Thelma Aldana se despide con dos casos y deja una brasa ardiente en manos de Consuelo Porras

Con su usual temple serio y encajado, la fiscal general Thelma Esperanza Aldana Hernández, se sentó en la mesa de conferencias del octavo nivel del Ministerio Público (MP). A su lado, por momentos igual de serio y circunspecto, Iván Velásquez Gómez, el abogado colombiano jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), su mancuerna en los últimos tres años, en la lucha contra la corrupción e impunidad.

Son las últimas horas de Aldana como Fiscal General y en el ambiente se percibe la expectativa acerca de las investigaciones que dará a conocer previo a su salida el próximo 17 de mayo.

“Vamos a compartir con ustedes la presentación de dos casos”, dijo Aldana a manera de introducción y prosiguió a explicar el tema relacionado al Registro de Información Catastral (RIC). La segunda investigación era la que más expectativa generó, pues inicialmente se hablaba de una petición para retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales por el caso denominado Financiamiento Electoral Ilícito Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación),

El tema de financiamiento electoral ilícito se ha convertido recurrente cuando se habla de FCN-Nación. En agosto de 2017, Aldana y Velásquez pidieron una solicitud de antejuicio contra Morales porque el partido no había declarado Q6.7 millones que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante la campaña de 2015. El pasado 18 de abril las autoridades presentaron el caso que involucra a un grupo de la cúpula empresarial por haber dado hasta Q8.3 millones de manera anónima para pagar a los fiscales distritales, departamentales y de mesa de la agrupación durante la primera y segunda vuelta electoral hace tres años. Por esta segunda etapa, los empresarios José Andrés Botrán Briz y Luis Rodrigo Arenas Echeverría fueron citados al Juzgado de Mayor Riesgo “D” y ligados a proceso por el delito de financiamiento electoral ilícito. A ambos se les acusa de gestionar y ocultar la procedencia de los recursos económicos que llegaron al partido y de utilizar la empresa Novaservicios, S.A. para lograr este cometido.

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Ese día, Aldana anunció que la próxima etapa trataría acerca de los aportantes. Se refería al poderoso grupo de empresarios que hicieron aportes millonarios a la campaña de Morales, de forma anónima, y por lo tanto, según la legislación, ilegal. Los identificó como Carlos Manuel Paiz Andrade, José Miguel Torrebiarte Novella, Óscar Emilio Castillo, Fernando Paiz, Sergio Paiz del Carmen, Salvador Paiz del Carmen, Felipe Bosch Gutiérrez, Fraterno Vila Girón, Ramiro Alfaro Samayoa, Herbert González, José Guillermo Castillo Villacorta y Julio Ramiro Castillo Arévalo.

Horas después de ello, algunos de los aludidos por medio de una declaración leída a la prensa, admitieron los hechos, pidieron disculpas y argumentaron que lo que hicieron “fue por Guatemala”. Según Aldana, en las semanas siguientes varios de ellos se presentaron en la Fiscalía de Delitos Electorales con documentos y pruebas que corroboraron las declaraciones de las colaboradoras Paulina Paiz Riera de Morales y Olga Méndez López.

“Los empresarios reconocieron haber efectuado los aportes para ese partido por medio de la entidad Novaservicios, S.A. que pagó directamente a los fiscales y ellos, en contrapartida, recibieron una factura de parte de Novaservicios por conceptos varios”, explicó la Fiscal en la conferencia del martes.

Iván Velásquez dijo que a petición del Ministerio Público y la Cicig, los empresarios deberán comparecer ante el juzgado correspondiente el próximo 1 de junio, en audiencia de primera declaración, para responder por el delito de financiamiento electoral ilícito. No pidieron la detención de los empresarios, explicó Velásquez, debido a la colaboración que han ofrecido a los investigadores.

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El jefe de la Cicig subrayó que el delito por el que se pidió sindicar a los empresarios no tiene que ver con el hecho mismo de haber financiado la campaña electoral del FCN-Nación, sino por el carácter anónimo del acto. “Financiar campañas políticas no es delito. El delito es financiar anónimamente o con recursos del crimen organizado campañas políticas”, indicó.

Además, explicó los efectos (u objetivos) del financiamiento de estos empresarios hacia el partido de Morales: “Ocultar el origen de los recursos y utilizar subterfugios para hacerlos llegar a determinado partido, “causa daño a la democracia y vulnera la independencia de quienes tienen en sus manos decisiones de políticas públicas que afectan a todos los habitantes del país”.

Velásquez también envió un mensaje al Congreso, donde se discute la reformar del artículo del Código Penal que sanciona el financiamiento electoral anónimo, cuya modificación podría favorecer a los empresarios y políticos sindicados en este caso. “Las normas que sancionan el financiamiento ilícito de la política incluyendo el financiamiento anónimo, deben ser robustas, severas, ejemplares, si es que en realidad se aspira a la prevención de la corrupción y a las garantías de no repetición”.

Pero la búsqueda de verdad y justicia por este caso no queda solo en la supuesta responsabilidad de los financistas y los operadores. Según Aldana, también se debe procesar a quien ocultó el dinero recibido. Es decir, al presidente Jimmy Morales quien entonces, además de candidato presidencial era el secretario general del partido FCN-Nación, y por tanto, representante legal.

“Sí existen elementos abundantes para pensar en la posibilidad de iniciar un antejuicio contra el señor presidente de la República, quien en aquel momento era el secretario general del partido FCN-Nación”, respondió la Fiscal General a las insistentes preguntas de los reporteros.

“Asumo que en ocho o quince días se podría plantear la solicitud de antejuicio”, agregó, con lo que ponía una ardiente brasa sobre las manos de María Consuelo Porras, quien la sustituirá en el cargo a partir del 17 de mayo.

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Hasta el momento Porras no se ha pronunciado respecto a la prueba de fuega que le hereda su antecesora, pero en declaraciones a periodistas en días pasados, ha dicho que su intención es aplicar la ley “de forma pareja” para todos los ciudadanos, sin distinción. También ha dicho que considera al presidente Morales —quien la eligió de entre una nómina de seis candidatos— como “un aliado” en la lucha contra la corrupción.

El RIC, la caja chica del PP

El otro caso presentado por el MP y la Cicig giró alrededor del Registro de Información Catastral (RIC), una institución del Estado utilizada durante la administración del Partido Patriota (PP) como “nido de plazas”. El nombre que le dieron a la investigación es #CajaDePagosRIC. Velásquez y Aldana explicaron cómo se sustrajeron al menos Q4.8 millones del RIC mediante la adjudicación de 18 plazas fantasma bajo el renglón 0-29. Además de estas, se investigan otros 50 contratos que podrían haber incurrido en la misma modalidad.

Las tres formas que se utilizaron las plazas para sustraer el dinero de la institución fueron:

1. El empleado contratado se queda con un porcentaje del salario y el resto se lo entregaban a la persona que los refirió. Este tipo de contratación suma nueve plazas.
2. El contratado se quedaba con el dinero, pero no cumplía con el objetivo de su contratación. Por ejemplo, Ana Lucía Recinos Chavarría (hija del exalcalde de Barberena, Rubelio Recinos, y la diputada por Santa Rosa, Aracely Chavrría de Recinos). No cumplió con su contrato, pero cobraba y se quedaba con el sueldo.
3. El contratado efectuaba otras actividades no relacionadas al RIC, pero esta institución era quien le daba el sueldo. Por ejemplo, Jean Paul Delgado era chófer de la exdiputada Daniela Beltranena, quien ganaba Q140 mil como técnico en redes en el RIC.

El caso Caja de Pagos RIC se deriva del proceso de Cooptación del Estado. Aldana explicó que según las pesquisas y el testimonio de Juan Carlos Monzón, se determinó que la exvicepresidenta Roxana Baldetti tomó el control de la entidad catastral para procurar favores políticos como el otorgamiento de plazas. Por este caso se citaron a 17 personas a comparecer ante el juez en audiencia de primera declaración, cuatro por los delitos de peculado por sustracción y asociación ilícita, y el resto únicamente por peculado por sustracción.

La lista de citados la encabeza Roxana Baldetti, la exdirectora interina del RIC, Emilia Ayuso de León, y los exdiputados Daniela Beltranena Campbell, Edgar Cristiani y Selvin Boanerges García. Los señalados comparecerán ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, el 24 de mayo.