En la actualidad vemos las consecuencias de una economía bastante desordenada, concentrada y privilegiada que descontroladamente se reproduce y crece, pero derrama desproporcionadamente el bienestar, aglutinando con el tiempo poder y privilegios para grupos humanos específicos en detrimento de las mayorías. La democracia, por su lado, aun evitando rompimientos constitucionales y respetando los procesos de elección popular ha venido en franco deterioro y las instituciones no han logrado consolidarse ni fortalecerse en el ideal en donde la separación de poderes prevalezca y el Estado de Derecho impoluto sea la regla. Todo lo contrario: en Guatemala la democracia es disfuncional, vulnerable y distorsionada, mientras que la economía tiende a concentrarse en pocas industrias con desproporcionado poder de mercado y pocas facilidades para empresarios emergentes de competir en igualdad de condiciones frente a poderosos oligopolios endémicos y protegidos por el régimen. El liberalismo que anhelamos se ha deteriorado a tal punto que la libertad individual se ve comprometida y el bienestar es inaccesible para muchos. Pocos concentran poder en detrimento del resto y los derechos básicos individuales se encuentran amenazados.
La idea de la democracia y la economía de mercado, impuestas aceleradamente desde el fin del siglo XX, no contempló la estructura social y económica histórica ni sus consecuentes retos fundamentales sobre los que se implementó. Tareas pendientes de resolver en Guatemala que han dado lugar a brechas de desarrollo y dinámicas de deterioro ambiental y social a nivel agregado. El bienestar tiende a concentrarse, no se derrama.
La estructura que aglutina grupos de poder de facto –que dieron lugar a tergiversar la idea de la construcción de un país en función del bienestar de su ciudadanía hacia un Estado que beneficia a grupos que concentran poder– fue ayer una elite que heredó activos desde la colonia y es hoy un híbrido de capitales históricos que se intercala y a veces colude con nuevos actores de poder criminal y no tradicional. Poder fáctico obtenido consecuente de la impunidad, corrupción y evidente discrecionalidad en la toma de decisiones en instituciones de poder de iure.
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La ruta del país ha sido caótica y se ha dado en un terreno en el que las relaciones de poder convergen en grupos que concentran desproporcionadamente más poder relativo y coinciden coyunturalmente en espacios de poder formal, creando un sistema de gobernanza que favorece a pocos en detrimento de las oportunidades de desarrollo individual de las mayorías. Esto provoca, consecuentemente, la expulsión involuntaria de la ciudadanía a través de la migración, la inserción en grupos criminales, la muerte prematura o su condena a vidas difíciles en medio de la pobreza, el subdesarrollo, la mediocridad, el miedo y la frustración, entre otras desgracias personales. En lo social, la descomposición que surge en ese diario esfuerzo para sobrevivir en el desorden. En lo económico, la dificultad que impide alcanzar estabilidad y desarrollo a través de la competencia desregulada, agresiva y asimétrica entre agentes que buscan sobrevivir el día a día. En lo ambiental, la degradación, depredación y destrucción acelerada de ecosistemas y biodiversidad que el mismo sistema libertino y disfuncional incentiva, permite, favorece y reproduce.
Si en lo político la democracia se mantiene capturada y en lo económico los mercados se encuentran concentrados, la prioridad es rescatar esas estructuras para construir un verdadero liberalismo político y económico acorde a nuestras propias realidades y en beneficio de la gente, de su entorno social, natural y sostenible en el tiempo. Esto hace que el debate ideológico paradigmático de «izquierda más Estado y derecha más mercado» deje de ser el centro de gravedad y nos permite otra perspectiva teleológica de análisis más pertinente, fértil y útil.
La situación implica, entonces, el uso del poder coercitivo del Estado, de grupos formales de poder organizado así como las leyes e instituciones democráticas para: a) Romper con monopolios, oligopolios y formas de captura de la economía, con el fin de liberar los mercados y, b) Retomar el principio Republicano de la separación de poderes y fortalecimiento de la institucionalidad, rompiendo las condiciones que permiten que el poder se concentre en personas y no en reglas, leyes, procesos y dinámicas de pesos y contrapesos institucionales y no arbitrarios.
Así las cosas, la discusión en la coyuntura política guatemalteca deja de ser relevante en cuanto al paradigma de «izquierda más estado y derecha más mercado», hacia uno de: descapturar la democracia, desconcentrar la economía y rescatar al liberalismo de su secuestro.
Una vez resuelto ese problema estructural será necesario definir un rumbo de desarrollo en el que el debate se dirija hacia la necesidad de construir políticas, tanto que oscilen alrededor de la idea liberal de: Mercado donde sea posible y Estado donde sea necesario o premisas heterodoxas, también válidas en un sistema donde impere, sobre todo, la libertad de disentir.
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