Francisco Villagrán: «Si una de las partes es intransigente, no es mucho lo que puede hacer un mediador».
Francisco Villagrán: «Si una de las partes es intransigente, no es mucho lo que puede hacer un mediador».
Cuestiona el racismo «atávico» que refleja el presidente Alejandro Giammattei cuando señala a las movilizaciones ciudadanas, lideradas por autoridades ancestrales, de ser instigadas por el presidente electo y agentes extranjeros. Sostiene que la OEA, como mediador, tiene buenas intenciones, pero no será posible hallar una solución si una de las partes, en este caso el gobierno saliente, no tiene voluntad política de asumir compromisos.
Francisco Villagrán de León es diplomático, retirado desde el año 2015. Actualmente es profesor en la Universidad George Washington. Su experiencia como embajador de Guatemala en Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, Canadá, Alemania y Noruega le permiten analizar la crisis que vive el país y sondear las posibilidades de encontrar una salida a la crisis.
Para esta entrevista, recibió a Plaza Pública en un edificio de apartamentos en la Ciudad Capital. Allí nos dio su perspectiva sobre la misión de la delegación de la OEA para negociar una salida a la crisis y las capacidades que puede tener para generar consensos entre autoridades ancestrales, gobierno saliente y demás autoridades del Estado en un contexto de amenaza de «alteración del orden constitucional».
¿Cómo evalúa las demandas ciudadanas que han motivado manifestaciones y bloqueos en las últimas semanas?
Genera mucha preocupación y refleja el nivel de conflictividad que hay. Pero, por otro lado, tiene rasgos que nunca habíamos visto, como la participación de los pueblos originarios dirigiendo y encabezando un movimiento. Es algo que no tiene precedentes, es un hito histórico. Afuera se ha visto con preocupación, pero también suscita interés el hecho de que sea un movimiento de pueblos indígenas el que levante la voz y se convierta, no sólo en el líder, sino en el interlocutor legítimo de un movimiento ciudadano que tiene demandas legítimas.
¿Cómo interpreta la decisión del actual gobierno de pedir la mediación de la OEA en el proceso de transición?
Llama la atención. Este tipo de misiones no son comunes y no se acostumbran en otros países. La OEA lo único que tiene previsto y acostumbrado es el envío de misiones de observación electoral pero, en momentos de crisis, llegan otro tipo de misiones. Aquí vimos la presencia de la OEA en el inicio de un proceso de transición con actos protocolarios. Eso yo no lo había visto en ninguna parte. Las transiciones son algo más simple, solo es transmitir información relevante a las nuevas autoridades de gobierno, como por ejemplo qué proyectos hay en marcha o cuáles faltan por concluir, pero no requiere actos protocolarios.
¿Qué nos indica sobre la situación política y la democracia del país la presencia de una misión de la OEA de esta naturaleza?
En el Consejo Permanente de la OEA se ha visto este proceso electoral con dificultades que no se habían visto en otros países. En eso tenemos que ser muy claros y, por eso mismo, la OEA ha aceptado un -mayor- nivel de participación. El papel de la OEA durante las elecciones se reduce a una misión de observación que preparan un informe sobre cómo se llevó a cabo el escrutinio y la oficialización de resultados. Esto, en la mayoría de países, ocurre con cierta normalidad.
Aquí se está dando una transición inusual. Primero, por las dificultades que hubo para que se reconocieran los resultados en primera vuelta. Hubo una serie de acciones judiciales que cuestionaban el resultado y esto, desde afuera, se vio con preocupación. Eso no sucede en todas partes y no podemos decir que sea algo normal. En la segunda vuelta pasó lo mismo, así que yo creo que, desde afuera, se comenzó a ver como una elección cada vez más complicada, con un ambiente político lleno de tensiones. Es un país en donde la -candidata- perdedora nunca reconoció los resultados. Eso es una anomalía que desde luego afecta la democracia.
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Podemos decir que misiones como la que acompañan el proceso de transición no son comunes en países donde la democracia funciona bien…
Sí, la OEA no resulta involucrada en situaciones como esas. No recuerdo casos en los que después de la misión de observación electoral, viene una segunda misión de acompañamiento de la transición. La OEA no tiene experiencia o un procedimiento a seguir. Eso no existe. Eso lo fue desarrollando en el camino.
El presidente electo dijo que estaba dispuesto a participar como testigo de honor en las mesas de diálogo. ¿Cómo ve esta postura?
La llegada de la misión de la OEA se dio cuando comenzaron las protestas y movilizaciones populares. A partir de ese momento, el presidente -Giammattei- responsabilizó a Bernardo Arévalo de ser el responsable de provocar esas movilizaciones. Y, por lo tanto, pidió que participara en una mediación. Pero no podía hacerlo porque él no era el responsable. Sentarse en una mesa de diálogo entre el gobierno y el candidato ganador, con mediación de la OEA, implicaba que el candidato ganador aceptara que él era el causante de todo.
El candidato ganador sí tuvo una reunión con la OEA, donde él externó sus puntos de vista, pero no le correspondía participar en una mesa de diálogo porque no era parte. Este es un diálogo o negociación que se debe dar entre 48 Cantones -y demás autoridades ancestrales- con el gobierno. Es muy inusual que se pida una mediación sin identificar quiénes son los actores políticos que pueden participar en la mediación.
Esto también demuestra algo que ha sido común en nuestra historia y es no reconocerle a los pueblos originarios sus propias iniciativas y demandas. Se asume que cualquier movilización que ellos llevan a cabo es porque algún ladino los está instigando y que ellos no tienen criterio propio. Eso vemos cuando el presidente dice que todo lo causó el candidato ganador. Les resta legitimidad -a los pueblos originarios- y lejos de facilitar que bajen las tensiones, genera un ambiente de animadversión. Tenemos que aprender a respetar y no actuar con ese racismo atávico.
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Tomando en consideración eso, ¿qué resultados cree que pueda tener la reunión de autoridades indígenas con el presidente Giammattei y las que se puedan dar en un futuro con otras autoridades?
Todos estamos expectantes, no queremos perder las esperanzas de que el gobierno acepte un diálogo serio y acepte también asumir compromisos. Aquí existe el reclamo legítimo de que se respete el resultado de las elecciones, la integridad de la autoridad electoral y la institucionalidad.
Esas demandas se han dicho fuerte y claro, tanto por las organizaciones de autoridades ancestrales, ciudadanía y en los informes de las misiones de la OEA ante el Consejo Permanente. ¿Qué capacidades tiene esta nueva delegación de la OEA para coadyuvar a encontrar una salida a la crisis?
¿Tiene herramientas para lograr esos consensos?
Hay límites y los imponen las circunstancias. Si una de las partes está en una posición intransigente, pues no es mucho lo que puede hacer un mediador. Creo que eso es lo que se está viendo aquí. Lo que pueda hacer la OEA tiene límites, pero eso no quiere decir que no tengan interés en jugar un papel constructivo. Por eso siguen aquí.
Mientras la crisis se se se arrecia, hubo una petición de los 48 Cantones a la Secretaría General de la OEA de que se aplicara la Carta Democrática Interamericana. ¿Cómo funciona ese mecanismo y qué implicaciones tiene?
La Carta Democrática tiene un capítulo específico sobre preservación y defensa de la democracia. No hay ninguna duda que el Consejo permanente y el Secretario General han visto con alarma la interferencia entre instituciones del Estado. Un conflicto entre poderes de esta magnitud pone de manifiesto que hay una alteración del orden constitucional. Y esto sí lo identifica la Carta Democrática Interamericana concretamente en los artículos 19 y 20. En este momento estamos siendo examinados bajo el artículo 20 de la Carta Democrática, que identifica situaciones de alteración del orden constitucional en un país.
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Es una situación que se está saliendo de control. Hay un conflicto entre poderes en el que el Ejecutivo podría jugar un papel y no lo está haciendo. Hay una Corte de Constitucionalidad que podría también intervenir y reconocer la autoridad que le corresponde ejercer al Tribunal Supremo Electoral y declarar que es inadmisible cualquier interferencia del Ministerio Público en asuntos que son de competencia exclusiva del Tribunal Electoral y no lo hace. Si eso hubiera funcionado, no necesitaríamos una mediación de la OEA, ni de ningún actor internacional.
Si llegara a darse el caso de rompimiento de la institucionalidad, ¿cuáles serían las consecuencias internacionales para Guatemala?
Ahorita estamos en una fase alteración del orden constitucional, pero si se diera un rompimiento tendría repercusiones graves. En este caso, de acuerdo con la Carta Democrática, se tiene que convocar a una asamblea general extraordinaria y los cancilleres de las Américas son los que tienen la responsabilidad de examinar la situación y de tomar acciones. ¿Cuáles son las acciones más severas que han tomado en otros casos? Diría la suspensión de la membresía de un país. Pero ahorita los mecanismos que tiene la Carta Democrática Interamericana no se han agotado.
¿Qué implicaciones tiene, a su vez, la suspensión de la membresía de un Estado miembro de la OEA?
Tiene diferentes repercusiones, y no sólo de orden político. Los organismos financieros como el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo ya ven con mayor reserva si van a desembolsar préstamos. Tiene repercusiones en el ámbito de la cooperación internacional porque hay países que optan por suspender la cooperación cuando hay situaciones como estas. Hay quienes no le dan la importancia que tiene, pero no es tan sencillo, sí importa y sí tiene repercusión que pueden ser muy serias.
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