Otra brasa en manos de Yassmín Barrios

La voz de la jueza Claudette Domínguez se oyó contundente. Los indicios aportados por el Ministerio Público, dijo, son suficientes para presumir que el general retirado Manuel Benedicto Lucas García, cometió delito de deberes contra la humanidad y desaparición forzada, entre el 16 de agosto de 1981 y el 22 de marzo de 1982, cuando se desempeñó como Jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala. La acusación dice que los militares a su mando son responsables de las desapariciones, secuestros, asesinatos, torturas y demás vejámenes sufridos durante ese período por al menos 558 personas (entre ellas 90 niños). Por ello, expuso Domínguez, titular del Juzgado C de Mayor Riesgo, procede que Lucas García, junto a otros siete altos oficiales, enfrenten juicio oral y público por los crímenes cometidos en las instalaciones de la antigua Zona Militar 21 de la ciudad de Cobán. Allí funciona ahora el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz del Ministerio de la Defensa y las Naciones Unidas (Creompaz).

Impávidos, los ocho militares, todos canosos y de rostro cansado, escucharon atentos la resolución que la jueza Domínguez fue leyendo de manera pausada durante casi dos horas, en la que expuso los hechos, las pruebas y los delitos que la Fiscalía presentó en contra de cada uno de los señalados, y la lectura que ella hizo de éstos y de los argumentos presentados por los abogados defensores, para basar su decisión. Los ocho antiguos oficiales comparecerán dentro de un mes ante el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmin Barrios, la misma que en mayo de 2013 declaró culpable de genocidio al expresidente de facto José Efraín Ríos Montt, y lo sentenció a 80 años de prisión, para responder por los crimines de guerra de que son acusados.

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Los únicos que sonrieron al escuchar el fallo de la jueza fueron los exoficiales de inteligencia Ismael Segura Abularach y Gustavo Alonzo Rosales García. Domínguez señaló incongruencias en las fechas y nombres del caso que la Fiscalía presentó en contra de estos militares. Junto a Lucas García, ambos fueron acusados de la desaparición forzada de Felipe Cal López, supuestamente ejecutado por militares el 4 de mayo de 1981 en el caserío Chituj, de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Sus restos fueron hallados en 2012 dentro de una fosa clandestina junto a otras 36 osamentas humanas, dentro de la Zona Militar 21. La Jueza clausuró de forma provisional la causa en contra de Segura y Rosales, y los dejó en libertad. Sobreseyó esa acusación en particular en contra de Lucas García. 

Pero Manuel Benedicto —hermano y mano derecha del presidente Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), fallecido en Venezuela en 2006 sin haber respondido ante la justicia por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante su mandato— no se libró de los otros señalamientos que pesan en su contra.

El Ministerio Público lo acusa de haber diseñado una estrategia contrainsurgente de exterminio con base en la cual los oficiales y soldados bajo su mando cometieron esos crímenes. También de haber conocido y permitido que la Zona Militar 21 “Antonio José de Irisarri”, ubicada en la aldea Chicoyogüito del municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, se convirtiera en un centro de detención, torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales y entierros clandestinos. Así como de su directa participación en la desaparición forzada de 14 personas, cuyos cadáveres fueron hallados en ese lugar. La jueza Domínguez cree que existen suficientes evidencias de su responsabilidad, y por eso ordenó juicio oral en su contra.

La jueza encontró incongruencias y contradicciones en algunos de los puntos de las acusaciones presentadas por la Unidad de Delitos cometidos durante el Conflicto Armado Interno del Ministerio Público (MP) en contra de los militares, por lo que decidió dejarlas fuera del proceso. Por ejemplo, no encontró sustento en la acusación de los 129 casos de desaparición forzada en contra del antiguo oficial de Inteligencia Militar César Augusto Cabrera Mejía, por lo que ordenó procesarlo por 22 de estos.

La fiscal Hilda Pineda, encargada de presentar las acusaciones, aseguró que en los 20.880 folios que contiene el expediente, se documentó con análisis científicos forenses la identidad de las 565 víctimas cuyos restos fueron encontrados en las fosas clandestinas de la Zona Militar 21, por lo que consideró “improcedente” la decisión de la jueza de reducir los casos de que se le señala a Cabrera Mejía. En los próximos días, anunció, impugnará esa parte del fallo del Juzgado, así como la medida que benefició a los exoficiales Segura y Rosales. Aura Elena Farfán, directiva de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), y querellante adhesiva del caso, tampoco comparte la decisión del juzgado. En esta fase procesal, indicó, la jueza no debió discernir sobre los medios de investigación. No obstante, la activista se manifestó satisfecha por el fallo de fondo.

Dieciséis años después

A partir de una denuncia recibida en Famdegua en el año 2000, Farfán empezó una larga lucha por buscar los restos de cientos de desaparecidos dentro de instalaciones militares, la cual vio luz en enero de este año, cuando 14 oficiales del Ejército en situación de retiro fueron capturados por las fuerzas de seguridad a petición de la Fiscalía. Todos los detenidos estuvieron asignados en la Zona Militar 21 entre 1981 y 1988, período durante el cual cientos de campesinos e indígenas fueron secuestrados, torturados y asesinados por el Ejército y sus cadáveres enterrados en fosas clandestinas en ese instalación castrense. Entre los militares retirados sospechosos de haber participado en esos hechos, también se encuentra Edgar Justino Ovalle, diputado electo por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). La Fiscalía solicitó el retiro de su inmunidad para ser procesado junto con los otros oficiales, pero la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición. 

“Posiblemente con este caso estamos hablando de uno de los mayores de América Latina de desapariciones forzadas, de estas 558 osamentas humanas se ha establecido que 90 corresponden a menores de edad; 443 adultos, todavía por definir entre hombres y mujeres; adultos de la tercera edad; y 22 sin determinar en este momento. De esas osamentas humanas, 97 han sido identificadas por ADN. Eso significa que tenemos 97 víctimas en este caso”, dijo la fiscal general Thelma Aldana, en una conferencia de prensa el 6 de enero pasado, al informar sobre la captura de los militares.

Por errores de la Fiscalía en la imputación de los cargos, la jueza Domínguez liberó el 18 de enero a los coroneles Carlos Humberto Rodríguez, Edgar Rolando Hernández y Pablo Roberto Saucedo Mérida. Dos semanas después, fue separado provisionalmente del caso Luis Alberto Paredes Nájera, mientras el Instituto de Ciencias Forenses determina si, como argumentan sus abogados, no goza de facultades mentales para ser procesado.

El caso conocido como Creompaz recoge lo sucedido en 88 diferentes eventos de violencia ocurridos en entre 1981 y 1988 en departamento de Alta Verapaz, en el marco de la guerra interna de 36 años que vivió Guatemala (1960-1996).

Tres años de excavaciones en el antiguo recinto militar por parte de expertos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) llevaron al conteo que sustenta la acusación en contra de los militares: los restos de 565 personas (504 osamentas completas y 56 restos parciales), 97 de los cuales fueron identificados por medio de pruebas de ADN. Según los informes forenses, en los cuerpos de 307 víctimas se encontraron evidencias de violencia extrema (vendas en los ojos, mordazas y lazos en las muñecas, el cuello o los tobillos).

En una de las tres fosas comunes halladas en lo que hoy es Creompaz, se encontraron los restos de 64 hombres; 31 de ellos, ya identificados, fueron detenidos el 2 de junio de 1982 en la aldea Pambach, Santa Cruz Verapaz, Cobán. Ese día, un grupo de soldados se llevó a los 75 hombres más jóvenes de la aldea para, supuestamente, obligarlos a presentar el servicio militar en la Zona Militar 21. Nunca más se supo de ellos.

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Los sobrevivientes de una masacre cometida por el Ejército en el caserío Los Encuentros, cercano a la Hidroeléctrica Chixoy, el 13 de mayo de 1982, en donde fueron asesinadas unas 80 personas, fueron llevados en helicóptero a la Zona Militar 21. Entre las mujeres y niños de ese grupo iba Martina Rojas, cuyos restos fueron los primeros en ser identificados por exámenes de ADN.

El 20 de marzo de 2012, el Tribunal A de Mayor Riesgo, tras condenar a 7,710 años de prisión a cuatro expatrulleros de autodefensa civil y un excomsionado militar, por la masacre denominada Plan de Sánchez, ocurrida en julio de 1982, ordenó a la Fiscalía allanar las instalaciones de la antigua Zona Militar 21, para verificar el testimonio de varios testigos sobre la existencia de cementerios clandestinos en ese lugar. La FAFG se encargó del tratamiento científico a la evidencia y restos humanos.

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La audiencia de apertura a juicio fue programada para el próximo 27 de julio. El Tribunal A de Mayor Riesgo, integrado por las juezas Yassmin Barrios y Patricia Bustamante, y el juez Herbie Sical, tendrá a su cargo valorar los medios de prueba y determinar la culpabilidad de los militares acusados. El Código Penal establece penas de hasta 40 años de cárcel por el delito de desaparición forzada y 30 años por delitos contra los deberes de la humanidad.

Además de Manuel Benedicto Lucas García y César Augusto Cabrera Mejía, serán procesados los oficiales retirados Byron Humberto Barrintos Díaz, Juan Ovalle Salazar, César Augusto Ruíz Morales, Raúl Dehesa Oliva, Augusto Garavito Morán, José Antonio Vásquez García, y César Augusto Cabrera Mejía. Los ocho guardan prisión en la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala.