Portillo tardó cuatro años en dar el “sí”

La tarde del 26 de enero de 2010, apenas unas horas después de la captura del expresidente Alfonso Portillo en Punta de Manabique, Izabal, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el fiscal español Carlos Castresana, se reunió con el embajador de los Estados Unidos en este país, Stephen McFarland. En ese encuentro, en el que también estuvo presente Drew G. Blakeney, oficial político y económico de la Embajada, Castresana informó al diplomático sobre los detalles del operativo de búsqueda montado desde dos días atrás para detener a Portillo, así como los ofrecimientos que le hicieron para agilizar el proceso penal en su contra.

Al día siguiente, McFarland suscribió el cable O 270012Z que fue enviado al Departamento de Estado en Washington, con copia a las embajadas estadounidenses en Centroamérica, el Comando Sur del Ejército, los cuarteles generales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigación (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA). Ese documento contenía su propio informe sobre la captura de Portillo, hecho que calificó como “un poderoso mensaje para los guatemaltecos (sobre) que nadie está por encima de la ley”.

Durante 72 horas, entre el 23 y el 26 enero, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) e investigadores de la CICIG y del Ministerio Público, siguieron la pista de Portillo por seis casas de seguridad en comunidades del oriente del país. “Lo persiguieron… hasta una casa (de seguridad) cerca de Punta de Manabique, en la punta de la bahía de Amatique, que está a un viaje corto en lancha. Castresana (nos dijo) que Portillo estaba a minutos de irse para Belice”, señala el cable enviado por McFarland, el cual fue desclasificado por el Departamento de Estado el 14 de noviembre de 2012, a petición del Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) de la Universidad George Washington.

El cable, clasificado como “confidencial” y que debía mantenerse así hasta el 26 de enero de 2035, fue desclasificado antes a petición del NSA,  y archivado como el caso número F-2010-02750, documento número C17518073.

Castresana, según ese documento, también reveló que la investigación de la CICIG había descubierto a Portillo y su familia tres millones de euros en varias cuentas europeas, y en base a esas evidencias pidió al expresidente arrestado que devolviera esa cantidad a cambio de una sentencia reducida en Guatemala y un proceso de extradición expedito a Estados Unidos. Pero Portillo se rehusó.

“La oficina del Fiscal General (MP) y el acusador de la CICIG –dijeron a Portillo– que podían ofrecerle una sentencia reducida por el delito de apropiación indebida de fondos públicos durante su Presidencia –lo que requeriría el retorno de los tres millones de euros–, seguida de la extradición inmediata a los Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero, lo cual podría implicar sentencia de prisión de diez a 20 años. La otra opción de Portillo sería permanecer detenido en la peligrosa prisión de la zona 18 de la capital guatemalteca mientras peleaba contra los cargos criminales y la extradición…”, señala el cable.

El excomisionado dijo a Plaza Pública, por medio de un correo electrónico, que ese dinero, cuyo origen no precisa, “había sido incautado de oficio porque el BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) de París había comunicado la operación como sospechosa de lavado; eran tres cantidades de importes casi iguales, por el total que mencionas, en Francia, Luxemburgo y Suiza, en cuentas a nombre de la primera esposa” de Portillo, María Eugenia Padua, ya fallecida.

El fiscal Juan Francisco Sandoval, quien investiga dos casos en Guatemala contra Portillo  -el de los cheques de Taiwán y el del desfalco en el Ministerio de la Defensa-, reconoce la existencia del dinero congelado al expresidente en Europa, pero asegura no tener conocimiento sobre el trato que la CICIG le pudo haber ofrecido. “Yo lo que sé es que en Europa existen 2.836,235.98 euros congelados, que son como 30 millones de quetzales. Ahora, sobre alguna conversación, no sabemos”, explica. Sandoval reconoce que el mandato establece que la Comisión puede tener acceso a centros de detención, pero pone en duda que se hubiera realizado dicha propuesta: “Tendrían que haber involucrado a muchas autoridades, además el dinero no es de ir a traer y decir "aquí está el dinero"”. El fiscal explica que rastrear la ruta del dinero fue una tarea complicada, y devolverlo no hubiera sido un trámite sencillo.

Según el cable de la Embajada, Castresana explicó a los diplomáticos estadounidenses que Portillo “rechazó inmediatamente la extradición voluntaria a Estados Unidos, diciendo que defendería su caso en Guatemala”. En la comunicación con Plaza Pública, el excomisionado no hizo referencia a esa propuesta.

En otros cuatro cables confidenciales, también desclasificados en noviembre de 2012, queda claro cómo la embajada estadounidense siguió de cerca la persecución legal contra Portillo y el trabajo de la CICIG en éste y otros casos. 

El 23 de junio de 2010, el mismo día en que la Corte de Constitucionalidad certificó que Alfonso Portillo era extraditable, el embajador McFarland envió una breve explicación a Washington sobre el proceso judicial en la que advirtió que la estrategia de los abogados del expresidente se basaba en ataques a los querellantes de la Comisión. “Han alegado que los abogados de CICIG, asignados para apoyar a los fiscales en el caso, no tienen licencia para practicar el derecho en Guatemala, por lo que no debería permitírseles participar (en el proceso)”, señaló.

Embajada en peligro

El 19 de marzo de 2010, el embajador encendió las alarmas. Ese día, Stephen McFarland firmó el cable 0R191717Z para informar al Departamento de Estado que el proceso legal contra el expresidente Alfonso Portillo, capturado mes y medio antes, bajo cargos de corrupción y lavado de dinero, podía poner en entredicho la seguridad de la Embajada.

“El caso Portillo, así como otros casos de la Cicig tienen implicaciones de seguridad para la embajada a los que nos referiremos en una comunicación por separado”, escribió McFarland aquel día a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, a través de la oficina del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y a los cuarteles centrales de la CIA, el comando Sur y el Departamento de Inteligencia Militar.

Para ilustrar, McFarland narró un incidente ocurrido dos días antes, el 17 de marzo, cuando el Tribunal Quinto de Sentencia de Guatemala falló a favor de la extradición de Portillo a los Estados Unidos. “La audiencia se interrumpió brevemente por una llamada anónima; quien llamó aseguró que tenía en su poder a familiares de los tres jueces que estaban conociendo el caso y dijo que esos familiares serían asesinados si la audiencia no se suspendía inmediatamente. Los tres jueces salieron del salón, verificaron que sus familiares estaban bien y continuaron con los procedimientos”, señala el cable.

“Lo que le sé decir es que desde ese día yo tengo seguridad. No sé si sea por eso…”, dice el fiscal Sandoval al recordar el incidente en el Tribunal. “La juez presidente, que era Morelia Ríos, me interrumpió… y me gritó y todos nos desestabilizamos en la sala… fue como consecuencia que recibió unas llamadas telefónicas… porque le estaban amenazando”, cuenta el agente del Ministerio Público, quien reconoce que su oficina recibió críticas por no investigar a profundidad esas amenazas. No lo hicieron, dice, porque según la ley debía mediar una denuncia específica de los amenazados. “Tenían que venir al Ministerio Público, pero no lo hicieron”.

Más adelante, en esa audiencia, Portillo acusó al embajador McFarland de fabricar el proceso de extradición como una venganza porque, cuando era presidente, él no apoyó a Estados Unidos en la guerra contra Iraq.  McFarland, dijo Portillo según el cable del embajador, “había conspirado contra él” cuando fue jefe de misión adjunto en Guatemala entre 2000 y 2003.

En marzo de 2003, cuando McFarland era el segundo al mando en la Embajada, Portillo envío una carta al entonces presidente estadounidense, George W. Bush, en la que se solidarizaba con su homólogo en los momentos en que Washington invadía Iraq, pero también escribía: “Recordamos la necesidad de mantener los grandes logros que la humanidad construyó gradualmente el siglo pasado, en particular las organizaciones multilaterales como Naciones Unidas, que son la mejor garantía de que continuaremos construyendo un mundo basado en los valores de la democracia y la paz”.

Para John Hamilton, en 2003 embajador de la Casa Blanca en Guatemala y jefe de McFarland, la carta de Portillo era un intento de quedar bien con Washington, sin comprometerse con un apoyo explícito a las “hostilidades en Iraq”. Así lo escribió Hamilton al Departamento de Estado en un cable revelado por la organización Wikileaks con la referencia 03GUATEMALA746_a.

Al final del memo de 2010, en el numeral 6, y después de un comentario que está tachado en la versión desclasificada en noviembre de 2012, McFarland insiste en que el caso tiene “implicaciones para la seguridad de la embajada”. En el párrafo número tres del cable, el embajador se refiere a preguntas que le habrían hecho periodistas sobre posibles atentados o amenazas con él contra personal de la embajada. “Estamos claros de lo que tiene que hacerse y lo haremos”, refiere a Washington su respuesta a esas preguntas. Ese mismo día, en declaraciones a la BBC, Portillo había dicho que McFarland y la CICIG estaban “atropellando el estado de Derecho en Guatemala”.

En ese cable del 19 de marzo de 2010, el 0R191717Z, McFarland también se refiere a la defensa que hizo Portillo ante las acusaciones de lavar dinero proveniente de donaciones hechas por el gobierno de Taiwán (además de a los usuales destinatarios en Washington, este memo también fue dirigido a la oficina de intereses que Estados Unidos tiene en Taipei). Dice Portillo que no es culpable de lavado porque “ha aclarado que el dinero en cuestión –que terminó en cuentas bancarias de sus familiares– había sido una donación privada del Gobierno de Taiwán”.

El 17 de marzo pasado, justo cuatro años después de que la Justicia guatemalteca lo declaró extraditable, el expresidente Alfonso Portillo se declaró culpable de conspiración para lavar dinero ante el juez neoyorquino, Robert Patterson, de la Corte Federal de Distrito en Manhattan. El exmandatario aceptó haber recibido un soborno de 2,5 millones de dólares como recompensa por el apoyo diplomático a Taiwán, dinero que “lavó” en el sistema financiero estadounidense.

“Entendí que, a cambio de esos pagos, debía usar mi influencia para que Guatemala reconociera diplomáticamente a Taiwán”, admitió Portillo ante el juez Patterson.

A cambio de aceptar su culpabilidad, según el acuerdo al que llegó con la Fiscalía, el expresidente espera recibir una condena de entre 46 y 71 meses de prisión, y no de 20 años como lo establece la legislación estadounidense para ese tipo de delitos. Se prevé que el juez Patterson dicte sentencia en su contra el próximo 23 de junio.

Una semana después, la embajada de Taiwán en Guatemala, negó que su  Gobierno haya sobornado a Portillo, y aseguró que los fondos que se le entregaron fueron para financiar dos proyectos relacionados con la impresión de libros de texto para profesores y bibliotecas para la paz. Sandoval, del Ministerio PúblicO, explica que la embajada de Taiwán en 2006 dio información a la fiscalía de la existencia de dichos cheques, aún esperan información sobre tres cheques más que fueron emitidos en el 2000. “No nos han negado, dicho información. Sino que han demorado en presentar esa información”, explica el fiscal, quien aduce la demora a lo complejo de la investigación con los cambios de autoridades en el gobierno taiwanés.

En enero pasado, otro expresidente centroamericano, el salvadoreño Francisco Flores, se vio en aprietos políticos por acusaciones similares de utilizar para beneficio personal dinero proveniente del Gobierno de Taiwán. Ante una comisión especial legislativa en San Salvador, Flores dijo, como Portillo, que Taipei le había entregado al menos 10 millones de dólares a él personalmente, aunque, a diferencia del guatemalteco, el salvadoreño alegó que el dinero había ido a parar a beneficiarios de proyectos sociales de los que no dio mayor explicación. La Fiscalía salvadoreña tiene abierta una investigación en su contra, pero a diferencia de Portillo, Flores sigue libre.