En su comparecencia ante la Comisión de Finanzas del legislativo, Porras afirmó a los medios de prensa que su gestión ha posicionado al MP «como la entidad más eficiente del sector justicia» y aseveró que «su efectividad es más que evidente». La fiscal general, que está a mitad de su segundo período en el cargo, insiste en que durante su gestión la entidad que conduce ha incrementado en 300 por ciento su capacidad y despliegue.
Ambas afirmaciones de la responsable de la entidad a cargo de la persecución penal son falaces. La ley otorga un poder especial a la institución responsable de hacer cumplir la ley y perseguir el delito. Durante algunos años, ese poder se ejerció profesionalmente y logró que la ciudadanía confiara en el MP. De hecho, llegó a ser la institución pública con el mayor grado de confianza ciudadana. Esto fue factible luego de que la persecución de criminales con solicitudes de extradición, así como perpetradores de genocidio y corruptos de cuna de oro, mostró una entidad eficiente y comprometida con el Estado de derecho. Una institución capaz de cumplir y hacer cumplir la ley con rectitud, con el método científico de aplicación del derecho penal y el uso responsable de las herramientas a su disposición.
[frasepzp1]
En los seis años que Porras y su banda llevan al frente del MP, todo ese esfuerzo ha sido aniquilado. Al día de hoy, la jefa del MP, a diferencia de sus predecesoras, es vista como la enemiga número uno de la ciudadanía. Así lo atestiguan las más de 20 mil firmas presentadas para requerir su destitución o renuncia, así como los más de cien días de plantón frente a su sede.
Por un tiempo muy corto, que no fue suficiente para hacer irreversibles los cambios en la justicia que apenas despertaba del coma en que la habían puesto, la ciudadanía vio cómo era que esta funcionaba sin distingos. Sin embargo, hizo falta mucho menos tiempo para desarticular los procesos, destituir personas y reducir a cenizas el esfuerzo de cambio en la justicia.
Hoy por hoy, desde la poltrona en la cual se posa lejos de garantizar el cumplimiento de su deber, Porras utiliza las facultades que tiene a su disposición para criminalizar inocentes. Es decir, para hacer del MP y la ley un arma de venganza contra quienes condujeron la lucha contra la corrupción y la impunidad, contra quienes alzan la voz por sus desmanes o contra quien representa una amenaza para el pacto que la sostiene. Un reportaje de Elsa Coronado en Plaza Pública muestra el legado del MP en tiempos de Porras. Coronado explica en detalle cómo dicha herencia es el castigo a la lucha contra la corrupción, la protesta social y la disidencia política.
Un ejemplo es el accionar contra el fiscal Stuardo Campo, quien tuvo a su cargo casos por corrupción millonaria como el libramiento de Chimaltenango. Campo está privado de libertad , y pese a que el proceso es espurio, no hay modo de que concluya, debido a que el MP se ausenta de las audiencias. La más reciente ocurrió esta semana cuando se realizaría el ofrecimiento de prueba, y a pesar de que el juez apercibió a la entidad para que no faltara, la fiscalía no se presentó.
Por qué entonces otorgar un incremento casi de la mitad de lo ejecutado este año si, al final de cuentas, el pisto para Porras solo es dinero para hostigar y perseguir sin bases. Son recursos que malversa, destinándolos a actuar contra derecho, inventar casos que incluso suenan estrafalarios e incumplir con sus obligaciones de perseguir la corrupción, que tiene al Estado en trapos de cucaracha.
Ni Porras y su banda ni sus aliados oficiosos merecen un solo centavo para seguir el chantaje al Congreso y la persecución penal de inocentes. Por más alharaca que arme, la verdad está a la vista: el MP actualmente es incapaz de cumplir su función a pesar de los más de tres mil millones de presupuesto. No es dinero lo que necesita, sino una conducción responsable y apegada a derecho. La Comisión de Finanzas no debe ceder al requerimiento de la sinvergüenza Consuelo Porras.
Más de este autor