Las élites del país hemos desperdiciado (plural que nos incluye a mí y a usted, apreciado lector, que seguro también forma parte del 5 % más educado y próspero del país) dos años en el proceso de construcción de una democracia liberal que efectivamente busque el bien común. Apoyar la valiosa labor de la Cicig no es suficiente. La corrupción no se combate solo con enjuiciar y encarcelar corruptos. El sistema de justicia limpia la mesa y genera un miedo intenso para no repetir el pasado, pero eso no evita la tentación de la corrupción ni hace que mejores servicios públicos lleguen a toda la población. La lucha 2.0 de la corrupción requiere reconstruir las normas y los procesos del país para 1) prevenir la corrupción, no solo castigarla, y 2) mejorar el funcionamiento del sector público. El problema es que la mayoría de dichas acciones se salen del mandato de la Cicig, así que los guatemaltecos no podemos simplemente creer que podemos delegar dicha función y esperar que la comisión generá las propuestas. Los guatemaltecos tenemos que ser parte activa en la etapa subsiguiente de construir una mejor sociedad.
Hay cuatro ejemplos claros, de varios, que requieren atención para prevenir la corrupción. El primero es el poder con que cuentan la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Finanzas (Minfín) para, si desean, extorsionar empresas. Los exportadores pagan el IVA de los bienes exportados y luego deben esperar a que la SAT devuelva el IVA. Este es un proceso que claramente favorece la extorsión y la corrupción porque va a ser difícil utilizar el poder de las cortes para acelerar el proceso legal contra la SAT. En la Unión Europa, en cambio, las exportaciones afuera de esta no pagan IVA, así que no hay IVA que devolver. En cambio, lo que existe es un fortalecimiento de las capacidades de la SAT para verificar que las empresas realmente estén exportando todo lo que dicen (algo que hemos visto que ya ha empezado a ocurrir en Guatemala).
El segundo y tercer ejemplo limitan el abuso del erario por parte de políticos y de funcionarios públicos. El segundo ejemplo es la Ley del Fondo del Petróleo (FonPetrol), cuyos padres fueron Manuel Baldizón y Manuel Barquín y sirve para distribuir las regalías de extracción del petróleo. Sospecho que, dados los débiles mecanismos de control de gasto, la debilidad de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) para definir criterios de inversión y el cacicazgo de ambos políticos peteneros, FonPetrol terminó financiando campañas políticas en lugar de mejorar las condiciones de vida de las comunidades que debieron recibir dichos recursos. Fortalecer la Segeplán y con ello el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) debería ser fundamental, al igual, incluso, que pensar si la forma institucional actual es la deseada, pues tal vez el SNIP tendría más sentido y más poder dentro del Minfín, y repensar los mecanismos de asignación de recursos. Es evidente que estas municipalidades no cuentan con los procesos para garantizar un buen uso de los recursos. Sería un error y se caería en más corrupción si lo que se hace es promover las iniciativas de ciertos diputados.
El tercer ejemplo es la construcción y el mantenimiento de la infraestructura carretera. Recuerdo un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales de tiempos del FRG en el que los cocodes financiaban la construcción de puentes que nunca se construyeron en lugares donde no había caminos que conectar. Luego pasamos a los problemas de deuda flotante durante el gobierno de la UNE, que continuaron durante el gobierno del PP. Hoy el problema es que la red carretera se cae a pedazos sin que haya ejecución. Es evidente que necesitamos repensar cómo funcionan nuestras instituciones en materia de infraestructura, cómo transparentar los proyectos y cómo incrementar la competencia de estos para mejorar su calidad y reducir costos. Ello seguro tendrá que pasar por volver a reformar la Ley de Contrataciones del Estado, dado que las últimas reformas evidentemente no cumplieron su objetivo. Ojalá las futuras investigaciones vinculadas con la corrupción de Odebrecht en Guatemala den el impulso que se necesite para la reforma.
El cuarto ejemplo es reformar la Ley Electoral. Hay esfuerzos positivos en esa dirección que deberían permitir incrementar las sanciones por su incumplimiento. Y ojalá incluso se consideren límites al tipo de publicidad electoral (yo la eliminaría completamente). La mayoría de los esfuerzos de la lucha 2.0 se han enfocado en esa área, lo cual es positivo. Sin embargo, también hay esfuerzos negativos, como fue evidenciado de manera reciente. En definitiva, debemos apoyar una buena reforma electoral, pero al mismo tiempo cerrar los chorros de financiamiento del Gobierno, como los mencionados arriba.
He aquí cuatro ejemplos de reformas a normativas y procesos que tendremos que impulsar para prevenir los actos de corrupción como parte de la lucha 2.0 contra esta. En la próxima columna espero ahondar en reformas que necesitamos impulsar para mejorar el funcionamiento del sector público.
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