La otra línea o la llamada «Línea 2»

En Guatemala, todos tenemos claro que cumplir con las obligaciones tributarias es difícil. Estar debidamente inscrito en el sistema tributario conlleva ser objeto de auditorías, penalizaciones y multas, mientras que quienes no están registrados en el sistema no tienen ningún problema. Ante una economía como la guatemalteca, en la que la informalidad supera el 70 %, la forma como se da la evasión es precisamente en no facturar.

Ninguna empresa o persona se preocupa de no registrar sus costos, pero sí puede darse la tendencia de no emitir facturas. Al hacer esto, sus ingresos disminuyen, disminuyendo a su vez el pago del impuesto sobre la renta. ¿Cómo romper con esta cultura si es una práctica usual del sistema en la que participa una gran mayoría de guatemaltecos? Aquí es donde debería proponerse una reforma integral del sistema que cree el incentivo para estar registrado en el sistema tributario y tributar lo correcto. Pero ese es tema para otra ocasión. La pregunta ahora es: ¿puede llamarse a esta forma de evasión la Línea 2?

En general, el guatemalteco tiene incentivos para no pagar impuestos. Al pertenecer a una economía tan precaria como la nuestra, no existen mecanismos de obtención de capital en momento de crisis, y ganar dinero cuesta. Además, tampoco es fácil ver el retorno de lo que pagamos en forma de servicios o infraestructura. Entonces, la lógica normal de cualquier persona o empresa es que, si me ha costado tanto ganar este dinero, ¿por qué debo dárselo al Estado, que no lo devuelve en nada y solo se lo roba? ¿Acaso el Estado me va a salvar cuando esté quebrado y necesite dinero? En fin, hay una serie de pensamientos que alientan a cualquier guatemalteco a actuar de esta forma. Y esto, debo aclarar, no lo hace mal guatemalteco. El tema no es moral, es económico.

Cuando gran parte de la población funciona bajo una lógica que además es ajena al Estado, no puede llamársele Línea 2. Para eso debemos ver el otro lado de la moneda.

Hay sectores de la economía de Guatemala que están protegidos por privilegios. La ley les otorga de manera tácita la propiedad de monopolios y oligopolios. Hagamos unos números: sumemos las ventas del cemento, la cerveza, las harinas, la televisión abierta y la telefonía celular. Juntos acumulan más de 15 000 millones de quetzales al año. ¿Qué tienen en común estos sectores que mencioné? Bueno, que todos son monopolios u oligopolios. El cemento tiene un único productor. Es interesante saber que el Ministerio de Energía y Minas tiene otorgadas varias licencias para explotación, pero que nadie más lo hace. ¿De quién son en el fondo esas licencias? ¿No sería atractivo para cualquiera ponerse a competir en un mercado donde hay un único oferente, que además tiene un precio bastante elevado?

Miremos ahora la cerveza: solo existen dos oferentes y cualquier cerveza que se quiera importar de fuera de Centroamérica debe pagar 39 % de arancel. ¡Vaya forma de protegerse! Así yo también creería, confiaría e invertiría en Guatemala.

Con las harinas tenemos un oligopolio de tres empresas que la importan a Guatemala por medio de cuotas. Las cuotas son asignadas por el Ministerio de Economía con el fin de proteger la producción local de trigo. La cuestión es que Guatemala hace muchos años dejó de producir trigo porque era más barato comprar la harina fuera o traer el trigo y convertirlo en harina. Si esto es así, ¿por qué se mantienen las cuotas si no hay nadie a quien proteger?

Toca ahora analizar la televisión abierta. No hay mucho que decir: todos los canales son de un solo dueño y ya conocemos la forma como trabaja para mantenerse así, aunque la Constitución prohíbe los monopolios.

Finalmente tenemos la telefonía celular, que si bien podría considerarse un oligopolio natural por la forma del negocio, sí es interesante observar que, a pesar de ser el sector más pujante económicamente, se lo exonere del pago de las frecuencias que usa, con lo cual, al valor del mercado, estaríamos hablando de más de mil millones de dólares.

En fin, viendo esta realidad y la cantidad de dinero que manejan estos grupos, ¿no creen que resulta sumamente rentable financiar candidatos y partidos para precisamente mantener esos privilegios?

Si el gobierno dura cuatro años y los ingresos de estos grupos representan más de 60 000 millones en ese tiempo, ¿qué significa invertir 100, 200 o 300 millones de quetzales para hacer ganar a alguno de los candidatos que se compromete a mantener dichos privilegios? Y ya en el Gobierno, ¿qué costo puede tener darles ciertos obsequios a diputados o gobernantes? Definitivamente, para funcionar así, no se requiere de una estructura dentro de la SAT.

Esta forma de actuar no es una contraparte de la Línea 1, pero sí puede considerarse una Línea 2 en cuanto a la utilización del Estado para provecho personal.

¿Por qué mencionar a estos grupos que crean empleo y que no pueden compararse con el capital que financian narcotraficantes u otros grupos? Porque precisamente estamos refiriéndonos a grupos económicos que son legales, que no producen bienes o servicios prohibidos, pero en cuyo correcto o incorrecto actuar está la defensa de un sistema económico libre y justo en oportunidades.

Con lo que aquí expongo no quiero confundirlos en criminalizar a estos grupos a los que me he referido. Solo planteo una idea de cómo funciona el sistema. Y si estoy en lo correcto, la lucha que se inició el 25 de abril con las protestas en la plaza debe seguir, pero en el camino de desarticular estos privilegios para que con ello se pierda el incentivo de corromper a futuros gobernantes.

El tema no pasa solo por una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Debe llegar a un replanteamiento de nuestra forma de producir y crear capital. Si este fuera el camino que tomaran las protestas y la agenda de los grupos que se han ido organizando en estos meses, podría decir con certeza que efectivamente esto apenas empieza.