El camino a la justicia tiene aún muchas espinas para las mujeres en Guatemala

Verónica Molina logró una condena contra el hombre que la agredió, pero no sin antes pasar por un proceso desgastante y humillante. «La justicia me la di yo sola», dice categórica. Pamela Azurdia, cuyo agresor tenía influencia política como exalcalde, vio cómo su caso quedó sin seguimiento después de pasar un calvario en fiscalías y tribunales. Rocío, una víctima de violación siendo niña, no obtuvo justicia, pues su agresor falleció antes de que le llegara la condena. Sus historias son un reflejo de cómo el sistema que debería protegerlas, termina por traicionarlas.

A pesar de los avances normativos y las leyes diseñadas para proteger a las mujeres, el sistema judicial sigue siendo una trampa donde las víctimas son obligadas a revivir el trauma, enfrentando interrogatorios insensibles, procesos interminables y, en muchos casos, la duda sistemática sobre sus testimonios. Este fenómeno, conocido como revictimización, es una violación a los derechos humanos de las mujeres y refleja las fallas profundas en la administración de justicia.

El concepto de revictimización ha sido ampliamente discutido en foros internacionales, especialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). La Corte ha subrayado la necesidad de que los Estados tomen medidas efectivas para evitar la revictimización. En Guatemala, aunque existen leyes como la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer (Decreto 22-2008), la implementación de estas normativas es ineficiente, y muchas veces las víctimas se encuentran atrapadas en un sistema judicial que las culpa, las estigmatiza y las ignora.

Según un informe del Observatorio de los Derechos Humanos en Guatemala (2023), solo el 2% de los casos de violación denunciados en el país llegan a sentencia. Las cifras del INE indican que cada año más de 60,000 casos de violencia contra las mujeres son denunciados.

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«El sistema judicial está diseñado para proteger a los poderosos, no a las víctimas», advierte María González, abogada y experta en violencia de género. «La falta de formación de los jueces y la corrupción en el sistema contribuyen a que las mujeres sufran revictimización y abandono por parte de las instituciones que deberían protegerlas».

Testimonio de Verónica: Una lucha contra la impunidad

Verónica Molina, sobreviviente de violación en marzo de 2021, inició un largo proceso judicial que duró hasta marzo de 2023. Desde el primer momento, enfrentó no sólo el trauma de la agresión sexual, sino también una revictimización constante a manos del sistema judicial.

El caso de Verónica no es único en Guatemala, donde más del 95% de los casos de violencia de género quedan impunes, según la Cidh en su informe «Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas». También, Amnistía Internacional ha reportado que la justicia para las víctimas de violencia de género en Guatemala es extremadamente limitada debido a factores como la falta de acceso a recursos, la revictimización y la corrupción en el sistema judicial.

Para Verónica, el proceso judicial fue agotador, tanto emocional como físicamente. A lo largo del juicio, se hicieron comentarios que pusieron en duda su credibilidad. Uno de los momentos más dolorosos cuenta que fue cuando la jueza quitó el agravante del delito porque, en su opinión, Verónica no estaba en un estado de total indefensión, a pesar de contar con pruebas de intoxicación por alcohol.

Uno de los jueces también llegó a comentar que, debido a su nacionalidad estadounidense, Verónica probablemente tenía costumbres distintas respecto al consentimiento y las relaciones sexuales.

Verónica explicó cómo, en lugar de enfocarse en el delito y en las pruebas, los jueces desviaron la atención hacia su moralidad y su estilo de vida. Durante el proceso, Verónica tuvo que presentar a cerca de 30 testigos para defender su honorabilidad, a pesar de ser la víctima.

Ella describe este proceso como absurdo y humillante, ya que se sintió como si ella fuera la acusada y no la víctima. «Era como si yo tuviera que presentar mi currículum», dijo.

Alejandra Hernández, trabajadora social, terapista holística y fundadora de una colectiva feminista que acompaña a mujeres sobrevivientes de violencia en Antigua Guatemala, señala un problema crucial en la atención a las víctimas: la falta de tacto por parte de las personas que realizan las entrevistas y los interrogatorios.

Alejandra destaca que la tendencia a preguntar repetidamente a las víctimas por qué tomaron ciertas decisiones, por qué no salieron antes de una situación violenta, o por qué no identificaron «banderas rojas» en su relación, es una forma de revictimización. Estos cuestionamientos no sólo ignoran las complejidades y la naturaleza multifacética de las experiencias de violencia, sino que también invalidan las emociones de las víctimas.

Alejandra resalta cómo el proceso penal se convierte en un calvario lleno de revictimización para las mujeres que se atreven a denunciar violencia. «Regularmente, en lugar de que sea el perpetrador de la violencia quien sienta vergüenza, es la mujer la que siente pena, la que es acusada de no soportar, de no aguantar o de exagerar».

La Cidh ha denunciado este tipo de prácticas en sistemas judiciales de América Latina, donde las mujeres son sometidas a juicios paralelos sobre su moralidad y vida sexual, en lugar de recibir justicia por los crímenes que han sufrido.

Verónica tuvo que volver a terapia después del juicio para procesar los comentarios dañinos que recibió. «¿Era necesario que me dijera eso, cuando yo ya lo había entendido?», se preguntaba, refiriéndose a los comentarios que vinculaban su experiencia sexual con su nacionalidad. Estos comentarios la hicieron dudar de sí misma y generaron una segunda capa de trauma, que en muchos casos, es tan devastadora como el ataque inicial.

La psicóloga Belma Soto señala que un desafío clave al acompañar a una mujer que denunció violencia es enfrentarse a la culpabilización de la víctima. Recuerda un caso de una paciente a la que la defensa del agresor constantemente intentaba culpar. «Había que estarle recordando a ella que no era su culpa que la golpeara, que él abusara de su hija jamás iba a ser su culpa».

Según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre el 60% y el 76% de las mujeres en la región han sido víctimas de violencia en alguna etapa de sus vidas, y alrededor de una de cada tres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja.

En medio del caos judicial, Verónica encontró una forma de redefinir la justicia a través de su propia sanación personal. Utilizó la arteterapia, trabajó en resignificar su cuerpo y su voz, lo que le permitió tomar el control de su historia. «El significado no me lo dan ellos, me lo doy yo. Este cuerpo es mi primer territorio, y es mío. Mi voz, mi voluntad, mi soberanía. La justicia me la di yo a mí misma. Ese crédito es mío, no se lo doy ni a las juezas ni al sistema de justicia. Ese crédito es mío y de la gente que me acompañó, pero de ellos, jamás», puntualiza.

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Cuando el agresor muere antes de que haya justicia

Rocío tenía solo seis años cuando los abusos de su padrastro empezaron, un hombre en quien se suponía debía confiar. Aunque trató de contarle a su madre, solo recibió respuestas evasivas, incrédulas o negligentes. «Yo le conté a mi mamá pero no me creyó», dice Rocío con tristeza al contar cómo su testimonio fue descartado una y otra vez.

El abuso se intensificó durante los siguientes años, a los 14 años Rocío enfrentó uno de los episodios más traumáticos cuando su padrastro la violó en su lugar de trabajo. «Corri por mi vida, pedí ayuda en la calle y me miraban como si yo fuera la culpable», cuenta. Finalmente una patrulla de la policía la llevó a denunciar los hechos.

El proceso fue lento, frustrante y lleno de obstáculos: «Tuvieron que pasar 15 días para que emitieran una orden de captura, mientras tanto él seguía viviendo en mi casa con mi mamá y mi hermano».

Cuando por fin consiguió la orden, el agresor logró huir minutos antes que la policía llegara a capturarlo. El agresor fue arrestado finalmente, pero no por las investigaciones, sino por un control de carretera. A pesar de todo su caso nunca llegó a juicio. «Esperé cuatro años para que me dijeran que iban a engavetar mi caso. Sí me lo iban a archivar, lo hubieran hecho desde el principio», expresa con frustración.

Belma Soto destaca cómo las constantes cancelaciones y cambios de fechas del juicio no sólo prolongan el proceso, también aumentan el desgaste emocional tanto para la víctima como para quienes la acompañan.

El violador falleció en 2018 en libertad, ya que en el 2016 cuando fue capturado sólo estuvo preso seis meses y salió bajo fianza, cerrando el caso sin que ella pudiera obtener justicia. «Murió antes que se presentaran pruebas, antes que hubiera una audiencia», cuenta.

El informe más reciente sobre el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en Guatemala es de Impunity Watch y se presentó en julio de 2023. Este informe analiza la participación de las víctimas en el proceso judicial y denuncia la falta de mecanismos eficaces para evitar la revictimización. Se destaca que la revictimización es un problema persistente en el país debido a la falta de personal capacitado con perspectiva de género y a un sistema judicial lento, lo que provoca que muchas víctimas desistan de continuar con sus denuncias.

Según el «Informe de Sistematización del Proceso de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género», elaborado por de la Fundación Sobrevivientes en 2022, las víctimas de violencia enfrentan una serie de barreras al intentar obtener justicia, desde la falta de personal capacitado hasta la carencia de una debida diligencia en la investigación de los casos. Las mujeres muchas veces son sometidas a cuestionamientos innecesarios, como detallar dónde y cómo ocurrieron los hechos de manera repetitiva, y los casos se alargan sin una resolución clara, como ocurrió en el testimonio de Rocío.

Belma Soto relata una experiencia profundamente incómoda durante su testimonio en un juicio. Se enfrentó a un abogado defensor que utilizaba tácticas de intimidación y burla para desacreditarla y desestabilizarla emocionalmente. Interrumpía constantemente, cuestionaba su formación y se burlaba de sus declaraciones. «Él empezaba a atacarme de una forma burlona. Cuestionando mi formación, cuestionando lo que yo estaba diciendo...».

Belma Soto también recuerda que la víctima tuvo que enfrentarse a la posibilidad de ver a su agresor, lo cual le generó un intenso miedo y ansiedad.

La víctima, ya desgastada emocionalmente por el proceso judicial, se veía obligada a prepararse mentalmente para enfrentar a su agresor, sólo para luego ser informada de que la audiencia sería reprogramada.

Belma Soto enfatiza la frustración y el enojo que surgen de esta dinámica, ya que el sistema parece tolerar y permitir que el agresor y su abogado se ausenten repetidamente del proceso judicial, prolongando el sufrimiento de la víctima. «Ella estaba muy asustada por volver a verlo... se preparaba para verlo y luego ya no lo veía y pues solo era como, bueno, la otra parte no se presentó entonces vamos a regenerar el proceso».

Los funcionarios públicos, incluidos los jueces y fiscales, en muchas ocasiones no tienen una formación adecuada en perspectiva de género. El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género no es implementado adecuadamente en la mayoría de los casos.

En un estudio de ONU Mujeres sobre la revictimización en el sistema judicial guatemalteco, se encontró que las sobrevivientes de violencia sexual enfrentan un trato que las vuelve a colocar en situaciones de vulnerabilidad y estigmatización.

En Guatemala, se ha documentado que la falta de celeridad en los procesos penales permite que los agresores continúen libres durante largos periodos de tiempo, aumentando el riesgo para las víctimas y sus familias. Esta situación se agrava cuando los agresores tienen influencia política o económica, lo que perpetúa la impunidad y desalienta a las víctimas de seguir adelante con los procesos legales.

El caso de Pamela: la influencia del poder político

Pamela, una mujer guatemalteca sobreviviente de violencia de género, inició su lucha legal en enero de 2021, tras años de abusos físicos y emocionales perpetrados por su entonces pareja, un hombre con poder e influencia política.

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Desde el principio, el sistema judicial se mostró lento y desinteresado, dejándola desamparada mientras su agresor seguía gozando de influencias. «No me gustaría que nadie viva lo que yo viví. Quisiera que las mujeres no tuvieran miedo y supieran que hay lugares donde una puede ir a denunciar. Si yo estoy de pie ante un monstruo con influencias, todas podemos», recalca.

Desconociendo los mecanismos para denunciar la violencia, Pamela acudió inicialmente a la policía en Antigua Guatemala, donde solicitó medidas de seguridad. Aunque le fueron otorgadas, nunca se le dio seguimiento, y pronto se dio cuenta de que su agresor seguía sus movimientos con la ayuda de sus amigos.

Ante esta situación, buscó ayuda en la Fiscalía de la Mujer, pero allí se encontró con indiferencia y desdén. Le dijeron que, debido a la posición política de su agresor, «no sabían qué iba a pasar».

Pamela decidió tomar las riendas de su caso y acudió al Instituto de la Víctima, donde una trabajadora social la ayudó a conectarse con una abogada. Sin embargo, su experiencia en Gerona, donde debía interponer la denuncia formal, fue humillante. A pesar de contar con pruebas fotográficas de las agresiones físicas, las autoridades minimizaron su denuncia porque no presentaba heridas visibles en ese momento.

«Llegué a las cinco de la tarde y no me atendieron hasta la una de la mañana. Me trataron fatal, me dijeron que fuera breve, que no contara todo. Sentí que no les importaba lo que había pasado», recuerda.

Durante su declaración, una psicóloga que debía evaluarla reveló que conocía personalmente a su agresor, lo que hizo que Pamela sospechara de una falta de neutralidad. No tardó en confirmarse, cuando al día siguiente, su agresor ya tenía conocimiento de su denuncia y presentó una contrademanda alegando que ella era la agresora.

«El abogado de él fue realmente abusivo conmigo. Me hizo preguntas innecesarias, y el juez lo permitió. Sólo una vez le pidió que bajara el tono, pero en todas las demás me dejó completamente indefensa», cuenta.

El miedo constante también era parte de su vida diaria. Pamela descubrió que su agresor había instalado un GPS en su carro para rastrear sus movimientos. «Me llegaban mensajes diciendo que habían intentado localizarme 187 veces en un solo día», recuerda. Aunque solicitó medidas de seguridad adicionales, las autoridades le dijeron que sólo podría obtenerlas si había nuevos hechos de violencia.

La corrupción y las conexiones políticas de su agresor hicieron que el proceso se prolongara de manera indefinida. A pesar de todo, Pamela sigue luchando, consciente de que abandonar su caso sería permitir que su agresor gane. «Sentí que el sistema está diseñado para desgastarte. Muchas veces pensé en abandonar, pero no puedo darle ese triunfo a mi agresor. Quiero que se demuestre mi verdad con mi lucha, no con tráfico de influencias ni dinero de por medio», explica.

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Este texto fue elaborado como parte del Programa de Formación Dual de Plaza Pública dirigido a jóvenes periodistas.