Soto, exasesora de la Policía Nacional, completaron la lista de pre candidatos que se constituyeron, durante su entrevista, en diversos desacuerdos con la actual gestión del MP de Claudia Paz y Paz.

Con las entrevistas a los 26 aspirantes a Fiscal General, la Comisión pasará a una nueva fase: revisar los expedientes de cada uno de los candidatos. “Se evaluará su carrera académica, la laboral, los distintos requisitos que debe llenar un Fiscal General”, explicó Jorge Arturo Sierra, presidente de la Comisión de Postulación. Tras ello, cada aspirante obtendrá un puntaje, un valor que, según los comisionados, será tomado muy en cuenta para consolidar la lista de seis candidatos que será presentada la próxima semana al presidente Otto Pérez Molina. Uno de esta lista, será el próximo Fiscal General de Guatemala.