Rodolfo Galdámez, viceministro de Salud y proveedor del Estado, según Guatecompras

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) benefició en 147 eventos de adquisición en Guatecompras a Rodolfo Galdámez Orellana desde el 15 de enero pasado, a través de una empresa individual. Justo cuando él fue nombrado como viceministro técnico del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS). El monto adjudicado este año al funcionario es de 218,690 quetzales. Desde 2009, recibió 3,076,475.49 quetzales.

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El hoy viceministro técnico registró en Guatecompras esta empresa con su nombre el 23 de marzo de 2006 para hacer negocios en el sector privado y público. Como nombres comerciales ha usado “Transporte Marítimo de Pasajeros Lancha Elsa Lucía”, “Centro de Diagnóstico San Juan” y “Centro de Diagnóstico Bethel”. Guatecompras da cuenta de cuatro adjudicaciones por concurso el 16 y 30 de enero, y el 12 y 26 de febrero. La última compra directa, es decir, sin concurso, fue el 6 de marzo, cuando comenzó el Estado de Calamidad por la pandemia de COVID19.

El Centro de Diagnóstico Bethel se ubica en el tercer nivel del Centro Comercial El Frutal, en la zona 5 de Villa Nueva, y es el que utiliza para prestar varios servicios al IGSS. Según la plataforma profesional LinkedIn, la hija del viceministro, Lucía Galdámez Falla trabaja en el centro desde enero de 2018 y es radióloga como su padre.

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A pesar de que Galdámez ha sido contratista del Estado desde 2009, es a partir de 2016 que los montos registrados en Guatecompras se elevan cada año. La mayoría de adjudicaciones y compras directas son con el IGSS, aunque una parte depende del MSPAS.

Los servicios generales que se ofrece en el centro médico se refieren a asuntos de su especialidad, como toma de rayos X o ultrasonidos.

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Al ser consultado por Plaza Pública en la noche del lunes 13 abril, Galdámez indicó que él ya no es parte de la empresa. Una empresa individual se registra con el número de Documento Personal de Identificación y con el Número de Identificación Tributaria, ya que se utiliza el nombre personal como nombre legal de la empresa. La hija del viceministro también registra en Guatecompras el nombre comercial “Centro de Diagnóstico Bethel”, pero no cuenta con ninguna adjudicación estatal.

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Para explicar por qué la hija del viceministro también cuenta con el nombre comercial del centro médico, existen dos vías. La primera es que padre e hija sean copropietarios, lo cual hace responsables legales de la empresa a ambos. La segunda es que el viceministro le haya cedido la empresa a su hija. Ninguno de estos extremos se pudo comprobar ya que los registros públicos están cerrados por el confinamiento y el viceministro no quiso responder.

En cualquier caso, en las adjudicaciones registradas hasta el 6 de marzo de este año, él aparece como propietario en el portal de contrataciones, que da cuenta de que la fecha de actualización de datos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fue el 13 de febrero de este año. Es decir, al menos del 15 de enero al 6 de marzo de 2020, Galdámez fue viceministro de Salud y proveedor del Estado.

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El viceministro ofreció una entrevista personal para el mediodía del martes, después de una citación con la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza. Antes de la reunión con los diputados, se le preguntó si podía atender la entrevista en el Congreso, pero se negó. También rehusó hacerlo por teléfono. Dijo que llamaría al mediodía para establecer la cita. Llegadas las 12 horas, se intentó hablar con el funcionario por teléfono y no respondió. Tampoco lo hizo media hora después.

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A las 14:50 horas, Plaza Pública recibió una llamada de Helen Mena, exasistente del exdiputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional. Mena indicó que estaba haciendo un favor para gestionar la entrevista que ofreció el viceministro. La exasistente legislativa comentó que el funcionario quería posponer la reunión hasta el próximo viernes, pese a sus ofertas anteriores. El miércoles, durante una llamada telefónica Galdámez ratificó la cita, e insistió en hablar "como amigos". El jueves por la tarde se recibió otra llamada, esta vez de Seleni Mena, madre de Helen y encargada de la comunicación del viceministro. La asistente confirmó una cita para el viernes por la mañana, no ya con Galdámez, sino con ella, con el fin de conocer las preguntas y trasladárselas a su jefe. Una hora y media antes de la reunión, Mena también canceló este encuentro con un mensaje de Whatsapp e indicó que la comunicación debía darse de forma directa con el viceministro y pidió que Plaza Pública se comunicara con él. Se le telefoneó dos veces y se le escribió un mensaje, pero Galdámez no respondió, ni el viernes ni hasta las 9 de la mañana del sábado, cuando se publicó esta investigación. Fueron las dos últimas de trece llamadas que se hicieron para concertar una entrevista.

¿Un nombramiento anómalo?

Según Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, podría existir un conflicto de intereses pues, que el viceministro siga siendo proveedor del Estado al ostentar el cargo podría influir en las compras y contrataciones. Para el analista, el nombramiento de Galdámez podría ser anómalo, pues el funcionario tuvo que haber registrado en su declaración jurada entregada a la Contraloría General de Cuentas que era proveedor del Estado cuando asumió.

El artículo 80 de la Ley de Contrataciones, en su inciso F, establece que: “No podrán concursar o celebrar contratos con el Estado, o tener otra calidad referida a los proveedores y contratistas del Estado: Los dignatarios de la Nación, funcionarios públicos, empleados públicos o las autoridades de las entidades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, así como sus cónyuges. Esta prohibición aplicará durante el ejercicio del cargo”. También lo prohíbe el artículo 19 de la ley de Probidad en su inciso C.

Además, el Código Penal establece en su articulo 432 que “comete delito de nombramientos ilegales el funcionario o empleado público que, a sabiendas, nombrare para cargo o empleo póblico a persona en quien no concurra los requisitos que la ley exige. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de seis meses a dos años y multa de diez mil a 25 mil quetzales”.

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Controversia con Aldo Dávila

El nombre del viceministro Galdámez estuvo en el centro de atención a principios de marzo, cuando el diputado de Winaq Aldo Dávila lo cuestionó sobre cómo estaban preparándose para lo que entonces todavía era una probable crisis sanitaria por la pandemia del COVID19. Ese día el funcionario no supo responder y dijo que estaban encomendados a Dios.

Tras esa citación, el presidente Giammattei llamó «esperpento» al diputado que cuestionó al viceministro por primera, pero no única vez.

Fuentes que conocen a Galdámez sostienen que es un viejo amigo del presidente Giammattei.