El comunicado está firmado por la Asociación de Periodistas de Guatemala, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), la Cámara de Locutores Profesionales y los Cronistas Deportivos Guatemaltecos. Además de la información errónea y tendenciosa que se expresa en el documento, la alianza de periodistas argumenta que se estaría promoviendo «la regulación del ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión», lo cual no tiene ningún asidero.
Habría que recordarles a quienes firmaron ese comunicado que fue el incremento de las violaciones de los derechos de quienes ejercen el periodismo lo que llevó a la exigencia al Estado guatemalteco de crear un programa de protección en el marco de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (del 22 de octubre de 2012, en su decimocuarto período de sesiones). En 2012 fueron denunciados 61 hechos en la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas. De ese año en adelante, las denuncias han venido incrementándose. Y fue 2015 el año más violento, con 131 denuncias en esa misma unidad.
Por tal motivo, el 28 de noviembre de 2013 la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia dio a conocer una iniciativa de crear dicho programa, por lo cual se firmó un compromiso público en el que participaron altos funcionarios del Ejecutivo, el presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh) y representantes del Procurador de los Derechos Humanos y del Ministerio Público, quienes contaron con el acompañamiento de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y del representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Dicha propuesta incluía hacer efectivas las medidas de protección y fortalecer el mecanismo de coordinación entre la Copredeh, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, así como entre las otras instituciones responsables de la prevención y protección del gremio periodístico. Contemplaba, además, la adopción de medidas de seguridad preventivas y de protección que salvaguardaran la vida de quienes ejercen el periodismo.
Posteriormente, en febrero de 2014, fueron instaladas las mesas de Alto Nivel y Técnica con el objetivo de coordinar el proceso de construcción de dicho programa, pero fue hasta junio de ese año cuando fue contratada la persona que lo desarrollaría. Un año después, el 10 de febrero de 2015, la consultora entregó la Propuesta preliminar del programa de protección a periodistas. A pesar de que esta fue sometida a discusión con algunos periodistas capitalinos y departamentales, los mismos sectores que hoy alzan la voz airadamente hicieron oír su queja reclamando mayor participación de periodistas en la elaboración y el debate del documento. Si bien es cierto que aquella fue una propuesta perfectible, hubo involucramiento de varios sectores en su proceso. Sin embargo, en el comunicado expresan que «fue una farsa montada por el anterior gobierno, que pretendió, mediante una mesa técnica integrada por burócratas nacionales e internacionales, definir un mecanismo de protección ignorando a los actores a quienes va dirigido». De que el anterior gobierno careció de legitimidad no hay duda, pero aquella no fue una propuesta que aquel amablemente hubiera concedido, sino una que se vio obligado a impulsar por el aumento de riesgo para el ejercicio periodístico. Ahora es muy fácil querer ligar la propuesta al gobierno anterior porque es un argumento que genera adhesiones inmediatas. No obstante, desinforma o da a conocer solo una parte de la historia a la ciudadanía.
Debido a las inconformidades esgrimidas en cuanto a la forma como se elaboró aquella propuesta, en el informe del 2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la relatoría reafirmó la importancia de que exista un programa que siga los lineamientos y estándares internacionales, de que se haga en consulta plena y permanente con periodistas y personas vinculadas a medios de comunicación y de que se tenga en cuenta la necesidad de garantizar a los y las periodistas la posibilidad de continuar laborando mientras se diseñan las medidas de protección disponibles.
En el 2017, a casi cinco años de asumido el compromiso, con un permanente incremento de la vulnerabilidad específica, quienes ejercen el periodismo y la comunicación social en Guatemala no cuentan con la prevención ni la protección necesarias de parte del Estado. Y cuando surge un intento de discusión (porque, señores y señoras, la convocatoria de la diputada Sandra Morán no fue más que eso: una invitación al debate para conocer la situación del proceso y cómo se puede impulsar el mecanismo de protección), las cámaras salen presurosas a atajar cualquier intento que no se haga a imagen y semejanza de sus exigencias y ponen en la agenda pública información tendenciosa en la que se acusa a la diputada de querer promover «una regulación que incluya una ley general de medios de comunicación, extremo que [dichas cámaras consideran] que es el verdadero objetivo de dicha pretensión».
¡Cuidadito, señora diputada, con tocar el oligopolio mediático de Guatemala! ¡Cómo se le ocurre tamaña barbaridad! Más allá del sarcasmo, es importante aclarar que esta propuesta no fue parte del evento al cual la diputada Morán invitó. Es más bien un punto que se coloca en el comunicado aludido para intentar demeritar el esfuerzo.
Parece que habrá que esperar, entonces, a que estos sectores de poder expresados en las cámaras firmantes hagan la propuesta de protección idónea para que finalmente se apruebe. En ese caso, claro, no habrá ningún tipo de denuncia de falta de legitimidad de las autoridades que lo impulsen, ya que provendrá de sus representantes, y, por supuesto, tampoco habrá reclamos airados de mayor participación, pues sin lugar a dudas será un debate absoluta y enfáticamente incluyente. Y por sobre todas las cosas, los periodistas, comunicadores y medios (sic) sí serán tomados en cuenta como sujetos, y no como objetos de lo propuesto (por favor, nótese la ironía de mi comentario). Mientras tanto, sigamos esperando.
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