Diez años de muertes violentas en Guatemala

“Creo que en los últimos dos años, que es nuestra responsabilidad, se han dado pasos importantes para que el país se encamine a una Guatemala más segura y próspera”, dijo el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, tras conocer los resultados del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que hace hincapié en el fracaso de planes “mano dura” en la región. La prueba de que sus políticas han sido acertadas, según dijo el mandatario, es la reducción en la tasa de homicidios de 38.61 a 34.03 por cada 100mil habitantes tras dos años de su gestión. 

El dato, publicitado por la presidencia de la República y su ministerio de Gobernación, representa la menor tasa de homicidios durante la última década.

Sin embargo, los mismos datos de la Subdirección General de Operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) muestran cosas diferentes. En primer lugar: la tendencia a la baja de homicidios inició en último cuatrimestre de 2009, a pesar de ser el año con la mayor tasa de homicidios por cada 100mil habitantes (46.36 casos), y la tendencia a bajar se ha mantenido desde entonces.

A principios de octubre de 2011, Carlos Mendoza, analista de Central American Business Intelligence (CABI), ya adelantaba que existía una tendencia a la reducción en el número de casos, tras un análisis del comportamiento de las cifras de homicidios a nivel nacional mes por mes. Entonces, las estadísticas del CABI, basadas en datos de la PNC, mostraron un pico de homicidios en agosto de 2008, cuando se tuvo 616 casos. Después de esa fecha, Mendoza destacaba que se observó “una tendencia a la baja, aunque con cierta volatilidad”. La existencia de descensos sostenidos hasta por seis meses tras diferentes picos violentos lo reafirma.

En los últimos dos años de la gestión del presidente Álvaro Colom, los homicidios ya se venían reduciendo. La PNC reporta 538 casos menos de 2009 a 2010; y, 279 casos menos de 2010 a 2011. Esta tendencia se mantiene en el primer año de la presidencia de Pérez Molina, donde las estadísticas dan cuenta de 526 homicidios menos.

Al contrario, el comportamiento mensual de los homicidios y el leve aumento de los casos reportados por la PNC a inicios de 2013 con respecto a 2012 (98 casos) dan pauta a algunos especialistas, como Carmen Rosa de León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), a asegurar que se llegó a un estancamiento en esta tendencia descendente. “Desde el 2009 existió una reducción continuada de homicidios. Y lo que vemos es que, si bien la tasa bajó el año pasado, es más por la proyección de crecimiento de la población que porque realmente se venga trabajando de mejor manera en la prevención de este delito”, analizó.  

El argumento de De León se basa en que el aumento de la de población, que se basan en una proyección de crecimiento de 2.5% anual según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hace que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes descienda a pesar de que se tuvieron 98 casos más con respecto al año pasado.

Para De León como para Mendoza, el repunte de homicidios registrados por la PNC en noviembre y diciembre de 2012 (476 y 494, respectivamente), así como en enero de 2013 (505 casos), encendieron una alerta amarilla sobre el trabajo que las autoridades venía realizando. Incluso, el CABI elevó el nivel de alerta de un crecimiento en las las estadísticas de homicidios al ver los datos del primer cuatrimestre de 2013, que tuvo un incremento de casi ocho puntos porcentuales con respecto al mismo período en 2012, equivalente a 284 homicidios más.

Así, las estadísticas dan indicios que la reducción no se deriva de las políticas ejecutadas por el gobierno actual.

Por ejemplo, las Fuerzas de Tarea Territoriales (FTT), publicitadas con bombo y platillo tras su instalación, que fueron desplegadas en septiembre (Fuerza de Tarea Maya, El Limón, zona 18) y en octubre (Fuerza de Tarea Kaminal, El Mezquital, zona 12) de 2012. En un inicio, entre ambas tenían 1,800 elementos (1,300 soldados del ejército y 500 agentes policiales) y buscaban aumentar la presencia de las autoridades para disminuir los homicidios en zonas consideradas “rojas” en los mapas de violencia del ministerio de Gobernación. ¿Lo lograron? Sí y no. Sí, dentro de las áreas intervenidas. No, en las áreas a donde migraron los criminales, en donde aumentó la incidencia delincuencial, como pasó con las colonias y residenciales fronterizas de Villa Nueva con la zona de El Mezquital

A nivel del país, las acciones de la FTT no representaron  una variación significativa en los datos generales de homicidios al comparar las estadísticas mes a mes: Entre 2011 y 2012, la PNC reportó 526 casos menos, el 91.06% de esta reducción se logró en el primer semestre del año, y los meses más violentos del año (noviembre y diciembre) se vivieron cuando éstas estaban en funcionamiento.

Un segundo punto, y más importante, es tratar de buscar cuáles son las razones de la reducción que se pueden analizar con la poca información disponible. A finales de 2009, el aumento en los homicidios empujó a las cúpulas del Ministerio de Gobernación, la PNC y el Ministerio Público (MP) a coordinar sus investigaciones, con el apoyo de organismos internacionales, y crear una unidad “anthomicidios” con participación activa de todas las instituciones. Además, el esfuerzo se hizo en ciudad de Guatemala y los municipios aledaños, donde se concentraban poco más del 21.76% de la población, además del alto grado de movilidad, y se cometían el 40.69% de los homicidios a nivel nacional. Reducir los homicidios en la zona afectaba de manera directa en las estadísticas generales y en la percepción social.

En 2009, los 17 municipios de Guatemala tenían una tasa de 86.70 homicidios por cada 100mil habitantes, 40 casos más que la tasa nacional. Hasta diciembre de 2013, ésta se redujo a 51.72 homicidios por cada 100mil habitantes.

Aun así, focalizar geográficamente los esfuerzos de combate a la delincuencia no ha sido el único punto que aseguró la reducción de homicidios en la última década.A finales de 2010, el MP cambió el enfoque de la investigación de delitos contra la vida, apuntalando el trabajo que se venía realizando con la PNC, dejando de investigar casos de manera individual y empezando a buscar fenómenos y estructuras criminales.  Igual se hizo con el delito de extorsiones, para el cual también se creó una unidad especializada. Y entre ambas unidades, se coordinó la información que las investigaciones arrojaban. Estas dos unidades fueron la base con las que el gobierno actual creo las Fuerzas de Tarea de Inteligencia, a principios de 2012, y las que posibilitaron la investigación de estructuras delincuenciales enteras.

“Además en ese año es que se cimentó el trabajo de la investigación científica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), con balística y pruebas de ADN”, reconoció Ernesto Archila, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCP), algo en lo que concuerda Mendoza. “La creación del Inacif, en 2007, se consolida poco a poco en 2010 con recursos humanos, financieros  y tecnológicos dando herramientas para la obtención de evidencia científica”, dijo.

Claudia Paz y Paz, Fiscal General, añade una herramienta más: la utilización de escuchas telefónicas. “Aunque la Ley contra el crimen organizado se aprobó en 2006, las escuchas comenzaron a funcionar hasta 2010. Y estas son una herramienta muy eficaces de combate contra el crimen”, reconoció la fiscal en una entrevista con Plaza Pública.

Para De León, además faltaría trabajar en otras medidas que sí pueden incidir en la reducción de homicidios de manera directa, como una mayor regulación del uso de armas de fuego. “Sigue estando presente el peso de los homicidios con arma de fuego sobre el volumen general, los que nos dice es que no se ha resuelto la proliferación de armas, especialmente las armas cortas”, afirmó.

56,350 personas murieron en hechos delictivos en la última década en Guatemala, el 81.77% de ellos fueron por armas de fuego, según los datos de la PNC. Este dato significa que, en promedio, 12 personas murieron cada día por este tipo de armas de 2004 a 2013.

Según las estadísticas de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) a principios de 2013 había tres armas de fuego por cada 100 personas en el país. El 63% de ellas eran armas cortas: fáciles de portar y de esconder, así como también fáciles de adquirir y a precios accesibles: de Q1 mil en el mercado ilegal, hasta Q20 mil , dependiendo del modelo y la marca, en el mercado legal. Las proyecciones de Iepades dan cuenta que por cada arma legal existen tres armas ilegales.

El saldo negativo se extiende a la cantidad de lesiones reportadas por la PNC. Según los datos de la policía, otras 12 personas resultaron heridas por armas de fuego cada día durante los últimos 10 años. En 2006, un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estimó en US$ 147.00 el costo por día de tratamiento para heridos por la violencia social en la red nacional de salud pública, a ello se sumaban los gastos de bolsillo por la compra de medicamentos, la pérdida de días productivos por incapacidad y el costo por daños emocionales y psicológicos.

¿En qué medida la caída en la tasa de homicidios se podría explicar por el cambio de la estrategia de las autoridades y la incorporación de las pruebas científicas? “Es más difícil de medir porque no tenemos suficientes datos para contrastarlos con el índice de homicidios”, reconoce Mendoza. ¿Qué datos faltarían? Estadísticas fiables de consumo de alcohol y drogas asociados a este delito, sobre la evolución del comportamiento delincuencial de las pandillas, la oferta y demanda internacional de bienes ilícitos, la reestructuración de las bandas del crimen organizado y un análisis de la cultura de violencia, por citar algunos.

A todo ello se sumaría la incidencia de otras medidas adoptadas por el Estado que no fueron diseñadas necesariamente para disminuir la violencia social pero que han influido en el fenómeno de violencia social. Por ejemplo, De León, de Iepades, cita el programa Escuelas Abiertas, creado en el gobierno de Álvaro Colom y clausurado en este, o los planes de reordenamiento de transporte con sistemas de tarjeta de prepago.

"¿Cuánto influyó ‘Escuelas abiertas’  al incrementar la oferta educativa de secundaria y permitir la apropiación del espacio público en la disminución de la violencia en sus áreas? ¿De qué manera el que no se manejara efectivo, con tarjetas de pago, en algunos autobuses bajó la muerte de pilotos por extorsiones? Son cosas que hay que analizar para entender el fenómeno de esta reducción porque fueron procesos que se generaron en diferentes ámbitos que no necesariamente corresponde a políticas estatales apuntaran a disminuir los homicidios”, asegura De León.