Este espacio, que ya estaba habitado, fue dispuesto para el cultivo de la caña y el poblamiento de españoles por el Cabildo de Santiago de Guatemala el 13 de julio de 1536 en favor del vecino Antonio Diosdado, según consta en las actas del recién publicado Libro segundo del Cabildo de la ciudad de Santiago de la provincia de Guatemala. Estas evidencias históricas fundamentan no solo su protección como bien cultural según el artículo 8 de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador (Leppces), sino, ante todo, su importancia en la comprensión de su propia historia como sociedad y como país.
El dictamen de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa emitido ante el conflicto surgido por la orden de los ministerios de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cultura de detener la construcción de la urbanización Las Victorias en esta zona arqueológica a la empresa Fénix ha sido desconcertante. Mediante la aprobación de una interpretación auténtica de la Leppces, no solo pretende despojar de su carácter histórico al paisaje y a los bienes inmuebles del país, sino también impedir a todos los salvadoreños reflexionar sobre su propia identidad cultural.
A partir del argumento planteado por la constructora sobre la supuesta arbitrariedad de la ley y el dictamen científico de los arqueólogos que no le permite, según esta, contribuir al desarrollo de esta localidad, evidencia que la salvaguarda de su derecho comercial vulnera una ley de la república y la obligación del mismo Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho de todos sus habitantes a participar en la vida cultural del país, según lo dictan la misma Constitución salvadoreña y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificado por el Estado de El Salvador. Más allá de señalar que los plazos y procedimientos de la administración pública terminaron por causar un daño irreversible al patrimonio cultural del país por detener tardíamente esta construcción, hay que poner atención a que el impulso de esta interpretación de la ley quiere refrendar una situación que en los últimos años los historiadores, arqueólogos y antropólogos salvadoreños y extranjeros hemos querido revertir: el desprecio y desinterés por la historia en el espacio público. La historia, como otros saberes, es un conocimiento fundamental para el desarrollo científico y social de El Salvador.
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En nombre de la ley no se puede negar la historia y, menos aún, quitarle a la ciudadanía los lugares que pueden ponerla en contacto con ella misma para pensar su recorrido e importancia en el tiempo. A pesar de tantos esfuerzos individuales e institucionales, en algunos países de la región no se ha comprendido que la cultura es un bien que trae desarrollo e ingresos económicos a una sociedad cuando hay políticas de Estado que la dan a conocer y le otorgan un lugar en la historia mundial tendiendo puentes entre los pueblos y, mejor aún, aportando nuevas comprensiones sobre nosotros mismos y nuestra propia realidad social.
Escribo estas líneas desde mi casa en la ciudad de Guatemala, que se encuentra en un residencial construido sobre el sitio arqueológico Kaminaljuyú-San Jorge a finales de los años 70. Por esta falta de acción positiva en el cumplimiento de la ley para proteger los derechos culturales de los ciudadanos de este lado del río Paz, las futuras generaciones nunca podrán conocer la historia de las sociedades que habitaron esta zona antes de la presencia española en América. El deber de la historia es impedir que esta aberración se repita en El Salvador, país en el que día a día toca luchar por el derecho que tienen todos sus ciudadanos a conocer, preservar y seguir escribiendo su propia historia.
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