Instrumentos internacionales como la Declaración y el Plan de Acción de Brasil (2014) y la Declaración de Acción de San José (2016) dejan clara esta premisa. En ellos, los Estados se comprometieron, entre otros, a abordar las causas estructurales y a proteger a las personas solicitantes de asilo y refugiadas en los países de origen y en el plano internacional, todo ello desde una perspectiva de solidaridad y de responsabilidad compartida.
En 2018, la Declaración de Nueva York estableció las bases para la adopción de dos pactos mundiales: uno para los refugiados y otro sobre migración. En ellos, los Estados signatarios «reafirman sus obligaciones de pleno respeto de los derechos humanos de refugiados y migrantes [y] brindan su firme apoyo a los países afectados por los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes».
A raíz de estos compromisos, en octubre de 2017, México, Belice y Centroamérica (inicialmente siete países, a los que posteriormente se sumó El Salvador) suscribieron la Declaración de San Pedro Sula, que establece la creación de una aplicación regional y práctica del marco de respuesta integral del pacto sobre refugiados y migración. A raíz de esta declaración, estos países elaboraron un Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (Mirps), en el cual se comprometieron a actualizar sus marcos de prevención, protección y soluciones para solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos y deportados con necesidades de protección.
En su segundo informe anual (2019), el Mirps señaló que, «frente a las múltiples crisis de desplazamiento forzado y movimientos mixtos, se ha evidenciado un endurecimiento de políticas de control migratorio, la criminalización de la migración [y] el cierre de fronteras y de canales de entrada regulares, así como la reducción del espacio de protección internacional y del uso de discursos xenófobos». Continua diciendo que, por ello, «hoy más que nunca, estas dinámicas presentan desafíos y oportunidades para los países Mirps».
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Ojalá fuera así. No obstante, las organizaciones de la sociedad civil y de la academia que desde la Declaración de San Pedro Sula hemos participado en reuniones anuales y contribuido en la elaboración de documentos con recomendaciones consideramos que los avances han sido limitados. Al respecto, elaboramos un informe sombra con resultados de 2019 y recomendaciones para 2020.
Estas mismas organizaciones de la sociedad civil consideramos que en 2020 tampoco se han producido avances significativos en el cumplimiento de los compromisos asumidos por los ocho países en el Mirps. Habrá que escuchar lo que dicen en la tercera reunión anual (7 y 8 de diciembre de 2020), cuando presenten sus informes sobre avances, logros y retos en la implementación de los compromisos relacionados con el establecimiento de acciones estratégicas e iniciativas para abordar situaciones de desplazamiento y necesidades de protección internacional.
Está por verse si los informes de los Gobiernos reflejarán con veracidad y exactitud el actuar y las serias limitaciones de estos para atender crisis. Porque es bien conocido que, en países como Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, la pandemia del covid-19 desnudó lo precarios y raquíticos que son sus sistemas de salud para atender a las personas enfermas, así como las necesidades socioeconómicas.
Y si la pandemia no fue suficiente, las tormentas tropicales también vinieron a desafiar y a confirmar la incapacidad de sus Gobiernos. Las respuestas gubernamentales a la emergencia fueron mayoritariamente inoportunas. Además, la negligencia y la falta de prevención agudizaron la tragedia pese a que es bien sabido y está documentado que Centroamérica es una de las regiones más vulnerables a fenómenos climáticos y ambientales.
La pobreza y la pérdida de cosechas, de empleos y de medios de vida provocarán más desplazamientos internos y, tal como ha ocurrido en 2020, más éxodos. Los Gobiernos signatarios del Mirps no deben ignorar este contexto ni, por lo tanto, sostener una política que siga considerando la migración irregular como ilegal o inaceptable y obstaculizando el tránsito de personas migrantes y desplazadas, lo cual raya en la necedad y la irresponsabilidad, si no en actos criminales. Que los Gobiernos no olviden ni conviertan en demagogia el lema que utilizan en sus informes anuales Mirps: «¡No dejar a nadie atrás!».
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