El objetivo de la descentralización quedó plasmado en la Constitución Política de la República promulgada en 1985 y su implementación está regulada principalmente en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el Código Municipal y la Ley General de Descentralización, todas aprobadas en 2002. Si se lee fuera del contexto de la realidad de sus más de 20 años de aplicación, esta legislación luce avanzada y progresista, prometedora de los resultados esperados y deseables de la descentralización económica y administrativa que ordena la literal b del artículo 119 constitucional.
La Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural crea un sistema jerárquico, con una aspiración de abrir espacios de participación ciudadana y no gubernamental, con atribuciones y facultades que parten del nivel comunitario, pasando al municipal, departamental, regional y nacional. En teoría, la ley le otorga a cada uno de estos niveles igualdad de importancia y se espera que funcionen en una lógica ascendente: desde el nivel comunitario hasta el nivel nacional.
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Sin embargo, la práctica por más de dos décadas muestra que estas características que lucen tan bien en el texto legal, en realidad han dado lugar a enormes abusos, corrupción y al surgimiento de verdaderas estructuras mafiosas dentro de los estamentos del poder local. En la práctica, de los cinco niveles, en realidad el verdaderamente relevante es el departamental, toda vez la ley vigente establece que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), son los receptores de fondos transferidos desde el Gobierno central, y son los que, en calidad de unidades ejecutoras, trasladan esos recursos a las municipalidades.
Dependiendo de las particularidades de cada departamento, este esquema ha generado estamentos, e incluso hasta dinastías de caciques locales. Según cada caso particular, el poder lo ejerce el gobernador departamental (que preside los Codede), uno o un grupo de alcaldes municipales, o diputados distritales, que no integran los Codede, pero sí pueden controlar alcaldes o al gobernador. Y detrás de ellos, el siempre presente estamento de los financistas de campañas electorales.
Desde 2002, existe abundante evidencia documentada de que muchos Codede, lejos del propósito escrito en la legislación, se han convertido en verdaderas cloacas de corrupción y abuso. Muchas localidades de Guatemala están plagadas de obras inconclusas, de mala calidad o evidentemente innecesarias, en contraste con las necesidades ingentes de la gran mayoría de la población.
Es esta realidad la que sustenta los cuestionamientos a incrementar significativamente las asignaciones presupuestarias a los Codede, sin corregir sus debilidades y vulnerabilidades. O, a aprobar legislación que debilite o suprima los controles sobre compras, contrataciones o la ejecución presupuestaria de las municipalidades, las principales ejecutoras de los fondos asignados a los Codede.
Está claro que en la práctica los Codede no han funcionado bien y están plagados de corrupción. ¿Por qué continuar apostándole a un ideal teórico de descentralización para el desarrollo, cuando la realidad es tan grotescamente podrida y cruda?
Pese a las críticas y un desencanto creciente, el presidente Arévalo continúa personificando la esperanza de una gestión honesta, sin corrupción. Sin embargo, eso es en el Gobierno central, un cambio que no alcanza a la mayoría de las municipalidades, a los Codede, a la mayoría de las entidades autónomas y descentralizadas, al Congreso y al Organismo Judicial, incluso con el cambio en las altas magistraturas.
Si sabemos esto, ¿por qué seguir inundando de dinero a las entidades que sabemos que no han cambiado, y que están capturadas por mafias corruptas posiblemente más agresivas y fuertes?
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