Guatemala, 51/100 en transparencia presupuestaria

Aunque en cada una de las cuatro investigaciones que se realizaron entre 2006 y 2012 Guatemala siempre mantuvo su puntuación  inicial, de 46, o la mejoró, los resultados de los demás países evaluados y la introducción de nuevas naciones en el índice han propiciado que en el ránking mundial el puesto nacional haya caído primero del 29 al 37, y después al 41, para ascender de nuevo al 39 en 2012.

La Encuesta de Presupuesto Abierto mide el acceso a la información presupuestaria en cada país evaluado. En Guatemala, el estudio fue realizado por el Centro Internacional para las Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH).

Según este estudio, entre el 2010 y el 2012 el país produjo mayor información en el informe final del presupuesto, que compara la ejecución real del presupuesto con el presupuesto aprobado. Pero redujo la información provista en los Informes de Auditoría y liquidación del presupuesto a cargo de la Contraloría General de Cuentas.

El único documento no publicado fue un informe de revisión a mitad del año, responsabilidad del Ministerio de Finanzas Públicas, en el que se especifican los cambios realizados al presupuesto aprobado y el porqué de estos cambios.

Aunque Guatemala presentó 7 de los 8 documentos solicitados en la encuesta, la falta de exhaustividad de estos afectó el desempeño de Guatemala en el IPA 2012. Los encargados del estudio verifican que cada documento presentado cumpla con ciertas características, además de comprobar que sean de acceso público.

Según Jorge Santos, coordinador del CIIDH, otro de los retrocesos fue que el Ministerio de Finanzas publicó el presupuesto ciudadano únicamente en inglés y español, cuando en el año anterior lo publicó también en cuatro idiomas mayas.

Los resultados también muestran que los guatemaltecos tienen oportunidades limitadas para la participación en el proceso presupuestario de Guatemala. El único mecanismo de participación es a través del Congreso, ente al que se le presenta el informe de auditoría que realiza la Contraloría General de Cuentas. De acuerdo con el coordinador de la CIIDH, este informe se presenta al Congreso al final del primer trimestre de cada año y debe ser aprobado por el Legislativo. Sin embargo, no se ha aprobado en siete años consecutivos.