Otto Pérez y Baldetti: la caída

La ex vicepresidenta Roxana Baldetti ha sido detenida acusada de encabezar una millonaria red de defraudación aduanera a la que la fiscalía atribuye haber cobrado millonarios sobornos. El 8 de mayo, acorralada, Baldetti renunció y en los días siguientes vio cómo se le intervenían sus cuentas, se le extinguían sus bienes y se le allanaban sus viviendas. La última, anteayer, justo un día antes de que el juez Miguel Ángel Gálvez le dijera, frente la cama del hospital Centro Médico, que estaba detenida. Antes, Baldetti había perdido el apoyo de su partido, de su compañero en la Presidencia y de las cámaras empresariales que apoyaron a los hoy oficialistas en las pasadas elecciones. Pero eso, pese a su gravedad, es apenas la superficie de la crisis. Tras la presentación que hicieron ayer, 21 de agosto de 2015, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) queda claro que el aún Presidente, Otto Fernando Pérez Molina, es el probable cabecilla de esa estructura criminal y que funciona, posiblemente, desde antes de que ganara las elecciones.

Mientras la ex vicepresidenta guarda prisión en el Cuartel General Matamoros y el Presidente se encuentra atrincherado detrás de la institucionalidad de su cargo, las voces de los ciudadanos que piden en las calles su renuncia crecen. La fiscal general, Thelma Aldana, y el comisionado de Cicig, Iván Velásquez no tienen dudas: hay suficientes evidencias para que Baldetti enfrente un juicio y para que al presidente, Pérez Molina, se le retire su derecho a antejuicio y pueda ser investigado. Y eso, pese a todo, es solo otro eslabón en la crisis: lo que está en juego es la dirección política del país.

Para Roxana Baldetti el antepenúltimo capítulo de esta historia empezó el viernes pasado, cuando según el hospital privado Centro Médico, fue internada por una “infección gastrointestinal” agravada por el estrés. Otros reportes extraoficiales, sin embargo, señalan que ingresó el domingo en el centro hospitalario. Los rumores de nuevas detenciones, de avances en las investigaciones ya en marcha por numerosos actos de corrupción, como el Caso La Línea, crecieron durante la semana.

El juez Miguel Ángel Gálvez, del Tribunal B de Mayor Riesgo, giró el miércoles la orden de aprehensión contra Baldetti por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y casos especiales de defraudación aduanera, pero la información no se había hecho pública. El jueves el Ministerio Público allanó su vivienda y secuestró documentos, teléfonos y computadoras útiles para la investigación. El fiscal del caso declaró el viernes por la noche en Canal Antigua que con el allanamiento pretendían recabar información. Ya sabían, dijo, que no encontrarían a Baldetti en la casa, aunque ignoraban que estuviera en el hospital.

Pero llegó el viernes. El día D de Roxana Baldetti.

El Ministerio Público se presentó en el Centro Médico en busca de la ex vicepresidenta, quien quemó un último cartucho: presentó un recurso de exhibición personal por medio de su abogado Mario Cano. Una estrategia desesperada ante lo inminente porque esta acción solo es aplicable en el caso de detenciones ilegales. Durante la mañana, la otrora mujer más poderosa de Guatemala conoció sus horas más amargas. Según agentes del MP, entre tres y cuatro oficiales la acompañaron en su habitación mientras esperaban la llegada del juez que ordenó su detención.

La mujer que encabezó tantos mítines y actividades públicas del Partido Patriota (PP) no recibió ningún respaldo de su partido. Incluso antes de que el MP y Cicig revelaran los vínculos encontrados entre Baldetti y la estructura La Línea, el presidencial del PP, Mario David García, su mentor en su carrera como periodista, la desconoció. García pidió en un comunicado que “sin misericordia alguna se aplique la ley” en el caso de Roxana Baldetti.

En el resto del PP, o lo que queda del partido, reinó el silencio.

Cicig y MP muestran sus cartas

Mientras Roxana Baldetti aún aguardaba en su habitación de hospital cuál sería su destino, MP y Cicig convocaron a una conferencia de prensa para revelar las nuevas evidencias del Caso La Línea. El primer golpe lo dieron incluso antes de mostrar la evidencia: adelantaron la solicitud de antejuicio a Otto Pérez, mientras este se encontraba en una actividad en el departamento de Zacapa. El Presidente, desconcertado y molesto, aseguraría que era “lamentable” la captura, pero que no pensaba renunciar, que estaba allí para “dar la cara”.

Minutos después iniciaría la conferencia y en Casa Presidencial reinaría el silencio.

Lo primero, como ya es habitual, fue la avalancha de números de una investigación masiva:
Intercepciones telefónicas: 88,920 sesiones;
correos electrónicos: 5906;
extracciones forenses: 175,000 documentos;
informes de instituciones: 100;
allanamientos realizados: 17;
documentos encontrados en estos: 650,000 folios;
declaraciones de mercancías: 2,814;
desplegados telefónicos y agendas telefónicas: 100 en 32 agendas;
e información financiera requerida sobre al menos 100 personas y 22 empresas.

Detrás de la seguidilla de números hay un hecho: hasta el momento la investigación no ha recurrido en todas las audiencias del caso a un solo testigo. El axioma que han perseguido el MP y Cicig ha sido uno, la verdad está detrás del análisis de grandes cantidades de datos obtenidos con pruebas científicas.

Entre el 16 de abril, cuando se reveló el Caso La Línea, y el 21 de agosto, la investigación pasó de 66,000 intercepciones telefónicas a 88,920. Entre estas, según la fiscal general Thelma Aldana, hay comunicaciones del Presidente con jefes de la estructura de defraudación tributaria de la Línea. Otras conversaciones dan cuenta de reuniones en una casa de Pérez Molina con dirigentes de la estructura hoy detenidos.

Y eso fue solo el principio.

Velásquez lo expresó así: “encontramos documentos que revelaban relaciones cercanas entre el señor Presidente de la República y la entonces vicepresidenta con integrantes de la organización criminal que habíamos presentado el 16 de abril, unas relaciones que tenían que ver con administración de negocios, temas financieros. Por ejemplo, encontrar en una de estas oficinas un plan de venta en el que aparece indicado que el cliente es el señor Otto Pérez Molina, que se trataba de una adquisición de inmuebles, o tener documentos como cotizaciones para blindajes, vehículos particulares a nombre del señor Otto Pérez Molina pero entregados, según se lee, a Juan Carlos Monzón”.

En el allanamiento a la oficina de Salvador Estuardo González Álvarez fueron incautados dos cheques a nombre de Roxana Baldetti, por parte de la empresa Proyectos Rentables de Inversión S.A., una financiera ligada a la ex vicepresidenta, de la cual el propio abogado de Baldetti admitió es accionista. Que suman  Q1,145,000 (de febrero de 2014). Y en otro registro un cheque por Q2,256,250 (de abril de 2014). En total el conjunto de seis cheques recibidos por Baldetti suma Q7,958,823.34. La cotización del blindaje (de febrero de 2013) de un vehículo Jaguar XF 3.0 a nombre del Presidente, solicitada por Juan Carlos Monzón, a facturar por Adquisiciones, Inversiones y Servicios, S.A., una empresa de Proyectos Rentables de Inversión S.A.

Un entramado en el que los dos líderes de la estructura ,Salvador Estuardo González Álvarez, alias “Eco”, y Juan Carlos Monzón Rojas, alias “JC”, actuaban como los chicos de los mandados del binomio presidencial. Encargados también del pago de boletos y recibos para la familia de Baldetti.

Y lo más revelador del caso: un memorándum redactado por Salvador González dirigido al Presidente con el título “Recaudación tributaria a cargo del sistema aduanero”, encontrado en las oficinas de “Eco” tras los allanamientos del 16 de abril, y enviado tres días antes al remitente “General Otto Pérez Molina, Presidente Constitucional de la República”. En este documento, según Velásquez, Eco le hace un reporte al Presidente de acciones sobre el sistema aduanero: “conforme a sus instrucciones se realizó un informe para identificar las debilidades en la recaudación de los tributos aduaneros, derechos arancelarios y el impuesto al valor agregado”, citó el comisionado.

Dicho “análisis” de mejoras a la recaudación fue realizado por alguien ajeno a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), como “Eco”, que incluso se permitió la ironía de incluir: “podrá ser de conocimiento de Cicig derivado de que se conocerían las metas del gobierno para alcanzar las metas de recaudación”.

La computadora de Salvador González, una mina de información, incluía además tablas de control de cobros y distribución de gastos. “Afortunadamente, con mucho orden. `Afortunadamente´ porque nos van a permitir en el análisis financiero una mayor exactitud en la determinación de otros elementos de prueba, con los elementos bancarios”, aseguró Velásquez. Según los cuadros se asignaba a “1 y 2” el 50% de la defraudación, a Monzón el 7,5%, y a González el 6.5%.

En el único gesto dramático de la conferencia, se mostró al cierre de la presentación sobre el organigrama ya conocido de los cabecillas de la estructura de La Línea, la imagen del Presidente y la ex vicepresidenta por encima de Juan Carlos Monzón y Estuardo González. De esa forma concluyó el comisionado: “No hay duda, por las referencias que se hacen inclusive a reuniones que se realizaron con el Presidente de la República, que todas las alusiones al 1 y a la 2 corresponden al Presidente y a la entonces vicepresidenta de la república”. “La participación del señor Presidente y la señora Ingrid Roxana Baldetti”.

Cuentas bancarias y escuchas: otro clavo en el ataúd

La ruta del dinero es el siguiente paso en la investigación sobre los presuntos cabecillas de “La Línea”, el Presidente y la ex vicepresidenta. La fiscal general explicó que la información presentada es apenas una muestra y que disponen de más documentos para analizar. Una imperturbable Aldana lanzó un dardo contra Pérez Molina: “Esperamos que se declare formación de causa contra el señor Presidente; así podremos solicitar sus cuentas bancarias. En el caso de la señora Baldetti Elías ya estamos en ese proceso. La investigación está a cargo de la fiscalía contra el lavado de dinero y otros activos”.

Pero ¿dónde acabó el dinero recaudado por la red, que según escuchas telefónicas fue depositado en, al menos, cuatro cuentas bancarias?

“Hubo en aquella comunicación cuatro cuentas que fueron abiertas si mal no recuerdo, por Corpogold. Hemos identificado cerca de nueve cuentas. Por un lado con el suministro de información financiera de parte de los bancos, y la cantidad de información recolectada. Lo que pretendemos es que haya una comprensión global del fenómeno y podamos llegar a determinar los recursos que se movieron a través de esas cuentas y sus destinos”, afirmó Velásquez. El comisionado evitó pronunciarse sobre si este dinero ha salido del país, un tipo de transacción que podría facilitar la investigación de otros países, como Estados Unidos, por lavado de dinero.

La fiscal Aldana puntualizó que ayer comenzaron a analizar los datos de las cuentas de Baldetti por las fiscalías contra el lavado de dinero y otros activos. La jefa del MP no descartó que estos análisis de reportes financieros alcancen al mismo Presidente.

En una entrevista en el noticiero Guatevisión, la noche del viernes, la fiscal también adelantó que poseen escuchas telefónicas del Presidente con integrantes de La Línea. Aunque nunca se intervinieron sus teléfonos, si se hizo con otros miembros de la red, y en estas comunicaciones se pudo establecer su contacto e incluso reuniones. Sobre su papel en la estructura Aldana fue categórica: “en el caso de La Línea no solo tenía conocimiento sino que participaba”.

“El dueño de la finca” cada vez más sólo

Un nuevo seudónimo fue revelado durante la conferencia de Cicig y MP respecto a los dirigentes de "La Línea". Al Presidente lo llamarían “el dueño de la finca”, y a la ex vicepresidenta “la dueña”. Si a Baldetti le tocó conocer el vacío del poder que decae en un hospital, a Otto Pérez Molina le ha tocado lo mismo solo que rodeado de funcionarios que ven a su gobierno como un cadáver andante.

Conforme avanzaba la tarde, la expectativa acerca del futuro inmediato de Baldetti aumentaba. ¿Sería presentada en tribunales y pasaría el fin de semana en una carceleta? (como el yerno y ex secretario general del Presidente, Gustavo Martínez), ¿lograría quedarse recluida en un hospital?, ¿sería trasladada al cuartel general de Matamoros (el extra oficial centro de detención personalidades)? Mientras la ex número 2 del gobierno de Otto Pérez Molina contemplaba su suerte, para el presidente las cosas no pintaban demasiado mejor.

El primer mensaje lo había mandado, una vez más, el gobierno estadounidense a través de su embajador Todd Robinson. En una entrevista con Radio Sonora, aseguró: “la justicia debe aplicársele a ella. El MP y Cicig han hecho una investigación seria”, y dejó abierta la posibilidad de una extradición de Roxana Baldetti a Estados Unidos, si se comprueba que metió a ese país en sus presuntos negocios. La patronal, que había pedido la destitución de Baldetti cuando la presión de las protestas ciudadanas y comunicados de la Embajada Estadounidense subieron de tono, convocó una conferencia de prensa para las cinco de la tarde. Ahí, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) pronunció las palabras que se había negado a pronunciar durante meses, creyendo que la crisis era manejable: le retiraban su apoyo.Primero antiguo aliado durante el gobierno de la Gran Alianza Nacional y después enemigo cuando Otto Pérez se convirtió en un crítico acervo del gabinete de Oscar Berger, Jorge Briz fue el encargado del ultimátum. Dijo: “hoy el MP y CICIG han presentado evidencias que señalan posibles vínculos del Presidente Pérez con una estructura de contrabando y defraudación aduanera, lo que compromete gravemente su posición al frente del Ejecutivo y la hacen insostenible”.“Por lo anterior demandamos a Otto Pérez Molina su inmediata renuncia al cargo de Presidente de la República de Guatemala”. CACIF hizo además un llamado al vicepresidente, Alejandro Maldonado Aguirre, para que asuma el papel ante una eventual renuncia del Presidente.

Las presiones son cada vez mayores y el Presidente se encuentra acorralado. Hay análisis de inteligencia que preparan la reacción para cualquier cosa: que el Congreso lo desconozca, en un intento por evitar la demanda ciudadana de depuración; que la solicitud de antejuicio prospere en la Corte Suprema de Justicia y llevar la presión al Congreso; que el mandatario abandone el país y rompa con el orden constitucional, o que incluso renuncie.

Frente al Palacio Nacional una magma de gente encendida pedía al atardecer lo que mucha gente ahí mismo pide desde hace cuatro meses: que Otto Pérez cese en el cargo. Por la noche, la televisión mostró cómo Baldetti era conducida al cuartel de Matamoros y un grupo de vecinos la recebía con los gritos de “¡ladrona!” y “¡corrupta!”, mientras ella ocultaba su rostro como lo hacen todos los días los detenidos de las notas rojas de los noticieros. Esa, hoy y desde hace meses, es la imagen que mejor describe para quienes gritan en las calles no solo el caso individual de la ex vicepresidenta, sino el de todo el sistema político guatemalteco. Si el general Otto Pérez Molina, cuya carrera política despegó durante el autogolpe de Estado del presidente Jorge Serrano Elías en 1993, observó todo esto, es posible que experimentara un viaje al pasado y se imaginara en la misma inestable silla.