La revolución

A principios de 2011, narcotraficantes como Juan Alberto Ortiz López, alias “Chamalé”, eran figuras intocables en Guatemala. Ortiz López -un vaquero bigotudo que se convirtió en un predicador evangélico del departamento de San Marcos - sabía esto perfectamente.

Como uno de los transportadores de drogas clave para la red criminal más grande del hemisferio, el Cartel de Sinaloa de México, Juan Chamalé era conocido como un benefactor que rápidamente podría convertirse en un enemigo peligroso. Le había quitado la vida a más de un líder local de la zona, dijeron las autoridades guatemaltecas a InSight Crime. Además, tenía contactos en las altas esferas del gobierno, incluyendo a la hermana de la entonces primera dama, Gloria Torres.

Torres y Juan Chamalé decidieron quiénes se presentarían como candidatos a la alcaldía en varios municipios bajo su influencia, dijeron bajo condición de anonimato un ex investigador del gobierno y dos fiscales a InSight Crime. Trabajando en estrecha colaboración con representantes del Congreso nacional, Ortiz y Torres habrían canalizado dinero a través de contratos de obras públicas hacia empresas de Juan Chamalé, quien daba sobornos a Torres, dijeron las autoridades.

Pero, iniciaba una nueva era en los cuerpos de seguridad de Guatemala. Y usando nuevas herramientas a su disposición, en particular las escuchas telefónicas y el equipo de vigilancia, la nueva fiscal general, su pequeño equipo de trabajo, la policía y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), habían estado monitoreando los movimientos de Ortiz durante meses, mientras el gobierno de Estados Unidos preparaba la solicitud de su extradición.

Sabían, por ejemplo, que a Juan Ortiz le gustaba viajar a Quetzaltenango a ver a  su novia. Sabían que tenía túneles en su rancho, en el departamento de San Marcos, para poder escapar si las autoridades lo sorprendían. También sabían que tenía contactos de alto nivel en el gobierno, además de Torres, a los que pondría sobre aviso en caso de que las autoridades judiciales montaran un operativo en su contra. (En efecto, sólo una hora después de que llegara la solicitud de extradición, una de las fuentes de Ortiz le informó por vía telefónica, dijeron los investigadores a InSight Crime.)

El gobierno le puso una trampa, filtrando la información de que estaban acercándose para capturar a Juan Ortiz en su casa en San Marcos. Para reforzar el engaño, enviaron fuerzas de seguridad desde la costa hacia el rancho de Ortiz. Al mismo tiempo, la policía puso a 200 hombres de las Fuerzas Especiales, recién entrenados, en camiones y los envió hacia Quetzaltenango. La confianza con esta unidad aún era pobre, así que nadie les dijo a donde iban. Para hacer más creíble la treta, les hicieron ponerse su equipo antimotines.

La trampa funcionó. Ante el temor de una incursión en su rancho, Juan Ortiz huyó a Quezaltenango, y las autoridades lo vieron conduciendo por la autopista. El fiscal en la escena preparó el papeleo, llamó a la oficina de Ciudad de Guatemala, y se preparó para el arresto. Estos eran los momentos en donde las cosas solían derrumbarse en Guatemala. Una llamada telefónica. Un soborno. Una amenaza. Juan Chamalé podría utilizar cualquiera de estas tácticas.

En su lugar, el fiscal en la escena llamó de nuevo: "Lo tenemos", dijo.

—¿Está seguro de que es él?, —preguntó la fiscal general.

—Sí.

—¿Cómo lo sabes?

—Tú eres Juan Alberto Ortiz López, Juan Chamalé, ¿verdad? —cuestionó el fiscal a su prisionero.

—Sí, —ellos oyeron la respuesta de Juan Ortiz.

En Ciudad de Guatemala ellos rieron.

La captura de Juan Chamalé fue el comienzo de los cambios en el MP, casi una revolución. La transformación está dirigida por una ex profesora de derecho, diminuta y con voz suave, cuyo apellido Paz y Paz, acentúa aún más la suavidad que proyecta.

Bajo el mando de Paz y Paz sucede  una pequeña revolución interna que está centrada en el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, y no en su detrimento. Y para las élites económicas del país, muchos políticos y algunos ex oficiales militares, nada puede ser más aterrador. En contraposición esta revolución cuenta con el respaldo del gobierno de Estados Unidos.

El nombramiento

Si no hubiera sido por una serie de circunstancias extraordinarias, Claudia Paz y Paz no sería fiscal general. Durante gran parte de su carrera, nunca se le había ocurrido llegar a ocupar ese cargo. Había trabajado desde afuera como espectadora, tratando de cambiar una institución corrupta, ineficiente y sin recursos, criticándola y moldeando a sus potenciales reclutas, en lugar de trabajar desde adentro. De hecho, había pasado la mayor parte de su carrera tratando de resolver cómo demonizar, en lugar de reformar, al gobierno. Era, en una palabra, el enemigo.

Había dedicado su carrera a trabajar para los más feroces críticos del gobierno. A principios de lo años noventa, Paz y Paz formó parte del equipo de abogados jóvenes, que reconstruyeron lo que había sucedido durante la guerra, en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG). Más de 200mil personas habían muerto durante casi cuatro décadas de conflicto. Parte del trabajo que realizó el Arzobispado fue recoger testimonios en todo el país, enfocándose en las áreas indígenas, al noroeste de Guatemala.

Paz y Paz recogió testimonios de las víctimas en diferentes lugares del país, una experiencia que marcaría para siempre, influenciando, y podría decirse que también nublando, su juicio político en los siguientes años. Paz y Paz luego obtuvo un doctorado en España, y fue profesora de derecho penal en varias universidades. Después trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dirigió el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Una de las líneas de trabajo del instituto es la “transformación estructural del sistema de justicia”.

Cuando se abrió el puesto de fiscal general en 2010, Paz y Paz entregó su habitual lista de quejas sobre el proceso, particularmente sobre el pequeño número de candidatos. Sus colegas en el instituto la animaron a postularse.

"Las mujeres pueden participar, ¿no?", le dijo uno de sus colegas. "Así que participa".

No fue una decisión fácil. Otros que habían trabajado con ella en el pasado habían sido denigrados por sus amigos y antiguos colegas, después de ocupar puestos en el gobierno. En Guatemala, lo llaman una "mancha". Sin embargo, el gobierno de Álvaro Colom era, relativamente,  territorio amigo. , Colom había dirigido el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz),, un programa para proveer ayuda económica en las áreas rurales. Colom también debía su presidencia a los votantes indígenas. Él fue el primer jefe del ejecutivo que ganó las elecciones sin haber vencido en Ciudad de Guatemala. Paz y Paz también tenía otros contactos en el Gobierno, como el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, quien trabajaba en estrecha colaboración con el presidente.

Pero aunque Paz y Paz tenía las credenciales y un cierto apoyo al interior de la presidencia, el ser una persona ajena a las élites políticas y económicas de Guatemala, y sus antecedentes como abogada de Derechos Humanos, la hicieron parecer una elección poco probable. Es más, el proceso de selección para la Fiscalía General de Guatemala, como todo lo demás en el país, está atravesado por la influencia de grupos especiales de interés. Estos grupos de interés incluyen poderosas élites económicas, algunas de las cuales forman parte de las asociaciones monolíticas empresariales. Los intereses políticos y  criminales también juegan un papel clave en la elección del fiscal general.

La razón por la cual Paz y Paz tuvo la oportunidad de postularse al cargo fue porque Conrado Reyes el fiscal general que había sido elegido por Colom, antes que ella, fue señalado de tener vinculación con grupos del crimen organizado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Frente a estas acusaciones, la Corte de Constitucionalidad anuló el proceso y obligó al fiscal general a renunciar.

Las embarazosas revelaciones surgieron sólo meses después de que el presidente Colom estuviera cerca ser derrocado por  el caso de Rodrigo Rosenberg..

El presidente sobrevivió al huracán político que siguió a la muerte de Rosenberg, casi únicamente porque la Cicig había triangulado las llamadas telefónicas del abogado, rastreándolos tanto a él como a sus asesinos, y dejó pocos espacios para las dudas sobre lo que sucedió el día en que Rosenberg recibió un disparo junto a su bicicleta en la avenida de Las Américas. Los investigadores guatemaltecos que trabajaron en el caso aprendieron en el camino una valiosa lección acerca de la importancia política que pueden tener las pruebas forenses.

Sin embargo, los acontecimientos habían debilitado al presidente Colom, y éste no podía darse el lujo de traer a otro comodín proveniente de grupos de dudosa proveniencia con intereses criminales y políticos, para ser su fiscal general. Paz y Paz también se benefició de un importante cambio en la ley en 2009. El proceso de selección, que antes se celebraba a puerta cerrada, se hizo público.