Código 300. Episodio 8. Justicia

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Esta es la transcripción del Episodio 8 de la serie Código 300: Las historias del Diario Militar, 25 años después

Diego García Sayán: Muy buenos días. Se abre esta audiencia pública sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas en el caso Gudiel Álvarez y otros contra Guatemala.

Melani: Esa es la voz del entonces presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, en una  audiencia pública del caso Diario Militar frente a ese organismo internacional. Esto fue en abril de 2012, en Guayaquil, Ecuador.

Soy Melani Coyoy y este es el último episodio del especial de Plaza Pública, Código 300, que recoge algunas historias del Diario Militar a 25 años de que se hiciera público.

Testigo: Los sacaron, los repartieron, unos para un cuarto, otros para otro, unos iban para la gloria, otros para el infierno. Los amarraron, los golpearon en diferentes partes del cuerpo, en el patio de la iglesia

Melani: Ese es el testimonio de un sobreviviente de la masacre de Acul, que se encuentra en el documental Titular de hoy: Guatemala, de Mikael Wahlforss. Allí narra la manera en que el Ejército ejecutó a población civil en 1982.

Durante el conflicto armado interno, entre 1960 y 1996, y con el pretexto de la guerra contrainsurgente, se acentuó la represión.

No había espacio para la disidencia, ni para la oposición política. En cambio, hubo masacres, toques de queda, represión y violencia. También se persiguió a aquellos que usaban el arte para manifestarse, a estudiantes organizados que buscaban a través de la colectividad pronunciarse antes las injusticias, a campesinos y pueblos indígenas, a quienes además se les quitó su tierra y en algunos casos se les obligó a vivir en campos de concentración llamados «aldeas modelo».

28 meses después de la firma de la paz,  en una conferencia de prensa, se hizo público un documento que mostraba parte del registro de desapariciones forzadas en las que el Estado de Guatemala era responsable. Este documento es el Diario Militar, también llamado Dossier de la muerte.

Las desapariciones forzadas que registra van desde 1983 a 1985.

En 2005, el Estado de Guatemala fue acusado por estos crímenes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos  a través de la fundación Myrna Mack

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Grabación:

–Buenos días, le solicito a la señora perita manifestar su nombre.

–Sí buenos días, mi nombre es Katherine Doyle.

–¿Nacionalidad?

–De los Estados Unidos.

–¿Lugar de residencia?

–Nueva York de los Estados Unidos.

–Gracias. La experta deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulan…

Melani: Ella es la archivista e investigadora, Kate Doyle, trabaja en el Archivo de Seguridad Nacional, una organización estadounidense, no gubernamental, que se dedica a la investigación a través de la desclasificación de archivos del gobierno de Estados Unidos. También funciona como registro de estos documentos.

En 1999 ella presentó el Diario Militar al mundo. Puedes escuchar el episodio 1 de este especial, donde Kate habla sobre su trabajo y cómo, a través de su investigación, pudo descifrar códigos y certificar la autenticidad del documento.

En el caso frente a la Corte Interamericana testificó como experta.

Kate Doyle: Es claro destacar que el Estado de Guatemala ha ocultado sistemáticamente la información en su poder sobre el conflicto armado interno. La realidad es que el ejército, la policía y los servicios de inteligencia son instituciones intrínsecamente opacas, secretas y cerradas. Y ha sido casi imposible tener acceso a sus documentos. Y esa política de silencio ha sobrevivido a los Acuerdos de Paz, ha sobrevivido la comisión para el esclarecimiento histórico y sigue hoy en día.

Melani: El silencio de las instituciones ha sido un pacto tácito, que aunque poco, ha ido cediendo frente a documentos como el Diario Militar o incluso el Archivo Histórico de la Policía Nacional.

Este es un registro descubierto en 2005 que alcanza los 67 millones de documentos de la Policía Nacional y que ha sido clave para sustentar la información o documentación en otros casos como el Diario Militar.

Kate declaró que utilizó 2530 documentos de ese archivo para contrastar lo que había encontrado en el Diario Militar.

Kate Doyle: Pero cuando consultamos los documentos del archivo histórico de la policía nacional, tenemos un vistazo mucho más amplio de las entidades precisamente que fueron involucradas en la vigilancia, la captura, las interrogaciones y las ejecuciones involucradas en estas desapariciones forzadas. Y la institución más destacada que se menciona es el archivo general y servicio de apoyo al estado mayor presidencial, el famoso Archivo, una unidad de inteligencia militar.

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Melani: El Archivo fue una dependencia del Ejército de Guatemala que trabajó en secreto pues se dedicaba al espionaje en nombre de la lucha «anticomunista». Fue creada en 1967.

Los hechos registrados en el llamado dossier de la muerte sucedieron en el gobierno militar de Óscar Mejía Víctores. Para dirigir el Archivo fue nombrado el también militar Marco Antonio González Taracena.

González Taracena es uno de los capturados en el proceso que se sigue en Guatemala por el Diario Militar. Era acusado de secuestro, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, entre otros delitos. Otras personas ligadas al mismo proceso fueron sus subordinados en el ejército. González falleció en junio de 2022. 

Al momento de ser detenido, era vicepresidente de Avemilgua, una asociación de veteranos militares

Helen Mack:  Los familiares de las víctimas, víctimas ellos también. Quieren acabar con la dinámica dolorosa y perversa que ha sido expuesta frente a esta corte y que los ha afectado por tanto tiempo. Ello es imposible si no hay justicia que incluya el esclarecimiento de lo ocurrido y la sanción contra los responsables. Si no tienen la posibilidad de completar el duelo con la recuperación de los restos de sus seres queridos a efecto de darles sepultura según sus creencias, costumbres, cultura y religión. Ese sería el escenario idóneo, necesario y apenas suficiente. Hemos tratado de alcanzar juntos ese escenario desde 1999, cuando apareció el Diario Militar, pues esto representó el inicio de una nueva etapa. Para algunos ese documento trajo desafortunadamente la certeza de la muerte del ser querido en situaciones inhumanas de tortura.

Melani: Aquí habla Helen Mack, en la audiencia pública de Guayaquil. Ella es una activista por los derechos humanos, involucrada en la justicia por el asesinato de su hermana Myrna Mack, a manos del Estado de Guatemala en 1990. Fue la representante legal de las víctimas en el caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) vs Guatemala.

Durante esa audiencia también se escucharon los testimonios de algunos familiares. Como  Wendy Santizo Méndez, hija de Luz Haydeé Mendéz. En el Diario Militar, su registro es el 83-1. Tenía agregado un código, la letra z, que indicaba vinculación al Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT. Fue capturada el 8 de marzo de 1984 junto a sus hijos Igor de 11 años y Wendy de 9.

Ellos fueron testigos de las torturas que vivió su mamá.

Wendy Santizo Méndez: Cuando sucedió el secuestro de mi madre, mi hermano y yo también fuimos secuestrados junto con ella. Fuimos trasladados a la comisaría de la Policía Nacional que está sobre la Avenida Bolívar, cerca del Trébol. Allí también continuó la sesión de tortura. Se nos aplicó descargas eléctricas en el cuerpo y también fuimos obligados a ver como a mi madre le hacían lo mismo. Las últimas palabras que ella logró pronunciar hacia nosotros fue sean fuertes, sean fuertes.

Melani: Luz Haydeé fue fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo, -GAM- y como otras personas registradas en el Diario Militar, nunca apareció.

Mynor Alvarado: Pues mire en un sentido amplio, la justicia. Yo creo que para muchos familiares fue encontrar precisamente certeza en algo que no se sabe digamos, en una desaparición forzada. En la gran mayoría de casos, una persona va de un punto A a un punto B y el medio desaparece, dejando a la familia en un círculo de espera.

Por eso la desaparición forzada es de los delitos más graves, por todas las afectaciones que tiene y en el término de afectar a la familia sobreviviente, verdad, no saber el paradero de su familiar. Esto es una certeza que ellos pueden tener al ver los nombres de sus familiares, es imposible explicar el sentimiento de los familiares que aún buscan a sus seres queridos. Fueron desaparecidos, pero cuando ellos ven los nombres en un documento oficial, entonces podemos decir que tenían una certeza, pero aparte de la certeza, también la esperanza y la expectativa de poder indagar y averiguar más sobre cuál fue la suerte el destino y paradero final de sus familiares, esa es una gran expectativa más que una acercamiento a la justicia. Yo veo que es como esa gran esperanza que en algún momento los familiares tienen verdad a través de este documento profundizar qué fue lo que sucedió con sus familiares.

Melani: Él es Maynor Alvarado, abogado del Grupo de Apoyo Mutuo.

Para varios familiares encontrar el nombre de sus seres queridos en el Diario Militar significó una certeza cruda: no les verían  de nuevo con vida. Para Alvarado el documento es una prueba y lo considera una herramienta histórica que las personas en Guatemala deben conocer.

Maynor Alvarado: Creo que tiene un contenido en materia de justicia formal y de valor probatorio como lo he mencionado ya mencioné también la expectativa que genera en los familiares, pero creo que como un acervo documental como un documento en sí mismo para la historia de Guatemala lo que hace es confirmar, verdad las atrocidades que se dieron durante el conflicto armado interno en Guatemala creo que sería muy importante que las nuevas generaciones y como un medio de garantía de no repetición.

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Melani: En la Corte Interamericana de Derechos Humanos se llegó a una sentencia el 20 de noviembre de 2012. Se declaró responsable al Estado de Guatemala por el delito de desaparición forzada y, por tanto, de la violación de los derechos de la libertad, la integridad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la libertad de asociación, en perjuicio de 26 víctimas.

A partir de la sentencia, Guatemala reconoció de manera parcial su responsabilidad internacional. Es decir, admitió haber violentado tratados internacionales. La representación de las víctimas encontró que este reconocimiento fue un primer paso, pero no ha sido suficiente como para ayudar a esclarecer los hechos.

El Estado aún tiene pendiente cumplir  con su compromiso para la recuperación de los restos de las víctimas y la garantía de la colaboración de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos a través del pleno acceso a la información y continuar con un proceso de justicia en Guatemala

El 9 de junio de 2021, el Juez Miguel Angel Gálvez envió a prisión preventiva a seis militares señalados por los crímenes registrados en el Diario Militar. Habían pasado veintidós años desde que se hiciera público este documento. Gálvez es reconocido por tener a su cargo casos de alto impacto  y de justicia transicional como el de Serpur Zarco, así como casos de corrupción donde estuvieron acusados ex funcionarios como Otto Pérez Molina y Roxanna Baldetti.

En ese proceso judicial se solicitó la captura de 15 militares y policías implicados. Parecía que el proceso empezaba a caminar. La primera fase avanzó en marzo de 2022 y el 7 de mayo de ese mismo año se envió a juicio a 9 de los capturados.

Luego de esa resolución el juez Gálvez comenzó a recibir una ola de intimidaciones. Cuatro días después de  enviar a juicio a los acusados por los crímenes del Diario Militar, la Fundación contra el Terrorismo, FCT, un grupo de extrema derecha, presentó una solicitud de antejuicio contra el juez. Esta fue admitida por la Corte Suprema de Justicia el 15 de junio del mismo año.

Ante estas intimidaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una orden al Estado de Guatemala para la protección del juez Gálvez y el proceso de justicia del Diario Militar. Las medidas ordenadas eran: garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, adoptar inmediatamente medidas para proteger el derecho a la vida y la integridad personal del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar y su familia y garantizar la independencia judicial.

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Miguel Ángel Gálvez: Ha existido una estigmatización, intimidación, acoso y ataques en contra de mi integridad generando impunidad. A raíz de la resolución que se hace referencia dentro del proceso en el mes de mayo en una fase intermedia, llega una persona y me amenaza en el juzgado y a raíz de ese momento cuando salgo del organismo judicial me dan seguimiento e incluso entran al residencial personas vestidas personas de civil con armas en la cintura.

Melani: Aquí el juez Gálvez declara en la audiencia pública de supervisión de cumplimiento del Caso Gudiel Álvarez, en marzo de 2023, ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos.

Meses antes, el 16 de noviembre de 2022, Gálvez presentó su renuncia y hasta hoy se encuentra en el exilio.

Toribio Acevedo: Yo jamás he pertenecido a las fuerzas de seguridad del Estado, no he sido militar, estuve trabajando en Cementos Progreso en relación de dependencia desde julio de 1982 hasta septiembre 2017

Melani: Quien habla es Toribio Acevedo, en la audiencia de primera declaración del caso. Es uno de los acusados por los crímenes del Diario Militar y fue identificado por un testigo como miembro del grupo élite, un grupo clandestino en el Estado Mayor Presidencial. Cuando el Juez Galvez renunció, antes de salir del país, a Toribio Acevedo le dieron medidas sustitutivas.

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Los acusados son quince y nueve fueron enviados a juicio. Ellos son:

Enrique Cifuentes de la Cruz (Comisario de la  Policía Nacional y jefe de la Oficina de responsabilidad profesional)

Edgar Corado Samayoa (ex especialista del Estado Mayor Presidencial y sargento mayor especialista;

Gustavo Adolfo Oliva Blanco (jefe del departamento de investigaciones técnicas de la Policía Nacional

José Daniel Monterroso Villagrán (sargento mayor especialista del Estado Mayor de la Defensa Nacional)

Jacobo Esdras Salán Sánchez (fue subdirector del Centro de Adiestramiento y Operaciones Especiales Kaibil )

Juan Francisco Cifuentes Cano (teniente coronel, comandante del quinto cuerpo de la Policia Nacional)

Marco Antonio González Taracena (teniente coronel, jefe del Archivo General y servicios de apoyo)

Rone René Lara (sargento mayor especialista)

Víctor Agusto Vásquez Echeverría (coronel de infantería de Estado Mayor)

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El proceso continúa, sin embargo hay amparos por resolver. Amparos que buscan que varios de los implicados no sean enviados a juicio, que tengan medidas sustitutivas, o como en el caso de Toribio Acevedo, que las mantengan. Con ello también ha buscado beneficiarse Salán Sanchéz.

Varios de los familiares que contaron su historia para el especial Código 300, son querellantes adhesivos para el caso. Como Paulo Estrada, Salomón Estrada y María Elisa Meza.

Paulo Estrada: Hay varios niveles de justicia digamos, hay gente que quiere y lo hemos hablado en el colectivo, digamos hacer un juicio popular.

¿Por qué? Porque ahí puedo decir, puedo pelear con la verdad, no tengo que meterme en las casillas de la parte jurídica, la verdad, jurídica, del juego de los abogados, ¿no? Ahí puedo hacerlo. Ahí puedo decir todo y puedo condenarlo yo con la justicia del pueblo y hay gente que dice así joda en su propio sistema, en el que ellos corrompieron, o sea, entonces en su sistema corrupto, vamos a ganar esto legalmente.

Melani:  Aunque el caso llegue a tener una sentencia «favorable», para los familiares de las víctimas el Estado aún debe responder: ¿dónde están las personas  desaparecidas?

Salomón Estrada: O sea no pensábamos llevar casos de Justicia en Guatemala, lo que queríamos eran los restos de nuestros familiares.

Mayarí de León: Tal vez algo que que todas las familias queremos saber es dónde están nuestros desaparecidos, o sea que nos digan, o sea, están en este lugar, que no, que no estemos buscando como por loqueando pues, o sea que nos digan dónde está nuestro nuestro ser querido.

Alejandra Cabrera: ¿Dónde están nuestros familiares? pues aún 40 años después no hemos tenido respuesta.

Paulo Estrada: Que nos digan dónde están.

Miriam Ramírez:  Yo espero en Dios que me dé un poco más de vida y que pueda encontrar la fosa de mi hermano.

María Elisa Meza: Tengo mucha fe en la paz para que la FAFG logre encontrar la osamenta dónde está mi papá y mucha gente que pues que nos hace falta todavía todos, ¿verdad?

Melani: Código 300, historias a 25 años del Diario Militar es un especial transmedia realizado por el equipo de Plaza Pública. Te invitamos a que sigas pendiente de las publicaciones que seguirán el juicio del Diario Militar en Guatemala.

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