Si aún está vigente el realismo mágico, lo está en el mundo jurídico de muchos países latinoamericanos. Guatemala es, sin duda alguna, uno de sus mayores exponentes. Ni la justicia ni la impunidad tienen garantizado su espacio. Pueden aparecer o ser menguadas con la misma facilidad. La única constante es que nada es definitivo.
Ejemplo de ello es el caso Molina Theissen. Justo cuando al fin se vislumbra posibilidad de justicia, los acusados buscan excluir a la madre de las víctimas del juicio (y retrasarlo) por un motivo ocioso y absurdo: el juez se equivocó al pronunciar su nombre.
Es de conocimiento público que el 2 de marzo se abrió juicio contra cinco exmilitares de alta jerarquía: Francisco Luis Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Manuel Antonio Callejas Callejas y Manuel Benedicto Lucas García, todos ellos acusados de ser responsables de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen (de tan solo 14 años de edad) y de las distintas formas de tortura ejercidas contra su hermana Emma.
Después de décadas de impunidad, por fin «llega la luz del alba torpemente», como diría Juan Gelman. Sin embargo, el fantasma de la impunidad no ha abandonado la arena.
El pasado 19 de junio, la defensa de los cinco sindicados trató de revocar el reconocimiento de Emma Theissen, madre de las víctimas, como querellante adhesiva en el juicio. El argumento utilizado, por absurdo que parezca, fue que el juez Víctor Hugo Herrera Ríos se confundió al pronunciar sus apellidos en una ocasión durante la audiencia en la que se confirmó su participación en el proceso.
Al ser una petición claramente ociosa e irrelevante, el juez decidió subsanar el error de oficio aclarando que fue una confusión al pronunciarse. Eso debió haber bastado para solucionar el asunto. Por superfluo, no es un detalle que afecte los derechos procesales de ninguna de las partes y mucho menos que comprometa el resultado final del juicio. Además, desde el principio los sindicados y sus abogados sabían de la participación de Emma Theissen en el caso.
No obstante, la defensa de los exmilitares presentó un recurso de reposición para revocar la participación de Emma Theissen. Ese recurso será resuelto en una audiencia programada para el día 10 de julio.
Desgraciadamente, no se trata de una práctica novedosa. Desde hace tiempo, muchas personas acusadas por crímenes cometidos durante el conflicto armado han buscado obstaculizar la justicia a través de recursos injustificados. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución del 24 de noviembre de 2015, advirtió que el uso indebido de recursos judiciales para dilatar los procesos es una práctica perpetuada en Guatemala que facilita «la continuación de la impunidad».
Por supuesto que todos los sindicados del caso tienen derecho a ejercer los recursos procesales que consideren para salvaguardar sus derechos. No obstante, eso no puede ser excusa para que (como ocurre en este caso) una nimiedad sea motivo para obstaculizar un proceso que, tras décadas de impunidad, por fin da sus primeros pasos.
Insisto: lo imposible ha empezado a ocurrir en el caso Molina Theissen. Se ha abierto el camino a la justicia. Y, por supuesto, hay muchos interesados en desmantelarlo. Los intentos por excluir a Emma Theissen no son solo preocupantes por los efectos que podrían generar en el caso concreto, sino que son un botón de muestra del estado de la justicia en Guatemala.
La prioridad en materia de justicia es esclarecer los crímenes aún impunes del conflicto armado, no rectificar formalidades irrelevantes que no afectan los derechos de ninguno de los involucrados.
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