Apuntes de una región violenta

Según la encuesta LAPOP-PNUD (2012), elaborada para el informe, Costa Rica encabeza esa sensación de inseguridad después que uno 54.8% de los entrevistados aseguraron que existió un deterioro de la seguridad pública en su país. En ese apartado le siguen Guatemala (47.8%) y El Salvador (42.0%).

Las políticas de mano dura han tenido “un impacto negativo y profundo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos humanos” en los países donde se han promulgado, se asegura en el documento. Heraldo Muñoz, subsecretario general de Naciones Unidas, afirmó, durante la presentación en Guatemala, que la mano dura ha fracasado en los países de la región donde se echó a andar.  En Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras echaron mano a este tipo de políticas desde 2003, que tenían un enfoque más represivo que preventivo, utilizando al ejército en tareas de seguridad pública, y donde se abogó por endurecimiento de leyes, aumentando las penas de cárcel y bajando los elementos probatorios para la persecución judicial.

El informe consigna que la poca disminución en los niveles de violencia y del delito resultado de políticas de “mano dura” es una muestra de dicho fracaso. A pesar de ello, los costarricenses se muestran a favor de la implementación de planes “Mano dura”: cinco de cada 10 encuestados en ese país afirmó estar a favor de este tipo de políticas. Frente a Costa Rica, en Guatemala y El Salvador, países con mayores índices de violencia y donde dichas políticas se han implementado desde la década pasada, cuatro de cada 10 personas apoyan ese tipo de medidas.

Otros países, como Panamá y Nicaragua, con tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes de 18.0 y 12.0, respectivamente, el apoyo de su población a planes mano dura baja a 23.6% y 17.1%, respectivamente.

A pesar de la diferencia marcada en el apoyo a planes de cero tolerancia, en todos los países de la región centroamericana apoya ampliamente la creación de leyes más duras contra la delincuencia con penas de cárcel más altas. En promedio, arriba del 86%  de los encuestados están a favor del endurecimiento de leyes penales.

En general, la región tuvo una leve reducción de sus tasas de homicidios en los últimos tres años. Sin embargo, dicha reducción no está emparejada  con una reducción de la percepción social de la violencia. Por ejemplo, en Guatemala, aun cuando el porcentaje de personas que dijeron haber sido víctimas de un hecho delictivo era del 20.9%, un 31.7% aseguraba sentirse inseguro en el lugar donde vive.

El informe del PNUD recalca que “la tolerancia a las medidas fuera de la ley, así como la demanda por el endurecimiento de las penas y castigos más severos a los delincuentes, sitúa a la gobernabilidad democrática en una zona de vulnerabilidad. Esto abona el terreno para el surgimiento y la consolidación de fuerzas políticas autoritarias, cuya agenda de seguridad está claramente distanciada del desarrollo humano”.    

En el siguiente mapa interactivo se muestran los datos extraídos del informe del PNUD. En la esquina superior derecha se muestra un menú de los diversos indicadores analizados por país (layers). Al hacer clic en cada país se muestran los datos pertenecientes a cada indicador. En la esquina inferior derecha se despliega la nomenclatura de color.