Hay mucha literatura al respecto, pero yo he tenido a la vista la tesis de la doctora Midori Papadopolio (Universidad Rafael Landívar, 1995), cuyo mérito es haber hecho un recuento de aquellos eventos desde el punto de vista jurídico.
Tras el golpe, Serrano gobernó mediante unas «Normas Temporales de Gobierno» que se vieron revertidas por resoluciones de oficio de la Corte de Constitucionalidad (CC), presidida entonces por Epaminondas González Dubón, con la consigna del «retorno a la institucionalidad constitucional». Debido a este fracaso, Serrano anda prófugo de la justicia por delitos contra la Constitución y por abandono de cargo, entre otros.
Lo cierto es que aquel suceso aglutinó a una buena parte de la sociedad civil bajo la hegemonía del sector empresarial en la denominada Instancia Nacional de Consenso (INC). Incluso se registra que varias de las reuniones de esta se realizaron en el edificio de la Cámara de la Industria.
Y luego de la elección del nuevo mandatario por parte del Congreso de la República, compuesto entonces por 116 diputados, el presidente electo Ramiro de León Carpio se hizo eco de las demandas de la INC para «proseguir el retorno a la institucionalidad» mediante la depuración del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Tras un zipizape legal que duró varios meses, en los cuales quedó claro que no podía haber invasión de poderes según opiniones consultivas de la CC, hacia mediados de noviembre la Iglesia católica medió para consensuar un paquete de reformas que tuviera dos propósitos: 1) resolver el tema de la depuración del Congreso y de la CSJ y 2) incluir otras reformas en otros órganos del Estado, como la Junta Monetaria, la Procuraduría General de la Nación, etc.
El resultado: un paquete de reformas ad hoc a los intereses empresariales de un Estado mínimo, las cuales debilitaban el poder legislativo.
Es de notar que el Congreso se redujo de 116 a 80 diputados y su mandato de cinco a cuatro años, como el del Ejecutivo, con lo cual se hizo una revocatoria de mandato fast track, que a la larga causó más debilidad a las instituciones y a la continuidad de las políticas públicas.
Además, aumentaron los poderes de los capitales financieros a través de la Junta Monetaria (JM) y del Banco de Guatemala. Al revisar los textos anteriores y posteriores a la reforma de la JM se ve que una ideología económica y unos determinados capitales privados fueron los grandes ganadores. Por si fuera poco, en las elecciones a diputados siguientes el partido que más escaños obtuvo fue el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), del general Efraín Ríos Montt, que inició una era de nepotismo y discrecionalidad en el seno del Congreso.
En toda regla, las reformas constitucionales de 1994 fueron favorables a las élites y desfavorables a los poderes democráticos públicos. Quien se pronunció públicamente contra tales reformas fue el mismo González Dubón, que fue asesinado al año siguiente en un operativo claramente estatal.
Con tales antecedentes hay que tomarse con pies de plomo esas consignas que solo favorecen el statu quo antidemocrático y antipopular. Entonces, ¿cuál es el escenario real de una depuración? Si por depuración entendemos el inicio de una revolución ciudadana, hay que plantear claramente el método.
Se sabe que toda revolución se compone por lo menos de tres actos: 1) la chispa que enciende los ánimos masivos, 2) los puntos políticos que facilitan el consenso y la movilización y 3) la conclusión vencedora. Para que la victoria sea real tiene que haber una fuerza armada del lado del pueblo o una suficiente neutralización de la fuerza armada enemiga. De otro modo no sería concluyente.
Desde mi punto de mira, la depuración del Congreso y de la justicia ya está ocurriendo de manera judicial, institucional e individualizada. Y esa es la vía correcta.
Y ya que tal autodepuración está en marcha, resta concentrarse en tres cosas: 1) consensuar el conjunto de nuevas reglas del juego que faciliten una mejor participación ciudadana a largo plazo, 2) construir los actores, los sectores y las organizaciones favorables al cambio y que con aliados dentro del Congreso articulen el debate a nivel nacional y 3) construir la plataforma política que los llevaría adelante en el 2019. A esta coalición yo la denomino Movimiento Nacional Progresista.
Más de este autor