Bernardo Arévalo asumió la presidencia porque la mayoría de guatemaltecos buscaba a un líder que pudiera sacar a Guatemala del fango de la corrupción, pero también que lograra articular una ruta para el desarrollo y la solución de problemas básicos en beneficio colectivo. Su toma de posesión fue vista con esperanza. Se consideró un triunfo popular sobre la alianza de poderes fácticos que han mantenido el poder del Estado cooptado para servir exclusivamente a sus intereses. Sin embargo, apenas cinco meses después de ese emotivo día, hay razones para preocuparse pues el ejecutivo bajo la dirección de Arévalo parece estancado, reacciona con debilidad a los constantes ataques, sin una visión clara que convoque a la ciudadanía que le dio su apoyo y sin ejercer el poder político necesario para hacer lo que el pueblo espera que haga: gobernar.
Gobernar se dice fácil, pero resulta escabroso en un Estado donde la penetración de redes mafiosas han destruido la institucionalidad. Sobre todo, se hace extremadamente difícil si quien pretende gobernar insiste en hacer caso omiso de esta realidad y, sin ninguna estrategia, continúa en un afán ingenuo de apostarle a recursos y acciones legales en los que siempre resulta derrotado porque los dirige, precisamente, al sistema que lo quiere debilitar y, en última instancia, no dudará en derrocarlo.
La cooptación del sistema de justicia que incluye tanto al Ministerio Público como a las cortes, fue de los éxitos más logrados de la alianza criminal. Si se ha convertido en un muro inaccesible para cualquier posibilidad de recuperación institucional, se debe a la debilidad de un ejecutivo que no ha logrado hallar las grietas por dónde socavar su cooptación, ni ha tenido el arrojo para arriesgarse a una salida anticipada de la fiscal general, pieza clave del monumental desvío.
En fecha reciente, Plaza Pública publicó la investigación denominada La reconfiguración de la justicia post Cicig: 118 acusados beneficiados bajo el MP de Porras que documenta cómo fueron liberados, debido al manejo de los casos por parte del MP, 118 personajes vinculados a la corrupción. La desfachatada impunidad asegurada por parte de los órganos jurisdiccionales, desnuda la existencia de operadores que manejan el sistema judicial y que están profundamente enhebrados al tejido del poder real que solamente utiliza las formas para aparentar una legalidad inexistente. Así, el poder en Guatemala dejó de ser institucional hace mucho. Contra estos demonios que operan, en las sombras o con descaro, hay que batallar para lograr restablecer la posibilidad de lograr el bien común.
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Los hechos demuestran que el proceso electoral y la elección de Arévalo no han sido, hasta el momento, una medicina que logre sanar al país. De hecho, los resultados de las elecciones metieron una anomalía en medio de un sistema profundamente corrompido que hallaba su fuerza de combustión en el erario que repartía el presidente. A punta de coimas y negocios, muchos de los actuales diputados y alcaldes han construido amplias fortunas. El conflicto surge porque, en medio de este «arreglo», se introdujo un outsider que tiene el empeño inaceptable de manejar el dinero público para los fines que está destinado. Esto resulta anómalo y perjudicial para el sistema criminal. Una amenaza no solamente para sus intereses económicos, sino la posibilidad de ser juzgados por los crímenes cometidos y de los cuales abunda evidencia. No pueden permitirse perder sus espacios de poder desde donde nunca han estado obligados a rendir cuentas a nadie. Y, desde allí, bloquean y desgastan la gobernabilidad porque el afán es doblegar al ejecutivo, reducir su capacidad de maniobra al mínimo y, finalmente, obligarlo a transar.
Los ciudadanos han manifestado de muchas maneras lo que esperan del presidente: que asuma la responsabilidad de recuperar, no solamente por el poder institucional, sino el poder real. Le han pedido que no se quede inmóvil frente a la desfachatez de sus contrincantes. Se espera que tenga la audacia y la inteligencia política para gestionar las alianzas necesarias para pasar de la pasividad al ataque. Sin embargo, el presidente no parece dispuesto a jugar esta partida y sus enemigos se aprovechan del vacío acrecentando sus embestidas, presionando a los miembros del gobierno con causas penales y no dudarán en enjuiciarlo. Ellos lo tienen claro: es un desafío que pueden ganar porque el contrincante no se ve dispuesto a tomar acción o no ha mostrado la habilidad de maniobra política en mares tormentosos.
La crisis de institucionalidad es un hoyo negro que obstaculiza al ejecutivo, pero no es lo único que preocupa. También en el ámbito propio de la administración del país se percibe un gobierno deslucido, sin una estrategia clara para avanzar en temas impostergables. Y, desafortunadamente, muy distante de los intereses colectivos donde podría hallar a sus grandes aliados. La gente no ha encontrado en el gobierno de Arévalo una respuesta rápida a sus necesidades. De hecho, muchas de las acciones que fueron parte del gobierno de Giammatei, como los desalojos en el área rural, continúan ejecutándose de manera implacable, sin espacios de diálogo y negociación que protejan a las comunidades desplazadas y que les aseguren juicios justos.¿Cómo mantener el apoyo de los pueblos originarios si su decidida acción para preservar la democracia no fue convertida por Arévalo en una alianza profunda y bien articulada que redunde en beneficios tangibles para los más abandonados?
Los ciudadanos no quieren solamente escuelas remozadas, o limpiar de corrupción al MICIVI. Esperan un gobierno de cambio que pueda tener continuidad y que sea un parteaguas. Para ello, el ejecutivo necesita construir una visión de país pero también la capacidad de comunicar y convocar a la gente para que se sume al esfuerzo colectivo de transformación. Sin embargo, los ministros parecen embebidos en los afanes burocráticos cotidianos, sin ambición, sin ruta, sin impacto. Si se le cierran otros caminos, ¿por qué el presidente no impone una dinámica de trabajo ejemplar desde su propio gabinete? ¿Por qué no convoca a grandes proyectos que cristalicen el anhelo de la mayoría por un cambio perceptible y efectivo?
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Para agravar esta situación, la ausencia de una planificación profesional de comunicación política hace que el vacío sea aprovechado por sus detractores. No ha sido capaz de generar la información estratégica, ni ha logrado elaborar narrativas convincentes que puedan sumar aliados desde la sociedad a la que gobierna. Porque gobernar también es comunicar. Y no se trata de una comunicación de campaña o informal. Se trata de una estrategia de comunicación política, liderada por profesionales, que permita a los ciudadanos saber hacia a qué derrotero se dirigen los esfuerzos del gobierno y, que tenga la efectividad para producir adhesión y entusiasmo de la ciudadanía.
La parte trágica es que no solamente el gobierno de Arévalo está en juego. En el destino de este gobierno se juega el futuro del país. Nada podría ser peor que la recuperación del poder absoluto, sin fisuras, por parte de la alianza criminal que nos ha gobernado los últimos doce años. Por esta razón, que atañe a todos los guatemaltecos, urge que Arévalo despierte a la realidad donde navega en medio de una tormenta y que la audacia, la imaginación política y el tesón de su liderazgo son necesarios. También es crucial que reconozca a los aliados que verdaderamente pueden sostenerlo: los ciudadanos que anhelan un gobierno que se ocupe de sus necesidades de manera efectiva.
Si olvida a quienes lo llevaron al poder, en los tiempos difíciles no habrá masivas manifestaciones en su favor. Se habrá quedado solo.
