Azúcar: una agroindustria con un esquema sancionable
Azúcar: una agroindustria con un esquema sancionable
Los productores de azúcar guatemaltecos defienden el proteccionismo y de esa forma mantienen cautivos a los consumidores y a la industria, con un solo precio, consideran los expertos. Sin embargo, dicen estar anuentes a una ley de competencia.
En Latinoamérica, Colombia y El Salvador han evidenciado el uso de esquemas de cartelización en el negocio azucarero.
Las grandes empresas del sector de alimentos y bebidas, incluidas Coca Cola Femsa, Casa Luker, Galletas Noel, las filiales de Bimbo y Nestlé, entre otras consumidoras de azúcar, denunciaron ante la Superintendencia de Industria y Competencia (SIC) de Colombia la obstrucción de importaciones de grano para ampliar la oferta y reducir los elevados precios que debían pagar en el mercado local.
La queja señalaba un elevado incremento en el precio del azúcar entre 2008 y 2010, mientras que las cotizaciones internacionales mostraban otros números.
En 2015 y después de tres años de investigación, la autoridad colombiana logró confirmar la denuncia de los fabricantes de alimentos y bebidas. Así como las barreras a la importación de azúcar desde cualquier destino.
La SIC sancionó con una multa que ascendía a 260 mil millones de pesos (equivalente a 61 millones de dólares) a los gremios, ingenios y directivos azucareros por la «cartelización empresarial tras haber incurrido durante varios años en una conducta concertada, continuada y obstruir las importaciones de azúcar a Colombia procedentes de países de Centro y Sudamérica, tales como Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica».
Según la investigación de la SIC, los empresarios sancionados habían coordinado para bloquear las importaciones por parte de mayoristas e industrias de alimentos y bebidas, suprimiendo así, la competencia foránea.
Se asignaban cuotas de producción para mantener el control de precios locales, y otra práctica era buscar la compra de excedentes de otros países para evitar que más actores pudieran participar en el mercado.
El sector azucarero guatemalteco fue afectado por esta práctica en Colombia pues la restricción de las importaciones le cerró una oportunidad de ventas.
Contradictoriamente, en Guatemala, esta agroindustria opera con características similares por las que el sector colombiano fue sancionado.
Acortando la distancia geográfica, en 2008 , la Superintendencia de Competencia (SC) de El Salvador publicó el «Estudio sobre la caracterización de la agroindustria azucarera y sus condiciones de competencia» que muestra coincidencias con la estructura de organización del sector azucarero guatemalteco.
El estudio al describir la cadena de producción explica que en ella participan seis ingenios, una empresa empacadora (Empaqsa) y una distribuidora para mayoristas (Dizucar), ambas empresas son controladas por los ingenios.
Además de que con la conocida como Ley del azúcar (2001), entre otros aspectos, los ingenios determinan las cuotas de distribución, lo que supone repartirse el mercado y eliminar la competencia.
Esto tiene efectos análogos a un cartel o acuerdo entre competidores que impacta al consumidor final que obtiene un precio único por el producto, explica la SC.
El mercado guatemalteco
La Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) agrupa a diez ingenios y fue creada hace 67 años. Desde esa entidad se han desarrollado el Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (Cengicaña), Expogranel, la terminal especializada en el embarque de azúcar a granel en Puerto Quetzal, la Fundación del Azúcar (Fundazúcar) que es brazo social del sector azucarero, y el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC).
La comercialización local para vender a mayoristas y clientes industriales la realiza la empresa Maquinas Exactas (Maxa). La cual tiene 50 bodegas de distribución a cargo de su representante legal Rodrigo Lujan Lunsford. Esta empresa se encarga de fortificar el azúcar con vitamina A por lo que toda la producción llega a este recinto para su empaque con todas las marcas existentes en el mercado guatemalteco: Caña Real, Morena, Nevada, Caña Blanca, Don Justo Cabal, La Montaña (fortificada con hierro) y Meresa (en presentaciones para la industria).
Asazgua toma distancia de la comercialización local del azúcar: «no es un campo de competencia de la Asociación», indica al informar que alrededor del 60% de la producción se vende en mercados internacionales como Taiwán, Estados Unidos, Chile, México, Perú y Haití; lo que dejaría el 40% para atender la demanda interna.
Guillermo Díaz Castellanos, del Instituto de Investigación de Ciencias Socio Humanistas (ICESH) de la Universidad Rafael Landívar en el «Análisis de las condiciones de competencia en mercado de alimentos» explica que en el mercado del azúcar «existe una empresa dominante con algún nivel de competencia» en referencia a la participación de los ingenios.
El estudio de Díaz publicado por la Revista Análisis de la Realidad Nacional de la Universidad de San Carlos, señala que, de los 10 ingenios azucareros guatemaltecos, los de mayor participación de mercado según datos de 2020, son Magdalena (22.8%); Pantaleón (17%); La Unión (13%) y Santa Ana (11%). Como resultado se indica que este mercado tiene un Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) de 1,335. Es decir, de competencia monopolística.
Aunque se enlistan 10 ingenios, diversas publicaciones de prensa apuntan a que la concentración es mayor debido a que hay grupos con más de una unidad.
Por ejemplo, en Grupo Pantaleón ―de familia Herrera― se suma la producción de los ingenios Pantaleón y Concepción, esto le daría al grupo un peso de 22.1%. Tanto Madre Tierra como El Pilar que pertenecen al grupo familiar Campollo, suman una cuota de participación del 13.3%.
Los ingenios La Unión, Tululá y Santa Ana están vinculados a las familias García y Botrán, así como a la empresa Licores de Guatemala (antes Industrias Licoreras de Guatemala), alcanzan una participación del 27.4%.
Para completar el cuadro, Corporación San Diego ―familia Vila― incorporó la operación de su ingenio Trinidad con lo que llega al 8.5% de participación; el ingenio Palo Gordo, propiedad de la familia González Bauer-Hertzsch posee el 5.9%, y el más grande es el Ingenio Magdalena de la familia Leal (22.8%).
La cantidad de ingenios se ha reducido. En 2011 un informe de la Superintendencia de Bancos (SIB) registró 14 unidades, pero a la fecha en Asazgua participan solo 10 ingenios activos, que cubren el 100 por ciento del mercado.
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Presencia global, control local
Durante la zafra 2023-2024 la producción total de azúcar alcanzó 2,620,692 toneladas métricas, y según Asazgua la información sobre la producción de cada ingenio debe ser gestionada con cada empresa, porque únicamente tienen la autorización para publicar datos consolidados. La producción se mantuvo estable con respecto al periodo de la zafra anterior debido a factores climáticos.
El año pasado el azúcar guatemalteco llegó a 52 países y las estadísticas de Sugar Yearbook 2023 de la Organización Internacional del Azúcar (ISO, por sus siglas en inglés), coloca al país a nivel global como el noveno productor (de 88 países productores) y el sexto exportador.
Hasta julio 2024, el Banco de Guatemala (Banguat) reportó el ingreso de 475.3 millones de dólares por las ventas de azúcar al exterior, con una mejora del precio medio registrado que atenuó la caída de 9.4% en el volumen exportado, que asciende a 852,231.4 kilos. La producción azucarera está entre los primeros cuatro productos que más divisas generan junto a los artículos de vestuario y textiles, el café y el banano.
La buena posición en los mercados internacionales se atribuye al rendimiento que logran los ingenios productores que extienden el cultivo en 250 mil hectáreas, principalmente en la Costa Sur. De acuerdo con la ISO Guatemala ocupa el segundo lugar a nivel mundial por el rendimiento de toneladas de caña por hectárea cultivada y el cuarto lugar de productividad en toneladas de azúcar por hectárea cultivada.
«Guatemala lidera la productividad junto a Colombia, Suazilandia y Estados Unidos», refiere Asazgua. En ese sentido, la asociación valora la investigación que se realiza en Cengicaña y que ha llevado a desarrollar 37 variedades de caña más resistentes a las variaciones climáticas, a las plagas y con mayor rendimiento. Así en promedio se obtienen 102.65 toneladas de caña por hectárea cultivada.
Con estas cifras Guatemala es un importante jugador en el mercado mundial del azúcar, al punto que en 2019 se sumó a la disputa iniciada en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por Brasil y Australia por los subsidios internos a la producción y exportación azucarera de India. En 2021 se recibió el fallo favorable de la OMC.
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Unos años antes, en un reporte de mayo de 2016 de la Superintendencia de Bancos (SIB) señaló que el país protege a los productores domésticos del azúcar mediante políticas de restricción de las importaciones, imponiendo un arancel ad valorem del 20% y la obligación de fortificar el azúcar nacional o extranjera destinada al consumo con vitamina A (Ley General de Enriquecimiento de los Alimentos de 1992). Con estas condiciones las importaciones del azúcar son marginales y bajo contingentes arancelarios.
Díaz confirma en su análisis que las importaciones son mínimas comparadas con la producción local, y en 2021 alcanzaron menos de dos millones de dólares y por debajo del 1% del consumo interno. En cuanto a los precios al consumidor final, Díaz indica que, aunque son similares al del resto de Centroamérica, en la práctica la competencia es inexistente debido a que los ingenios funcionan como una sola entidad —Asazgua—, y coordinan el empaque y comercialización a través de la empresa Máquinas Exactas.
Trust azucarero
El proteccionismo al sector mantiene alejada la importación del endulzante, con escasas compras que afrontan las restricciones arancelarias, de cuotas y barreras técnicas como la fortificación con vitamina A. De acuerdo con el estudio «Condiciones generales de competencia en Guatemala» publicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Asazgua determina las cuotas de sus asociados para las exportaciones, el consumo interno y fija los precios locales a fin de lograr mayor rentabilidad que supla las pérdidas que surjan en las ventas al exterior.
El expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) emitió un acuerdo para aumentar hasta cien mil toneladas métricas la cuota de importación azucarera sin aranceles. La Unión de Cañeros del Sur presentó una acción legal ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para frenar el ingreso del endulzante, principalmente de Cuba y Brasil.
Para el exmandatario, impulsar esta ruta en otros sectores como el pollo y harinas, significó enfrentamientos constantes con la cúpula empresarial. «La experiencia más importante fue confirmar que el Estado permanece capturado por las élites económicas; para donde se mueva el Estado se topa con los recursos de la iniciativa privada para oponerse y obstaculizar la política pública. De ahí que sea necesario otorgarle una relativa autonomía al Estado», refiere Portillo.
Los hilos del poder lo controlan las élites desde la Reforma de 1,871 con una clase política sin claridad sobre el papel del Estado, agrega.
«Las políticas extractivas, como se definen en el libro ¿Por qué fracasan los países?, tienen plena vigencia en Guatemala. La mentalidad empresarial se resume en: lograr la mayor ganancia en el menor tiempo posible”» concluye.
Después de casi 25 años del gobierno de Portillo, en donde se abrió este contingente, no han surgido grandes cambios en la comercialización azucarera en beneficio del consumidor.
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Libertad de mercado
En una columna publicada en Prensa Libre, Ramón Parellada, director del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES) realiza un ejercicio en el que supone un precio del quintal de azúcar refinado de 23.30 dólares, más el costo de fletes y seguro, daría para un quintal puesto en una fábrica guatemalteca cerca de los 30 dólares.
En la realidad a los fabricantes de productos que utilizan este insumo se vende el quintal en 41 dólares y al consumidor final (hogares) se vende la libra a 50 centavos de dólar por el agregado de empaque, distribución y margen para los distribuidores y comercios, refiere Parellada.
Según él, sí el fabricante tuviera la posibilidad de importar directamente tendría precios más bajos, pero para realizar una importación debe obtener un permiso del Ministerio de Salud y pagar el 20% de arancel.
Asazgua explica que el precio de la azúcar cruda a granel (materia prima) se fija en el mercado bursátil internacional, y es distinto al precio local, que varía según el tipo de azúcar y a los costos de producción, empacado y comercialización. Al comparar precios en supermercado a nivel regional señala que en Guatemala se tiene el precio más bajo.
Parellada considera que debido al proteccionismo que tiene el sector, no se observan precios más bajos, por lo que propone liberar el mercado de las barreras actuales, en lugar de aprobar una ley de competencia.
La agroindustria de la caña se define como competitiva y eficiente a nivel mundial, y que han analizado las mejores prácticas de competencia a nivel internacional para implementarlas localmente, por ello, afirman que están anuentes a la entrada en vigencia de una ley en la materia.
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Desde la visión de Portillo una ley de competencia tiene repercusiones al obligar a mejorar la calidad y productividad; diversificar la producción, invertir en fuerza de trabajo, y aunque no resuelva el problema de la pobreza, si disminuye la desigualdad y mejora la capacidad de compra del consumidor.
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Durante su gestión se logró abrir la economía con acuerdos ministeriales y gubernativos, refiere Portillo al agregar que «ya podemos imaginar lo que se lograría con el respaldo de una Ley (de competencia). Esto no afecta a un sector que se ha diversificado dentro y fuera del país, lo que sucede es que al que le va bien no quiere cambiar, aunque al país le vaya mal».
Construir una economía abierta pasa por liberar al Estado de grilletes como el control del sector privado en 68 instituciones estatales en las que tiene voz y voto en las juntas directivas, que ha sido el mecanismo más inteligente que ha tenido para controlar y manipular las decisiones de la política pública.
Asazgua ha mostrado su anuencia a la Ley de Competencia en varias ocasiones aceptando que sí tendría beneficios para un mercado como el guatemalteco; sin embargo, han solicitado que sea una ley con «principios económicos técnicos».
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